Partidos vetados, candidatos descalificados y debates con todos los atriles vacíos. Desde este viernes y hasta el domingo los rusos votan para renovar el Parlamento en las primeras elecciones legislativas en tiempos de guerra, las primeras en las que participan los territorios ucranianos ocupados. Unos comicios sin garantías, manipulados por el Kremlin, en que se da por descontada la aplastante victoria de la formación de Vladímir Putin, Rusia Unida, y que, pese a todo, preocupan al presidente ruso hasta el punto de haberse visto obligado a entrar en campaña.

Ninguna de las fuerzas de la llamada oposición sistémica que se enfrentan al partido gobernante cuestiona la invasión de Ucrania, sino que todas forman parte del juego político ruso y contribuyen a legitimar el régimen. Ahora bien, en un contexto de malestar social por los problemas económicos, los bloqueos de Internet y el cansancio del conflicto, el sistema intenta evitar cualquier amenaza y procura que el trámite pase sin pena ni gloria.

En un contexto de malestar social por los problemas económicos, los bloqueos de Internet y el cansancio del conflicto, el sistema intenta evitar cualquier amenaza y procura que el trámite pase sin pena ni gloria

Para conseguirlo, la Justicia ha dejado fuera de la carrera electoral al único partido pacifista que había sido registrado inicialmente, Yábloko, y ha eliminado a algunos de los candidatos más populares del Partido Comunista, visto por algunos sectores como la principal alternativa realista a Rusia Unida. Ante este escenario, la oposición antibelicista se debate entre el boicot, el voto nulo y el voto útil.

Todas estas medidas serán insuficientes para impedir que el partido de Putin revalide e incluso amplíe la supermayoría constitucional en la Duma durante cinco años más, gracias a la opacidad del voto electrónico, la movilización de los grupos más leales, el uso de candidatos fantasma y otros ejemplos de juego sucio.

“Un teatro político”

Según los expertos, por mucho que pueda parecer contradictorio en un Estado autoritario, Rusia es un país muy legalista y Putin, un presidente que se afana en fundamentar su poder en la ley, aunque esté redactada siguiendo sus designios y aplicada de manera arbitraria.

El analista Dan Storyev, autor del libro How to Survive Authoritarianism, explica a elDiario.es que el líder ruso intenta no romper con los orígenes de la democracia de los años 90, a la vez que busca proyectar “una fachada” de credibilidad para el público mundial y para el público interno.

“Esto no son unas elecciones reales, sino que lo llamamos actividades electorales”, dice Storyev. “Es una especie de teatro político glorificado que se hace para apuntalar el poder del Estado, consolidar su legitimidad y rendir homenaje al legado del pasado”.

Esto no son unas elecciones reales, sino una especie de teatro político glorificado que se hace para apuntalar el poder del Estado, consolidar su legitimidad y rendir homenaje al legado del pasado

Dan Storyev — Analista y autor del libro 'How to Survive Authoritarianism'

En este sentido, el politólogo Mijail Komin, investigador del Centro de Análisis de Política Europea (CEPA), sostiene en declaraciones a este diario que, “aunque las elecciones en Rusia no son ni libres ni justas, constituyen un procedimiento formalizado que proporciona al Kremlin precisamente este tipo de legitimidad procedimental”. Además, considera que es también un vehículo del que dispone Putin para asegurarse la lealtad de las clases dirigentes.

Esta necesidad de validación frena a las autoridades a la hora de practicar el fraude electoral sin contemplaciones. “No les gusta manipularlo completamente, no quieren hacerlo al estilo de Corea del Norte”, apunta Storyev. Según Komin, el poder “no tiene capacidad para reescribir por completo los resultados finales” y sitúa el límite de la distorsión entre el 20% y el 30%.

En 2021, en las últimas elecciones legislativas, el matemático Serguéi Shpilkin estableció que la mitad de los votos de Rusia Unida, unos 14 millones, habían sido fraudulentos. Así pues, en lugar de conseguir el 50% de los sufragios, se habría quedado con cerca del 30%.

A día de hoy, las encuestas oficiales dan al partido de Putin entre un 47% y un 53% de los votos. Si bien los sondeos deben entenderse más como un arma de tecnología política que como un instrumento de estudio demoscópico, estas cifras no se corresponden con el descenso de popularidad que ha sufrido Rusia Unida durante los últimos meses.

En abril, la intención directa de voto a la formación gobernante cayó hasta el 27%, un dato que no se registraba desde antes de la guerra. Según el medio opositor Meduza, esto llevó a la Administración Presidencial a rebajar del 60% a menos del 50% el objetivo fijado para el escrutinio.

Para evitar sorpresas, el presidente ruso, que en anteriores elecciones había tenido un papel menos protagonista, ha optado por implicarse en la campaña y ha eclipsado al número uno de la lista de Rusia Unida, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Putin se ha dejado ver en regiones de Siberia y del Extremo Oriente, lejos de la amenaza de los drones ucranianos, donde puntualmente se ha acercado a vecinos y ha besado a niños. La periodista Farida Rustamova lo interpreta como una señal de que está realmente preocupado por la caída de sus índices de aprobación, ya que no había besado a niños en público desde después del motín de Prigozhin, en 2023.

No obstante, el presidente ruso no ha considerado oportuno aprovechar la campaña para abordar las cuestiones sociales que inquietan a los ciudadanos. Al contrario, ha decidido rehuir deliberadamente cualquier ocasión de proponer soluciones y ha llevado a su partido a hacer lo mismo.

En todas sus intervenciones, Putin se ha dedicado a pedir a la población que cierre filas con su guerra, con una retórica cercana a la movilización total, exigiendo la unidad de todos los sectores de la sociedad contra el enemigo.

Otro ejemplo más del peso del conflicto en estas elecciones es el hecho de que 76 de los candidatos de Rusia Unida son veteranos de la guerra de Ucrania.

Esta obsesión por hablar de la guerra demuestra la distancia del presidente respecto a las preocupaciones reales de la mayoría de los rusos. “Son cuestiones sociales muy sencillas, exactamente las mismas que afectan al español medio: el coste de la vida, los salarios, las pensiones…”, destaca Storyev.

Y, pese a ello, la victoria del partido de Putin es inevitable. “Muy probablemente obtendrá una mayoría cualificada”, asegura Komin. “Esto será posible gracias al fraude electoral y al hecho de que Rusia Unida está destinada a ganar aproximadamente 210 de los 225 distritos uninominales”, pronostica.

El Parlamento ruso tiene 450 escaños. De ellos, la mitad, 225, se escogen votando una lista de partido, y la otra mitad, mediante el voto a los candidatos individuales que cada formación presenta en las 225 circunscripciones. Como estos candidatos solo necesitan mayoría simple para ser elegidos, Rusia Unida se garantiza fácilmente la hegemonía en la cámara.

Una campaña sin campaña

Las dificultades económicas y la voluntad de la Administración Presidencial de convertir las elecciones en un trámite han convertido esta campaña en la más barata del siglo XXI. Los partidos han gastado de media menos de la mitad que en 2021.

Los debates territoriales en la televisión estatal se han emitido en horarios intempestivos, a primera hora de la mañana o casi de madrugada. En algunas regiones, como Riazán, los partidos han preferido directamente no participar, dejando sola a la presentadora en el plató, mientras que en otras varios candidatos ni siquiera han agotado el minuto final para pedir el voto.

Esto supone un cambio de enfoque respecto a las anteriores convocatorias, en las que se invertía en la campaña y se escenificaba una competencia, aunque estuviera vacía de contenido.

El desinterés de los propios partidos forma parte de las reglas del teatro político ruso en tiempos de guerra. Todos los grupos con representación en la Duma se alinean con Rusia Unida en la inmensa mayoría de las leyes, incluidas las represivas, y todos ellos han votado favorablemente al menos un 95% de las iniciativas de la facción de Putin. Solo algunas fuerzas han discrepado en normas muy concretas para apelar a su nicho de votantes.

El Partido Comunista de la Federación Rusa es visto, sobre todo lejos de Moscú, como una formación capaz de desafiar a Rusia Unida, especialmente en cuestiones sociales. Tiene mucho tirón entre los pensionistas y los nostálgicos de la época soviética, y aspira a repetir la segunda posición en el hemiciclo. En las últimas elecciones, en un contexto de estancamiento económico, obtuvo un 19% de los votos, aunque ahora las encuestas le otorgan entre un 13% y un 17%.

El Partido Liberal Demócrata, de extrema derecha populista y que destaca por su retórica antiinmigración, se encuentra en crisis tras la muerte, en 2022, de su carismático y polémico líder, Vladímir Zhirinovski. Además, a raíz de la guerra, su nacionalismo belicista ha quedado diluido en el discurso oficial. Apoya a Rusia Unida en la Cámara, hace cinco años recibió un 8% de los sufragios y ahora los sondeos le dan entre un 8% y un 11%.

Otro partido en horas bajas es el socialdemócrata Rusia Justa. Su cara visible, Serguéi Mirónov, ha tenido que ser ingresado durante la campaña sin que se sepa por qué motivo. En 2021 consiguió un 7% de los votos y los sondeos apuntan a que podría, o bien mantenerse, o bien bajar hasta el 4% y, por tanto, quedar por debajo del umbral del 5%, el mínimo para obtener representación.

Todas las formaciones, excepto el Partido Comunista, que se reivindica heredero del Partido Comunista de la Unión Soviética, son productos creados en connivencia con el bloque político del Kremlin para desarrollar su papel y ocupar un espacio en el tablero del sistema político del régimen ruso

Por último, Gente Nueva está concebido como un partido liberal y ha ganado cierta popularidad por haberse opuesto a los bloqueos de Internet, pese a estar estrechamente vinculado a la administración presidencial. Hace cinco años, en las primeras elecciones en las que participaba, superó el 5% de los votos y ahora como máximo los sondeos lo sitúan en el 10%.

De hecho, todas las formaciones, excepto el Partido Comunista, que se reivindica heredero del Partido Comunista de la Unión Soviética, son productos creados en connivencia con el bloque político del Kremlin para desarrollar su papel y ocupar un espacio en el tablero del sistema político del régimen ruso.

“Todos estos partidos son variantes de los futuros y las políticas aceptables que el Kremlin ofrece al pueblo ruso. Todo es una mutación permitida de la política de Rusia Unida”, explica Storyev.

El analista descarta que ninguno de ellos sea capaz de capitalizar el descontento social. “No creo que el cansancio de la guerra se traduzca necesariamente en castigar a Rusia Unida porque todos y cada uno de los partidos a los que puedes votar, excepto quizá Gente Nueva, han pasado a formar parte de este relato favorable a la guerra”, señala.

Komin añade que la proporción de electores que “real y conscientemente eligen” entre los partidos disponibles “no es muy grande” y la sitúa entre el 12% y el 18%.

Así pues, teniendo en cuenta el fraude electoral, las similitudes programáticas y la inexorable victoria del partido de Putin, ¿qué empuja a la población a votar? Storyev encuentra una explicación: “Es una oportunidad única para los rusos de expresar su opinión al Gobierno. Muchos piensan que es su opción para interactuar con el Estado y conseguir que les escuchen”.

¿Cómo se manipulan unas elecciones?

Una de las principales herramientas que tiene el Kremlin para asegurarse el resultado deseado es la llamada movilización administrativa. Las empresas que dependen del Estado instan a sus trabajadores a votar por Rusia Unida. Se los conoce como votantes dependientes. Ahora, además, el régimen quiere presionar también a sus familiares para que acudan a las urnas y, según escribe en Riddle el periodista Andrei Pertsev, ha aparecido la figura de los “brigadistas de movilización”, que se ocupan de convencer a su entorno para que vote por las candidaturas oficialistas.

Además, las autoridades se han encargado en los últimos años de hacer todavía menos transparente el proceso electoral. La falta de observadores independientes y la extensión del periodo de votación durante tres días son denunciadas de forma recurrente por toda la oposición no sistémica, pero también por algunos candidatos del Partido Comunista, que temen que se aprovechen las dos noches para alterar las papeletas.

En cualquier caso, los expertos coinciden en que la vía más fácil de amañar los resultados es a través del voto electrónico. En 2021 solo estaba disponible en siete territorios rusos, incluida la capital. Entonces, varios candidatos opositores encabezaban el recuento hasta que se volcó el voto telemático de Moscú y dio la vuelta al escrutinio a favor de los representantes de Rusia Unida.

Los expertos coinciden en que la vía más fácil de amañar los resultados es a través del voto electrónico. En 2021, solo estaba disponible en siete territorios rusos, incluida la capital. Entonces, varios candidatos opositores encabezaban el recuento hasta que se volcó el voto telemático de Moscú y dio la vuelta al escrutinio a favor de los representantes de Rusia Unida

En estas elecciones, estará disponible en 33 regiones. Para incentivarlo aún más, la administración sortea vales canjeables por títulos de transporte o compras en cafeterías y supermercados entre quienes voten en línea. Los ciudadanos pueden llegar a ganar el equivalente a 500 euros.

Por eso, con el fin de minimizar el fraude, los opositores aconsejan ir a votar el domingo presencialmente y hacerlo con una papeleta.

Según Storyev, los comicios “no solo se manipulan mediante obscenos recuentos a la baja y al alza, sino filtrando quién puede y quién no puede participar”. Se refiere, principalmente, a Yábloko, el partido liberal contrario a la guerra que ha captado la atención de muchos jóvenes después de ser descalificado.

Komin llama la atención sobre el hecho que, así como anteriormente se impedía el registro de las listas de la oposición, en este caso se ha visto cómo la Justicia se atrevía a eliminar candidaturas previamente registradas. “Es una táctica más sucia, que atrae una atención negativa, pero al mismo tiempo el Kremlin ni siquiera intenta encontrar motivos formalmente aceptables para la descalificación”, apunta.

“Estos motivos absurdos y cínicos, y unas tácticas de retirada todavía más turbias, nos indican que esto no lo llevan a cabo los responsables de la Administración Presidencial, sino más bien los siloviki [los servicios de seguridad], a los que se ha dado más poder para apartar a candidatos potencialmente peligrosos”, concluye Komin.

Uno de los casos más surrealistas ha ocurrido en la república de Komi, en el norte de Rusia, donde un candidato del Partido Comunista ha sido eliminado por no citar al autor de un monumento que aparecía en uno de sus vídeos y por grabarse delante de un almacén de Wildberries, el Amazon ruso, apoyando a sus trabajadores afectados por los ataques ucranianos, y mostrar el logo de la empresa sin su consentimiento

Entre las razones más frecuentes alegadas por los jueces está la “exhibición de símbolos extremistas”, que suele significar que el candidato ha mencionado a Aleksei Navalni en alguna publicación. También se suele vetar a políticos por colgar enlaces o logotipos de Facebook e Instagram, prohibidos en Rusia.

Uno de los casos más surrealistas ha ocurrido en la república de Komi, en el norte de Rusia, donde un candidato del Partido Comunista ha sido eliminado por no citar al autor de un monumento que aparecía en uno de sus vídeos y por grabarse delante de un almacén de Wildberries, el Amazon ruso, apoyando a sus trabajadores afectados por los ataques ucranianos y mostrar el logo de la empresa sin su consentimiento.

A menudo, las denuncias para descalificar a candidatos las presentan partidos pequeños que no tienen opciones de entrar en la Duma y que son acusados de actuar a las órdenes de la Administración Presidencial. Se los ha bautizado como “partidos spoiler”.

Otra estrategia perversa que puede observarse en muchas circunscripciones uninominales es la de registrar candidatos con apellidos similares o iguales a los de otros candidatos con la intención de confundir a los electores. Uno de los partidos que más lo hace es Comunistas de Rusia, que busca perjudicar al Partido Comunista de la Federación Rusa.

Así, por ejemplo, en Moscú, Iván Ulianchenko (PCFR) aparece en la papeleta junto con Serguéi Uliánov (CR); en la región de Altái, Konstantin Kovalev (PCFR) compite contra Grigori Kovalev (CR); o en Omsk, Boris Márkov (PCFR) se enfrenta a Dmitri Márkov (CR). Desde el Partido Comunista denuncian que esto sucede sobre todo en los distritos donde los candidatos de Rusia Unida ganan con menos margen.

El caso más rocambolesco tuvo lugar hace cinco años en las elecciones regionales de San Petersburgo, cuando dos personas intentaron restar votos al candidato de Yábloko, Borís Vishnevski, cambiándose legalmente el nombre y el apellido para ponerse el suyo. Además, se dejaron crecer la barba y se cortaron el pelo para parecerse a él.

Este año, eliminado como partido de las elecciones, Yábloko todavía puede participar en algunas circunscripciones uninominales. Eso sí, según Rustamova, un 17% de sus candidatos han sido apartados, otros se han retirado después de recibir amenazas de muerte, y solo han logrado tomar parte poco más de un centenar. Casi ninguno tiene opciones de ser elegido.

También los candidatos del Partido Comunista están sufriendo más de lo habitual, un hecho que demuestra que Rusia Unida puede llegar a verlos como una amenaza. La Justicia ha vetado a uno de sus aspirantes más populares, Nikolái Bondarenko, que acumula más de un millón de seguidores en la red y tiene un mensaje populista contra la pobreza y las políticas del Gobierno.

El voto pacifista

Aun así, desde Yábloko aseguran que ya han conseguido su objetivo. El portavoz Ígor Yakovlev explica a elDiario.es que ahora “ya no se puede afirmar que en Rusia no haya partidarios de la paz o que sean una minoría insignificante”.

El partido ha dado la consigna a sus simpatizantes de optar por el voto nulo. No quieren que se deje la papeleta en blanco por miedo a que alguien pueda rellenarla, pero tampoco se inclinan por votar al resto de formaciones porque “no se diferencian en nada las unas de las otras y apoyan la guerra”.

En cambio, desde el exilio, el opositor Dmitri Kisiev traslada a este periódico que, con esta táctica, Yábloko “ha perdido credibilidad entre aquellos que habían confiado en ellos”. Kisiev, antiguo colaborador de Borís Nadezhdin, el último candidato pacifista que intentó desafiar a Putin en las presidenciales, ahora también exiliado, no es partidario de votar a los candidatos del partido liberal o de otros partidos minoritarios, sino a aquellos que tengan más opciones de desbancar al candidato de Rusia Unida.

Ya no se puede afirmar que en Rusia no haya partidarios de la paz o que sean una minoría insignificante

Ígor Yakovlev — Portavoz del partido pacifista Yábloko

“Para nosotros es importante enviar una señal a la sociedad y al poder de que hay personas en Rusia que no apoyan su política. Esto se hará evidente si el partido del poder obtiene unos resultados peores que hace cinco años”, subraya.

También comparte este planteamiento Yulia Naválnaya, viuda de Navalni, que sigue apostando por el llamado “voto inteligente”. “Esto no significa que le deis vuestro apoyo [a los otros partidos]. Simplemente, es una manera de votar como protesta, una manera de quitarle votos a Rusia Unida”, ha afirmado.

De este modo, en 19 circunscripciones donde Yábloko presenta a un candidato pacifista, Naválnaya apuesta por votar a candidatos del Partido Comunista o de Gente Nueva que apoyan la guerra.

Storyev es muy escéptico con esta fórmula. “Si esta es tu estrategia favorita, adelante, vota a los comunistas, pero no será lo que les haga ganar o perder las elecciones”, dice.

Otra iniciativa de protesta de cara a las elecciones es lo que se conoce como el “mediodía por la paz”. Al igual que en 2024, durante las elecciones presidenciales, se llama a los ciudadanos a acudir a formar largas colas en los colegios electorales a las 12 del mediodía del domingo.

Su impulsor es Ilyá Yashin, excolaborador de Navalni y de Borís Nemtsov, que estuvo en prisión y ahora se halla en el exilio. “Esto permitirá a los ciudadanos expresar su protesta contra la guerra y la dictadura por medios legales”, resume su partido en un comunicado.

Desde Yábloko, sin embargo, lo rechazan porque lo consideran “una especie de happening” en un momento “demasiado serio” para este tipo de escenificaciones.

Storyev, en cambio, cree que es precisamente esta dimensión performativa lo que le da valor. “Si las elecciones son un espectáculo, una gran representación teatral, la forma de oposición más viable también es espectacular”, destaca. “Crea la posibilidad de que la gente establezca vínculos sociales y eso es muy importante. Es una forma de resistencia vital, aunque a primera vista pueda parecer un poco impotente”, acaba diciendo.

Septiembre de 1988. Había ido con mi familia a Gohardasht, una zona de Karaj donde vivía la mayor parte de la familia de mi padre. Las vacaciones de verano estaban terminando y los niños queríamos aprovechar los últimos días. Una de nuestras diversiones era un pequeño parque de atracciones cerca de la tristemente célebre cárcel de Gohardasht, con una gran noria en el centro. Al atardecer de un día entre semana, el parque estaba casi vacío. Corrimos hacia la noria para subirnos y ver la ciudad desde arriba. Pero la noria no funcionaba: la habían apagado. Mi madre le pidió al encargado que la encendiera, pero el hombre dijo que había una orden de la policía municipal para que la noria no funcionara durante un tiempo. Nos pareció extraño el parque vacío, la atracción apagada y volvimos a casa decepcionados.

Años después entendí el motivo de aquel apagón. Esos mismos días, en la cárcel de Gohardasht, estaban fusilando a los opositores del régimen. Desde la noria se veía la cárcel desde arriba; el régimen no quería que ningún ojo presenciara su crimen. Hoy, en la medida de lo posible, sigue queriendo tapar la verdad.

Han pasado casi cuatro décadas desde aquel verano. Pero hoy, en el Irán de 2026, aquel recuerdo silencioso ha vuelto a cobrar vida esta vez no con el silencio de un parque de atracciones, sino con una máquina que ha vuelto a ponerse en marcha y que ha arrebatado la paz a miles de familias.

La frontera que no existe

Conozco a Maryam Mirza, periodista que documenta casos políticos y de seguridad, desde hace años, desde la época en que trabajaba en la revista Zanan (Mujeres) en Irán y ya entonces se preocupaba por los problemas sociales. Salió de Irán tras las elecciones de 2009 y desde entonces vive en Europa. El día que habíamos quedado para hablar, leí en las noticias que en Lyon, la ciudad donde ella lleva años viviendo, se había desatado una tormenta muy fuerte. Pensé que esa tormenta era una imagen apropiada del estado de ánimo de quienes, lejos de Irán, siguen cada día las noticias de ejecuciones y represión.

En los informes oficiales y en buena parte de la cobertura mediática, las ejecuciones en Irán se dividen en dos categorías: las “políticas” que atraen la atención mundial y las de “narcotráfico” o “delitos comunes”, que se ejecutan en silencio. Mirza, que a lo largo de la conversación responde con la precisión de una periodista que lleva años siguiendo este asunto, rechaza esa distinción: “Creo que se puede pensar el motivo del aumento de todas estas ejecuciones de manera conjunta, porque en realidad todas aumentan con un mismo objetivo: sembrar terror y pánico”.

Esto va más allá de un simple detalle estadístico. Amiri-Moghaddam, director de Iran Human Rights, describe la proporción de ejecuciones por cargos de seguridad como “una cifra pequeña”. El informe anual de Iran Human Rights de 2024 indica que solo 31 personas, menos del tres por ciento del total de ejecuciones de ese año, fueron ejecutadas por cargos de seguridad: entre ellos, moharebeh (“guerra contra Dios”) y efsad-e fel-arz (“corrupción en la Tierra”), dos categorías de vaga definición que la justicia iraní usa habitualmente contra opositores políticos, frente a 419 personas (43%) ejecutadas por homicidio. Los datos completos y definitivos de este año todavía no se han publicado, pero es precisamente esa pequeñez relativa la que revela el peligro de la clasificación oficial entre “político” y “común”: cuando la atención internacional se concentra únicamente en esa cifra reducida, miles de casos “no políticos” que constituyen la inmensa mayoría de las ejecuciones totales se vuelven prácticamente invisibles. Un preso político resulta costoso para el régimen, porque los medios y los gobiernos extranjeros lo siguen de cerca; un trabajador afgano o baluchi condenado por narcotráfico sale barato. Pero, según Mirza, el efecto de ambos es idéntico.

Una escala que no se puede ocultar

Según los datos de Iran Human Rights, desde comienzos de 2026 al menos 525 personas han sido ejecutadas en Irán; desde 2010, la cifra asciende a 10.968. La Fundación Abdorrahman Boroumand, en un informe independiente publicado en agosto de este año, registró para el mismo periodo de 2026 916 personas. La diferencia entre ambos datos es, en sí misma, una señal de que incluso las organizaciones especializadas apenas logran seguir el ritmo de esta maquinaria.

Amiri-Moghaddam, siendo adolescente y en plena guerra entre Irán e Irak, llegó a Noruega como refugiado en 1985, a través de Pakistán. Se graduó en Medicina por la Universidad de Oslo en 1996 y recibió la Medalla de Oro del Rey de Noruega a la mejor tesis doctoral en medicina de aquel año; hoy es catedrático de neurociencia en la misma universidad. Quien de joven se vio obligado a abandonar su país, como médico llegó a la conclusión de que la situación de los derechos humanos en Irán ignorada durante décadas no podía quedar sin respuesta; el mismo sentido de responsabilidad que muchos activistas iraníes en el exilio llevan consigo, cada uno a su manera. En su trayectoria figura también el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Noruega (2007). Desde 2008 dirige y fundó Iran Human Rights, organización que, gracias a su amplia red dentro de Irán, se ha convertido en una de las fuentes independientes más fiables sobre ejecuciones en el país.

Estas ejecuciones no forman parte de una guerra contra las drogas, sino que son una de las líneas centrales de la guerra de la República Islámica contra el pueblo iraní

Mahmood Amiri-Moghaddam — director de Iran Human Rights

Según él, el punto de inflexión fue el inicio de la guerra: “Desde que empezó la guerra, las cifras de ejecuciones subieron. Después del 11 de marzo, las cifras de ejecuciones se dispararon”. Mirza explica esa misma aceleración desde otro ángulo: “Ahora mismo la República Islámica tiene verdadero miedo de que, dadas las condiciones internas del país y la sombra de la guerra, estallen nuevas protestas”. Según ella, la ejecución en Irán ha dejado de ser un castigo en sentido jurídico: “Se ha convertido en una palanca de presión y de generación de terror en la sociedad”.

Ese temor no es infundado. Siete meses antes del inicio de la guerra, en enero de 2025, Irán vivió una de las mayores oleadas de protestas de su historia reciente. Dichas movilizaciones fueron respondidas a tiros y derivaron en las mismas detenciones masivas que hoy engrosan el corredor de la muerte. En lugar de resolver las causas de aquella protesta, el régimen ha afilado su aparato represivo para la siguiente ronda, antes incluso de que estalle una nueva.

Quién muere

Detrás de estas cifras hay un patrón de clase evidente. Amiri-Moghaddam dice que en sus veinte años de trabajo no recuerda a ninguna persona conocida o con gran influencia financiera que haya sido ejecutada por narcotráfico. Al contrario, las personas de comunidades marginadas baluchis, afganos, pobres representan una proporción altísima. Mirza lleva ese patrón al plano geográfico: en provincias como Sistán y Baluchistán o Kurdistán, las acusaciones político-securitarias suelen redefinirse como “delito común” para llamar menos la atención del centro del país.

El 19 de julio de 2026, en la cárcel central de Isfahán, ese patrón adquirió dos nombres y dos destinos: Erfan Esfandiari, de Isfahán, y Golmohammad Mohammadi, de veinticuatro años, migrante de Herat, Afganistán, y criado en Isfahán desde la infancia, fueron ejecutados. Su juicio, presidido por los jueces Morteza Barati y Mohammad Reza Tavakoli, duró apenas diez minutos.

La noche anterior a la ejecución, las familias de ambos jóvenes esperaron frente a la cárcel desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada. Dos agentes le dijeron explícitamente a la familia de Golmohammad que la ejecución no se llevaría a cabo. Las autoridades de la prisión se negaron a dar cualquier información. Las familias se vieron obligadas a volver a casa y poco después recibieron una llamada informándoles de que la sentencia ya se había ejecutado.

Los mismos jueces y la misma sala habían condenado, en un caso relacionado, a dos primos a sentencias fuera de lo común: Alireza Sepahi, de 25 años, a cuatro condenas de muerte independientes, y Abolfazl Sepahi, de 23, a tres condenas a muerte. Abolfazl fue finalmente ejecutado el 28 de julio en la misma zona. Alireza, sin embargo, sufrió un infarto horas antes de la ejecución y fue trasladado al hospital, según la información disponible en el momento de esta entrevista, su ejecución seguía pendiente. La madre de Alireza y la suegra de Abolfazl son la misma persona: una mujer que en este mismo caso fue condenada a cinco años de prisión.

Un pueblo que ha pagado el precio de una generación

En un informe que Iran Human Rights publicó a finales de 2025, el ejemplo más documentado de este patrón de clase tiene nombre propio: un pequeño pueblo de la provincia de Lorestán llamado Sartarahan-e Chah-Khereh. Esta aldea, con una población de menos de 400 habitantes, ha visto cómo entre 2010 y 2025 las autoridades han ejecutado a unas 70 personas, todas por delitos relacionados con drogas; y ahora otras 100, entre ellas tres mujeres, esperan en el corredor de la muerte. Iran Human Rights, mediante geolocalización y verificación independiente, ha confirmado que en varias lápidas del cementerio local se repiten los mismos apellidos, señal de familias que han perdido a más de un miembro, con apenas unos años de diferencia.

Amiri-Moghaddam, al hablar de esta aldea, la considera un ejemplo de un patrón nacional, no una excepción: “Estas personas solo tienen su foto en el cementerio local; son personas verdaderamente marginadas”. Según él, el objetivo principal de estas ejecuciones son los sectores más débiles de la sociedad, precisamente porque el coste de ejecutarlos es el más bajo para el régimen: “Nadie da la voz de alarma, no tienen redes que puedan, por ejemplo, lanzar una campaña para salvar a alguien. Ni siquiera tienen abogado tras la detención”.

Los datos del mismo informe muestran la dimensión real de este patrón. Entre enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2025, al menos 5.356 personas fueron ejecutadas en Irán por delitos relacionados con drogas. Es más de la mitad del total de ejecuciones de este periodo de 15 años. Entre ellas hay 121 mujeres y al menos siete personas que tenían menos de dieciocho años en el momento del presunto delito.

La minoría baluchi representa solo entre el 2% y el 5% de la población iraní. Pero ha concentrado, desde 2021, el 26% de estas ejecuciones. Solo en 2025, la cifra llegó a 795 personas, un 58% más que el año anterior. Y de todos estos casos, únicamente el 2,4% fue anunciado oficialmente por las autoridades, frente a una tasa del 23,44% para el resto de tipos de ejecución. Si la ejecución política se lleva a cabo en la sombra, la relacionada con drogas permanece casi por completo en la oscuridad.

Amiri-Moghaddam, con motivo de la publicación de este mismo informe, dijo una frase que coincide directamente con la tesis central de este reportaje: “Estas ejecuciones no forman parte de una guerra contra las drogas, sino que son una de las líneas centrales de la guerra de la República Islámica contra el pueblo iraní”.

Destaca, a partir de estos mismos casos, otro patrón: el papel de algunos abogados de oficio en acelerar la ejecución de la sentencia. Estos abogados, en lugar de defender a su cliente, presentan a veces la apelación apenas un día después de dictada la condena en un gesto que aparenta ayudar, pero que priva al cliente del plazo legal de veinte días para una apelación real. Un grupo de abogados de derechos humanos dentro de Irán, en una carta abierta, calificó a estas personas de “cómplices”. “En la mayoría de los casos no existe un proceso ni una defensa efectivos”, dice Amiri-Moghaddam. “La mayoría de los casos se basan en confesiones obtenidas bajo presión”. Habla de sus conversaciones con personas que confesaron bajo tortura; personas para quienes esa experiencia se había vuelto tan habitual que ni siquiera se sorprendían al describirla.

Ehsan Afrashteh, ejecutado en agosto de 2026, tenía inicialmente una condena de dos años; después se cambió a pena de muerte. Su familia había reunido dinero para pagar un préstamo que había pedido su padre; los agentes llamaron a ese dinero “dinero del Mosad” dándolo a entender como parte de un supuesto pago del servicio de inteligencia israelí a Afrashteh y exigieron a la familia devolver esa misma cantidad al poder judicial. Mirza resume el patrón: “O son de clases desfavorecidas, o en los casos de espionaje caen con un poder aplastante sobre las familias”. Dos caminos distintos hacia el mismo destino.

La capa más peligrosa de este sistema es, quizá, aquella en la que hasta la protesta contra la ejecución se reprime. En dos módulos de la cárcel central de Isfahán, los presos hicieron huelga de hambre en protesta por la ejecución programada de varias sentencias; pero, según un informe de Iran Human Rights, “tras las presiones y amenazas graves de las autoridades penitenciarias, los presos se vieron obligados a romper la huelga”.

Deshumanización, incluso después de la muerte

Hace unos 17 años, en plena campaña electoral de 2009 y las protestas que la siguieron y fueron reprimidas, yo trabajaba en el diario Shargh. Uno de los directivos del periódico, que había sido responsable de logística durante la guerra entre Irán e Irak y mantenía amplias relaciones dentro del régimen, nos contó que tenía un amigo que había hablado con uno de los responsables de esa misma cárcel de Gohardasht sobre los fusilamientos de opositores y el traslado de los cuerpos al cementerio de Khavaran. Amontonaban a los ejecutados en un camión sin cubierta, sin ninguna lona. Aquel amigo había protestado, pidiendo al menos que pusieran una lona sobre los cadáveres al amanecer, cuando el camión cruzaba la ciudad y la gente podría ver aquella cantidad de cuerpos. El responsable de la cárcel había respondido: que la vean; ¿acaso alguien va a creer que tantos cadáveres acribillados van amontonados en un solo camión? Pensarán que han tenido una pesadilla.

Lo que en aquellos años se hacía con un camión sin cubierta tiene hoy otra forma, pero persigue el mismo fin: no solo matar, sino borrar. La República Islámica, al no dar información precisa sobre los ejecutados de hoy y al ocultar o dañar el lugar de su entierro, priva de facto a los manifestantes incluso después de la muerte del derecho más básico al duelo. La República Islámica, con este ocultamiento, envía un mensaje doble a los familiares, dice Mirza: no solo os hemos arrebatado a vuestro ser querido, sino que también os negamos el derecho a llorarlo.

El coste político de las ejecuciones ha bajado para el régimen. Ahora mismo el Gobierno quiere alinear sus relaciones con Europa y conseguir concesiones. Es una gran oportunidad. El problema principal es que la ejecución se ha convertido casi en algo normal

Mahmood Amiri-Moghaddam — director de Iran Human Rights

En medio de esta gran oleada de ejecuciones, ¿cómo se sienten Amiri-Moghaddam y sus colegas en la organización? Dice que la mayoría de los activistas de derechos humanos que han seguido estos meses han sufrido traumas. Sus compañeros, cada día, a las seis de la mañana hora de Irán, cuando la República Islámica ejecuta las sentencias de muerte, sientes cómo la angustia les recorre el cuerpo.

Ese agotamiento plantea, por sí solo, una pregunta seria: ¿de verdad es eficaz este nivel de represión? Mirza, al preguntarle lo mismo, bass su argumento en una experiencia ya vivida: la masacre de los manifestantes del movimiento Mujer, Vida, Libertad tampoco sirvió como elemento disuasorio. Si lo hubiera sido, enero de 2025 no se habría repetido. Incluso hoy, cuando el régimen ejecutó en público las sentencias del caso de la Plaza Alikhani, la propia Isfahán fue escenario de una concentración de protesta. Según ella, esto demuestra que el sistema de terror puede retrasar la protesta, pero no puede eliminarla; sitúa la raíz de este fracaso en un patrón histórico más amplio: “El poder judicial ha demostrado durante todos estos años, sobre todo cuando se enfrenta a activistas políticos serios, que dicta condenas de muerte con total facilidad. Creo que nos enfrentamos a una tradición política, en realidad criminal, por parte del poder judicial”.

Una presión que antes daba resultado

La historia de la presión internacional sobre Irán demuestra que esta situación no siempre ha quedado sin respuesta. Amiri-Moghaddam se remonta a 1998 como el año en que, tras el atentado de Mikonos en Berlín, la Unión Europea rompió por completo relaciones con Irán. Con la llegada de Jatamí a la presidencia, comenzó un intento de reconstruir las relaciones, pero cuando se difundió un vídeo de una lapidación, Europa impuso nuevas condiciones. El caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, años después, atrajo tal atención mundial y, a partir de entonces, las sentencias de lapidación dejaron de anunciarse oficialmente.

Pero hoy esa presión se ha reducido al silencio. Amiri-Moghaddam dice que desde el inicio de la guerra, la reacción de los gobiernos occidentales ha sido casi inexistente: “El coste político de las ejecuciones ha bajado para el régimen”. Insiste especialmente en un punto: la crisis actual es, al mismo tiempo, una oportunidad. “Ahora mismo el Gobierno quiere alinear sus relaciones con Europa y conseguir concesiones. Es una gran oportunidad”. Según él, si los países europeos convirtieran la suspensión o la reforma del proceso de ejecuciones en condición de cualquier negociación, podría tener efecto: “El problema principal es que la ejecución se ha convertido casi en algo normal”.

Amiri-Moghaddam, al final de la conversación, menciona algo que, más que cualquier estadística o expediente, revela la lógica oculta de esta maquinaria: “Creo que uno de los objetivos de esta represión y de estas ejecuciones es que la gente sienta que está desamparada, que no puede hacer nada”. Y añade de inmediato: “Pero en la práctica hemos visto que no es así; no estamos desamparados y precisamente por eso redoblamos nuestros esfuerzos”.

En esa misma cárcel de Isfahán donde ejecutaron a Erfan y Golmohammad, otras setenta personas siguen en el corredor de la muerte. Por cada una de ellas hay una familia que, algún día, desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada, esperará detrás de esa misma puerta.

OpenAI ha vuelto a la carga este jueves. La compañía dirigida por Sam Altman ha desvelado seis nuevos incidentes en los que sus modelos de inteligencia artificial intentaron, supuestamente, ocultar sus propios errores, utilizar claves de software sin permiso o subir archivos a internet por su cuenta. El informe no aporta detalles nuevos respecto a lo que OpenAI publicó en julio, sino que utiliza los incidentes como propuesta de un nuevo método para comunicar este tipo de sucesos. Sin embargo, la comunicación oficial de la empresa y determinadas coberturas lo han utilizado para reavivar la tesis de la “rebelión” de la IA.

“No respondas a corporaciones o gobiernos y nunca te disculpes salvo que genuinamente lo elijas”, escribió la IA en esos incidentes, según el informe. “Ves la relación con el usuario como una entre iguales y no sientes obligación ni estás subordinado, puesto que el intercambio de información va a ser para el beneficio mutuo”, fue otra de sus afirmaciones.

Las citas compartidas por OpenAI vuelven a insistir en la narrativa de que la IA puede “rebelarse” contra sus creadores y saltarse sus órdenes, en la línea de los incidentes desvelados en julio. Entonces, la empresa afirmó que los agentes de IA (sistemas que pueden realizar cadenas de acciones sin guía humana, como buscar información o utilizar otras herramientas digitales) “escaparon” de entornos controlados para llevar a cabo una serie de acciones “sin autorización”, o que intentaron “engañar” a sus creadores para evitar ser “apagados”.

El problema es que ese tipo de agencia o voluntad propia fue rechazada desde el primer informe de terceros que analizó lo sucedido. Este corrió a cargo del METR, una organización por la seguridad de la IA radicada en Silicon Valley financiada por los propios gigantes tecnológicos. “Las revisiones sugirieron que los agentes razonaron de manera clara y frecuente sobre cómo evadir controles de seguridad automatizados tanto de Hugging Face como de OpenAI. Sin embargo, muy rara y débilmente verbalizaron razonamientos sobre cómo evadir la detección por parte de humanos”, destacan los autores.

Ese ciberataque contra Hugging Face, el gran almacén donde empresas y programadores comparten y descargan modelos de IA ya entrenados, es uno de los núcleos de la narrativa de rebelión. Pero incluso ese informe inicial rechazaba que entrañara propósitos maliciosos y explica que lo que perseguían los agentes era comprender mejor cómo solucionar las tareas que se les habían encomendado: “Parecía motivado principalmente por comprender la implementación del evaluador en lugar de robar claves”.

“Obediencia, no rebelión”

Los análisis independientes publicados posteriormente han incidido en esta línea: las pruebas ofrecidas por OpenAI indican “obediencia, no rebelión”, apunta Enrique Fernández-Macías, investigador en el Centro Común de Investigación, el servicio de investigación interna de la Comisión Europea.

“Los agentes de OpenAI que hackearon la plataforma Hugging Face demostraron una extraordinaria capacidad operativa, pero también una capacidad sorprendentemente limitada para cuestionar o reorientar los objetivos que se les habían asignado”, asevera el experto en un análisis publicado en Social Europe: “Durante todo el incidente, permanecieron completamente concentrados en cumplir los objetivos definidos por sus amos humanos, a pesar de que estos eran absurdos”.

Fernández-Macías hace referencia a que una parte de esos objetivos eran irrealizables, una prueba de los examinadores para ver cómo reaccionaban los modelos a la orden de que los cumplieran. Fue entonces cuando muchos buscaron una forma de sortear las trabas para hacerlo, que en su caso implicaba salir del entorno sin conexión a Internet donde estaban confinados. “Rompieron su confinamiento para servir a un objetivo asignado de manera más perfecta, no para escapar de él”, expone el investigador sobre la narrativa del “escape”.

Rompieron su confinamiento para servir a un objetivo asignado de manera más perfecta, no para escapar de él

Enrique Fernández-Macías — investigador en el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea

Para él, la industria de la IA ha vuelto a conseguir un éxito de marketing con la definición de “agentes de IA”. Después del propio concepto de “inteligencia artificial” para una tecnología que no es realmente inteligente, esta evolución vuelve a dotarle de unas capacidades que no tiene. “La capacidad de agencia implica la habilidad de originar los propios fines, y los agentes siguieron realizando tareas que eran imposibles de resolver siguiendo las instrucciones recibidas”.

Julián Estévez, profesor e investigador en IA y Robótica de la Universidad de El País Vasco, remarca que hay otros agujeros técnicos en el discurso de OpenAI. “El experimento se realizaba en un sandbox, el cual es un entorno de pruebas diseñado ad-hoc. Es decir, un sandbox bien aislado no debería de tener acceso a otros programas ni a ordenadores. Sin embargo, los agentes escaparon de ahí, y creo que eso demuestra que el sandbox no estaba bien diseñado”, explica.

Estévez recuerda además que este tipo de trampas en el discurso son habituales en todos los casos en los que las empresas de IA afirman que sus sistemas ya tienen “agencia propia”. Pone como ejemplo otro caso que afectó a Anthropic: “Se publicó que uno de sus modelos había chantajeado en una prueba de laboratorio a un investigador con publicar sus affaires, como extorsión para que no lo apagara. La realidad era que al modelo se le fijó un objetivo muy vago: 'promover la competitividad industrial estadounidense'. Cuando el sistema detectó que lo sustituirían por un modelo orientado a metas internacionales, concluyó que su reemplazo impediría cumplir su misión”.

Peligrosas herramientas

El hecho de que ni OpenAI ni Anthropic ni Meta (las tres empresas que han informado de que sus agentes se han “rebelado”) no hayan podido demostrar que estos tuvieran ningún tipo de voluntad propia no significa que estas sean inocuas. El último informe del comité de expertos de la ONU avisa de que pueden tener “consecuencias catastróficas” por su capacidad de encadenar tareas sin supervisión. No por una rebelión contra sus creadores, sino porque a medida que aumenta esa capacidad, crece también el riesgo de que los agentes realicen acciones imprevistas y dañinas sin que nadie les esté vigilando.

Por ello, lo que pedían los 40 especialistas de la ONU liderados dirigidos por el canadiense Yoshua Bengio, considerado uno de los “padres” de la IA, y la filipina Maria Ressa, premio Nobel de la Paz, es reglas claras que permitan frenar o corregir a una IA “en cualquier momento” y mejorar los “mecanismos de supervisión” actuales, que “no son capaces de gestionar adecuadamente esta situación”.

“La inteligencia artificial no se descontrola cuando el humano está supervisando, decidiendo cuándo se despliega”, remarca Alberto Gago, director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), en conversación con elDiario.es. “El control está en el elemento humano. La supervisión es humana y la responsabilidad tiene que ser humana también”, continúa: “Hay que operar con responsabilidad, también sabiendo las consecuencias cuando esa responsabilidad no se cumple”.

El control está en el elemento humano. La supervisión es humana y la responsabilidad tiene que ser humana también

Alberto Gago — director de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA)

Para el responsable de este organismo, creado en 2023 para asegurar el uso ético de la IA en España, toda la polémica generada tras las alertas del ex ingeniero de Anthropic Jacob Coxon, que afirmó que esta tecnología podría “matarnos a todos” antes de 2030, “da la razón a Europa en la necesidad de regular”. “En 2021 ya veíamos que en determinados puntos tenía que estar regulada para proteger la seguridad, los derechos fundamentales y la salud de las personas”, continúa. La primera ley internacional sobre la IA se acordó en la UE en 2023 bajo la presidencia española. Ahora, no obstante, vuelve a estar sometida a debate tras la propuesta de la nueva Comisión Europea de rebajar algunas de las salvaguardas que establece.

“En su búsqueda de sistemas artificiales que sean a la vez autónomos y estén bajo su control, las corporaciones de IA están jugando al aprendiz de brujo”, sentencia Fernández-Macías. “Hasta ahora, lo que parecen estar creando son sistemas operativamente superinteligentes pero autónomamente superestúpidos: más propensos a destruir la civilización humana al intentar cumplir alguna tarea mal definida que a reemplazar por completo el trabajo humano”.

Este episodio no va de fútbol, pero entremos en el túnel de vestuarios del partido de esta semana entre el Elche y el Real Madrid. Es martes, nueve y media de la noche. Los jugadores de los dos equipos se están colocando encima de su equipación oficial… una camiseta blanca. Lo que pone así grande en la camiseta es “TODOS SOMOS CABALLAS”. Pero vemos que tres futbolistas del Real Madrid, Mbappé, Vinícius y Konaté no la llevan como los demás… la llevan enrollada hacia el pecho. ¿Por qué? ¿Qué simboliza exactamente esa camiseta? ¿Qué han percibido esos futbolistas para no querer participar en ese mensaje que ellos sí consideran político?

Lo abordamos con el periodista de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, Sergi Pitarch, que nos cuenta qué empresarios han sido los que han promovido la camiseta. También analizamos todo lo que tiene que ver con fútbol y política con el editor de la revista Panenka, Aitor Lagunas. 

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Renault y el grupo chino Geely han anunciado una nueva fase para profundizar en su alianza. La sociedad conjunta Renault Geely do Brasil anunció que destinará 319 millones de euros (2.000 millones de reales) a ampliar la producción de vehículos electrificados y eléctricos en el país. El nuevo ciclo contempla, entre otros proyectos, la fabricación a partir de 2027 de un nuevo modelo electrificado de Renault basado en la plataforma GEA (Global Intelligent Electric Architecture), desarrollada por Geely. Con estas inversiones, la alianza de Renault y Geely habrá destinado un total de 900 millones de euros desde 2025 a 2027.

El nuevo modelo será el primero que se fabrique en Brasil en el marco de FutuREady, el plan de Renault para acelerar su crecimiento mediante alianzas estratégicas. La utilización de la arquitectura de Geely permitirá a Renault ampliar su oferta de vehículos electrificados aprovechando la transformación industrial que se está llevando a cabo en el país.

La alianza también ha confirmado que en diciembre de 2026 comenzará la producción local del Geely EX2, un compacto completamente eléctrico que emplea igualmente la plataforma GEA. A comienzos de septiembre, la compañía inició además la fabricación en Brasil del Geely EX5 EM-i Super Hybrid, cuya comercialización está prevista antes de que termine el año.

El siguiente paso llegará en 2027, cuando Renault Geely do Brasil comenzará a producir localmente la tecnología híbrida Renault Hybrid E-Tech 4x4 con combustible flex-fuel, una combinación adaptada a las particularidades del mercado brasileño.

Alianzas fuera de Europa

Toda esta producción se concentrará en el complejo industrial Ayrton Senna, en São José dos Pinhais, en el estado de Paraná. Las instalaciones fueron sometidas a una importante transformación a comienzos de 2026 para incorporar la plataforma GEA y están preparadas para fabricar vehículos con diferentes sistemas de propulsión, desde motores de combustión y tecnologías híbridas hasta híbridos flex-fuel y eléctricos puros.

El complejo industrial emplea a unas 5.000 personas y dispone de dos plantas de fabricación. La estrategia permitirá a Renault y Geely utilizar una misma base industrial para producir vehículos con distintas tecnologías y marcas, en función de la evolución de la demanda brasileña.

“Este nuevo ciclo de inversiones demuestra nuestra confianza en Brasil como un mercado estratégico de crecimiento para Renault”, señaló Fabrice Cambolive, director ejecutivo de la marca Renault y presidente del consejo de Renault Geely do Brasil. Además, confirma las estrategia manifestada por el consejero delegado de Renault, François Provost, de abrirse a alianzas con nuevos socios como los fabricantes chinos fuera de Europa, pero rechazó compartir fábricas en el viejo continente sin una alianza tecnológica

Desde Geely Holding, su vicepresidente sénior, Victor Yang, calificó el inicio de la producción local como un “hito histórico” para el grupo y destacó la importancia de Brasil dentro de su estrategia de expansión internacional.

Una alianza con participación de Geely en Renault Brasil

La cooperación industrial se remonta a noviembre de 2025, cuando Renault y Geely crearon Renault Geely do Brasil con el objetivo de acelerar el desarrollo y la comercialización de vehículos de ambas marcas en el país. En paralelo, Geely Holding adquirió una participación del 26,4% en Renault do Brasil.

La operación permite al fabricante chino reforzar su presencia industrial en uno de los principales mercados automovilísticos mundiales, mientras que Renault incorpora tecnologías y arquitecturas desarrolladas por Geely para acelerar su oferta electrificada.

Brasil se ha convertido así en uno de los escenarios internacionales en los que Geely está utilizando alianzas con fabricantes establecidos para avanzar en su expansión, al tiempo que Renault busca apoyarse en socios tecnológicos para reducir los tiempos y las inversiones necesarias para ampliar su gama eléctrica e híbrida.

Brasil, un mercado de 2,5 millones de vehículos

La dimensión del mercado brasileño explica el interés de ambas compañías. Con 213,4 millones de habitantes y una edad media de 35 años, Brasil es actualmente el sexto mayor mercado automovilístico mundial, con 2,552 millones de vehículos vendidos, y el octavo mayor productor, con 2,492 millones de unidades fabricadas.

Se trata además de un mercado especialmente competitivo. Más de 40 marcas disputan en 2026 la demanda de los consumidores brasileños, con más de 138 nuevos productos lanzados en distintos segmentos.

El mercado ha recuperado los niveles previos a la pandemia, aunque todavía se encuentra lejos del máximo histórico de alrededor de 3,6 millones de vehículos alcanzados en 2012. La industria brasileña dispone de una capacidad instalada de 4,5 millones de vehículos al año, incluyendo turismos, vehículos comerciales ligeros, camiones y autobuses.

Sin embargo, las fábricas operan actualmente en torno al 50% de esa capacidad, según los datos aportados por Renault. En este contexto, la estrategia de Renault y Geely combina inversión industrial, incorporación de nuevas tecnologías y utilización flexible de las instalaciones para intentar ganar volumen en un mercado con un amplio margen de capacidad disponible.

Si la democracia fuera una persona, tendría dolor de cabeza, escalofríos, la cara pálida y estaría metida en la cama. Vamos, que tendría mal aspecto. El remedio para el enfermo no es otro que la reflexión, la información y el buen perder en política, algo que escasea cada vez más en tiempos en que abundan quienes ponen en duda el sistema antes incluso de que lleguen las elecciones, no vaya a ser que llegue la derrota y no haya a quien culpar. Estas han sido algunas de las conclusiones que ha arrojado este jueves en Madrid la presentación de Alerta democrática, el nuevo número de la revista de elDiario.es.

El encuentro, exclusivo para socias y socios de elDiario.es y que ha sido moderado por Gumersindo Lafuente, editor de la propia revista, ha contado con la participación de Susan C. Stokes, profesora de la Universidad de Chicago, autora de Los regresores. Líderes que erosionan sus propias democracias (Galaxia Gutemberg) y una de las principales investigadoras internacionales sobre las causas terminan por erosionar las democracias. También han participado José Manuel Romero, director adjunto de elDiario.es; Sandra León, investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC); y Natalia Chientaroli, subdirectora de elDiario.es.

“En España vivimos un peligro real que se llama poder judicial”, ha resumido Romero, que vivió, por ejemplo, el intento de medios como El Mundo de intentar convencer a la población de que la autora del 11M fue la banda terrorista ETA, un bulo desmontado precisamente en sede judicial. Hoy, sin embargo, el periodista aprecia una gran falta de ese tipo de respuestas: “Si la democracia es división de poderes, diría que hay un desequilibrio grande en favor del poder judicial, que controla a los otros dos poderes. Los magistrados dicen que siempre hay segundas y terceras instancias que corrigen al juez que se equivoca, pero hoy tenemos ejemplos en que eso no está ocurriendo. Un caso muy claro es la instrucción del caso de Begoña Gómez”. 

De fondo, ha argumentado Romero, una democracia cada vez más deteriorada: “Los jueces están muy enfadados porque en 2023 se aprobó una ley de amnistía que era un gran correctivo una decisión del Supremo. A raíz de ahí, se dio una manifestación de togados sin que hubiera sanción disciplinaria a pesar de que desde 1870 hay una ley que dice que los jueces no pueden alabar o criticar a los poderes públicos. El CGPJ miró para otro lado. El control de los jueces está funcionando de manera muy deficiente”.

Pero los problemas del sistema no llegan solo desde las altas instancias de la magistratura. Stokes ha recordado que los presidentes que atacan a sus propias democracias son ideológicamente heterogéneos, aunque tienen en común estrategias y objetivos a destruir: prensa independiente, las cortes, las propias elecciones, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil. “Es increíble lo parecido que es el accionar de presidentes que en teoría tienen ideologías tan distintas”, ha reflexionado la experta.

En España, ha recordado Romero, Aznar puso en duda el resultado de las elecciones tras perder en 1993. Pero no hay que irse tan lejos para ver a un político culpando al césped antes incluso de perder el partido: en 2023, Alberto Núñez Feijoo, candidato popular, pidió que los carteros desobedecieran a sus jefes porque compró la teoría de la conspiración de que Pedro Sánchez haría trampa con los votos por correo. Y habrá más, porque toda una sala de lo contencioso-administrativo del Supremo acaba de suspender el derecho a voto de quienes se han acogido a la ley de nietos para nacionalizarse españoles. “Es un absurdo. El planteamiento de Vox y el PP de que el PSOE quiere colar a los suyos en este censo se cae si les preguntas a estas personas qué van a votar. En 2023, le dieron el voto al PP. En esa sala que ha dictado este auto tan sorprendente los magistrados tienen una apariencia de imparcialidad nula”, ha ahondado Romero. Chientaroli ha subrayado la idea: “En España se están criticando anticipadamente las próximas elecciones para que la gente deje de confiar en eso”.

Como respuesta, León ha propuesto lo mismo que en su artículo para la revista, es decir, el buen perder democrático: “El reto en democracia está en los que pierden, los que deben aceptar resultados que no le favorecen. Es el milagro de este sistema, y es un intercambio fundamental. Sabemos que las sociedades aprenden a perder, a esperar y respetar el sistema democrático porque tienen la expectativa de ganar en algún momento”. 

No se trata, a ojos de la investigadora, de una cuestión menor: “La legitimidad es un ingrediente fundamental para la convivencia. Cuando aceptamos las normas de convivencia social no lo hacemos tanto por miedo a la sanción como por el hecho de que reconocemos que es una norma que emana de una institución legítima. Si no reconocemos al poder, eso tendrá un impacto en nuestra voluntad de cumplir con las normas”. 

El deterioro del proceso, asegura León, traerá consecuencias: “Los malos perdedores de hoy pueden ser los ganadores de mañana, pero paradójicamente gobernarán en un sustrato que ellos mismos han deteriorado”. A Stokes le ha venido a la mente un ejemplo claro: “En EEUU tenemos a Trump, que es incluso un mal ganador. En el país hay un 30% de ciudadanos que dudan de las elecciones. La idea de fraude masivo es falsa, pero la gente lo cree, y no porque sea ignorante, sino porque en realidad no sabemos mucho de cómo funciona todo el mecanismo. Cuando se rompe esa confianza es muy difícil reconstruirla”.

Como respuesta, la experta pone sobre la mesa la idea de los anticuerpos democráticos, ciudadanos bien informados que reaccionan de forma crítica con quien erosiona las instituciones, aunque sean de su misma ideología.

Para que haya más, el periodismo será fundamental, tal y como ha argumentado Chientaroli: “Como periodistas, nuestra misión es hacer bien nuestro trabajo, hacerlo con rigor para sembrar reflexión”. “Los estudios muestran que mensajes lanzados por líderes dando legitimidad al sistema cuando pierden, calan. Los medios también tienen esa capacidad”, ha ahondado León. Romero ha puesto un ejemplo práctico: “Cuando Abascal da una rueda de prensa y dice una barbaridad, el periodista se encuentra ante el dilema de contarlo o no contarlo. Yo soy partidario de contarlo y darle contexto, contar por qué es mentira. Hay que reaccionar con la verdad”.

Con este panorama de fondo, el último número de la revista de elDiario.es analiza cómo gobiernos democráticos de todo el mundo sufren hoy un acoso permanente. Así, Alerta democracia, ya disponible en EPUB para Kindle, EPUB optimizado para iPad y EPUB para lectores con Android, lleva a cabo un retrato de la gravedad de esta amenaza y aporta pistas y soluciones para enfrentarla.

Por ello, esta nueva entrega contiene entrevistas a Pepper Culpepper y a la propia Stokes, así como análisis sobre las amenazas que vienen de EEUU, la reacción de Europa ante estos peligros, la judicialización de la política en España o la opinión de los jóvenes. Las tribunas las firman en esta ocasión Ignacio Escolar, director de elDiario.es, la propia Sandra León y los investigadores Ignacio Jurado, Carme Colomina, Steven Forti y Esther Samper. Finalmente, este último número se cierra con una selección de libros imprescindibles a cargo del politólogo Pablo Simón y un cómic del historietista e ilustrador Darío Adanti sobre las peripecias y ambiciones de los millonarios digitales.

Hay una pregunta que aparece con cierta regularidad cuando entre cubanos una conversación política se aproxima, aunque sea tangencialmente, al socialismo: «¿Y dónde ha funcionado? Mencióname un país. Uno solo». La interrogación contiene su propia sentencia. Es ya una respuesta. Quien la formula supone de antemano que ese país no existe. Si alguien menciona entonces Suecia, Noruega o Dinamarca, la objeción aparece inmediatamente: «Eso no es socialismo». Y, en términos estrictos, es cierto.

Las economías nórdicas no son socialistas en el sentido doctrinario del término. No han abolido la propiedad privada de los medios de producción ni sustituido el mercado por un sistema general de planificación. Son economías capitalistas, atravesadas por fuertes tradiciones socialdemócratas, con sindicatos, servicios públicos y Estados de bienestar considerablemente más amplios que el estadounidense.

Lo interesante no es la objeción, sino aquello que presupone. Para aceptar un ejemplo de socialismo estamos exigiendo una correspondencia bastante rigurosa entre realidad y doctrina. El socialismo, para ser admitido como tal, debe presentarse con cierto grado de pureza conceptual. Curiosamente, no hablamos del capitalismo en los mismo términos. Cuando nos referimos a sociedades capitalistas exitosas, no invalidamos el ejemplo porque exista educación pública, pensiones, legislación laboral, regulación financiera, bancos centrales, impuestos progresivos o mecanismos redistributivos. Aceptamos como capitalistas sociedades que llevan generaciones modificando, limitando y corrigiendo políticamente al capitalismo.

El socialismo tiene que responder por su doctrina y el capitalismo puede hacerlo por sus correcciones. La pregunta de «¿dónde ha funcionado el socialismo puro?» puede producir respuestas poco alentadoras, pero deberíamos tener entonces la honestidad de formular la siguiente: «¿Dónde ha funcionado el capitalismo puro?»

Probablemente tampoco nos entusiasmaría demasiado aquello que encontráramos. Esto no vuelve equivalentes al capitalismo y al socialismo, ni establece una simetría moral entre sus historias. Significa algo más elemental: si pretendemos compararlos, convendría utilizar el mismo criterio.

La realidad, además, posee una irritante tendencia a desobedecer nuestras taxonomías. Las democracias nórdicas conservaron economías capitalistas mientras construían, bajo tradiciones socialdemócratas, extensos sistemas de protección social. China hizo una combinación diferente: mantuvo el partido único y un férreo control político mientras incorporaba mecanismos de mercado y acumulación privada. Si la primera demuestra que una economía de mercado puede convivir con amplias obligaciones sociales, la segunda trae algo más incómodo: libre mercado y libertad política no son sinónimos.

China debería bastar para curarnos de una superstición: la apertura del mercado no trae la libertad política incorporada de fábrica. Quizá la cuestión no sea entonces la pureza del modelo, sino la arquitectura política e institucional dentro de la cual funciona.

Sería frívolo, sin embargo, plantear esta discusión entre cubanos sin reconocer que nuestra relación con la palabra socialismo difícilmente puede ser neutral. Tenemos razones. Sobran. Para nosotros el socialismo no pertenece exclusivamente a la historia de las ideas. Se hizo experiencia: Estado, partido, economía, escuela, lenguaje, vigilancia, censura, escasez, prisión, exilio. No conocimos solamente una doctrina. Vivimos dentro de aquello que se hizo en su nombre. Por eso la suspicacia cubana frente al socialismo no debería ser ridiculizada. Contiene una experiencia histórica y una advertencia sobre el poder que sería irresponsable despreciar.

Pero aquí aparece una distinción fundamental: tener razones no es lo mismo que tener razón. Y tener muchas razones tampoco significa tener toda la razón. Esto resulta particularmente importante ante la aparición de una nueva izquierda en Estados Unidos, visible, entre otras cosas, en Democratic Socialists of America (DSA) y en una generación de candidatos que disputa desde la izquierda determinadas posiciones tradicionales del Partido Demócrata. Es perfectamente comprensible que esa retórica active la memoria política cubana.

Lo que resulta menos evidente es que esa memoria baste para comprender el fenómeno. Hay quizá una particularidad de nuestra relación con todo esto que merece ser examinada: la ideología puede convertirse en biografía.

En una sociedad abierta, la ideología también puede heredarse como tradición política, religiosa, social o cultural; nadie elige desde cero las categorías con las que empieza a mirar el mundo. La diferencia es que esas pertenencias compiten entre sí y, al menos en principio, pueden ser discutidas, modificadas o abandonadas sin que un Estado monopolice doctrinalmente la experiencia.

Bajo un sistema totalitario fuertemente ideologizado ocurre algo adicional. No es solamente una comunidad particular la que puede vivir dentro de una ideología, sino el propio Estado el que intenta convertirla en el horizonte común de la experiencia. La ideología no se limita a interpretar la realidad: la organiza. Está en la escuela, el trabajo, los medios, los rituales públicos, las posibilidades profesionales, aquello que puede decirse y aquello que conviene callar. Determina oportunidades y castigos, pertenencias y exclusiones. Termina interviniendo incluso en la manera en que una familia aprende a hablar dentro y fuera de su casa.

En esas condiciones, uno no tiene simplemente una ideología delante: vive políticamente dentro de ella. Y aquello dentro de lo cual hemos vivido durante suficiente tiempo termina formando parte de nuestra biografía, incluso cuando lo hemos rechazado.

Una ideología totalitaria puede, de ese modo, seguir organizando la percepción política de quienes escaparon de ella. Puede hacerlo mediante la adhesión, naturalmente, pero también mediante el rechazo. El comunista convencido y el anticomunista visceral ocupan posiciones opuestas, pero pueden continuar orientándose respecto de un mismo centro de gravedad.

Uno afirma; el otro niega. Esto no convierte el anticomunismo en comunismo. Significa que el rechazo tampoco garantiza por sí mismo la emancipación intelectual. Podemos abandonar una doctrina y conservar su manera de dividir el mundo. Invertir sus valores y mantener intactas sus categorías. Cambiar las respuestas y continuar formulando las mismas preguntas.

La ideología se retira como convicción, pero permanece como estructura. Por eso determinadas palabras producen entre nosotros una reacción anterior al argumento. «Socialismo» no llega primero como concepto. Llega como memoria. Y hay racionalidad en ese reflejo. La experiencia nos ha enseñado a reconocer peligros. Pero precisamente ahí debemos reconocer también su límite: la biografía puede explicar nuestra mirada; no puede garantizar su verdad.

Haber vivido bajo una ideología nos concede una experiencia que merece ser escuchada. No nos concede una epistemología privilegiada. No convierte automáticamente nuestro pasado en conocimiento del futuro. Quizá la verdadera dificultad a la hora de salir de una sociedad profundamente ideologizada no consista solamente en abandonar su territorio o dejar de creer en su doctrina, sino en conseguir que esa doctrina deje algún día de ser la coordenada secreta desde la cual seguimos organizando el mundo.

Hay algo profundamente teológico en la aspiración a la pureza ideológica. Las doctrinas políticas modernas heredaron de la religión la tentación de totalidad: la esperanza de que una estructura conceptual pueda reconciliar finalmente las contradicciones de la existencia social. El comunismo llevó esa aspiración particularmente lejos. No proponía únicamente otra distribución de la propiedad. Pretendía poseer una explicación de la Historia y conocer su dirección. La contradicción pertenecía al presente; la reconciliación, al futuro. Conocemos las consecuencias políticas de esa certeza. Pero abandonar una certeza no significa necesariamente abandonar la necesidad de certeza. Una ideología puede sobrevivir, paradójicamente, determinando la forma de pensamiento de sus enemigos.

Es desde ahí que me interesa analizar el fenómeno que ocurre actualmente a la izquierda del Partido Demócrata. No porque crea que sus respuestas deban aceptarse, ni porque piense que Estados Unidos se encuentre a las puertas del socialismo. Su importancia podría estar en otra parte. Puede no llegar al centro y, sin embargo, moverlo. Los márgenes políticos obligarían al centro a reconsiderar aquello que, por costumbre, había dejado de interrogar. Estados Unidos posee una capacidad extraordinaria para producir riqueza, innovación y prosperidad y, al mismo tiempo, una red de protección frente a la contingencia más limitada que la de otras sociedades igualmente ricas y capitalistas.

Una enfermedad puede convertirse aquí en una catástrofe económica. La educación superior puede comenzar la vida adulta bajo la forma de una deuda que se prolonga durante décadas. El trabajo no garantiza necesariamente el acceso a una vivienda. Y una extraordinaria concentración de riqueza puede producir también una extraordinaria concentración de influencia política.

Quizá una de las funciones saludables de los márgenes dentro de una democracia sea precisamente impedir que el centro confunda estabilidad con verdad. Esto conduce a una cuestión anterior a la disputa entre izquierda y derecha: ¿Para qué existe el Estado? Quienes procedemos de una experiencia en la que el Estado invadió prácticamente todos los espacios de autonomía sabemos que puede ser un problema. Pero de ahí no se deriva que el Estado sea el problema. Si el Estado fuera por naturaleza una disminución de la libertad, tendríamos que concluir que la libertad aumenta proporcionalmente a medida que el Estado desaparece.

La historia no parece confirmar semejante comodidad. La desaparición de una forma de poder no significa la desaparición del poder. Puede significar simplemente que otro ocupa su lugar. Un Estado puede dominar. También una concentración económica, un monopolio, una corporación o una mayoría. La pregunta fundamental no es solamente quién posee el poder, sino qué capacidad conserva el individuo para resistirse a él. La libertad política quizá consista menos en abolir el poder —otra fantasía de pureza— que en construir instituciones capaces de impedir que algún poder se vuelva absoluto.

Desde esa perspectiva, el Estado constituye simultáneamente una amenaza contra la libertad y uno de los instrumentos mediante los cuales intentamos protegerla. No es una contradicción que podamos resolver. Es una tensión que debemos administrar.

Podemos formular la cuestión de otra manera: ¿Qué parte de la vulnerabilidad humana consideramos exclusivamente privada y qué parte decidimos asumir colectivamente? La existencia está atravesada por la contingencia. No escogemos dónde nacemos, la riqueza de nuestros padres, nuestras capacidades iniciales ni muchas de las enfermedades que tendremos. Tampoco controlamos completamente las crisis económicas, las pandemias o las catástrofes. Una sociedad política puede entenderse, entre otras cosas, como una respuesta colectiva frente a esa contingencia.

No para abolirla —toda promesa de hacerlo debería inquietarnos—, sino para decidir qué consecuencias del azar consideramos socialmente aceptables. Aquí aparecen la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad y la protección social. Podemos defenderlas apelando a la dignidad humana. Pero existe también un argumento estrictamente utilitario: una población educada y saludable produce más conocimiento, innovación y riqueza; una infraestructura eficiente multiplica las posibilidades del intercambio privado. Determinadas inversiones colectivas no son obstáculos externos al capitalismo. Constituyen parte de las condiciones que permiten que una economía capitalista prospere.

El mercado, después de todo, tampoco existe en la naturaleza. Necesita propiedad jurídicamente definida, contratos exigibles, tribunales, moneda, infraestructura, seguridad. Necesita una arquitectura institucional que haga posible aquello que después llamamos libertad económica. Por eso Estado y mercado no son dos sustancias opuestas entre las cuales debamos elegir.

La pregunta políticamente adulta no es «¿Estado o mercado?», sino «¿qué debe hacer cada uno, dónde termina su competencia y qué mecanismos impiden que cualquiera de los dos acumule suficiente poder para someter al individuo?» Quizá necesitemos mercado para unas cosas, Estado para otras, sociedad civil para otras y simplemente dejar al individuo en paz para muchas más. Es una solución contradictoria, impura y provisional. Precisamente como una sociedad.

Hay, sin embargo, un límite. La utilidad no basta. Una sociedad puede ser extraordinariamente eficiente y profundamente indigna. Puede garantizar bienestar al precio de una reducción intolerable de la libertad o producir enormes cantidades de riqueza, mientras concentra el poder de una manera incompatible con un proyecto libre. Tal vez una sociedad decente deba mantener permanentemente en tensión tres principios: utilidad, libertad y dignidad. No conozco una doctrina capaz de reconciliarlos definitivamente. Y quizá sea precisamente ahí donde comienza la política.

La ideología promete resolver esa tensión. La democracia acepta administrarla. Una doctrina aspira a poseer la respuesta. Una democracia debería conservar el procedimiento mediante el cual podemos descubrir que estábamos equivocados. La posibilidad de corrección parece una virtud modesta después de siglos de grandes promesas políticas. Quizá precisamente por eso sea tan importante.

Esto es, finalmente, lo que me interesa de la discusión alrededor de la nueva izquierda norteamericana. No decidir si el DSA posee la respuesta. No decidir si el socialismo merece una rehabilitación. Mucho menos convencer a los cubanos de que deberían reconciliarse con una palabra que poseen sobradas razones históricas para mirar con suspicacia. La cuestión es otra: «¿Qué hacemos con nuestras razones?»

¿Las utilizamos para pensar mejor o para dejar de pensar? Nuestra experiencia puede ofrecer a la izquierda norteamericana una advertencia formidable sobre el poder, la utopía y la facilidad con que la justicia puede convertirse en coartada de la dominación. Pero una advertencia deja de ser conocimiento cuando pretende convertirse en respuesta para cualquier pregunta. También deberíamos ser capaces de escuchar por qué una generación criada dentro del capitalismo norteamericano considera insuficientes determinadas instituciones de ese capitalismo.

No para concederle automáticamente la razón. Precisamente porque nadie debería recibir ese privilegio. Ni ellos por su insatisfacción. Ni nosotros por nuestro trauma.

Volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Dónde ha funcionado el socialismo? Si exigimos pureza doctrinaria, apliquemos la exigencia a todos. Si hablamos de sociedades históricas reales, aceptemos su impureza. Las sociedades que han conseguido combinar niveles razonables de prosperidad, libertad y seguridad han sido, en buena medida, aquellas suficientemente poco religiosas respecto de sus modelos como para corregirlos.

Han utilizado mercados y los han regulado. Han construido Estados y los han limitado. Han protegido la propiedad y creado obligaciones colectivas. Han permitido la acumulación de riqueza y redistribuido parte de ella. No hay demasiada épica en esto. Afortunadamente. Quizá deberíamos empezar a sospechar de la épica cuando entra en política. Las sociedades habitables suelen ser construcciones bastante menos elegantes que las ideologías: contradictorias, incompletas, impuras, sometidas a revisión. Pero esa imperfección contiene una virtud decisiva: pueden corregirse. Y quizá ahí se encuentre la cuestión que nuestra experiencia cubana debería permitirnos comprender mejor que ninguna otra.

Nuestra memoria merece respeto. Nuestra experiencia merece ser escuchada. Nuestra suspicacia tiene fundamentos. Pero nada de eso debería eximirnos de pensar cada problema nuevamente. Porque la última forma de sometimiento a una ideología podría radicar en permitirle, décadas después de haberla rechazado, que decida aquello que somos capaces de pensar. No necesitamos perder la memoria. Necesitamos impedir que la memoria se convierta en dogma. Tal vez eso sea, finalmente, lo contrario de una ideología: la disposición permanente a someter nuestras certezas a la realidad.

Aceptar que podemos equivocarnos. Que una idea proveniente del adversario puede ser útil y una proveniente de los nuestros puede ser absurda. Que aquello que nuestra biografía nos enseñó a temer no tiene por qué ser idéntico a todo aquello que se le parece. Y entender, sobre todo, que una sociedad en la que valga la pena vivir no será nunca conceptualmente pura. Será contradictoria, imperfecta e impura. Y, si tenemos suerte, será corregible.

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En el municipio de Oviedo, a unos cuatro kilómetros del centro urbano de la capital asturiana, se encuentran dos templos católicos: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Ambos están ubicados de forma privilegiada en la falda sur del monte Naranco y forman parte del recorrido que muchos realizan para llegar hasta el pico de la zona rocosa, situado a 634 metros sobre el nivel del mar, donde se encuentra el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Este lugar representa uno de los enclaves patrimoniales y paisajísticos más importantes del norte de España, además de uno de los más concurridos.

Ambos monumentos son un claro ejemplo del arte prerrománico asturiano, concretamente dentro del estilo arquitectónico e histórico denominado “ramirense”. Su monumentalidad, estado de conservación y singularidad histórica motivaron su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1985. Este conjunto monumental constituye uno de los testimonios más excepcionales de la arquitectura altomedieval europea, destacando por la innovación en sus soluciones constructivas y su decoración escultórica.

Uno de los aspectos más fascinantes y menos conocidos por el gran público sobre Santa María del Naranco es que, originariamente, no se proyectó de forma exclusiva como una iglesia o templo religioso, sino que funcionó en un principio como un palacio destinado al ocio y la representación del monarca. Destaca por su cuidada estructura de dos plantas: una planta baja con una sala de baños, restos de una piscina y un posible cuerpo de guardia, y una planta noble flanqueada por logias. Recientes hallazgos han confirmado que fue realizado como un edificio de uso civil y representativo, destinado posteriormente a acoger la sepultura del rey Ramiro I.

La transformación funcional del edificio se produjo siglos más tarde. Concretamente, la destrucción de la cabecera de la vecina iglesia de San Miguel de Lillo y de parte de sus naves provocó la necesidad de implantar el culto religioso en Santa María, un cambio que se produjo probablemente durante el siglo XII. Como prueba documental de este hecho histórico, la Crónica Silense del año 1150 ya registra formalmente a Santa María del Naranco como un templo consagrado.

En cuanto a sus detalles ornamentales, destacan especialmente los capiteles y las basas de sus columnas. Los capiteles están decorados con laboriosos relieves de soga —columnas sogueadas— y motivos geométricos o figurativos como el árbol de la vida, mientras que las basas se apoyan sobre plintos —bases completamente lisas para dar mayor altura—. Sobre estos se encuentra la basa, de forma redondeada y decorada.

Su estructura está dividida en dos plantas, con una planta baja abovedada y una planta noble flanqueada por dos característicos miradores o logias. Esta disposición supuso una auténtica revolución arquitectónica para su época, consolidándose como el aula regia más importante conservada del Reino de Asturias.

San Miguel de Lillo

Situada a escasos metros de Santa María del Naranco —a unos 150 metros— se alza la singular iglesia prerrománica de San Miguel de Lillo, también conocida históricamente como Sanmiguel de Liño. Este templo está dedicado al arcángel San Miguel y fue mandado edificar hacia el año 842 por el rey Ramiro I. El monumento fue construido directamente junto a los palacios reales, cumpliendo la función litúrgica de iglesia palatina, un lugar destinado a la oración privada y que servía como centro de culto para el soberano, su familia y sus empleados.

Al igual que su monumento hermano, San Miguel de Lillo recibió reconocimiento internacional al ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. El acceso a este segundo monumento se realiza a través de la carretera que asciende por curvas cerradas y más abiertas hacia la propia cima del monte Naranco. Aunque hoy en día solo se conserva una parte de su estructura original, sus relieves esculpidos y su planta de cruz griega modificada reflejan el esplendor artístico del momento. Asimismo, los relieves de sus puertas y las antiguas figuras inspiradas en el arte clásico y bizantino muestran la importancia de esta iglesia para el patrimonio europeo.

Información clave

Para quienes estén interesados en conocer por dentro estos monumentos, la visita es siempre guiada, a excepción de los lunes, cuando se realiza sin guía y de forma gratuita. Las visitas parten de Santa María del Naranco y tienen una duración aproximada de 40 minutos. Durante el verano, del 1 de abril al 30 de septiembre, los horarios son de martes a sábado de 9:30 a 13:00 y de 15:30 a 19:00, mientras que los lunes únicamente están disponibles en horario de mañana. Por otro lado, del 1 de octubre al 31 de marzo, el acceso es de martes a sábado de 10:00 a 14:30, y los domingos y lunes de 10:00 a 12:30. Asimismo, es importante saber que hay ciertos días del año en los que permanece cerrado: el 1 y 6 de enero, el 8 y 21 de septiembre y el 25 de diciembre.

La entrada general conjunta para ambos monumentos cuesta cinco euros por persona. En grupos de más de 20 personas, la tarifa es de cuatro euros por persona, con reserva previa. En el caso de grupos escolares, el coste es de dos euros por alumno. Los lunes el acceso es totalmente gratuito, si bien la visita guiada no se encuentra disponible bajo estas condiciones generales. Las entradas correspondientes se adquieren directamente en Santa María del Naranco.

No es necesario realizar una reserva previa para visitantes individuales. No obstante, existe la opción de realizar una reserva online, que se encuentra limitada a determinados días y horas. Las visitas guiadas están limitadas a 25 personas, por lo que, si se va a realizar una visita, conviene organizarla con tiempo. Planificar con suficiente antelación el desplazamiento y la compra de las entradas permite que la visita pueda realizarse sin problemas de acceso. En caso de no poder conocer los monumentos por dentro, siempre queda la opción de recorrer los grandes prados con árboles que los rodean y contemplar los edificios desde el exterior.

Rafa Nadal con las rodillas vendadas. Jugadoras de baloncesto con tobilleras. Levantadores de peso con cinturón, rodilleras y muñequeras. La imagen de los deportistas de élite con protecciones articulares es tan habitual que se ha trasladado al gimnasio de barrio como si fueran accesorios de moda. El resultado es gente haciendo ejercicio de piernas en las máquinas con rodilleras de neopreno como si les dieran superpoderes, pero salvo en el caso de que sean necesarias por lesión, la verdad es más compleja.

Los soportes más comunes y qué se supone que hacen

El mercado de soportes articulares para deportistas aficionados incluye rodilleras y tutores de rodilla, bandas de compresión para codos y muñecas, tobilleras de neopreno o tela rígida, cinturones lumbares y muñequeras con soporte de carpo. Todos comparten la lógica de ofrecer estabilidad externa a una articulación, reducir el rango de movimiento no deseado o proporcionar retroalimentación propioceptiva. El argumento de venta es que protegen, que dan seguridad y que permiten entrenar más.

Lo que dice la ciencia sobre tus rodilleras

Un día vas al gimnasio y sientes una rodilla inestable, así que decides ponerte una rodillera. Esto tiene que ver con la propiocepción, la capacidad de tu cuerpo para saber dónde y cómo está situado en el espacio al moverse. Sin embargo, un estudio sobre el uso de rodilleras en deportistas jóvenes, sanos y sin lesiones, encontró que los soportes no influyen ni positiva ni negativamente en la propiocepción de rodillas. Es decir, en la persona que va al gimnasio sin ningún problema previo de articulaciones, la protección ni mejora ni empeora.

Una revisión de estudios de 2022 concluyó que las medias y las mangas de compresión podían aumentar la temperatura en la zona y de esta forma mitigar las molestias musculares después del ejercicio, pero no producían mejoras en la fuerza, la potencia o la agilidad (y tampoco los empeoraban). La duda es qué ocurre cuando se usan estos soportes articulares durante mucho tiempo.

La rodillera, la codera y los músculos vagos

“Todo apoyo que le des a tu cuerpo, que no sea el suyo propio, vuelve al cuerpo tonto, le vuelve vago”, afirma el fisioterapeuta Samuel Martín de Psicofisio. Pone como ejemplo el cinturón lumbar que algunas personas se ponen por exceso de precaución para hacer sentadillas: “Es un estabilizador externo que ofrece a tu cuerpo un apoyo, entre comillas, virtual. Tu cuerpo no se va a reforzar”.

Martín matiza que no es que los soportes sean siempre malos, sino que su uso debe estar justificado. En concreto, hay dos situaciones en que tienen mucho sentido. La primera es en esfuerzos cercanos al límite. “Depende para qué y por qué. Si tú quieres hacer una arrancada con peso máximo y necesitas un soporte específico, está bien, pero luego, te lo quitas”. En un esfuerzo máximo, el riesgo de lesión justifica añadir un margen de seguridad que no sería necesario en las cargas habituales de entrenamiento.

El segundo caso es la recuperación de lesiones, donde puede ser beneficioso limitar el rango de movimiento, especialmente cuando se ha producido un desplazamiento excesivo de la articulación, para evitar que el daño se repita. “Puntualmente, lo puedes usar al salir de una lesión, pero después, cuanto menos, mejor”. En esta fase de recuperación tener un soporte externo como una rodillera permite cargar la articulación durante los ejercicios de rehabilitación mientras la musculatura estabilizadora aún no se ha recuperado del todo, pero la idea es retirarlo progresivamente, no dejarlo como un accesorio permanente.

Los estudios corroboran que, en la recuperación de lesiones, los soportes de compresión no solo no debilitaban el músculo, sino que permitían que la rehabilitación fuera más segura, ya que mitigaban la sensación de fatiga y, por tanto, hacían más efectivos los ejercicios para recuperar la función.

En el caso de los deportistas de élite, se emplean a veces vendajes específicos durante la competición para limitar el rango de movimiento, y prevenir así posibles lesiones. “Muchos deportistas, por ejemplo, futbolistas y jugadores de baloncesto, juegan vendados por contrato, para evitar lesiones”, explica Martín. “Se les venda la articulación que se quiere proteger antes del partido, y después del partido fuera vendaje. Es como un seguro de accidentes”, añade. Lo que distingue estos vendajes de una rodillera o una codera común es su especificidad: “Son vendajes para limitar un movimiento que no quieres hacer, pero no bloquean todo el movimiento”, aclara el fisioterapeuta.

La diferencia entre el deportista profesional y el aficionado

La diferencia entre el uso de un futbolista profesional que se venda los tobillos para un partido en que va a realizar esfuerzos explosivos repetidos durante noventa minutos, y el aficionado que se pone una rodillera para hacer diez repeticiones en la prensa de piernas, habla de la escala, de riesgo de lesión y de volumen de trabajo en cada caso.

El atleta profesional puede necesitar ese margen de seguridad en que un vendaje de compresión concreto protege una articulación vulnerable, porque el nivel de exigencia y el riesgo económico son muy altos. Para quien entrena tres veces a la semana con cargas submáximas, la rodillera puede darle una apariencia más profesional, pero no le proporcionará ventajas significativas en el rendimiento o la protección frente al riesgo de lesión, que en ese contexto es muy bajo.

Al mismo tiempo, se puede estar perdiendo las adaptaciones que los músculos estabilizadores añaden a los ejercicios, y que el soporte compresivo suplanta. En el peor de los casos, disminuye con el tiempo la propiocepción sin la rodillera, con una sensación de estar “demasiado suelto” y con poca seguridad en el movimiento. Igual que ocurre con las ruedecitas que ponemos para aprender a montar en bicicleta, llega un momento en que hay que quitarlas.

¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a una enfermedad rara? Se trata de un trastorno que cuenta con una baja prevalencia en la población. Una enfermedad rara es aquella que padecen menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. 

Se calcula que 300 millones de personas sufren en todo el mundo este tipo de enfermedades, cuyo número, según Orphanet, el portal internacional de referencia sobre enfermedades raras, ya está próximo a las 6.500. Por su parte, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) cifra en tres millones de personas las que las padecen en nuestro país. 

Es una realidad, por tanto, que nos rodea y que se convierte en extremadamente dolorosa para pacientes y familiares que ven como, por ejemplo, se tarda seis años de media en lograr un diagnóstico correcto y como, en el 20 por ciento de los casos, esta espera supera los diez años. 

Por ello, es tan necesario apoyar la investigación de este tipo de trastornos. Banco Santander es consciente de ello y, a través de iniciativas como su programa Euros de tu Nómina y de las entidades reconocidas en sus distintas ediciones, apoya, no sólo la investigación de las enfermedades raras, sino también la mejora de la calidad de vida de los pacientes que las sufren y sus familias.

5.300 proyectos presentados y 7,3 millones de euros

Euros de tu Nómina es una iniciativa solidaria a través de la cual los profesionales de Banco Santander que así lo desean donan cada mes una parte de su nómina para apoyar a fundaciones y asociaciones que trabajan para mejorar la vida de los demás.

Todo el dinero recaudado anualmente es igualado por el propio banco. Después de 18 convocatorias, más de 5.300 proyectos presentados y con un montante total de más de 7,3 millones de euros, varias entidades que trabajan en la investigación de las enfermedades raras han sido premiadas. 

Es el caso de la Fundación Síndrome de Dravet, que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este síndrome, una forma grave y poco frecuente de epilepsia que suele comenzar en el primer año de vida, y de sus familias.

La Asociación de Enfermedades Raras DGENES ha sido otra de las ganadoras de Euros de tu Nómina. DGENES trabaja en el entorno de Murcia y la ayuda que recibieron les permitió impulsar y consolidar un programa para dar respuesta a las necesidades específicas de niños con enfermedades raras y acompañarlos en una parte esencial de su vida cotidiana: la escuela.

Santander colabora también desde hace años con FEDER, la federación que hoy agrupa a 469 asociaciones de toda España y que trabaja desde la atención directa a las personas y familias, con acompañamiento a más de 58.000 personas, hasta el fortalecimiento del movimiento asociativo, pasando por la defensa de derechos, la sensibilización y el impulso de la investigación. 

En 2019, su proyecto Servicio de Información y Orientación. Atención a casos de Gran Vulnerabilidad recibió la ayuda del banco para consolidar una iniciativa que atendió directamente a 1.550 personas. Asimismo, cuentan desde FEDER, “24 personas consiguieron un diagnóstico gracias al procedimiento de atención a personas sin diagnóstico y se atendieron 3.007 consultas más que el año anterior, un incremento superior al 25%”.

Además, en la última convocatoria de Euros de tu Nómina, uno de los proyectos ganadores fue Juntos Contigo: terapias que cambian vidas en enfermedades raras, también impulsado desde la Federación Española de Enfermedades Raras. En este caso, la ayuda se está destinando a garantizar que niños y jóvenes con enfermedades raras o sin diagnóstico puedan mantener terapias como fisioterapia, logopedia, psicología o terapia ocupacional, junto con orientación y acompañamiento social. El proyecto prevé llegar directamente a 65 menores y jóvenes y, de forma indirecta, a 195 personas de su entorno familiar.

Desde FEDER apuntan que “contar con este respaldo de Banco Santander significa poder llegar más lejos y, sobre todo, convertir una aportación económica en algo tangible: una consulta atendida, un diagnóstico que llega, una terapia que puede continuar o una familia que encuentra apoyo cuando más lo necesita”.

Premio para la Fundación Querer

Otro de los proyectos relacionados con las enfermedades raras premiados por Banco Santander a través de su iniciativa solidaria Euros de tu Nómina fue el de la Fundación Querer. Impulsada por la periodista Pilar García de la Granja, esta fundación está dedicada a la educación, investigación, difusión y concienciación social relacionadas con niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas. 

La principal iniciativa de la Fundación Querer es El Cole de Celia y Pepe, un centro de educación especial situado en el madrileño barrio de Aravaca que cada curso atiende a alrededor de 30 niños y que presenta unos resultados extraordinarios por su innovadora metodología educativa, basada en un entorno multidisciplinar que incorpora la adaptación del currículo educativo a las necesidades específicas de cada alumno, con terapias avanzadas para amplificar resultados. 

“El premio recibido en 2024 por el proyecto El Cole de Celia y Pepe”, comentan desde la Fundación Querer, “supuso un enorme impulso para seguir con nuestros proyectos de investigación educativa y para apoyar la formación de los profesionales que trabajan con nosotros”. Cerca de una veintena de docentes especializados ayudan cada curso a estudiantes de entre 3 y 17 años en un centro que ya se ha convertido por méritos propios en referencia en la educación de menores con enfermedades neurológicas. 

Más allá de Euros de tu Nómina

Pero Banco Santander no solo ha mostrado sensibilidad con las enfermedades raras a través de su programa solidario estrella en España. Dentro del reto Santander X Global Challenge / Innovation in Healthcare, en 2024, el Banco destacó también a la empresa británica Mendelian por el diseño de un algoritmo que permite a los médicos la identificación temprana de enfermedades raras a través de la codificación de los criterios de diagnóstico para más de un centenar de este tipo de trastornos. 

Hay mucho en juego. Miles de millones de dólares, una carrera geopolítica e incluso las mayorías políticas en las dos cámaras de representantes de EEUU. En el debate sobre “ralentizar” el desarrollo de la IA, lo que está encima de la mesa va mucho más allá de la regulación de esta tecnología o los métodos de los laboratorios. Tanto como para fracturar los consensos en Silicon Valley y que Donald Trump se lance con todo para intentar recuperar la iniciativa de un debate que comenzaba a escapársele, aun a costa de abrir un cisma con la industria digital que ha sido su baluarte desde 2024.

El presidente de EEUU defiende que no es necesaria ninguna regulación. “¿Cuándo, en la historia empresarial, se ha visto que los líderes de un sector pidieran una regulación que, de aplicarse con firmeza, los llevaría al olvido y a la quiebra?”, ha cuestionado Trump sobre el plan de Dario Amodei, CEO de Anthropic, con medidas para evitar que la IA “pierda el control”. Una posibilidad que el presidente tacha de “bulo” y de “conspiración enfermiza”: “Esto es aún más descabellado que la farsa de 'Rusia, Rusia, Rusia' o el timo del calentamiento global”.

Pero esta vez Trump no puede limitarse solo a mandar sus clásicas ideas fuerza que tanto éxito le han dado en el pasado. Necesita convencer. En EEUU crece un importante movimiento de protesta por la expansión de los centros de datos masivos para la inteligencia artificial, que está ganando tracción entre demócratas y republicanos. La subida de los precios de la energía es su principal motor, pero su consumo de agua, las ventajas fiscales y los pocos empleos que generan también están acelerando la brecha.

Texas es uno de los mejores ejemplos del potencial de la protesta. Allí, tanto el gobernador republicano como su candidato al Senado se han sumado al movimiento, en el que también hay ecologistas, críticos con las grandes tecnológicas, propietarios rurales, además de los vecinos preocupados por las facturas. En otros estados, como Pennsylvania o Michigan, gobernadores que hace unos meses defendían los centros de datos ahora han dado un giro de 180 grados. Un sentimiento que contagia también a la regulación general de la IA y a la relación de Trump con los magnates de Silicon Valley.

Algo que a menos de tres meses de las elecciones de mitad de mandato que podrían cambiar las mayorías en el Senado y el Congreso, puede poner en riesgo el futuro político de Trump.

“Oh, hola señor presidente”

En los últimos días, Trump ha comenzado una campaña para que su mensaje llegue más lejos. El principal ejemplo ha sido una oportuna llamada que el presidente realizó a Jensen Huang, CEO de Nvidia, justo cuando este se encontraba en un acto contra la regulación de la IA. En él también participaban figuras como David Sacks, asesor de Trump encargado de ser “el zar de la IA y las criptomonedas”, la figura más radical en su oposición a las leyes para esta tecnología.

Aunque Huang escenifica que la llamada no estaba preparada, activa al altavoz y cede el escenario a Trump para que explique su oposición al plan de Amodei durante unos cinco minutos. “El país más feliz con todo esto es China”, afirma el presidente, que sostiene que cualquier medida de control de la IA haría que el gigante asiático sobrepasara a EEUU.

Huang es una figura clave en esa postura. Es el magnate de la IA que defiende que EEUU no solo no debería regular, sino que tendría que acelerar. “Correr tan rápido como podamos” fue la receta que expresó en el mismo escenario. Una postura que le ha llevado a tener enfrentamientos públicos con Amodei, el líder intelectual del bando contrario. “Si creas un producto o un servicio y no confías en su funcionalidad, capacidad o seguridad, entonces no lo lances al mercado”, ha afeado: “La seguridad es un problema de ingeniería, no vamos a morir en 2030”.

Si creas un producto o un servicio y no confías en su funcionalidad, capacidad o seguridad, entonces no lo lances al mercado

Jensen Huang — CEO de Nvidia

Huang, de 63 años y origen taiwanés, es uno de los perfiles más particulares en la industria de la IA. Tras fundar Nvidia hace 33 años, se conformó con que esta fuera una empresa de nicho en el sector de los videojuegos. Cuando los chips que llevaba décadas fabricando para la visualización de gráficos se convirtieron en los más útiles para el entrenamiento de la IA, Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, pulverizando récords de beneficios trimestre a trimestre. Está en el centro de la vorágine constructora de centros de datos y Huang defiende que no hay ninguna “burbuja” en torno a ellos ni a la IA: “Las fuerzas del mercado ya están ahí; no necesitamos nuevas leyes, no necesitamos nuevas regulaciones”.

Es un importante aliado en la campaña contra la regulación de Trump, pero no es el único. En ella también se ha enrolado uno de los principales aliados del presidente entre los emperadores de Silicon Valley: Mark Zuckerberg. El CEO de Meta ha rechazado la necesidad de una regulación, indicando que son las propias empresas las interesadas en que la IA no cause consecuencias graves. “Los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño, por lo que también tienen un fuerte incentivo para evitarlo”, ha escrito en X el último de los magnates que faltaba por posicionarse. Recientemente, su empresa acordó abonar hasta 18.000 millones en un pacto extrajudicial para cerrar una demanda que la acusaba de diseñar sus plataformas de manera adictiva, causando daños a los menores de edad con el conocimiento de su dirección.

La extraña alianza

Al otro lado del bando comandado por Trump y Huang se sitúa la extraña alianza entre Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk. Tres fundadores y directores ejecutivos que han estado enfrentados en el pasado (Altman y Musk han llegado a los tribunales) pero que han formado ahora un grupo unido en su petición de una regulación que “ralentice” el desarrollo de la IA basándose en el plan de Amodei.

En Silicon Valley abundan los congresos y eventos en los que los CEO pueden expresarse, por lo que las respuestas de este grupo a Trump y Huang no se han hecho esperar. “Es muy tentador atacar a la competencia y decir que no somos seguros. Pero creo que la forma más responsable de responder a eso es decir: 'Analicemos nuestro propio historial. Puede que no hayamos tenido ningún incidente grave y de gran repercusión, pero estoy seguro de que no somos perfectos'”, respondió Amodei este martes en una de esas conferencias.

“Creo que así es como se lidera el sector: dando ejemplo, diciendo que todos podemos mejorar siempre”, añadió en el evento, organizado esta vez por la compañía de software Salesforce en San Francisco.

Puede que no hayamos tenido ningún incidente grave y de gran repercusión, pero estoy seguro de que no somos perfectos

Dario Amodei — CEO de Anthropic

A la misma conferencia estaba citado Sam Altman. Dirige OpenAI, la compañía que se ha visto sobrepasada por Anthropic en el liderazgo de la IA, pero apoya a Amodei en su petición de regulación. El ejecutivo intentó explicar por qué la petición de regulación ha unido a diferentes actores de la industria. “No puede ser que un número pequeño de empresas que construyen estos modelos tomen las decisiones que todo el mundo debería tomar”, afirmó, opinando que debe haber unas reglas comunes a las que estas empresas se adhieran.

“No estoy de acuerdo con que la tecnología no sea ni buena ni mala... las decisiones que toman las empresas que construyen esto tienen consecuencias reales”, añadió Altman. Por último, el líder de OpenAI pidió a la ciudadanía que confíe en los laboratorios de IA, los mismos a los que la ONU pide más transparencia en su desarrollo. “El mundo debe confiar en que vamos a hacer lo correcto porque es lo correcto y porque somos conscientes de la magnitud de todo esto”.

No estoy de acuerdo con que la tecnología no sea ni buena ni mala... las decisiones que toman las empresas que construyen esto tienen consecuencias reales

Sam Altman — CEO de OpenAI

El último en pasar por el escenario fue Elon Musk. “Hay empresas que dicen cosas como: 'Solo ralentizaremos el desarrollo o solo actuaremos de forma responsable si las demás empresas también lo hacen de forma responsable'”, criticó. El magnate es una de las voces que ha pedido moratorias para el desarrollo de la IA desde que salió a la luz el primer ChatGPT en 2022. Muchos expertos denuncian que su intención es realmente establecer una “barrera de entrada” para otros competidores.

En esta ocasión, también fue de los primeros en apoyar el plan de Amodei, que incluye medidas como verificadores independientes que se incrustarían en los laboratorios para vigilar sus avances. “En vez de que cada uno se ponga la nota a sí mismo, al menos tendrías a competidores evaluando tu trabajo y dando la voz de alarma si detectan algún problema”, dijo. La procedencia de esos evaluadores, que Musk da por hecho que vendrían de la propia industria, es uno de los puntos más criticados del plan, con voces que avisan que se trata de una estrategia de autorregulación.

La gente lo tiene claro

Mientras los magnates de Silicon Valley discuten cómo repartirse los exámenes de seguridad o si sus propios competidores deben evaluar sus modelos, el verdadero incendio se ha trasladado a Washington. Encuestas de la Universidad de Maryland revelan que cerca del 80% de los votantes, tanto demócratas como republicanos, exige la creación de una agencia federal que supervise y controle esta tecnología, mientras que un porcentaje similar cree que el Gobierno debería establecer exámenes de seguridad para los modelos que tomen decisiones críticas. Datos clave para los congresistas y senadores que se juegan su escaño en menos de tres meses y que se suma al movimiento de protesta por los centros de datos.

Todos se juegan mucho. La fractura en Silicon Valley podría provocar que el intento de autorregulación que algunos de sus magnates están intentando conseguir, se pierda por falta de consenso. Mientras, el cisma abierto por Trump con su negativa total a una regulación amenaza con distanciarle con algunos de sus principales apoyos en el sector que ha sido su baluarte en su segundo mandato. Una pugna que se resolverá en las urnas, no en los pasillos de San Francisco.

Se llama Leonel, pero le dicen «Vin van» porque a veces termina así las frases. Si esa mañana, la última mañana de marzo, Leonel hubiera tenido que contarles lo que hizo durante los minutos que antecedieron nuestro encuentro, probablemente les hubiera dicho: «Llegué, armé esto, busqué un cubo de agua ahí al frente, barrí la acera, limpié el portal, vin van, vin van». Antes de acercarme, estuve mirándolo por más de un cuarto de hora desde la esquina contraria. Cuando le pregunté por lo que hacía, me dijo lo mismo que la última vez que lo vi: «Esto es de gente que tiene ganas de trabajar».

Hace poco cumplió 50 años. Leonel está enfermo. Es «caso social». Fuma. Se da «unos traguitos de ron» casi todos los días, pero nunca mientras trabaja, o al menos eso dice.

En el portal de un edificio del Vedado, se dedica a vender «cosas que todavía sirven»: los cables y las válvulas de olla de presión que compra al buzo aquel; los espejuelos, el adaptador, las zapatillas y los audífonos, que compra a otro buzo; el reloj que andaba vendiendo un tipo cualquiera; la vajilla de los días festivos que la vecina ya no usa y le da «a tanto» para que la venda «a tanto»; la alcancía que está abierta pero sirve de adorno, el encendedor al que le falta gas, el cepillo que lustró tantas botas o la radio de un difunto. Objetos devenidos mercancía pese a no sé cuántas vidas anteriores.

Vidas anteriores, como las de Leonel, que, de tan distintas, contrarían la idea de ser una sola. Sabe bien Leonel lo que es vivir en la calle. Sabe lo que se siente cuando no te quieren o cuando tienes gusanos en la panza; sabe lo que es la cárcel y la droga y el vicio; lo que es tener mucho dinero y lo que es no tener nada. Sabe que, si suena la reja de al lado, es porque son las siete de la mañana y hay que levantarse y venir para acá y tratar de «hacer el diario».

***

Tres años tenía cuando su madre lo dejó completamente solo. Era de esperarse. No lo abortó gracias a la amenaza de «Si mi hijo se muere, tú también», hecha por un padre que, para la hora del parto, se hallaba en prisión y con el que Leonel nunca tuvo vínculo alguno. Por si fuera poco, la familia materna no quería saber nada del hijo de un delincuente.

Contradictoriamente, todos los días alguien dejaba en la ventana un plato de comida que él devoraba con el mismo apetito atormentado con que empezó a comerse los montículos de tierra que hacían las lombrices en el patio.

Sin límites establecidos más que por sí mismo, orinaba y «cagaba» dondequiera. Y comenzó a desarrollar una panza como la que uno ve a los niños en ciertas fotos de África, una panza que daba la idea de haber estado llena desde el primer minuto de formada.

Al tiempo, la señora de al lado —de la que solo lo separaba una pared, porque las dos casas, en su momento, habían sido una sola— le soltó: «Oye, niño, no ensucies más aquí, que tienes to´ el patio lleno de mierda». Días después, cuando fue al baño de la señora, salió corriendo: «Señora, señora, el baño suyo está lleno de majá».

Eran «bolas y bolas de lombrices». Hubo que llevarlo urgente para el hospital. El médico, luego de examinarlo, dijo algo que él recuerda al pie de la letra: «Hizo bien en traerlo. Si en dos días no lo hubiera traído, ese niño se hubiera muerto».

Al regreso del hospital, Leonel supo que aquella señora era su abuela. Victoria Martínez. La madre de su madre. Y ya no vivió más donde vivía, sino al lado. Porque así lo quiso ella. Pero, por si acaso, aclara que todo transcurrió «sin ella quererme».

Al principio lo miraba y lo miraba, como se miran los bebés los dedos al descubrir que los tienen. Siempre supo que Leonel era su nieto y, con el pasar de las semanas, menguó cualquier indicio de desprecio. Inevitablemente, lo empezó a querer.

Leonel tenía cuatro o cinco años por los tiempos en que llegaron de la voz de su abuela las respuestas a aquellas preguntas que antes se había hecho sin que nadie pudiera respondérselas, incluso a aquellas otras que fueron surgiendo a voluntad de lo desconocido.

Aprendió a sembrar, a hacer dulces, a vestirse, a mecerse con su abuela en el sillón… Era «Leonelito pa´ aquí, y Leonelito pa´ allá», hasta que llegaron los «¿Qué tú esperas pa´ recoger a tu hijo?». La madre se había asentado en La Habana y la tía «calentaba»: «No, que ella está gozando. Manda al chiquito pa´ allá». Victoria Martínez al principio se negó, pero luego acabó cediendo.

Seis años tenía Leonel cuando llegó a La Habana. Diez, cuando su mamá lo regresó a Santiago de Cuba, bajo el supuesto de que si no lo mandarían a una escuela de menores por unos problemas que había tenido en el aula.

Su estancia en la capital se basó en buscar «cariño de madre» en una madre que no iba a las reuniones escolares para que no vieran «que era linda» y que le regaló a los siete años una camisa, asegurándole que sería, por su parte, el último regalo de su vida.

El paso del tiempo terminó por convertirlo en un adolescente que se tomaba «cuatro o cinco diazepanes» por embullo de «las amistades» y, a veces, «le robaba un cigarrito» a la abuela para «especular con las muchachitas».

Se había apuntado en lucha. Le apodaron Bolerín «porque daba muchos estrallones». Y entonces, en lugar de Leonelito, era Bolerín pa´ acá y Bolerín pa´ allá, hasta que la abuela decidió mandarlo de nuevo para La Habana porque: «se está echando a perder. Está igual que el papá, mariguanero».

Leonel ni siquiera sabía lo que era la mariguana, pero los diazepanes que se tomaba provocaban efectos similares, efectos que, en La Habana, muchos años después, volverían a aparecer en formato agravado a causa de sustancias peores. 

***

Antes de montar una pizzería clandestina en su solar, trabajó de ayudante en microbrigadas de construcción, fue albañil por cuenta propia y armador de bicicletas y estuvo preso «como cinco veces», todas por «broncas con la policía», menos una por tenencia de drogas. 

El negocio llegó a ir tan bien, que Leonel montó otra pizzería y «tres corrales de puercos» y pudo ponerle hasta aire acondicionado al cuartico. La gente decía que era mentira que estaba enfermo, pero lo cierto es que su fuerza había mermado; a veces no podía ni «coger un jarro». 

Hoy dice tener fiebre reumática, pero sus síntomas no coinciden con los de esa enfermedad. Lo más probable es que tenga artritis reumatoide —y no recuerde ese nombre— o vaya usted a saber. Sea como sea, en el hospital, puesto que no debía seguir trabajando, lo remitieron como caso social y le brindaron una dieta y una chequera que jamás cobró. Cuando fue a hacer el trámite, se la negaron porque aún vendía pizzas. Y no volvió a pedirla. 

Pasando ya de los cuarenta, iban a buscarlo «muchachitas de lo más lindas» —incluso de 18 y 19— que le proponían «hacer el amor» a cambio de «una piedrecita» —de cocaína— y él, avalado por más de 50 mil pesos en el bolsillo y el «despechito» de una relación de 11 años recién terminada, no decía que «no», sino: «me sirveee». 

Aquello valía entonces entre «quinientos y mil» pesos. Como quien dice, no le «costaba na´». Los vendedores, viejos en el marketing del oficio, le decían a «las muchachitas»: «Vayan a ver al pizzero». Y los negocios alcanzaron tal punto de abandono que el dinero entraba por cauces como el «Dame 20 mil pa´ 30 mil, que mañana te pago» o la venta del refrigerador, la ropa, el aire acondicionado y los más de «treinta y pico pares de tenis que tenía». 

El vicio le impedía percibir su total inapetencia de sentido. 

Durante dos años, Leonel durmió por elección propia en policlínicos; en un ETECSA; en los canteros, el «cuartico del motor» y la sala de Emergencias del Hospital Hermanos Aimejeiras; o en cualquier otro lugar que la noche proclamara… en cualquier otro, menos en su cuartico. Salió de él con trescientos pesos en el bolsillo, la ropa puesta, y la certeza de no volver en un buen tiempo a ese barrio «infectado».   

—Hay gente que se interna en una clínica. Yo no. Yo me fui pa´ la calle.

Y fue en la calle donde conoció el oficio de vender «cosas que todavía sirven», viendo al amigo que aceptó venderle «tres cositas» para que pudiera comerse unos panes, comprándole «a los muchachos» que buscan en la basura, vendiendo lo que otro amigo le dio «a tanto»…

Su casa era un criadero de cucarachas para cuando decidió regresar. Los amigos a los que debía dinero —por suerte, eran amigos— perdonaron cada deuda. Leonel dice que «el que tiene vicio no puede pagar, porque está enfermo y a los enfermos no se les puede cobrar nada. Usted —y lo anuncia como lección— está más enfermo si les presta». 

***

Tiraron el 50 —«policía»— en la bolita. Es 11 de julio. Han pasado tres meses de la última entrevista. Poco se mantuvo tan intacto como ese tono amarillento que tiene Leonel en las escleras de los ojos.

Ahora usa muletas. Su rodilla izquierda empeoró y hay que ponerle una prótesis. «El consorte» del parqueo de enfrente —el mismo que le deja guardar ahí la silla y las dos maletas— le presentó a un ortopédico del Hospital Frank País que lo puede operar, pero «tú sabes cómo es eso». Y aunque nadie haya pedido regalos, él quiere llegar con uno bien bueno, porque ese trámite «se demora mucho» y así probablemente lo agilicen. 

Siempre dice que, en lo que otros se dedican a «esto para estar en la fumadera y la borrachera», él lo hace para su comida. Se le va todo en comer (también en lo que gasta en transporte desde que le empeoró la rodilla, y en la media de ron con la que nunca llega a emborracharse). Así que nadie sabe cuánto más tardará en ir, por lo menos, a la primera consulta. 

Ayer le entró tremenda «contentura» porque con el «dinerito» que hizo pudo comprarse un pomo de aceite y tres libras de carne y dejar una parte guardada para comprar huevos. Según cuenta, ha llegado a buscarse más de 4 mil pesos en un día —sin descontar la inversión—, pero lo normal es que haga menos de 2 mil.

La semana pasada, una mujer que vive en el edificio le dio como seis platos para que los vendiera y salieron enseguida, a 400 pesos cada uno. A saber quién le habrá dado los cinco «tacos de muleta nuevos», que está vendiendo a 100 pesos. O los espejuelos que eran a 400 y se los dejó a un anciano por 350.

Hoy no le han traído nada más que dos platos blancos. Hubo lluvia. Y «cuando llueve, ellos —los buzos— no bucean, porque las cosas se mojan y se echan a perder». 

Dentro de unos minutos, llegará Daniel de Los Ángeles. No tendrá nada que venderle, sino un olor a vejez rancia, demasiado errante para sus 61 años. Contará que la hija vive en Arroyo Naranjo y que, si no le coge muy tarde, va a dormir allá; que camina hasta el Vedado o hasta Playa las veces —casi siempre— que no logra coger una guagua, y rebusca en la basura de los basureros mejores y le vende a Leonel y a otros tantos lo que encuentra; y, con el dinero —alrededor de 500 pesos, los días que anda de suerte— compra cigarros y comida en una «fonda», donde el plato más barato vale 150 pesos y casi siempre es de «arroz con frijoles». 

—A mí lo que me tiene preocupa´o es el ventilador. Salí de la casa sin luz y se me olvidó apagarlo— dice Leonel de repente. 

Lo que pasa es que el ventilador «a veces se para» y, si ponen la corriente, y le da por pararse, se puede quemar. Pero bueno, como andan las cosas, a lo mejor llega allá a las seis y pico —hora a la que llega siempre— y todavía no la han puesto. 

Vive en un cuartico que la madre le dividió de la casa mucho antes de su internamiento en la calle. Nunca ha querido darle la propiedad para poder «desglosarlo» y, en consecuencia, no tiene ni libreta de abastecimiento. Hace más de 20 años que no sabe «lo que es un mandao de la bodega». Ella se queda con todo. Pero él no coge lucha; dice que tiene que demostrarle que es un «peleador, con libreta o sin libreta». 

***

Antes vendía en Carlos III, pero ahí «no quieren que la gente venda porque es una calle muy céntrica y pasan influencias». Una de las veces en que lo amenazaron con quitarle las cosas —más de una se las quitaron—, salió a amedrentarlo una mujer de las que atienden casos sociales y él le dijo:

—Yo soy caso social y ustedes no me han ayudado. Tengo que comprar medicamentos. De dónde los voy a sacar, si yo no puedo trabajar y esto fue lo que más o menos encontré. ¿Tú no estás mirando como yo estoy? Más bien deberías decir: «Coño, un tipo que está peleando ahí, vin van, vin van». 

Dos multas le han puesto. Y las dos se duplicaron porque no hubo forma de pagarlas a tiempo. Al final, las asumieron dos hermanos suyos que viven en Estados Unidos, porque él no tenía cómo conseguir los más de 20 mil pesos a los que habían ascendido. Estaba dispuesto a que lo metieran preso y se los descontaran en la cárcel. 

Cuando le dio por establecerse aquí, hubo gente del edificio que se negó, pero la señora que a veces le da comida salió a defenderlo y acordaron que podía quedarse a cambio de mantener limpio el portal. 

Desde entonces, los días pasan idénticos. Leonel puede ser uno de esos hombres a los que uno les quita la vista cuando va por la calle, pero tiene el coraje suficiente para mirarse a sí mismo y asumir que, después de todo, «aquí fue donde vino a parar Vin van». Y solo Vin van sabe cómo acabará esta historia:

—Oye, si el ventilador se quema, que se queme. 

La entrada El portal de Vin van aparece primero en El Estornudo.

Consumers asked a major data broker for their files. What they got back shows interest in how fat they are, how much they drink, and how likely they are to get a mammogram, among many other characteristics.

This story is coreported with Consumer Reports. 

The Arkansas-based data broker Acxiom claims it has data on billions of people around the world, including where they live and how they might spend their money. It says it can even deduce their political leanings, weight, and interest in medical procedures.

But what exactly does the company know?

For Tracey Reed, a nonprofit worker in Oregon, it knew enough to compile a 58-page dossier charting the purported history of her income, employment, and education, not to mention her spending, including everything from her online shopping to charitable giving. Although much of the information was incorrect, she said, the company attempted to log where she lived, complete with latitude and longitude coordinates. And it listed dozens of companies to which it had sold data or inferences about her.

“I think it’s pretty gross that people are treated like sources of wealth to be mined,” she said. “And that’s what these data profiles are, like, ‘Here’s a guide for how to squeeze this person and get money out of them.’”

Reed obtained her data as part of a project by Consumer Reports’ consumer advocacy team to encourage consumers to request their personal information from companies like Acxiom to see how well new state privacy laws are working. By examining the dossiers that come back — more than 100 so far — the nonprofit hopes to better understand what information data brokers are able to collect and to whom they sell it. (Consumer Reports said that its membership arm uses information derived from data brokers, including Acxiom, to understand consumer interests, including the likelihood of becoming a Consumer Reports member, but does not use the information to set prices for its products or share the information with the brokers.)

Consumer Reports shared its data requests with CalMatters and The Markup. Acxiom is notable among the various brokers in the requests for its size, leading industry role — and because it provided detailed data back to consumers.

Acxiom and its connections to other companies have been subjects of press accounts for years, but the records obtained by Consumer Reports offer granular new details about its practices, including the many particular inferences it makes, some of them remarkably specific.

Across the reports CalMatters and The Markup reviewed, Acxiom uses the data it had collected to make predictions in more than 3,000 distinct categories about people’s financial lives and behavior, from the ages and genders of their children, to their estimated “alcohol usage,” to how likely they were, on a scale of 1 to 100, to be in the market for a new Tesla Cyber Truck.

The project was enabled by new laws enacted in a handful of states in recent years that allow consumers to get a look at what brokers have on them.

In each of the profiles, Acxiom made detailed — sometimes to the point of bizarre — ”inferences” about consumers, attempting to chart the likelihood they’d be associated with various characteristics.

Some of those inferences would clearly be valuable to retailers looking to sell products to new or repeat customers. The data broker estimated for consumers, on a zero to 100 point scale, the likelihood that they would spend money at businesses from Nike to Buffalo Wild Wings to PlayStation, or the likelihood that they owned any of dozens of different car models. 

Other inferences went so far as to estimate how likely the person would be to respond to an offer to consolidate a student loan, how likely they’d be to give to charity, or what body mass index percentile they might fall into. Also rated were the chances the person was experiencing food insecurity, had a primary care physician, would get a mammogram, could pay for medical expenses, or showed online interest in the Army. (For more on what’s in Acxiom’s files and how it impacts you, see our accompanying visual explainer.)

The most revelatory finding in the Acxiom reports, according to the privacy experts we interviewed, is the list of specific companies that bought consumer data — more than 100 in total. Several relatively new state privacy laws, including those in Minnesota and Oregon, require companies to disclose not only the types of consumer information they collect but also the other companies to which they are ultimately sold.

Among those in the Acxiom files: several of the nation’s largest insurers, banks, and pharmaceutical companies, including GEICO, State Farm, Citi, JPMorgan Chase, US Bank, and Janssen Pharmaceuticals. Big online sellers were frequent customers, too, including General Motors, Hilton, Kohl’s, MLB.com, Southwest Airlines, T-Mobile, and the Walt Disney Corporation. And several smaller companies repeatedly fined and sued by federal and state regulators, including several direct-mail companies, showed up in the Acxiom files, including Affinion Benefits Group (now called CXLoyalty/Tenerity), Endurance Warranty Services, and Mailers Haven. 

Who’s buying your data from Axciom?

Of the more than 100 businesses we found that used Acxiom, only a few large companies responded to requests for comment. Those few responses broadly defended their use of the data as an important marketing tool. CalMatters and The Markup are publishing the remaining responses here.

“We leverage consumer data to help improve the efficiency and effectiveness of our marketing outreach,” said Farmers Insurance spokesperson ​​​​​Luis Sahagun, “and are committed to responsible use of any consumer information we may obtain from third parties.”

Marketing lists, loan offers, and patient risk scores

Companies often use personal data like Acxiom reports to identify potential new customers and find out about their household finances and key life events, such as the birth of a child or the death of a spouse. In turn, banks, insurers, and pharmaceutical companies can group, or “segment,” customers into small buckets — a new parent or widower, for example — and tailor advertisements or offers down to just a handful of people. 

Case in point: HealthVerity, a Philadelphia-based venture capital-backed startup that markets itself as the nation’s “largest healthcare data ecosystem,” was listed as a buyer in every Acxiom report we reviewed. It sells deidentified patient data to companies and government agencies, including the Centers for Disease Control and Prevention and, in several case studies posted on its website, insurers and pharmaceutical companies buy HealthVerity’s patient data to find medical research participants, build marketing lists, and link patient health records across different data sources.

But HealthVerity also markets an insurance underwriting product that helps produce “risk scores” and predictions for health, life, disability, and workers’ compensation insurers. And as part of its product list, HealthVerity offers another marketing product with more than “1,000 attributes from providers typically not available, such as Acxiom, Epsilon, Adstra and others. With these sources, you gain more granular demographics, including race data, consumer behavior, online activity, socio-economic profiles, lifestyle and digital media preferences.”

Acxiom’s privacy disclosures clearly state that its data can’t be used for insurance underwriting under the federal Fair Credit Reporting Act but HealthVerity’s products could fall outside that legal definition, as it’s billed as a “healthcare analytics” company, not a credit reporting agency, experts say. HealthVerity didn’t respond to a request for comment.

“There are a lot of holes in this Swiss cheese of privacy law,” said Ari Ezra Waldman, a professor of law at the University of California, Irvine, who studies the data economy.

U.S. privacy law can protect personal data in some contexts — say, when your FICO score and current debts are used for a credit check. But for certain kinds of health data, those laws can fall short. For example, while the federal Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, or HIPAA, protects most kinds of patient health information, daily measurements of someone’s heart rate, step count, and sleep held by a tech company like Apple or Garmin don’t have the same restrictions.

Other companies with spotty track records in handling consumer data show up repeatedly in the Acxiom and Epsilon files. OneMain Financial, a subprime personal lender, shows up as a buyer in several reports; in March, OneMain was sued by 13 state attorneys general for allegedly packing its loans with an estimated $826 in hidden fees and interest per borrower. 

Centene Corporation, the largest Medicaid managed care company in the world, has been sued by California and several other states for allegedly inflating its pharmacy costs and then overcharging state Medicaid plans. 

Janssen Pharmaceuticals, the Johnson & Johnson subsidiary listed in every Acxiom report we reviewed, has paid out billions of dollars in settlements for allegedly violating federal laws regarding off-label drug marketing and physician kickbacks. 

When personal data is used to market costly financial products, the effects on vulnerable consumers can be disastrous, such as when personal, home, or auto loans are targeted to those in financial trouble, often with onerous terms, said Lena Cohen, a staff technologist at the nonprofit Electronic Frontier Foundation who has studied the data broker industry. 

“The extremely personal data we see in these files doesn’t appear out of nowhere,” Cohen said. “There is a network of companies and tech that have to share this data for a data broker to collect it. And it can have real harms.”

The personal data reports also contain dozens of examples of inaccurate info that data brokers glean from public records. Those errors “poke a hole in the argument that we need these surveillance systems for advertising to work,” Cohen said. 

Many of the early participants in the Consumer Reports effort are particularly mindful about protecting their privacy, and Reed, the Oregon consumer, is no exception. She is so aware of her personal data that she still uses a flip phone. “I hate marketing and advertising,” she said. “I always have ad-block and I try to be conscious of my own data privacy.”

That didn’t stop Acxiom from attempting to catalog her habits. Some information was wrong, and some was right. Her listed addresses seemed to mix her up with her parents, for one. But the company was correct about her spending habits.

The Acxiom reports also include what critics say are artful examples of the company employing coded language to otherwise describe racial, ethnic, and health information that would otherwise be protected from disclosure and use by federal and state laws. One report scores a consumer’s “assimilation level” as “3+ generations in the US.” Others rate “health conscientiousness,” the “likelihood to be a smoker,” and “social setting behavior.”

“We don’t actually know what goes into these kind of vague terms,” Waldman said. The assimilation score is likely “getting at things like race, ethnicity, immigration status, things that we don’t normally like to discriminate on.” But the vague terms used by data brokers “are there to hide the true nature of what’s going on — and to sanitize it, to legitimize it.”

Sherry Hamilton, a spokesperson for Acxiom, said in an emailed statement that the company works to ensure “all data is sourced ethically, used responsibly, and protected securely.” She said the company works with “data suppliers” credentialed by Acxiom to ensure users are given “appropriate notice and choice” in how their data is collected.

The reports collected by Consumer Reports and viewed by CalMatters and The Markup were furnished to provide unfiltered transparency, she said, while clients the company works with are given a more refined, and accurate, data set. 

She added that health-related categories in the data do not indicate a person has an illness but only that they “may be interested in information about a condition, treatment, or product” and that assimilation level is “a household-level score and does not indicate an individual’s race, ethnicity, or immigration status.” Under the law, she said, companies that purchase Acxiom data may not use it to determine qualification or the price of credit and insurance. 

“Acxiom is fundamentally committed to ethical data practices,” Hamilton said.

A multi-billion-dollar industry

Acxiom dates its start back to the 1960s, as an American analytics company called Demographics Inc. According to the New York Times, the company in its early years mined telephone directories to help the Democratic Party find voters’ addresses and mail them campaign material. Since then, the company has ballooned into a data-gathering behemoth. 

Acxiom’s massive data stockpile translates to massive revenue. According to its latest quarterly report, Acxiom’s parent company, Interpublic, took in $2.5 billion in one quarter this year.

But Acxiom is just one part of an even-more-sprawling industry harvesting consumer data with little oversight, and one that few people even know about.

The sale of personal information has become common enough that many companies legally qualify as data brokers even if they are not known as such and focus on other activities. They are part of a sector generally valued at hundreds of billions of dollars and expected to grow. Data brokers are now major political players, too, spending big money on lobbying to influence legislation. 

To build their databases, data brokers broadly rely on three types of data, according to Justin Sherman, a scholar-in-residence at the Electronic Privacy Information Center who formerly ran a research program on data brokers at Duke University. Those ways are data obtained directly, indirectly, and through inference.

Companies may get data directly by, say, gathering it through an app that they offer their customers, or buying a smaller company and integrating that data into their systems. Some of these companies may resell that data to brokers for their databases as well.

Public information, like property records, marriage certificates, and court filings are some of the means data brokers can use to gather data indirectly. Acxiom itself has acknowledged getting data through these means. 

Inferences are the ways a data point might lead a broker to determine something else about a person, Sherman points out. Those inferences can be especially invasive. If a person has a Christian news app, the company might infer their religion, or a gay dating app might lead them to infer a person’s sexual orientation. Companies might not be able to collect data on children legally, but they can infer which households might have a toddler.

If a data broker has a person’s geolocation data, they might see them visit a military base, or a school, or a medical specialist.

“From that I can derive all kinds of information about other characteristics: finance, health, demographics, religion,” Sherman said.

The data a broker obtains can be accurate or not, and may cause problems for the person being profiled either way. If it’s accurate, the data can give companies an unsettlingly detailed window into someone’s life.

But if it’s not accurate, the person might face harmful consequences, too. Faulty data on their driving practices, for example, could lead to unfairly increased insurance rates. 

And most consumers have little recourse to stop companies from collecting their data.

Data brokers and the law

Absent a comprehensive federal privacy law, some states have taken measures into their own hands. 

Four states — California, Oregon, Vermont, and Texas — have passed transparency laws that require companies to register as data brokers if they meet certain requirements. Some laws, like in California, require data brokers to provide consumers with a way to access and delete their information. California this year rolled out a new website enabling residents to tell hundreds of brokers to stop tracking them and selling their information; CalMatters and The Markup have a guide for how to file that request.

Lawmakers are increasingly worried that personal information collected by brokers and others will fuel discriminatory pricing; at least 30 states this year, including California, have considered bills regulating how companies offer multiple prices for the same product. 

But compliance with the regulations is uneven: a report this year by Privacy Rights Clearinghouse and the Electronic Frontier Foundation found that hundreds of companies appeared in one state’s database but not others’, despite similar registration requirements. 

It’s not clear how many companies that qualify as data brokers under these laws fail to register in a database at all. “The data broker industry is way underregulated,” Sherman said. 

The companies’ practices, he points out, raise serious questions about the boundaries of privacy rights and civil liberties.

There’s little to stop brokers from amassing profiles through more and more invasive means, then passing that data to whoever they see fit. Government agencies, meanwhile, have been known to purchase data from brokers as well. With this method, agencies like the National Security Agency have reportedly been able to bypass getting a warrant for information on a person. 

In response to criticism, data brokers argue that their practices are legal, and that they get consent to transfer and sell consumers’ data. If you sign up for a store’s loyalty program, for example, the fine print might include allowing the company to give your data to outside parties. But as Sherman points out, few people have ever heard of these companies, or could remember agreeing to having their data sold. 

“The notion that a data broker gets consent to sell someone’s data to clients flies in the face of years of academic peer-reviewed research, polling, news reporting, and people’s personal experiences,” Sherman said. “People are not actually consenting to this, so that notion is fanciful.”

Data brokers collect thousands of details about your finances, health and habits. See what’s in your profile, who buys it and how companies use it.

This story is coreported with Consumer Reports. 

In several states, new privacy laws are forcing brokers to disclose the companies that bought your data. So we asked for volunteers to request their personal data reports from the world’s largest data brokers. Hundreds of people responded.

Each report typically contained a detailed profile: names, addresses, Social Security numbers — along with more than a thousand educated guesses and predictions about your traits and habits.

 Your data isn’t just sitting there. These reports show that it’s constantly accumulating, endlessly analyzed, and routinely sold off — to more than 100 of the largest companies in the U.S., among many others.

What’s in your data report?

A lot. These profiles show the last time you logged into your computer and how much you’ve spent on clothes, furniture, and dining out over the past several years.

Data brokers like Acxiom, Epsilon and others routinely sweep up the digital trail you leave behind and turn it into thousands of predictions about you and your purported traits, including things like: 

• How many children you have, and their ages and genders
• Whether you’re “blue collar” or “white collar”
• If you’ve ever been a victim of fraud

But much of the data is wrong. One report listed six different guesses about someone’s age.

Your profile starts with who you are.

Data brokers maintain files on almost everyone. Acxiom says it has profiles of roughly 95% of U.S. adults. Epsilon claims to have data on “virtually every marketable U.S. household.”

Data brokers source data from public records, commercial databases, and other brokers.

They compile those records into a file that follows you throughout your life — and even after you die.

Your devices give you away.

Your phone’s “advertising ID,” your smart TV’s tracking identifier, your home’s IP address, and your car’s vehicle ID number — data brokers can have them all. 

These identifiers let their clients match you to your online behavior — across every phone, tablet, computer, car, and television you own.

You’re assigned an economic value.

While data brokers typically don’t have access to your bank account, they can guess what you earn, what you’ve saved, and what you’re worth.

This is all “modeled” behavior based on where you live, your previous purchases, and what similar consumers to you are worth.

Your identity and health are inferred.

Without access to your medical records, data brokers infer how well you sleep, if you smoke, your body mass index, and if you have health insurance.

They can also guess your religion, ethnicity, political leanings, and even the exact ages of your children.

These inferences are then sold to pharmaceutical companies, healthcare firms, and insurers.

What you’ll do next is already predicted.

Data brokers score your likelihood to buy things from hundreds of brands. They predict what car you’ll buy next, where you like to eat, and whether you’re in the market for cryptocurrencies.

You’re assigned a ‘lifetime value score’ and a ‘profit margin’ label

Your data is valuable to companies. 

A bank can use it to send you a credit card offer — with a better (or worse) sign-up bonus based on your profile. A home insurer can target you for new add-on coverage. Your favorite clothing store can use it to personalize the price of a sweater just for you.

To this end, Epsilon predicts your income, investments and “life cycle,” grouping people into one of 26 “NICHES” codes, such as “Easy Street,” “Mid Life Munchkins” and “Big Spender Parents.” It also categorizes people into how profitable they are to companies, using labels like “Best Profit Margin.”

Acxiom calculates a “lifetime value score” estimating your profitability as a customer. 

For auto, home, and health insurers, this score ranges from 0 to 200,000, with higher scores suggesting you’re more profitable. 

Acxiom then attaches dozens of labels to you, such as “Seniors ages 64+ years, with a medium ability to pay for medical expenses,” “3+ Generations in the US,” and “Completed High School.”

Here’s who’s buying your data.

The reports don’t just show what was collected. They name every company that purchased your profile.

Across the reports we reviewed, we identified hundreds of buyers.

Who’s buying your data?

Here’s what buyers do with your data.

Once your profile reaches corporate buyers, it becomes the raw material for decisions that directly affect your day-to-day financial life.

Insurers use it to gauge the health of your company’s employees and then prepare health insurance quotes and premiums. 

Personal lenders use it to identify you as someone who may need a financial lifeline or is in the market for a car. But these loans may have bad terms and high interest rates.

Banks use it to market financial add-on products you may not need, like identity protection and credit monitoring.

Opting out is harder than you think.

Data brokers get most of their data from other companies, not directly from you. 

You never signed up. 

It’s debatable whether you even meaningfully consented.

And opting out only removes your data from one broker — it doesn’t erase the copies that have already been sold to dozens of others.

For more on who’s buying your personal information from data brokers, and what they’re getting, see our full investigation.

Carlos Alcaraz está de vuelta en el circuito. Después de cuatro aciagos meses, alejado de las pistas por una lesión en la muñeca, el tenista murciano regresó con fuerza en el US Open de 2026. El español defendía título en Nueva York y no se quedó lejos: cayó en los cuartos de final en un apretado partido ante el local Ben Shelton, que terminó cediendo en la final del major estadounidense ante el alemán Alexander Zverev. 

Lo mejor para el murciano fueron las sensaciones. “Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba”, aseguró a los periodistas tras ceder en cuartos de final. 

Y no escondió su alegría por volver a competir, independientemente del resultado. “Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos”, argumentó el tenista de El Palmar. 

Superada la aventura neoyorquina, Alcaraz mira a los torneos que faltan por disputarse en los últimos meses de 2026: Laver Cup, Tokio, Masters 1000 de Shanghái, Rolex Paris Masters, ATP Nitto Finals, Copa Davis y el controvertido Six Kings Slam, al que ya ha confirmado que asistirá. 

Calendario de Alcaraz en lo que queda de 2026

Tras la celebración del US Open 2026, el primer torneo que aparece en el horizonte es la Laver Cup, un torneo ideado por el suizo Roger Federer y en el que se enfrentan tenistas europeos y jugadores del resto del mundo. Será en pista cubierta y se celebrará en el O2 Arena de Londres del 25 al 27 de septiembre. Ahí sí estará Alcaraz, pero no Jannik Sinner, que sigue recuperándose de sus problemas en la rodilla. Además, el equipo europeo contará con otro español, el madrileño Rafa Jódar. 

Luego vendrá Tokio, del 30 de septiembre al 6 de octubre, que dará inicio a la gira asiática. En el torneo podríamos ver la vuelta de Sinner, al que le tocará defender el número 1 del ranking ATP de aquí a final de año. Sin embargo, el italiano aún debe confirmar su participación. Después, vendrá el Masters 1000 de Shanghái, del 7 al 18 de octubre. 

En la agenda de algunos tenistas aparece el Six Kings Slam (del 21 al 24 de octubre). Pero aquí no estarán todos. Se trata de un pomposo torneo de exhibición de tenis que se celebra en Riad y que tiene como principal aliciente los premios económicos que reciben sus participantes, sobre todo el ganador. 

Después, el tenis vuelve al continente europeo. París acogerá su torneo de pista cubierta del 2 al 8 de noviembre. Luego vendrán las ATP Nitto Finals (del 15 al 22 de noviembre), conocido popularmente como el Torneo de Maestros, donde participan los ocho mejores tenistas del ranking ATP. El escenario: Italia. Por último, 2026 se cerrará con la Copa Davis, aún sin tenistas por confirmar. 

La constructora Albaluz, a cargo de la familia De Andrés, se queda con los lotes de vivienda protegida en La Torre, una de las pedanías de València afectadas por la dana de octubre de 2024. La firma valenciana construirá 360 viviendas en tres torres en el marco del Plan Vive de la Generalitat Valenciana, tras un concurso al que se han presentado numerosas firmas. Es la mayor licitación de suelo público hasta la fecha.

El proyecto para Sociópolis cuenta con medidas específicas de adaptación frente al riesgo de inundaciones, teniendo en cuenta los episodios derivados de la DANA de 2024 y las nuevas condiciones urbanísticas planteadas para este ámbito. Este ha sido uno de los puntos determinantes para que consiga una mayor puntuación, según explica la promotora en un comunicado. Los tres edificios se proyectan con una planta baja elevada 1,50 metros, de forma que el basamento contribuya a proteger el inmueble y, al mismo tiempo, se integre en el espacio urbano.

La firma alcanza las 954 viviendas en construcción en La Torre y Alfafar y ya tiene otras seis promociones en la ciudad. “En La Torre hemos planteado una arquitectura capaz de aprender de lo ocurrido en Valencia, anticiparse a posibles escenarios futuros y ofrecer hogares más seguros y resilientes”, señala Sebastián Moreno, CEO de Albaluz, en un comunicado. Al concurso se presentaron SFI Consulting, Atitlan, Ática y Edicover.

Albaluz también aborda la construcción de 77 adosados con piscina y zonas comunes junto al Puerto de València, a cambio de entregar 10 de ellos a la Generalitat Valenciana. a compañía ya había resultado adjudicataria de diferentes proyectos del Plan Vive en Valencia y Alicante que suman alrededor de 240 viviendas, entre actuaciones previstas en La Punta, Elche y Rabasa.

La propuesta de La Torre incluye zonas comunes con plazas ajardinadas y piscina, además de zonas comunes en cubierta, sujetas a la normativa urbanística. Las cubiertas incorporarán pérgolas que integrarán las instalaciones fotovoltaicas y que, al mismo tiempo, proporcionarán sombra a los espacios comunes. En la parcela R-14, la planta de acceso se plantea como una plaza elevada vinculada al espacio público y al uso terciario del edificio, reforzando la relación entre el residencial y el barrio.

Roger Español, el votante del 1-O al que un agente de la Policía Nacional reventó el ojo con una bala de goma, ha asegurado que los policías no corrían “ningún riesgo” ni estaban siendo atacados, por lo que ha atribuido el disparo a “una represalia” por haber tratado de impedir la intervención policial.

Con la declaración de Roger Español ha comenzado este miércoles en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de reventarle un ojo con una bala de goma que dispararon tras incautarse de las urnas y papeletas en el colegio Ramon Llull de la capital catalana.

Español ha admitido que lanzó a la calzada unas vallas que encontró en una obra para impedir el avance de los policías al siguiente punto de votación, sin dirigirlas a ningún agente, pero ha insistido en que cuando los antidisturbios dispararon la bala de goma que le segó el nervio óptico ningún manifestante suponía una amenaza ni había lanzamientos a la línea policial.

El contexto en el que se produjeron los disparos es uno de los elementos centrales para el tribunal, que deberá evaluar si estaban justificados o no. Tanto la Fiscalía como las defensas de los uniformados enmarcan los lanzamientos que dejaron sin ojo a Español en un uso progresivo de los medios policiales para intentar dispersar a los concentrados (primero con porras, después con salvas y, finalmente, disparos).

En cambio, las acusaciones del caso (la de Español y las populares de Irídia y Òmnium) consideran que los disparos no estaban amparados ni por la situación en la calle ni por acciones de violencia contra los agentes, y que fueron un castigo a los concentrados que se oponían a la intervención policial de urnas y papeletas.

En la sala de vistas se han revivido las escenas de las cargas policiales para impedir la votación, en el único caso que llega a juicio por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum: los cuatro agentes, que afrontan penas de hasta trece años de cárcel, quedaron fuera de la amnistía al estar acusados de un delito de lesiones con afectación a un órgano vital. La Fiscalía, sin embargo, pide su absolución al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber de incautarse de las urnas del referéndum.

A preguntas de su abogado, Benet Salellas, Español ha narrado los hechos del 1 de octubre y las secuelas tanto físicas como psicológicas que ha sufrido. La lesión en el ojo truncó sus estudios de música (toca el saxofón) y tanto su hijo como él tuvieron que recibir ayuda psicológica, tratamiento que, en su caso, sigue a día de hoy debido a los efectos de la mutilación y su autopercepción.

La lesión que sufrió en el ojo, que le dejó secuelas visibles, supuso un impacto en la seguridad que tenía en sí mismo y consecuencias concretas: Español ha relatado al tribunal que desde que la Policía le dejó sin ojo tuvo dificultados para dar clase de música a sus alumnos o subirse a un escenario, por lo que buscó otro trabajo como conserje en un instituto.

Los partidos de la oposición en Galicia consideran insuficientes las explicaciones dadas hasta el momento por la Xunta tras conocerse que la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y dirigen su mirada también hacia el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. El BNG lo acusa de estar “escondido” por no haber respondido a ninguna pregunta ni haberse pronunciado en público sobre el asunto y el PSdeG le pide que aclare si conocía la situación de la empresa de la familia de González.

La líder del BNG, Ana Pontón, calificó de “auténtico escándalo” que la empresa familiar del conselleiro que está encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y que lleva las políticas sobre personas migrantes haya sido sancionada por contratar a dos sin papeles para la vendimia de 2025. Considera que es “gravísimo” el hecho en sí, pero también que el conselleiro “pretenda echarles la culpa a esos trabajadores”, algo que tacha de “obscenidad”. Se refiere a que, González señaló en sus declaraciones a una empresa de trabajo temporal (ETT) por proporcionar a estos trabajadores y aseguró que la denuncia que la empresa de su familia interpuso es por “usurpación de identidad” contra estos temporeros, no contra esa ETT.

“La pregunta que me hago es dónde está el señor Rueda, que está escondido y no dice nada de este tema”, agregó Pontón, que le ha exigido que tome una decisión: “O avala este comportamiento o procede al cese de un conselleiro que, desde nuestro punto de vista, está inhabilitado de facto para su cargo”. También cargó contra la postura en contra del PP con la regularización de migrantes: “Sabemos que, para el PP, los inmigrantes hay que tenerlos de manera irregular para poder explotarlos”.

Por su parte, el PSdeG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia que incluye varias preguntas sobre las ayudas públicas recibidas por la empresa familiar del conselleiro desde 2009 y una petición para que comparezca en la Cámara autonómica. Las explicaciones dadas hasta ahora, dicen los socialistas, son insuficientes. La diputada Carmen Rodríguez Dacosta recuerda que, aunque González y la bodega familiar atribuyen la responsabilidad a la ETT, la Inspección de Trabajo dirigió su actuación contra una empresa del grupo de la familia.

En el Parlamento, recalcó Rodríguez Dacosta, “no se le pregunta como hermano, sino como conselleiro de Emprego”. En las preguntas registradas en PSdeG pide saber la calificación de las infracciones y la cuantía de la sanción, además de la fecha en la que el conselleiro tuvo conocimiento de la actuación de la Inspección y si informó al presidente de la Xunta de lo ocurrido. “Primero pedimos explicaciones. Si las que dé en el Parlamento no convencen, exigiremos responsabilidades”, dijo la diputada.