💾

A distância de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Flávio Bolsonaro (PL) ficou na mesma desde o início de setembro, praticamente desde o início da campanha em rádio e TV. Pela aritmética dos dados da pesquisa Datafolha, haveria segundo turno. Se a votação ocorresse nesta quinta, resultados diferentes desses da pesquisa dependeriam do Imponderável da Silva, primo do Sobrenatural de Almeida de Nelson Rodrigues, o responsável pelas derrotas do Fluminense (o time do escritor). Leia mais (10/01/2026 - 21h35)

None

Não teve desmaio. Teve desmoronamento.

Em poucas horas, se não minutos, o ato apoteótico da campanha de Flávio Bolsonaro, vulgo “debate presidencial da Globo”, ruiu diante dos olhos lacrimejantes de Tralli, Gabeira, Pinheiro da Fonseca e armação ilimitada.

Primeiro, a ministra Estela Aranha, do TSE, manda a Globo segurar um pouquinho a onda do enviesamento, proibindo a emissora de exibir um púlpito vazio reservado a Lula, que recusou convite à emboscada. Depois, Gilmar Mendes manda a Globo alargar a roda, arranjar um púlpito para o coronel Renan Antonio Ferreira dos Santos, o pavor de Flavio Bolsonaro. Não demora um milésimo de segundo e Flávio, todo cagado, anuncia “a decisão de não ir ao debate da Globo”.

Mas Flávio afirma que desistiu de ir ao debate “em função da censura imposta ao evento pelo TSE”, referindo-se à remoção do púlpito fantasma. “A imprensa tem que ser livre e as eleições limpas”, diz ainda o Zero Zero Zero Zero Zero Um.

O Grupo Globo sobe imediatamente o tom contra o Supremo por intermédio de seus jornalistas amestrados. Na GloboNews, Andreia Sadi esperneia que “o Judiciário está dando o tom da campanha presidencial” e ressalta que Estela Aranha é ligada a Flavio Dino. Referindo-se a Dino, Merval Pereira chega a afirmar que “o Supremo proibiu o púlpito através do TSE”. Quem assina o jornal O Globo acaba de receber uma notificação push dizendo: “Globo cancela debate de presidenciáveis após decisão do TSE e STF que mudaram as regras”.

A informação do britânico The Guardian de que o governo Trump enviou ao Brasil US$ 1 milhão para desestabilização do STF vira tema secundário, terciário, quaternário. No raiar desta sexta-feira, 2, antevéspera eleitoral, é capaz de virar notícia boa.

Uma nova trama golpista se desenrola à luz do dia, de noite, do dia de novo e noite adentro outra vez. Com a mídia, com tudo.

Olho vivo.

💾

💾

Nature, Published online: 02 October 2026; doi:10.1038/d41586-026-03037-8

Gene-editing CRISPR enzymes controlled by light and sound target tissues of interest.

Nature, Published online: 02 October 2026; doi:10.1038/d41586-026-03057-4

The Pulitzer-Prize-winning author joins us to talk about his time visiting CERN and communicating quantum physics in fiction.

💾

💾

Anna Sofía Benítez Silvestre —Anna Bensi, como se hace llamar públicamente— nunca esperó un juicio justo para ella y su madre, Caridad Silvestre. Este jueves 1 de octubre, ambas fueron declaradas culpables de «violar» en un post de redes sociales la privacidad de un agente del Ministerio del Interior (MININT) y recibieron sentencias de dos años de limitación de libertad. «Realmente esto es una injusticia», declaró la joven activista política y creadora de contenido ante las personas que se congregaron cerca del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este para orar y acompañarla durante esta jornada.

Anna Bensi aseguró que van a esperar por el fallo escrito para apelar. Según ella, el policía que presentó la querella solo había solicitado inicialmente un video de disculpas públicas, porque consideraba afectada su imagen, pero su abogado terminó solicitando dos años de privación de libertad para ella y dos años de limitación de libertad para su madre. Eventualmente, el tribunal habanero emitiría la misma condena para ambas.

«Dios está al control y que obre…», expresó la joven de 21 años, quien desde hace días ha estado recibiendo mensajes de apoyo desde dentro y fuera de Cuba por parte de activistas, ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y congregaciones religiosas, entre otros.

El abogado Raudiel Peña Barrios, asociado al centro de información legal independiente Cubalex, dijo a El Estornudo que «lo que vemos en este caso no es un hecho aislado». Desde su punto de vista, se trata de un patrón: el uso del derecho penal para castigar la expresión crítica, en especial la que circula en redes y llega a públicos amplios dentro de la isla. 

«En Cuba no existen garantías de independencia judicial. Los tribunales y la Fiscalía están subordinados al poder político, y en los casos con motivación política el resultado suele decidirse antes del juicio», explicó el jurista, quien señaló, asimismo, que la alta probabilidad de una condena en un caso así está dada «no porque existan pruebas de un delito, sino porque el proceso cumple una función ejemplarizante».

Y en el actual contexto se observa una nueva escalada de hostigamiento contra los disidentes: «La definiría como una represión dirigida a silenciar a quienes todavía hablan desde dentro del país», subrayó Peña Barrios. «Hoy, con una crisis económica y social muy profunda, apagones prolongados y un malestar creciente, las voces que documentan y comentan esa realidad resultan especialmente incómodas. El encarcelamiento de Henry Constantín encaja también en ese mismo cuadro: periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan desde Cuba son tratados como una amenaza a la que hay que castigar».

Según el Código Penal cubano, la «limitación de libertad» se aplica «cuando hay razones fundadas para estimar que su reinserción social es susceptible de obtenerse con restricción de su derecho a la libertad de movimiento, sin que sea internado en establecimiento penitenciario». 

Por tanto, Anna Bensi y su madre estarán obligadas —a partir de que la sentencia sea firme— a «mantener una correcta actitud ante el trabajo, el estudio y la sociedad, de estricto cumplimiento de las leyes y de las disposiciones establecidas por el tribunal». Durante el periodo que abarca la sentencia, no podrán «cambiar de residencia, ni trasladarse a otro municipio o provincia sin la autorización del tribunal competente», mientras que deberán comparecer ante el tribunal cuantas veces sean llamadas a ofrecer explicaciones sobre su conducta.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Anna Bensi (@_annabensi)

El abogado de Cubalex opina que el acoso contra Anna Bensi y su familia será aún mayor en lo adelante, y prevé que, en caso de que ella siga publicando materiales críticos en redes sociales, puedan incluso revocar la actual sanción y meterla en la cárcel.

Antes de entrar al juicio, Anna Bensi declaró este jueves a la prensa que pudo llegar a las inmediaciones del tribunal: «Nunca voy a tener un juicio justo, porque estamos gobernados por un Estado de injusticia».

«Cuba debe ser libre», afirmó la influencer. Y sostuvo que ni ella ni su madre se consideraban «criminales»: «No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país, y eso no es delito», dijo. 

Poco antes del juicio, agentes de la policía y de la Seguridad del Estado detuvieron al pastor Rolando Pérez Lora y a su esposa, quienes iban a acompañar a la joven y a su madre. En las últimas horas, también habrían tenido lugar otras detenciones, así como episodios de vigilancia y limitación de movimiento a periodistas independientes y activistas en la capital de la isla, según denuncia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Según las autoridades cubanas, grabar no constituye delito, pero difundir la imagen de alguien sin su consentimiento sí puede serlo, argumento basado en una ley que protege la intimidad personal incluso en el espacio público. Sin embargo, juristas independientes interesados en este caso han explicado que, cuando un agente de la policía ejerce las funciones de su cargo en las calles, sus acciones no pertenecen al ámbito de su vida privada; insisten en que ese funcionario estatal está ejerciendo poder público, y por tanto ninguna norma cubana prohíbe grabarlo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Anna Bensi (@_annabensi)

***

La causa contra Anna Bensy y su madre, Caridad Silvestre, partió de una querella presentada por el suboficial del MININT que las visitó, el 10 de marzo pasado, en el apartamento donde ambas residen en el reparto habanero de Alamar. El agente sostuvo que fue vulnerada «su intimidad» en la publicación realizada por la activista a raíz de ese episodio.

El juicio contra ambas mujeres fue encabezado por la jueza Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, quien tomó parte en el proceso que condenó a 129 manifestantes del 11J que fueron reprimidos en el barrio habanero de La Güinera. En aquella ocasión, se solicitaron penas de hasta 30 años de privación de libertad por supuestos delitos como «sedición».

Anna Bensi se definió, en una reciente entrevista para El Estornudo, como una chica cristiana, «bastante tranquila», que ama cantar y tocar la guitarra, leer y escribir guiones. 

Tras graduarse del Preuniversitario Vocacional Vladimir Ilich Lenin, comenzó estudios para ser técnico superior en prótesis estomatológica, una carrera que finalizó a inicios de 2025. Pero le encanta crear contenido para las redes sociales: «Dejar salir todo lo que siento», dijo. 

«Hasta ahora mis convicciones gritan más alto que el miedo», aseguró Anna Bensi. «No sé si realmente valga la pena y estoy segura de que un simple video no va a arreglar nada, pero es mi forma de desahogarme y denunciar mi día a día bajo este régimen comunista».

La entrada  Anna Bensi nunca esperó un juicio justo aparece primero en El Estornudo.

💾

Como funcionava o departamento de entretenimento e sexo montado pelo ex-banqueiro para seduzir poderosos

💾

Série criada pelo Instituto Socioambiental (ISA) reúne indicações de filmes, livros e músicas de referências da luta por direitos em seus territórios

💾

💾

💾

Nas 50 mensagens do senador, 46 do banqueiro e oito ligações atendidas, um universo de encontros e milhões de dólares – eis o que mostra o chat encontrado pela PF

A little-known effort to bring an artificial intelligence tool into Texas public schools began about a year ago, with the help of the state’s top education official, Mike Morath. 

In September 2025, Morath responded to an email from associates of a private school chain called Alpha School who wanted to talk about using their AI program to educate kids in Texas classrooms. 

“I’d love to schedule a follow-up discussion,” Morath replied.  

The online platform wasn’t new to Morath, the state’s education commissioner. Just three months earlier, he had supported Alpha leaders’ bid to open a charter school in Texas that would use the same technology. Then the Texas State Board of Education, which has the final say on such charter decisions, voted it down 10 to 3. Board members cited concerns about the company’s use of AI to teach and students’ screen time, as well as lingering questions about the drastic student test improvements Alpha leaders presented. 

But Morath and his agency leaders did not need the board’s approval to help get Alpha’s AI model into public schools. 

Over the last year, Morath and his staff at the Texas Education Agency exchanged a flurry of emails with leaders of companies connected to Alpha about possible partnerships, visited their campuses several times, helped with a one-page explainer about the program to share with school districts and connected them with district leaders, according to communications obtained by ProPublica and The Texas Tribune through public information requests. 

One email revealed that Morath offered to personally introduce an Alpha leader to the superintendent he appointed to lead the yearslong state takeover of Houston Independent School District, the largest in the state. 

“I’d also like to set up another site visit to visit both your Austin secondary and primary with my team,” wrote Morath. “The Superintendent of H.I.S.D. would also like to do a site visit, so l’ll connect y’all separately. And hopefully we can schedule them to happen on the same day.” 

The emails show that state education officials and Alpha affiliates approached at least 10 school districts about the AI program. After the coordination, at least three of those districts — Houston; Fort Davis, in West Texas; and Aldine, near Houston — launched pilot programs incorporating the AI tool. 

The full extent of Morath and his agency’s involvement, as well as the number of public school districts using the AI program, remains unclear. The TEA has not responded to questions about its efforts for months, initially failed to provide some of Morath’s emails in response to public information requests and continues fighting the release of additional communications.

The TEA sent a written statement that said “there is no formal partnership between TEA and Alpha Schools.” But the agency continued that it “is always interested in promising ways to improve student outcomes in math and reading.” The statement said TEA officials connected district leaders who were interested in Alpha’s program but left the decision up to them on whether to use it.

Aldine and Fort Davis leaders told the newsrooms it was not unusual for the state agency to recommend potential partnerships and expressed excitement about the pilot. All three districts with pilot programs said they will use the AI software for supplemental learning rather than fully implementing the Alpha School model of using it to teach all students basic subjects in two hours a day while the human teachers, which Alpha calls guides, focus on motivation and emotional support.

Some education experts and State Board of Education members who voted against Alpha leaders’ attempt to open a charter school last year raised concerns with the state’s efforts to use the AI-led platform given its recent track record.

ProPublica and the Tribune recently reported that Texas was among at least nine states that rejected Alpha leaders’ applications to open publicly funded charter schools that would use its AI-driven learning tool, according to an Instagram post from the company’s co-founder. 

The newsrooms also found that students performed significantly worse on state-mandated exams than Alpha leaders predicted at the one charter school they got approved, in Arizona, and at an existing school in Texas where students used the AI program last year.  

Morath’s agency knew about results in at least one of those charters, Texas Preparatory School in Austin. Last year, state test scores compiled by his agency showed just 21% of students passed. The TEA then gave the charter its third consecutive F rating, mostly based on those scores. 

David DeMatthews, an education professor at the University of Texas at Austin, said it was “disheartening” and “painful” to learn that the TEA was promoting the product when the company has not yet publicly shown its success in public or charter schools, where there are likely to be more students who have learning barriers or struggle academically. 

“That raises questions about whether TEA is serving its public interest and is being transparent and accountable to us,” DeMatthews said. “It’d be one thing if they were approved as a charter and they did have a track record and they could show evidence. We don’t have any of those sorts of things.”   

The platform’s expansion into traditional public schools comes as government officials across the country, including in Texas, have taken an increasingly skeptical view of AI use in schools. New York City Mayor Zohran Mamdani recently banned generative AI for elementary and middle school students in the nation’s largest school district. Leaders in Los Angeles implemented a similar restriction. In August, Texas Gov. Greg Abbott proposed further limiting screen time in public schools.

Abbott, who has received over $1.5 million in political donations from Alpha co-founder MacKenzie Price, did not agree to an interview or directly answer whether he supports the AI platform in Texas schools.  

“A great teacher in the classroom is the most important element of a quality education,” Andrew Mahaleris, Abbott’s press secretary, wrote in a statement to the newsrooms. “Any tool a district deploys must keep teachers at the center of the classroom, limit unnecessary screen time, and prove results for students.”

Abbott’s Democratic opponent in the November governor’s race, Gina Hinojosa, recently had a press conference opposing the use of Alpha’s AI program in Houston ISD. That came after she’d already made a campaign promise to fire Morath if she is elected. 

Alpha leaders did not agree to interviews or answer detailed questions for this story. Price has repeatedly told her social media followers that she wants to bring the AI model into public schools to make it accessible for all families. School leaders previously defended the model in interviews and directly in response to Texas Education Board members’ concerns about the proposed charter. They maintained that teachers’ roles remain significant despite lessons delivered by the AI platform and that screen time at the school would comply with national recommendations, and they referred to a self-published paper summarizing that Alpha students learn twice as fast as their peers while earning test scores among the top echelon nationwide.

Pam Little, a Republican serving as vice chair of the elected State Board of Education, said she hopes Abbott’s proposal to limit screen time in public schools leads to the removal of screens in classrooms altogether. That includes eliminating pilot programs like those using Alpha’s AI platform. 

“I don’t want anything AI in our schools, especially at the lower grades,” said Little, who last year voted against the proposed charter, which would use Alpha’s AI platform. 

Gustavo Reveles, a Democratic Education Board member who voted against Alpha leaders’ charter application last summer, said he’s worried the TEA is ignoring the board’s apprehension by helping to bring Alpha’s AI tool into public schools. 

“It certainly raises a red flag that perhaps there’s ways to circumvent that concern,” Reveles said.  

Pilot Program Planning

Last fall, local television news cameras captured Morath alongside U.S. Secretary of Education Linda McMahon as the pair visited an Alpha campus in Austin. Joining them was Price, the school’s co-founder. Morath said that day, “Our goal is to make sure that children have access to great schools,” regardless of who runs them. 

He added, “There are lessons to be learned in a school like Alpha.“

That week, Morath emailed Price and her husband, Andy Price, who business filings show holds various roles at Alpha’s related companies, including chief financial officer. 

Morath also connected with an employee from Studient, a company that uses Alpha’s AI technology, now often called TimeBack. Studient, which uses the tool for students struggling academically, is among the web of corporate entities connected to Alpha, according to its privacy policy and business filings with the Texas secretary of state. 

In his emails, Morath said he would like to learn more about Studient’s intervention work with kids lagging academically. He also wanted to discuss 1882 partnerships, formal arrangements in which a public school contracts with an existing charter, university, nonprofit or state-approved entity to run the campus. Districts with consecutive failing ratings will sometimes use these partnerships to avoid possible state takeovers. 

Morath’s staff set up a follow-up discussion with the Prices for October. 

Emails show the commissioner visited Alpha’s campuses again with six other TEA leaders. His staff coordinated to go on the same day as Houston Superintendent Mike Miles. Not only had Morath chosen Miles to lead the Houston district in 2023, but the two had worked together at Dallas ISD when Morath was a school board member and Miles was the superintendent.

As of August, the TEA said it could not find any documentation of Alpha or its other companies applying for or running an 1882 partnership. But after the school visit, emails show, other state Education Agency leaders began communicating with Alpha and Studient associates about more informal pilot programs.  

Andrew Hodge, associate commissioner of system innovation at the TEA, followed up last November to figure out how the state could test out Alpha’s AI model. Hodge emailed Joe Liemandt, the tech billionaire behind the software company Trilogy, who pioneered and invested $1 billion into Alpha’s AI-learning technology.  

“It was great meeting you and learning about Alpha last Monday,” wrote Hodge on Nov. 5. “I’d like to schedule a follow up discussion with you/your team to talk through possibilities for piloting a few supplemental (you called this Tier 3 in your outline) instances in the state. What’s the best way to get 30-45 minutes to discuss?” 

Hodge eventually had another member of his team, Michael Strange, tour Alpha’s private school in Fort Worth. Strange oversees the TEA’s blended learning programs. 

“I’d like for him to be able to visit your school as we continue to improve our supports for TX districts and better understand the landscape of tech-enabled models in K-12,” emailed Hodge. 

By April, emails show, Strange was regularly in contact with Andy Price and a Studient employee about helping to launch pilot programs in public schools. At one point, Strange sent them a to-do list with next steps, which included him drafting a one-page explainer of the pilot program to share with districts. 

Andy Price, MacKenzie Price, Studient, Hodge, Liemandt and Strange did not respond to the newsrooms’ requests for comment.

In all, ProPublica and the Tribune identified at least five school districts — Ector County, Fort Bend, Irving, Pecos and Pflugerville — that confirmed they were approached about partnering with Alpha but did not pursue an agreement. Only Ector County provided a reason, stating the district “determined our school day is not currently structured to effectively implement or support the pilot.”

But Alpha and Studient officials had some successes. By mid-June, Strange applauded their progress securing pilots with Fort Davis and Aldine.

“Happy Friday!” wrote Strange ahead of a check-in. “Looking forward to seeing everyone today and excited to hear that districts are moving forward.”

Leaders at Fort Davis and Aldine told ProPublica and the Tribune they are using the AI platform this year to help students who are behind academically. Michelle Hartmann, deputy superintendent at Fort Davis, which enrolls around 800 students, said it will deploy the model in its K-8 classrooms for students who need additional help in reading and math. 

“We’re excited because we see it as an opportunity to provide an extra layer of intervention,” Hartmann said. She later followed up with the newsrooms to say the district could not be happier after the first weeks of the pilot and that students are very engaged.

Aldine will deploy the online platform to roughly 300 students across four middle school campuses that require support in math. Ashley Brown, an Aldine spokesperson, said the Alpha intervention model aligned with the district’s mission “to provide a rigorous and enriching educational experience that prepares every student for success in college, career, and life.”

Houston ISD plans to use the Alpha technology for students with strong test scores “to evaluate whether this instructional approach can accelerate academic growth,” according to its press office. 

The office said Houston ISD wasn’t paying Alpha for the pilot but did not provide more details. The district asked the Texas attorney general to withhold the contract from the newsrooms under the state’s public records act. 

The post How Texas Helped a Private School Chain’s AI Tool Get Into Public School Classrooms appeared first on ProPublica.