Hay mucho en juego. Miles de millones de dólares, una carrera geopolítica e incluso las mayorías políticas en las dos cámaras de representantes de EEUU. En el debate sobre “ralentizar” el desarrollo de la IA, lo que está encima de la mesa va mucho más allá de la regulación de esta tecnología o los métodos de los laboratorios. Tanto como para fracturar los consensos en Silicon Valley y que Donald Trump se lance con todo para intentar recuperar la iniciativa de un debate que comenzaba a escapársele, aun a costa de abrir un cisma con la industria digital que ha sido su baluarte desde 2024.

El presidente de EEUU defiende que no es necesaria ninguna regulación. “¿Cuándo, en la historia empresarial, se ha visto que los líderes de un sector pidieran una regulación que, de aplicarse con firmeza, los llevaría al olvido y a la quiebra?”, ha cuestionado Trump sobre el plan de Dario Amodei, CEO de Anthropic, con medidas para evitar que la IA “pierda el control”. Una posibilidad que el presidente tacha de “bulo” y de “conspiración enfermiza”: “Esto es aún más descabellado que la farsa de 'Rusia, Rusia, Rusia' o el timo del calentamiento global”.

Pero esta vez Trump no puede limitarse solo a mandar sus clásicas ideas fuerza que tanto éxito le han dado en el pasado. Necesita convencer. En EEUU crece un importante movimiento de protesta por la expansión de los centros de datos masivos para la inteligencia artificial, que está ganando tracción entre demócratas y republicanos. La subida de los precios de la energía es su principal motor, pero su consumo de agua, las ventajas fiscales y los pocos empleos que generan también están acelerando la brecha.

Texas es uno de los mejores ejemplos del potencial de la protesta. Allí, tanto el gobernador republicano como su candidato al Senado se han sumado al movimiento, en el que también hay ecologistas, críticos con las grandes tecnológicas, propietarios rurales, además de los vecinos preocupados por las facturas. En otros estados, como Pennsylvania o Michigan, gobernadores que hace unos meses defendían los centros de datos ahora han dado un giro de 180 grados. Un sentimiento que contagia también a la regulación general de la IA y a la relación de Trump con los magnates de Silicon Valley.

Algo que a menos de tres meses de las elecciones de mitad de mandato que podrían cambiar las mayorías en el Senado y el Congreso, puede poner en riesgo el futuro político de Trump.

“Oh, hola señor presidente”

En los últimos días, Trump ha comenzado una campaña para que su mensaje llegue más lejos. El principal ejemplo ha sido una oportuna llamada que el presidente realizó a Jensen Huang, CEO de Nvidia, justo cuando este se encontraba en un acto contra la regulación de la IA. En él también participaban figuras como David Sacks, asesor de Trump encargado de ser “el zar de la IA y las criptomonedas”, la figura más radical en su oposición a las leyes para esta tecnología.

Aunque Huang escenifica que la llamada no estaba preparada, activa al altavoz y cede el escenario a Trump para que explique su oposición al plan de Amodei durante unos cinco minutos. “El país más feliz con todo esto es China”, afirma el presidente, que sostiene que cualquier medida de control de la IA haría que el gigante asiático sobrepasara a EEUU.

Huang es una figura clave en esa postura. Es el magnate de la IA que defiende que EEUU no solo no debería regular, sino que tendría que acelerar. “Correr tan rápido como podamos” fue la receta que expresó en el mismo escenario. Una postura que le ha llevado a tener enfrentamientos públicos con Amodei, el líder intelectual del bando contrario. “Si creas un producto o un servicio y no confías en su funcionalidad, capacidad o seguridad, entonces no lo lances al mercado”, ha afeado: “La seguridad es un problema de ingeniería, no vamos a morir en 2030”.

Si creas un producto o un servicio y no confías en su funcionalidad, capacidad o seguridad, entonces no lo lances al mercado

Jensen Huang — CEO de Nvidia

Huang, de 63 años y origen taiwanés, es uno de los perfiles más particulares en la industria de la IA. Tras fundar Nvidia hace 33 años, se conformó con que esta fuera una empresa de nicho en el sector de los videojuegos. Cuando los chips que llevaba décadas fabricando para la visualización de gráficos se convirtieron en los más útiles para el entrenamiento de la IA, Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, pulverizando récords de beneficios trimestre a trimestre. Está en el centro de la vorágine constructora de centros de datos y Huang defiende que no hay ninguna “burbuja” en torno a ellos ni a la IA: “Las fuerzas del mercado ya están ahí; no necesitamos nuevas leyes, no necesitamos nuevas regulaciones”.

Es un importante aliado en la campaña contra la regulación de Trump, pero no es el único. En ella también se ha enrolado uno de los principales aliados del presidente entre los emperadores de Silicon Valley: Mark Zuckerberg. El CEO de Meta ha rechazado la necesidad de una regulación, indicando que son las propias empresas las interesadas en que la IA no cause consecuencias graves. “Los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño, por lo que también tienen un fuerte incentivo para evitarlo”, ha escrito en X el último de los magnates que faltaba por posicionarse. Recientemente, su empresa acordó abonar hasta 18.000 millones en un pacto extrajudicial para cerrar una demanda que la acusaba de diseñar sus plataformas de manera adictiva, causando daños a los menores de edad con el conocimiento de su dirección.

La extraña alianza

Al otro lado del bando comandado por Trump y Huang se sitúa la extraña alianza entre Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk. Tres fundadores y directores ejecutivos que han estado enfrentados en el pasado (Altman y Musk han llegado a los tribunales) pero que han formado ahora un grupo unido en su petición de una regulación que “ralentice” el desarrollo de la IA basándose en el plan de Amodei.

En Silicon Valley abundan los congresos y eventos en los que los CEO pueden expresarse, por lo que las respuestas de este grupo a Trump y Huang no se han hecho esperar. “Es muy tentador atacar a la competencia y decir que no somos seguros. Pero creo que la forma más responsable de responder a eso es decir: 'Analicemos nuestro propio historial. Puede que no hayamos tenido ningún incidente grave y de gran repercusión, pero estoy seguro de que no somos perfectos'”, respondió Amodei este martes en una de esas conferencias.

“Creo que así es como se lidera el sector: dando ejemplo, diciendo que todos podemos mejorar siempre”, añadió en el evento, organizado esta vez por la compañía de software Salesforce en San Francisco.

Puede que no hayamos tenido ningún incidente grave y de gran repercusión, pero estoy seguro de que no somos perfectos

Dario Amodei — CEO de Anthropic

A la misma conferencia estaba citado Sam Altman. Dirige OpenAI, la compañía que se ha visto sobrepasada por Anthropic en el liderazgo de la IA, pero apoya a Amodei en su petición de regulación. El ejecutivo intentó explicar por qué la petición de regulación ha unido a diferentes actores de la industria. “No puede ser que un número pequeño de empresas que construyen estos modelos tomen las decisiones que todo el mundo debería tomar”, afirmó, opinando que debe haber unas reglas comunes a las que estas empresas se adhieran.

“No estoy de acuerdo con que la tecnología no sea ni buena ni mala... las decisiones que toman las empresas que construyen esto tienen consecuencias reales”, añadió Altman. Por último, el líder de OpenAI pidió a la ciudadanía que confíe en los laboratorios de IA, los mismos a los que la ONU pide más transparencia en su desarrollo. “El mundo debe confiar en que vamos a hacer lo correcto porque es lo correcto y porque somos conscientes de la magnitud de todo esto”.

No estoy de acuerdo con que la tecnología no sea ni buena ni mala... las decisiones que toman las empresas que construyen esto tienen consecuencias reales

Sam Altman — CEO de OpenAI

El último en pasar por el escenario fue Elon Musk. “Hay empresas que dicen cosas como: 'Solo ralentizaremos el desarrollo o solo actuaremos de forma responsable si las demás empresas también lo hacen de forma responsable'”, criticó. El magnate es una de las voces que ha pedido moratorias para el desarrollo de la IA desde que salió a la luz el primer ChatGPT en 2022. Muchos expertos denuncian que su intención es realmente establecer una “barrera de entrada” para otros competidores.

En esta ocasión, también fue de los primeros en apoyar el plan de Amodei, que incluye medidas como verificadores independientes que se incrustarían en los laboratorios para vigilar sus avances. “En vez de que cada uno se ponga la nota a sí mismo, al menos tendrías a competidores evaluando tu trabajo y dando la voz de alarma si detectan algún problema”, dijo. La procedencia de esos evaluadores, que Musk da por hecho que vendrían de la propia industria, es uno de los puntos más criticados del plan, con voces que avisan que se trata de una estrategia de autorregulación.

La gente lo tiene claro

Mientras los magnates de Silicon Valley discuten cómo repartirse los exámenes de seguridad o si sus propios competidores deben evaluar sus modelos, el verdadero incendio se ha trasladado a Washington. Encuestas de la Universidad de Maryland revelan que cerca del 80% de los votantes, tanto demócratas como republicanos, exige la creación de una agencia federal que supervise y controle esta tecnología, mientras que un porcentaje similar cree que el Gobierno debería establecer exámenes de seguridad para los modelos que tomen decisiones críticas. Datos clave para los congresistas y senadores que se juegan su escaño en menos de tres meses y que se suma al movimiento de protesta por los centros de datos.

Todos se juegan mucho. La fractura en Silicon Valley podría provocar que el intento de autorregulación que algunos de sus magnates están intentando conseguir, se pierda por falta de consenso. Mientras, el cisma abierto por Trump con su negativa total a una regulación amenaza con distanciarle con algunos de sus principales apoyos en el sector que ha sido su baluarte en su segundo mandato. Una pugna que se resolverá en las urnas, no en los pasillos de San Francisco.

Se llama Leonel, pero le dicen «Vin van» porque a veces termina así las frases. Si esa mañana, la última mañana de marzo, Leonel hubiera tenido que contarles lo que hizo durante los minutos que antecedieron nuestro encuentro, probablemente les hubiera dicho: «Llegué, armé esto, busqué un cubo de agua ahí al frente, barrí la acera, limpié el portal, vin van, vin van». Antes de acercarme, estuve mirándolo por más de un cuarto de hora desde la esquina contraria. Cuando le pregunté por lo que hacía, me dijo lo mismo que la última vez que lo vi: «Esto es de gente que tiene ganas de trabajar».

Hace poco cumplió 50 años. Leonel está enfermo. Es «caso social». Fuma. Se da «unos traguitos de ron» casi todos los días, pero nunca mientras trabaja, o al menos eso dice.

En el portal de un edificio del Vedado, se dedica a vender «cosas que todavía sirven»: los cables y las válvulas de olla de presión que compra al buzo aquel; los espejuelos, el adaptador, las zapatillas y los audífonos, que compra a otro buzo; el reloj que andaba vendiendo un tipo cualquiera; la vajilla de los días festivos que la vecina ya no usa y le da «a tanto» para que la venda «a tanto»; la alcancía que está abierta pero sirve de adorno, el encendedor al que le falta gas, el cepillo que lustró tantas botas o la radio de un difunto. Objetos devenidos mercancía pese a no sé cuántas vidas anteriores.

Vidas anteriores, como las de Leonel, que, de tan distintas, contrarían la idea de ser una sola. Sabe bien Leonel lo que es vivir en la calle. Sabe lo que se siente cuando no te quieren o cuando tienes gusanos en la panza; sabe lo que es la cárcel y la droga y el vicio; lo que es tener mucho dinero y lo que es no tener nada. Sabe que, si suena la reja de al lado, es porque son las siete de la mañana y hay que levantarse y venir para acá y tratar de «hacer el diario».

***

Tres años tenía cuando su madre lo dejó completamente solo. Era de esperarse. No lo abortó gracias a la amenaza de «Si mi hijo se muere, tú también», hecha por un padre que, para la hora del parto, se hallaba en prisión y con el que Leonel nunca tuvo vínculo alguno. Por si fuera poco, la familia materna no quería saber nada del hijo de un delincuente.

Contradictoriamente, todos los días alguien dejaba en la ventana un plato de comida que él devoraba con el mismo apetito atormentado con que empezó a comerse los montículos de tierra que hacían las lombrices en el patio.

Sin límites establecidos más que por sí mismo, orinaba y «cagaba» dondequiera. Y comenzó a desarrollar una panza como la que uno ve a los niños en ciertas fotos de África, una panza que daba la idea de haber estado llena desde el primer minuto de formada.

Al tiempo, la señora de al lado —de la que solo lo separaba una pared, porque las dos casas, en su momento, habían sido una sola— le soltó: «Oye, niño, no ensucies más aquí, que tienes to´ el patio lleno de mierda». Días después, cuando fue al baño de la señora, salió corriendo: «Señora, señora, el baño suyo está lleno de majá».

Eran «bolas y bolas de lombrices». Hubo que llevarlo urgente para el hospital. El médico, luego de examinarlo, dijo algo que él recuerda al pie de la letra: «Hizo bien en traerlo. Si en dos días no lo hubiera traído, ese niño se hubiera muerto».

Al regreso del hospital, Leonel supo que aquella señora era su abuela. Victoria Martínez. La madre de su madre. Y ya no vivió más donde vivía, sino al lado. Porque así lo quiso ella. Pero, por si acaso, aclara que todo transcurrió «sin ella quererme».

Al principio lo miraba y lo miraba, como se miran los bebés los dedos al descubrir que los tienen. Siempre supo que Leonel era su nieto y, con el pasar de las semanas, menguó cualquier indicio de desprecio. Inevitablemente, lo empezó a querer.

Leonel tenía cuatro o cinco años por los tiempos en que llegaron de la voz de su abuela las respuestas a aquellas preguntas que antes se había hecho sin que nadie pudiera respondérselas, incluso a aquellas otras que fueron surgiendo a voluntad de lo desconocido.

Aprendió a sembrar, a hacer dulces, a vestirse, a mecerse con su abuela en el sillón… Era «Leonelito pa´ aquí, y Leonelito pa´ allá», hasta que llegaron los «¿Qué tú esperas pa´ recoger a tu hijo?». La madre se había asentado en La Habana y la tía «calentaba»: «No, que ella está gozando. Manda al chiquito pa´ allá». Victoria Martínez al principio se negó, pero luego acabó cediendo.

Seis años tenía Leonel cuando llegó a La Habana. Diez, cuando su mamá lo regresó a Santiago de Cuba, bajo el supuesto de que si no lo mandarían a una escuela de menores por unos problemas que había tenido en el aula.

Su estancia en la capital se basó en buscar «cariño de madre» en una madre que no iba a las reuniones escolares para que no vieran «que era linda» y que le regaló a los siete años una camisa, asegurándole que sería, por su parte, el último regalo de su vida.

El paso del tiempo terminó por convertirlo en un adolescente que se tomaba «cuatro o cinco diazepanes» por embullo de «las amistades» y, a veces, «le robaba un cigarrito» a la abuela para «especular con las muchachitas».

Se había apuntado en lucha. Le apodaron Bolerín «porque daba muchos estrallones». Y entonces, en lugar de Leonelito, era Bolerín pa´ acá y Bolerín pa´ allá, hasta que la abuela decidió mandarlo de nuevo para La Habana porque: «se está echando a perder. Está igual que el papá, mariguanero».

Leonel ni siquiera sabía lo que era la mariguana, pero los diazepanes que se tomaba provocaban efectos similares, efectos que, en La Habana, muchos años después, volverían a aparecer en formato agravado a causa de sustancias peores. 

***

Antes de montar una pizzería clandestina en su solar, trabajó de ayudante en microbrigadas de construcción, fue albañil por cuenta propia y armador de bicicletas y estuvo preso «como cinco veces», todas por «broncas con la policía», menos una por tenencia de drogas. 

El negocio llegó a ir tan bien, que Leonel montó otra pizzería y «tres corrales de puercos» y pudo ponerle hasta aire acondicionado al cuartico. La gente decía que era mentira que estaba enfermo, pero lo cierto es que su fuerza había mermado; a veces no podía ni «coger un jarro». 

Hoy dice tener fiebre reumática, pero sus síntomas no coinciden con los de esa enfermedad. Lo más probable es que tenga artritis reumatoide —y no recuerde ese nombre— o vaya usted a saber. Sea como sea, en el hospital, puesto que no debía seguir trabajando, lo remitieron como caso social y le brindaron una dieta y una chequera que jamás cobró. Cuando fue a hacer el trámite, se la negaron porque aún vendía pizzas. Y no volvió a pedirla. 

Pasando ya de los cuarenta, iban a buscarlo «muchachitas de lo más lindas» —incluso de 18 y 19— que le proponían «hacer el amor» a cambio de «una piedrecita» —de cocaína— y él, avalado por más de 50 mil pesos en el bolsillo y el «despechito» de una relación de 11 años recién terminada, no decía que «no», sino: «me sirveee». 

Aquello valía entonces entre «quinientos y mil» pesos. Como quien dice, no le «costaba na´». Los vendedores, viejos en el marketing del oficio, le decían a «las muchachitas»: «Vayan a ver al pizzero». Y los negocios alcanzaron tal punto de abandono que el dinero entraba por cauces como el «Dame 20 mil pa´ 30 mil, que mañana te pago» o la venta del refrigerador, la ropa, el aire acondicionado y los más de «treinta y pico pares de tenis que tenía». 

El vicio le impedía percibir su total inapetencia de sentido. 

Durante dos años, Leonel durmió por elección propia en policlínicos; en un ETECSA; en los canteros, el «cuartico del motor» y la sala de Emergencias del Hospital Hermanos Aimejeiras; o en cualquier otro lugar que la noche proclamara… en cualquier otro, menos en su cuartico. Salió de él con trescientos pesos en el bolsillo, la ropa puesta, y la certeza de no volver en un buen tiempo a ese barrio «infectado».   

—Hay gente que se interna en una clínica. Yo no. Yo me fui pa´ la calle.

Y fue en la calle donde conoció el oficio de vender «cosas que todavía sirven», viendo al amigo que aceptó venderle «tres cositas» para que pudiera comerse unos panes, comprándole «a los muchachos» que buscan en la basura, vendiendo lo que otro amigo le dio «a tanto»…

Su casa era un criadero de cucarachas para cuando decidió regresar. Los amigos a los que debía dinero —por suerte, eran amigos— perdonaron cada deuda. Leonel dice que «el que tiene vicio no puede pagar, porque está enfermo y a los enfermos no se les puede cobrar nada. Usted —y lo anuncia como lección— está más enfermo si les presta». 

***

Tiraron el 50 —«policía»— en la bolita. Es 11 de julio. Han pasado tres meses de la última entrevista. Poco se mantuvo tan intacto como ese tono amarillento que tiene Leonel en las escleras de los ojos.

Ahora usa muletas. Su rodilla izquierda empeoró y hay que ponerle una prótesis. «El consorte» del parqueo de enfrente —el mismo que le deja guardar ahí la silla y las dos maletas— le presentó a un ortopédico del Hospital Frank País que lo puede operar, pero «tú sabes cómo es eso». Y aunque nadie haya pedido regalos, él quiere llegar con uno bien bueno, porque ese trámite «se demora mucho» y así probablemente lo agilicen. 

Siempre dice que, en lo que otros se dedican a «esto para estar en la fumadera y la borrachera», él lo hace para su comida. Se le va todo en comer (también en lo que gasta en transporte desde que le empeoró la rodilla, y en la media de ron con la que nunca llega a emborracharse). Así que nadie sabe cuánto más tardará en ir, por lo menos, a la primera consulta. 

Ayer le entró tremenda «contentura» porque con el «dinerito» que hizo pudo comprarse un pomo de aceite y tres libras de carne y dejar una parte guardada para comprar huevos. Según cuenta, ha llegado a buscarse más de 4 mil pesos en un día —sin descontar la inversión—, pero lo normal es que haga menos de 2 mil.

La semana pasada, una mujer que vive en el edificio le dio como seis platos para que los vendiera y salieron enseguida, a 400 pesos cada uno. A saber quién le habrá dado los cinco «tacos de muleta nuevos», que está vendiendo a 100 pesos. O los espejuelos que eran a 400 y se los dejó a un anciano por 350.

Hoy no le han traído nada más que dos platos blancos. Hubo lluvia. Y «cuando llueve, ellos —los buzos— no bucean, porque las cosas se mojan y se echan a perder». 

Dentro de unos minutos, llegará Daniel de Los Ángeles. No tendrá nada que venderle, sino un olor a vejez rancia, demasiado errante para sus 61 años. Contará que la hija vive en Arroyo Naranjo y que, si no le coge muy tarde, va a dormir allá; que camina hasta el Vedado o hasta Playa las veces —casi siempre— que no logra coger una guagua, y rebusca en la basura de los basureros mejores y le vende a Leonel y a otros tantos lo que encuentra; y, con el dinero —alrededor de 500 pesos, los días que anda de suerte— compra cigarros y comida en una «fonda», donde el plato más barato vale 150 pesos y casi siempre es de «arroz con frijoles». 

—A mí lo que me tiene preocupa´o es el ventilador. Salí de la casa sin luz y se me olvidó apagarlo— dice Leonel de repente. 

Lo que pasa es que el ventilador «a veces se para» y, si ponen la corriente, y le da por pararse, se puede quemar. Pero bueno, como andan las cosas, a lo mejor llega allá a las seis y pico —hora a la que llega siempre— y todavía no la han puesto. 

Vive en un cuartico que la madre le dividió de la casa mucho antes de su internamiento en la calle. Nunca ha querido darle la propiedad para poder «desglosarlo» y, en consecuencia, no tiene ni libreta de abastecimiento. Hace más de 20 años que no sabe «lo que es un mandao de la bodega». Ella se queda con todo. Pero él no coge lucha; dice que tiene que demostrarle que es un «peleador, con libreta o sin libreta». 

***

Antes vendía en Carlos III, pero ahí «no quieren que la gente venda porque es una calle muy céntrica y pasan influencias». Una de las veces en que lo amenazaron con quitarle las cosas —más de una se las quitaron—, salió a amedrentarlo una mujer de las que atienden casos sociales y él le dijo:

—Yo soy caso social y ustedes no me han ayudado. Tengo que comprar medicamentos. De dónde los voy a sacar, si yo no puedo trabajar y esto fue lo que más o menos encontré. ¿Tú no estás mirando como yo estoy? Más bien deberías decir: «Coño, un tipo que está peleando ahí, vin van, vin van». 

Dos multas le han puesto. Y las dos se duplicaron porque no hubo forma de pagarlas a tiempo. Al final, las asumieron dos hermanos suyos que viven en Estados Unidos, porque él no tenía cómo conseguir los más de 20 mil pesos a los que habían ascendido. Estaba dispuesto a que lo metieran preso y se los descontaran en la cárcel. 

Cuando le dio por establecerse aquí, hubo gente del edificio que se negó, pero la señora que a veces le da comida salió a defenderlo y acordaron que podía quedarse a cambio de mantener limpio el portal. 

Desde entonces, los días pasan idénticos. Leonel puede ser uno de esos hombres a los que uno les quita la vista cuando va por la calle, pero tiene el coraje suficiente para mirarse a sí mismo y asumir que, después de todo, «aquí fue donde vino a parar Vin van». Y solo Vin van sabe cómo acabará esta historia:

—Oye, si el ventilador se quema, que se queme. 

La entrada El portal de Vin van aparece primero en El Estornudo.

This story is coreported with Consumer Reports. 

The Arkansas-based data broker Acxiom claims it has data on billions of people around the world, including where they live and how they might spend their money. It says it can even deduce their political leanings, weight, and interest in medical procedures.

But what exactly does the company know?

For Tracey Reed, a nonprofit worker in Oregon, it knew enough to compile a 58-page dossier charting the purported history of her income, employment, and education, not to mention her spending, including everything from her online shopping to charitable giving. Although much of the information was incorrect, she said, the company attempted to log where she lived, complete with latitude and longitude coordinates. And it listed dozens of companies to which it had sold data or inferences about her.

“I think it’s pretty gross that people are treated like sources of wealth to be mined,” she said. “And that’s what these data profiles are, like, ‘Here’s a guide for how to squeeze this person and get money out of them.’”

I think it’s pretty gross.

Tracey Reed, Oregon resident who obtained her data broker file

Reed obtained her data as part of a project by Consumer Reports’ consumer advocacy team to encourage consumers to request their personal information from companies like Acxiom to see how well new state privacy laws are working. By examining the dossiers that come back — more than 100 so far — the nonprofit hopes to better understand what information data brokers are able to collect and to whom they sell it. (Consumer Reports said that its membership arm uses information derived from data brokers, including Acxiom, to understand consumer interests, including the likelihood of becoming a Consumer Reports member, but does not use the information to set prices for its products or share the information with the brokers.)

Consumer Reports shared its data requests with CalMatters and The Markup. Acxiom is notable among the various brokers in the requests for its size, leading industry role — and because it provided detailed data back to consumers.

Acxiom and its connections to other companies have been subjects of press accounts for years, but the records obtained by Consumer Reports offer granular new details about its practices, including the many particular inferences it makes, some of them remarkably specific.

Across the reports CalMatters and The Markup reviewed, Acxiom uses the data it had collected to make predictions in more than 3,000 distinct categories about people’s financial lives and behavior, from the ages and genders of their children, to their estimated “alcohol usage,” to how likely they were, on a scale of 1 to 100, to be in the market for a new Tesla Cyber Truck.

The project was enabled by new laws enacted in a handful of states in recent years that allow consumers to get a look at what brokers have on them.

In each of the profiles, Acxiom made detailed — sometimes to the point of bizarre — ”inferences” about consumers, attempting to chart the likelihood they’d be associated with various characteristics.

Some of those inferences would clearly be valuable to retailers looking to sell products to new or repeat customers. The data broker estimated for consumers, on a zero to 100 point scale, the likelihood that they would spend money at businesses from Nike to Buffalo Wild Wings to PlayStation, or the likelihood that they owned any of dozens of different car models. 

Other inferences went so far as to estimate how likely the person would be to respond to an offer to consolidate a student loan, how likely they’d be to give to charity, or what body mass index percentile they might fall into. Also rated were the chances the person was experiencing food insecurity, had a primary care physician, would get a mammogram, could pay for medical expenses, or showed online interest in the Army. (For more on what’s in Acxiom’s files and how it impacts you, see our accompanying visual explainer.)

The most revelatory finding in the Acxiom reports, according to the privacy experts we interviewed, is the list of specific companies that bought consumer data — more than 100 in total. Several relatively new state privacy laws, including those in Minnesota and Oregon, require companies to disclose not only the types of consumer information they collect but also the other companies to which they are ultimately sold.

Among those in the Acxiom files: several of the nation’s largest insurers, banks, and pharmaceutical companies, including GEICO, State Farm, Citi, JPMorgan Chase, US Bank, and Janssen Pharmaceuticals. Big online sellers were frequent customers, too, including General Motors, Hilton, Kohl’s, MLB.com, Southwest Airlines, T-Mobile, and the Walt Disney Corporation. And several smaller companies repeatedly fined and sued by federal and state regulators, including several direct-mail companies, showed up in the Acxiom files, including Affinion Benefits Group (now called CXLoyalty/Tenerity), Endurance Warranty Services, and Mailers Haven. 

Who’s buying your data from Axciom?

Consumer Reports volunteers requested their personal data from data broker Acxiom. These are the companies the reports identified as buyers of their data.

Of the more than 100 businesses we found that used Acxiom, only a few large companies responded to requests for comment. Those few responses broadly defended their use of the data as an important marketing tool. CalMatters and The Markup are publishing the remaining responses here.

“We leverage consumer data to help improve the efficiency and effectiveness of our marketing outreach,” said Farmers Insurance spokesperson ​​​​​Luis Sahagun, “and are committed to responsible use of any consumer information we may obtain from third parties.”

Marketing lists, loan offers, and patient risk scores

Companies often use personal data like Acxiom reports to identify potential new customers and find out about their household finances and key life events, such as the birth of a child or the death of a spouse. In turn, banks, insurers, and pharmaceutical companies can group, or “segment,” customers into small buckets — a new parent or widower, for example — and tailor advertisements or offers down to just a handful of people. 

Case in point: HealthVerity, a Philadelphia-based venture capital-backed startup that markets itself as the nation’s “largest healthcare data ecosystem,” was listed as a buyer in every Acxiom report we reviewed. It sells deidentified patient data to companies and government agencies, including the Centers for Disease Control and Prevention and, in several case studies posted on its website, insurers and pharmaceutical companies buy HealthVerity’s patient data to find medical research participants, build marketing lists, and link patient health records across different data sources.

But HealthVerity also markets an insurance underwriting product that helps produce “risk scores” and predictions for health, life, disability, and workers’ compensation insurers. And as part of its product list, HealthVerity offers another marketing product with more than “1,000 attributes from providers typically not available, such as Acxiom, Epsilon, Adstra and others. With these sources, you gain more granular demographics, including race data, consumer behavior, online activity, socio-economic profiles, lifestyle and digital media preferences.”

Acxiom’s privacy disclosures clearly state that its data can’t be used for insurance underwriting under the federal Fair Credit Reporting Act but HealthVerity’s products could fall outside that legal definition, as it’s billed as a “healthcare analytics” company, not a credit reporting agency, experts say. HealthVerity didn’t respond to a request for comment.

“There are a lot of holes in this Swiss cheese of privacy law,” said Ari Ezra Waldman, a professor of law at the University of California, Irvine, who studies the data economy.

U.S. privacy law can protect personal data in some contexts — say, when your FICO score and current debts are used for a credit check. But for certain kinds of health data, those laws can fall short. For example, while the federal Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, or HIPAA, protects most kinds of patient health information, daily measurements of someone’s heart rate, step count, and sleep held by a tech company like Apple or Garmin don’t have the same restrictions.

Other companies with spotty track records in handling consumer data show up repeatedly in the Acxiom and Epsilon files. OneMain Financial, a subprime personal lender, shows up as a buyer in several reports; in March, OneMain was sued by 13 state attorneys general for allegedly packing its loans with an estimated $826 in hidden fees and interest per borrower. 

Centene Corporation, the largest Medicaid managed care company in the world, has been sued by California and several other states for allegedly inflating its pharmacy costs and then overcharging state Medicaid plans. 

Janssen Pharmaceuticals, the Johnson & Johnson subsidiary listed in every Acxiom report we reviewed, has paid out billions of dollars in settlements for allegedly violating federal laws regarding off-label drug marketing and physician kickbacks. 

When personal data is used to market costly financial products, the effects on vulnerable consumers can be disastrous, such as when personal, home, or auto loans are targeted to those in financial trouble, often with onerous terms, said Lena Cohen, a staff technologist at the nonprofit Electronic Frontier Foundation who has studied the data broker industry. 

“The extremely personal data we see in these files doesn’t appear out of nowhere,” Cohen said. “There is a network of companies and tech that have to share this data for a data broker to collect it. And it can have real harms.”

The personal data reports also contain dozens of examples of inaccurate info that data brokers glean from public records. Those errors “poke a hole in the argument that we need these surveillance systems for advertising to work,” Cohen said. 

There are a lot of holes in this Swiss cheese of privacy law.

Ari Ezra Waldman, University of California, Irvine School of Law

Many of the early participants in the Consumer Reports effort are particularly mindful about protecting their privacy, and Reed, the Oregon consumer, is no exception. She is so aware of her personal data that she still uses a flip phone. “I hate marketing and advertising,” she said. “I always have ad-block and I try to be conscious of my own data privacy.”

That didn’t stop Acxiom from attempting to catalog her habits. Some information was wrong, and some was right. Her listed addresses seemed to mix her up with her parents, for one. But the company was correct about her spending habits.

The Acxiom reports also include what critics say are artful examples of the company employing coded language to otherwise describe racial, ethnic, and health information that would otherwise be protected from disclosure and use by federal and state laws. One report scores a consumer’s “assimilation level” as “3+ generations in the US.” Others rate “health conscientiousness,” the “likelihood to be a smoker,” and “social setting behavior.”

“We don’t actually know what goes into these kind of vague terms,” Waldman said. The assimilation score is likely “getting at things like race, ethnicity, immigration status, things that we don’t normally like to discriminate on.” But the vague terms used by data brokers “are there to hide the true nature of what’s going on — and to sanitize it, to legitimize it.”

Sherry Hamilton, a spokesperson for Acxiom, said in an emailed statement that the company works to ensure “all data is sourced ethically, used responsibly, and protected securely.” She said the company works with “data suppliers” credentialed by Acxiom to ensure users are given “appropriate notice and choice” in how their data is collected.

The reports collected by Consumer Reports and viewed by CalMatters and The Markup were furnished to provide unfiltered transparency, she said, while clients the company works with are given a more refined, and accurate, data set. 

She added that health-related categories in the data do not indicate a person has an illness but only that they “may be interested in information about a condition, treatment, or product” and that assimilation level is “a household-level score and does not indicate an individual’s race, ethnicity, or immigration status.” Under the law, she said, companies that purchase Acxiom data may not use it to determine qualification or the price of credit and insurance. 

“Acxiom is fundamentally committed to ethical data practices,” Hamilton said.

A multi-billion-dollar industry

Acxiom dates its start back to the 1960s, as an American analytics company called Demographics Inc. According to the New York Times, the company in its early years mined telephone directories to help the Democratic Party find voters’ addresses and mail them campaign material. Since then, the company has ballooned into a data-gathering behemoth. 

Acxiom’s massive data stockpile translates to massive revenue. According to its latest quarterly report, Acxiom’s parent company, Interpublic, took in $2.5 billion in one quarter this year.

But Acxiom is just one part of an even-more-sprawling industry harvesting consumer data with little oversight, and one that few people even know about.

The sale of personal information has become common enough that many companies legally qualify as data brokers even if they are not known as such and focus on other activities. They are part of a sector generally valued at hundreds of billions of dollars and expected to grow. Data brokers are now major political players, too, spending big money on lobbying to influence legislation. 

To build their databases, data brokers broadly rely on three types of data, according to Justin Sherman, a scholar-in-residence at the Electronic Privacy Information Center who formerly ran a research program on data brokers at Duke University. Those ways are data obtained directly, indirectly, and through inference.

Companies may get data directly by, say, gathering it through an app that they offer their customers, or buying a smaller company and integrating that data into their systems. Some of these companies may resell that data to brokers for their databases as well.

Public information, like property records, marriage certificates, and court filings are some of the means data brokers can use to gather data indirectly. Acxiom itself has acknowledged getting data through these means. 

Inferences are the ways a data point might lead a broker to determine something else about a person, Sherman points out. Those inferences can be especially invasive. If a person has a Christian news app, the company might infer their religion, or a gay dating app might lead them to infer a person’s sexual orientation. Companies might not be able to collect data on children legally, but they can infer which households might have a toddler.

If a data broker has a person’s geolocation data, they might see them visit a military base, or a school, or a medical specialist.

“From that I can derive all kinds of information about other characteristics: finance, health, demographics, religion,” Sherman said.

The data a broker obtains can be accurate or not, and may cause problems for the person being profiled either way. If it’s accurate, the data can give companies an unsettlingly detailed window into someone’s life.

But if it’s not accurate, the person might face harmful consequences, too. Faulty data on their driving practices, for example, could lead to unfairly increased insurance rates. 

And most consumers have little recourse to stop companies from collecting their data.

Data brokers and the law

Absent a comprehensive federal privacy law, some states have taken measures into their own hands. 

Four states — California, Oregon, Vermont, and Texas — have passed transparency laws that require companies to register as data brokers if they meet certain requirements. Some laws, like in California, require data brokers to provide consumers with a way to access and delete their information. California this year rolled out a new website enabling residents to tell hundreds of brokers to stop tracking them and selling their information; CalMatters and The Markup have a guide for how to file that request.

Lawmakers are increasingly worried that personal information collected by brokers and others will fuel discriminatory pricing; at least 30 states this year, including California, have considered bills regulating how companies offer multiple prices for the same product. 

But compliance with the regulations is uneven: a report this year by Privacy Rights Clearinghouse and the Electronic Frontier Foundation found that hundreds of companies appeared in one state’s database but not others’, despite similar registration requirements. 

It’s not clear how many companies that qualify as data brokers under these laws fail to register in a database at all. “The data broker industry is way underregulated,” Sherman said. 

The companies’ practices, he points out, raise serious questions about the boundaries of privacy rights and civil liberties.

There’s little to stop brokers from amassing profiles through more and more invasive means, then passing that data to whoever they see fit. Government agencies, meanwhile, have been known to purchase data from brokers as well. With this method, agencies like the National Security Agency have reportedly been able to bypass getting a warrant for information on a person. 

In response to criticism, data brokers argue that their practices are legal, and that they get consent to transfer and sell consumers’ data. If you sign up for a store’s loyalty program, for example, the fine print might include allowing the company to give your data to outside parties. But as Sherman points out, few people have ever heard of these companies, or could remember agreeing to having their data sold. 

“The notion that a data broker gets consent to sell someone’s data to clients flies in the face of years of academic peer-reviewed research, polling, news reporting, and people’s personal experiences,” Sherman said. “People are not actually consenting to this, so that notion is fanciful.”

This story is coreported with Consumer Reports. 

In several states, new privacy laws are forcing brokers to disclose the companies that bought your data. So we asked for volunteers to request their personal data reports from the world’s largest data brokers. Hundreds of people responded.

Each report typically contained a detailed profile: names, addresses, Social Security numbers — along with more than a thousand educated guesses and predictions about your traits and habits.

 Your data isn’t just sitting there. These reports show that it’s constantly accumulating, endlessly analyzed, and routinely sold off — to more than 100 of the largest companies in the U.S., among many others.

What’s in your data report?

A lot. These profiles show the last time you logged into your computer and how much you’ve spent on clothes, furniture, and dining out over the past several years.

Data brokers like Acxiom, Epsilon and others routinely sweep up the digital trail you leave behind and turn it into thousands of predictions about you and your purported traits, including things like: 

• How many children you have, and their ages and genders
• Whether you’re “blue collar” or “white collar”
• If you’ve ever been a victim of fraud

But much of the data is wrong. One report listed six different guesses about someone’s age.

Your profile starts with who you are.

Data brokers maintain files on almost everyone. Acxiom says it has profiles of roughly 95% of U.S. adults. Epsilon claims to have data on “virtually every marketable U.S. household.”

Data brokers source data from public records, commercial databases, and other brokers.

They compile those records into a file that follows you throughout your life — and even after you die.

Your devices give you away.

Your phone’s “advertising ID,” your smart TV’s tracking identifier, your home’s IP address, and your car’s vehicle ID number — data brokers can have them all. 

These identifiers let their clients match you to your online behavior — across every phone, tablet, computer, car, and television you own.

You’re assigned an economic value.

While data brokers typically don’t have access to your bank account, they can guess what you earn, what you’ve saved, and what you’re worth.

This is all “modeled” behavior based on where you live, your previous purchases, and what similar consumers to you are worth.

Your identity and health are inferred.

Without access to your medical records, data brokers infer how well you sleep, if you smoke, your body mass index, and if you have health insurance.

They can also guess your religion, ethnicity, political leanings, and even the exact ages of your children.

These inferences are then sold to pharmaceutical companies, healthcare firms, and insurers.

What you’ll do next is already predicted.

Data brokers score your likelihood to buy things from hundreds of brands. They predict what car you’ll buy next, where you like to eat, and whether you’re in the market for cryptocurrencies.

You’re assigned a ‘lifetime value score’ and a ‘profit margin’ label

Your data is valuable to companies. 

A bank can use it to send you a credit card offer — with a better (or worse) sign-up bonus based on your profile. A home insurer can target you for new add-on coverage. Your favorite clothing store can use it to personalize the price of a sweater just for you.

To this end, Epsilon predicts your income, investments and “life cycle,” grouping people into one of 26 “NICHES” codes, such as “Easy Street,” “Mid Life Munchkins” and “Big Spender Parents.” It also categorizes people into how profitable they are to companies, using labels like “Best Profit Margin.”

Acxiom calculates a “lifetime value score” estimating your profitability as a customer. 

For auto, home, and health insurers, this score ranges from 0 to 200,000, with higher scores suggesting you’re more profitable. 

Acxiom then attaches dozens of labels to you, such as “Seniors ages 64+ years, with a medium ability to pay for medical expenses,” “3+ Generations in the US,” and “Completed High School.”

Here’s who’s buying your data.

The reports don’t just show what was collected. They name every company that purchased your profile.

Across the reports we reviewed, we identified hundreds of buyers.

Who’s buying your data?

Consumer Reports volunteers requested their personal data from data brokers Acxiom and Epsilon. These are the companies the reports identified as buyers of their data.

Here’s what buyers do with your data.

Once your profile reaches corporate buyers, it becomes the raw material for decisions that directly affect your day-to-day financial life.

Insurers use it to gauge the health of your company’s employees and then prepare health insurance quotes and premiums. 

Personal lenders use it to identify you as someone who may need a financial lifeline or is in the market for a car. But these loans may have bad terms and high interest rates.

Banks use it to market financial add-on products you may not need, like identity protection and credit monitoring.

Opting out is harder than you think.

Data brokers get most of their data from other companies, not directly from you. 

You never signed up. 

It’s debatable whether you even meaningfully consented.

And opting out only removes your data from one broker — it doesn’t erase the copies that have already been sold to dozens of others.

For more on who’s buying your personal information from data brokers, and what they’re getting, see our full investigation.

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Carlos Alcaraz está de vuelta en el circuito. Después de cuatro aciagos meses, alejado de las pistas por una lesión en la muñeca, el tenista murciano regresó con fuerza en el US Open de 2026. El español defendía título en Nueva York y no se quedó lejos: cayó en los cuartos de final en un apretado partido ante el local Ben Shelton, que terminó cediendo en la final del major estadounidense ante el alemán Alexander Zverev. 

Lo mejor para el murciano fueron las sensaciones. “Me voy de la pista contento. Me voy con una sonrisa, sano, y esto es lo que necesitaba”, aseguró a los periodistas tras ceder en cuartos de final. 

Y no escondió su alegría por volver a competir, independientemente del resultado. “Eso es lo que echábamos de menos: las batallas, intentar pasar por encima del rival, cuando las cosas no van bien buscar las soluciones. Y hoy ha pasado un poco de todo y con eso nos quedamos, porque lo hemos echado de menos”, argumentó el tenista de El Palmar. 

Superada la aventura neoyorquina, Alcaraz mira a los torneos que faltan por disputarse en los últimos meses de 2026: Laver Cup, Tokio, Masters 1000 de Shanghái, Rolex Paris Masters, ATP Nitto Finals, Copa Davis y el controvertido Six Kings Slam, al que ya ha confirmado que asistirá. 

Calendario de Alcaraz en lo que queda de 2026

Tras la celebración del US Open 2026, el primer torneo que aparece en el horizonte es la Laver Cup, un torneo ideado por el suizo Roger Federer y en el que se enfrentan tenistas europeos y jugadores del resto del mundo. Será en pista cubierta y se celebrará en el O2 Arena de Londres del 25 al 27 de septiembre. Ahí sí estará Alcaraz, pero no Jannik Sinner, que sigue recuperándose de sus problemas en la rodilla. Además, el equipo europeo contará con otro español, el madrileño Rafa Jódar. 

Luego vendrá Tokio, del 30 de septiembre al 6 de octubre, que dará inicio a la gira asiática. En el torneo podríamos ver la vuelta de Sinner, al que le tocará defender el número 1 del ranking ATP de aquí a final de año. Sin embargo, el italiano aún debe confirmar su participación. Después, vendrá el Masters 1000 de Shanghái, del 7 al 18 de octubre. 

En la agenda de algunos tenistas aparece el Six Kings Slam (del 21 al 24 de octubre). Pero aquí no estarán todos. Se trata de un pomposo torneo de exhibición de tenis que se celebra en Riad y que tiene como principal aliciente los premios económicos que reciben sus participantes, sobre todo el ganador. 

Después, el tenis vuelve al continente europeo. París acogerá su torneo de pista cubierta del 2 al 8 de noviembre. Luego vendrán las ATP Nitto Finals (del 15 al 22 de noviembre), conocido popularmente como el Torneo de Maestros, donde participan los ocho mejores tenistas del ranking ATP. El escenario: Italia. Por último, 2026 se cerrará con la Copa Davis, aún sin tenistas por confirmar. 

La constructora Albaluz, a cargo de la familia De Andrés, se queda con los lotes de vivienda protegida en La Torre, una de las pedanías de València afectadas por la dana de octubre de 2024. La firma valenciana construirá 360 viviendas en tres torres en el marco del Plan Vive de la Generalitat Valenciana, tras un concurso al que se han presentado numerosas firmas. Es la mayor licitación de suelo público hasta la fecha.

El proyecto para Sociópolis cuenta con medidas específicas de adaptación frente al riesgo de inundaciones, teniendo en cuenta los episodios derivados de la DANA de 2024 y las nuevas condiciones urbanísticas planteadas para este ámbito. Este ha sido uno de los puntos determinantes para que consiga una mayor puntuación, según explica la promotora en un comunicado. Los tres edificios se proyectan con una planta baja elevada 1,50 metros, de forma que el basamento contribuya a proteger el inmueble y, al mismo tiempo, se integre en el espacio urbano.

La firma alcanza las 954 viviendas en construcción en La Torre y Alfafar y ya tiene otras seis promociones en la ciudad. “En La Torre hemos planteado una arquitectura capaz de aprender de lo ocurrido en Valencia, anticiparse a posibles escenarios futuros y ofrecer hogares más seguros y resilientes”, señala Sebastián Moreno, CEO de Albaluz, en un comunicado. Al concurso se presentaron SFI Consulting, Atitlan, Ática y Edicover.

Albaluz también aborda la construcción de 77 adosados con piscina y zonas comunes junto al Puerto de València, a cambio de entregar 10 de ellos a la Generalitat Valenciana. a compañía ya había resultado adjudicataria de diferentes proyectos del Plan Vive en Valencia y Alicante que suman alrededor de 240 viviendas, entre actuaciones previstas en La Punta, Elche y Rabasa.

La propuesta de La Torre incluye zonas comunes con plazas ajardinadas y piscina, además de zonas comunes en cubierta, sujetas a la normativa urbanística. Las cubiertas incorporarán pérgolas que integrarán las instalaciones fotovoltaicas y que, al mismo tiempo, proporcionarán sombra a los espacios comunes. En la parcela R-14, la planta de acceso se plantea como una plaza elevada vinculada al espacio público y al uso terciario del edificio, reforzando la relación entre el residencial y el barrio.

Roger Español, el votante del 1-O al que un agente de la Policía Nacional reventó el ojo con una bala de goma, ha asegurado que los policías no corrían “ningún riesgo” ni estaban siendo atacados, por lo que ha atribuido el disparo a “una represalia” por haber tratado de impedir la intervención policial.

Con la declaración de Roger Español ha comenzado este miércoles en la Audiencia de Barcelona el juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional acusados de reventarle un ojo con una bala de goma que dispararon tras incautarse de las urnas y papeletas en el colegio Ramon Llull de la capital catalana.

Español ha admitido que lanzó a la calzada unas vallas que encontró en una obra para impedir el avance de los policías al siguiente punto de votación, sin dirigirlas a ningún agente, pero ha insistido en que cuando los antidisturbios dispararon la bala de goma que le segó el nervio óptico ningún manifestante suponía una amenaza ni había lanzamientos a la línea policial.

El contexto en el que se produjeron los disparos es uno de los elementos centrales para el tribunal, que deberá evaluar si estaban justificados o no. Tanto la Fiscalía como las defensas de los uniformados enmarcan los lanzamientos que dejaron sin ojo a Español en un uso progresivo de los medios policiales para intentar dispersar a los concentrados (primero con porras, después con salvas y, finalmente, disparos).

En cambio, las acusaciones del caso (la de Español y las populares de Irídia y Òmnium) consideran que los disparos no estaban amparados ni por la situación en la calle ni por acciones de violencia contra los agentes, y que fueron un castigo a los concentrados que se oponían a la intervención policial de urnas y papeletas.

En la sala de vistas se han revivido las escenas de las cargas policiales para impedir la votación, en el único caso que llega a juicio por la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el referéndum: los cuatro agentes, que afrontan penas de hasta trece años de cárcel, quedaron fuera de la amnistía al estar acusados de un delito de lesiones con afectación a un órgano vital. La Fiscalía, sin embargo, pide su absolución al considerar que actuaron en cumplimiento de su deber de incautarse de las urnas del referéndum.

A preguntas de su abogado, Benet Salellas, Español ha narrado los hechos del 1 de octubre y las secuelas tanto físicas como psicológicas que ha sufrido. La lesión en el ojo truncó sus estudios de música (toca el saxofón) y tanto su hijo como él tuvieron que recibir ayuda psicológica, tratamiento que, en su caso, sigue a día de hoy debido a los efectos de la mutilación y su autopercepción.

La lesión que sufrió en el ojo, que le dejó secuelas visibles, supuso un impacto en la seguridad que tenía en sí mismo y consecuencias concretas: Español ha relatado al tribunal que desde que la Policía le dejó sin ojo tuvo dificultados para dar clase de música a sus alumnos o subirse a un escenario, por lo que buscó otro trabajo como conserje en un instituto.

Los partidos de la oposición en Galicia consideran insuficientes las explicaciones dadas hasta el momento por la Xunta tras conocerse que la bodega de la familia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y dirigen su mirada también hacia el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. El BNG lo acusa de estar “escondido” por no haber respondido a ninguna pregunta ni haberse pronunciado en público sobre el asunto y el PSdeG le pide que aclare si conocía la situación de la empresa de la familia de González.

La líder del BNG, Ana Pontón, calificó de “auténtico escándalo” que la empresa familiar del conselleiro que está encargado de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y que lleva las políticas sobre personas migrantes haya sido sancionada por contratar a dos sin papeles para la vendimia de 2025. Considera que es “gravísimo” el hecho en sí, pero también que el conselleiro “pretenda echarles la culpa a esos trabajadores”, algo que tacha de “obscenidad”. Se refiere a que, González señaló en sus declaraciones a una empresa de trabajo temporal (ETT) por proporcionar a estos trabajadores y aseguró que la denuncia que la empresa de su familia interpuso es por “usurpación de identidad” contra estos temporeros, no contra esa ETT.

“La pregunta que me hago es dónde está el señor Rueda, que está escondido y no dice nada de este tema”, agregó Pontón, que le ha exigido que tome una decisión: “O avala este comportamiento o procede al cese de un conselleiro que, desde nuestro punto de vista, está inhabilitado de facto para su cargo”. También cargó contra la postura en contra del PP con la regularización de migrantes: “Sabemos que, para el PP, los inmigrantes hay que tenerlos de manera irregular para poder explotarlos”.

Por su parte, el PSdeG ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia que incluye varias preguntas sobre las ayudas públicas recibidas por la empresa familiar del conselleiro desde 2009 y una petición para que comparezca en la Cámara autonómica. Las explicaciones dadas hasta ahora, dicen los socialistas, son insuficientes. La diputada Carmen Rodríguez Dacosta recuerda que, aunque González y la bodega familiar atribuyen la responsabilidad a la ETT, la Inspección de Trabajo dirigió su actuación contra una empresa del grupo de la familia.

En el Parlamento, recalcó Rodríguez Dacosta, “no se le pregunta como hermano, sino como conselleiro de Emprego”. En las preguntas registradas en PSdeG pide saber la calificación de las infracciones y la cuantía de la sanción, además de la fecha en la que el conselleiro tuvo conocimiento de la actuación de la Inspección y si informó al presidente de la Xunta de lo ocurrido. “Primero pedimos explicaciones. Si las que dé en el Parlamento no convencen, exigiremos responsabilidades”, dijo la diputada.

Los participantes del Festival de las Ideas que forzaron ayer la salida de Allianz como patrocinador del evento, celebran la decisión tomada por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, aunque lamentan que el comunicado oficial que emitió ayer la organización “no mencione ni el motivo del apartamiento ni, sobre todo, el fondo de la cuestión, el sufrimiento del pueblo palestino”. Un punto que la organización del Festival ha matizado posteriormente con un nuevo comunicado.

Por otro lado, la ruptura de Allianz ha sido criticada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, amenazando con replantear su colaboración con el festival a partir del año que viene.

Ayer martes, más de 30 referentes del mundo de la cultura consiguieron la salida de Allianz como patrocinador, al amenazar con retirar sus nombres del cartel a dos días de la celebración del evento si ese gigante de los seguros no retiraba su apoyo económico a este evento cultural. La aseguradora se encuentra señalada en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese al ser la mayor compradora de bonos del Estado israelí.

“El festival debe seguir siendo un espacio dedicado al intercambio libre de ideas, al debate abierto y a la diversidad de perspectivas, sin que ninguna controversia externa desvíe la atención de su programación, sus participantes o su público”, dijo la organización.

A los ponentes, entre los que se encontraban Rodrigo Sorogoyen, Alana S. Portero, Javier Gallego ‘Crudo’, Nerea Pérez de las Heras, Rodrigo Cuevas o Inés Hernand, no les ha gustado que su acción fuera definida como una “controversia externa”. “Ni las personas que nos negamos a compartir un espacio bajo la marca de Allianz somos una controversia externa, ni mucho menos lo es el genocidio en curso en Palestina”, dicen. Para ellos, el genocidio en Palestina es “el centro mismo del debate” y critican que no fuera ni siquiera nombrado en la respuesta del Festival. 

Quizá por ello, el Festival de las Ideas, un evento gratuito sobre pensamiento y cultura organizado en plazas y espacios de Madrid, ha emitido hoy una nueva comunicación en la que matizan la que ha suscitado las quejas del grupo de ponentes. 

La dirección afirma que “la defensa de la dignidad y los derechos humanos han sido valores esenciales del Festival”. “La programación vuelve a reunir voces que se han pronunciado públicamente sobre el genocidio en Palestina y que han hecho de las fronteras, la violencia y la defensa de los derechos humanos parte de su pensamiento y su trabajo”, señala. “Lo ocurrido estos días también nos obliga a revisar, aprender y pensar cómo hacemos y financiamos la cultura”, añade.

Los ponentes también han pedido que la dirección del Festival aclare si “renuncia al dinero de la empresa” y si se “compromete a no contar en el futuro con ninguna otra compañía que viole los derechos humanos”.

La amenaza de Almeida

La salida de Allianz como patrocinador del Festival de las Ideas ha sido criticada este miércoles por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha avanzado que el Ayuntamiento de la capital “se replantea total y absolutamente la colaboración y la participación de cualquier manera en este festival” a partir del año que viene, a la vez que declara estar “profundamente decepcionado” con los organizadores, el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica.

“Un festival en el que no caben las ideas o en el que se señalan sin mayores fundamentos y sin mayores pruebas y lo que hay es una cancelación y lo que se achica es precisamente el debate sobre las ideas. El Ayuntamiento de Madrid cree que no tiene sentido que nosotros tengamos que dar un apoyo, un soporte institucional”, ha amenazado en declaraciones a los medios durante un acto en el barrio de Letras.

Almeida considera que la “cancelación” de Allianz “no se corresponde con lo que es una ciudad tan abierta como Madrid, y tan abierta en cuanto al debate de las ideas”. La posible salida del Ayuntamiento de Madrid no afectará a esta edición de 2026 porque “hay una serie de convenios firmados” que no permitirán “tomar medidas” en este sentido, ha aclarado el alcalde.

Un terremoto de magnitud 3,1 mbLg y con epicentro en Ogíjares se ha dejado sentir de forma amplia entre la población este miércoles por la mañana, a las 9,54 horas, en Granada capital y en varios municipios de su área metropolitana. Se trata del cálculo definitivo ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en sus canales de difusión, consultados por Europa Press, y que sitúa el seísmo como superficial.

El terremoto no habría producido afectaciones de carácter grave ni en la capital ni en los pueblos del cinturón. Así se deduce, en primera instancia, tras consultar a los Servicios de Emergencias del 112, que han recibido una decena de llamadas pero, según indican, no han tenido que movilizar medios o recursos por afectaciones de carácter grave.

Fuentes municipales de localidades del área epicentral también consultadas por Europa Press como Granada capital, Armilla, Las Gabias u Ogíjares han confirmado que, en principio, no ha habido llamadas para atender situaciones de urgencia. Tampoco ha recibido avisos por emergencias la Policía Local de Granada, que señala que tiene unidades en prevención pendientes de cualquier novedad.

Sobre el terremoto, el IGN señala que ha tenido magnitud III, es decir, débil, y especialmente sentido por personas que están dentro de edificios y/o en reposo que sienten un ligero temblor. Además, el instituto ha recibido reportes que indican que el terremoto se ha sentido en Vegas del Genil, Armilla, Atarfe, Monachil, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Dílar, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena y Otura, entre otros.

El temblor se ha producido en el marco de la serie sísmica de Alhendín (Granada) que comenzó el pasado 14 de agosto y que tuvo sus dos terremotos más fuertes los días 15 y 18 de aquel mes, de magnitud 4,8 Mw. Desde aquellos días han sido más de 1.500 los terremotos registrados en el área epicentral, si bien la gran mayoría no han sobrepasado, salvo contadas ocasiones, magnitudes de en torno a 2 mgLg.

Se da la circunstancia de que este pasado martes se ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie sísmica.

La serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana, si bien este miércoles por la mañana se ha sentido el referido terremoto de 3,1 mbLg.

Además, este pasado martes el Consejo de Ministros ha declarado la provincia de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil --lo que se conocía como zonas catastróficas-- por la serie sísmica del pasado agosto, cuya gravedad ha destacado tanto “por su persistencia temporal como por la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes”.

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Silvia Rojas, la fiscal de Ceuta asignada a la causa abierta en esa ciudad autónoma para investigar los fallecimientos de migrantes durante la entrada masiva del pasado 30 julio emitió un informe el pasado 9 de septiembre en el que apoyaba que el asunto recayera en la Audiencia Nacional. En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal se muestra favorable a que se investigue la conducta en esos días críticos del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para conocer la información de la que disponían las autoridades españolas y las medidas que se adoptaron. Cree que se debe indagar en “la relación causal” que puede haber “entre tales decisiones u omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados”.

La fiscal considera que la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón y el fiscal jefe de ese tribunal especial, Jesús Alonso, deben poner el foco no solo en quién está detrás de que se produjera esa entrada masiva de migrantes (la cifra que se baraja es de 80.000 personas) sino también en la conducta del delegado del Gobierno. En concreto, cree necesario conocer “las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes”.

Para la fiscal, las diligencias abiertas en Ceuta relativas a los fallecimientos producidos durante la travesía a nado desde la playa de Fnideq hasta la de El Tarajal “no pueden valorarse de manera completamente desvinculada de la investigación sobre la organización, convocatoria y ejecución del flujo masivo de personas”. Explica que determinar las circunstancias de tales fallecimientos “puede exigir esclarecer, entre otros extremos, cómo se produjo la movilización, quiénes la promovieron o facilitaron, qué instrucciones se impartieron, qué medios se utilizaron y cuál fue la incidencia de las actuaciones desarrolladas en el territorio español”.

Entiende así que todo tiene una relación directa con el objeto de la investigación asumida por Tardón y, tras citar el auto por el que la magistrada asumía la competencia, explica que la investigación “no se limita a los actos de convocatoria o planificación desarrollados fuera de España, sino que comprende también las actuaciones realizadas en territorio español y las conductas relacionadas con el desarrollo y las consecuencias de la entrada masiva”.

“Por ello, las denuncias presentadas en las presentes Diligencias Previas no se limitan a poner en conocimiento hechos aislados relacionados con la entrada masiva de personas a nado, sino que se refieren también a la conducta, intervención y eventual responsabilidad del Sr. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo”, abunda.

La fiscal considera que esas decisiones u omisiones producidas en Ceuta por Delegación del Gobierno “pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”. “La actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno, forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación”, señala en los razonamientos jurídicos.

Entre los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta existe una comunicación vía mensajería entre el CNI y la Delegación del Gobierno en la que se alertaba el 29 de julio de una convocatoria por redes sociales para una entrada masiva. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h. Aprovechando fiesta del trono y q [sic] sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores”, explicaba un agente del CNI al Gabinete de la Delegación en una sucesión de tres mensajes.

A los dos días de que trascendieran esos mensajes, Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta presentó su dimisión. Según los documentos secretos desclasificados Sanz fue quien recibió esos mensajes de WhatsApp de un miembro del CNI.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Tardón señalaba que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”.

Precisamente, este martes se conoció que el juzgado de Ceuta acordaba inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en relación con la entrada de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, que instruye la investigación principal sobre estos hechos.

El proyecto de ley de Presupuesto 2027 contempla una inflación promedio del 21,1% y una variación interanual del 18,0%, junto a un crecimiento de la economía del 4,0%. Para el tipo de cambio, el Gobierno estima que el dólar llegará a los $1.847,6 al cierre del próximo año, lo que representa una suba del 15,5%.… Continue reading Presupuesto 2027

Los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindaron una conferencia de prensa para anunciar que ampliaron su reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con una prueba que consideran «trascendente» y que, según sostienen, podría cuestionar uno de los… Continue reading CFK. Nueva prueba contra su condena en Vialidad

El uso de maquinarias fabriles anotó una nueva caída interanual en julio y fue del 58,2%, es decir 0,2 puntos por debajo del mismo mes del 2025, que, vale destacar, había sido el peor julio de la serie histórica, sin contar el del 2020 de parate pandémico. Así, en lo que va del año la… Continue reading Industria. Cae uso de capacidad instalada

La sobrepoblación en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal sigue creciendo y ya alcanza un 7 por ciento con respecto a la capacidad formalmente declarada por el sistema. Así se desprende de un nuevo informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que da cuenta de una problemática que viene creciendo de forma sostenida… Continue reading Sobrepoblación carcelaria

La sección tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el decreto para la normalización del euskera aprobado en febrero de 2024 por el Gobierno vasco, entonces con Iñigo Urkullu como lehendakari y Bingen Zupiria como consejero del ramo. La sala, compuesta por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, atiende un recurso de Vox pero aclara que la decisión es por defectos de forma —la insuficiencia de una memoria económica— y no por cuestiones de fondo. El fallo no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El texto, que venía respaldado expresamente por consejeros de PNV y PSE-EE, excluyó en su redacción definitiva algunos puntos espinosos que habían sido objeto de recursos judiciales en el pasado. Regula el impulso del euskera en la Administración vasca, incluidos los funcionarios de Lakua pero también organismos como la Ertzaintza y Osakidetza y sociedades públicas, unas 140.000 personas. Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de modo regular las normativas de impulso a la lengua vasca. En paralelo, colectivos de la denominada 'euskalgintza' y fuerzas como EH Bildu e incluso algunos sectores del PNV han denunciado una “ofensiva” contra el euskera.

Esta resolución llega a pesar de que, en verano, el Tribunal Constitucional inadmitiera una cuestión de inconstitucionalidad del Superior vasco contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, de nuevo por procedimiento instado por las derechas. En aquel momento, aunque se conocía que quedaban recursos pendientes, el Gobierno vasco dijo ver respaldada su política lingüística. Políticamente, el PNV promovió también un retoque de la norma de 2022 en busca de seguridad jurídica, aunque en esta ocasión sin consenso con los socialistas, su socio de Gobierno. Esa nueva ley requiere precisamente otro decreto en el que ya trabaja el Ejecutivo. Ahora Zupiria es consejero de Seguridad y la responsable de Política Lingüística es su compañera de gabinete Ibone Bengoetxea.

¿Por qué se anula el decreto? El Superior entiende que el Gobierno no atendió un informe con reparos de la Oficina de Control Económico, un órgano interno, que en un dictamen “amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos” alertó de algunos problemas sobre las consecuencias financieras del reglamento. A partir de ahí, se afea al Gobierno que dijera que el decreto inicialmente no iban a tener repercusión económica y que luego presentara una memoria económica insuficiente. Se menciona, por ejemplo, que se “evidencia” la “ausencia de los necesarios créditos presupuestarios” para hacer frente a las exigencias. En definitiva, no entra como tal al fondo de la política lingüística o a valorar si las medidas de impulso del euskera son o no acertadas, sino a afear la forma de trabajar del Ejecutivo vasco.

La coalición militar liderada por Arabia Saudita aseguró este miércoles haber destruido un dron lanzado hacia la ciudad santa de La Meca por los hutíes de Yemen, un grupo apoyado por Irán que desmintió el ataque. Después de años de calma, Yemen se vio arrastrado en julio al conflicto regional, desencadenado a finales de febrero… Continue reading Drones sobre La Meca