Entre el mosaico de mantas y siluetas que cada noche cubrían las aceras de las proximidades del embolsamiento de Loma Colmenar (Ceuta), las primeras cabezas se destapaban en busca de respuestas. El rugido de una larga hilera de furgones policiales empezó a despertar a los migrantes que desde hace semanas dormían a la intemperie junto a unuo de los campamentos levantados por el Gobierno en la ciudad autónoma. Un joven avisaba a su amigo tumbado de su derecha que, a su vez, despertaba al compañero de detrás. En efecto dominó, las caras de desconcierto se multiplicaban: “¿Esto es por nosotros?”, preguntaba un joven marroquí mientras doblaba una manta a toda prisa. “¿Nos llevan a un centro o a Maruecos?”.

Así arrancó la primera de una serie de reubicaciones -después de las primeras realizadas desde la playa del Trampolín hace semanas- con las que el Gobierno central, 45 después de la crisis migratoria, pretende alojar a otra parte de personas migrantes que aún malviven en las calles de Ceuta que aún mantiene la crisis humanitaria e incrementa la sensación de inseguridad entre la población local. El operativo de este domingo logró trasladar al campamento de la barriada de Rosales a 839 personas que pernoctaban en el barrio de Loma Colmenar. La presencia de cientos de personas en sus calles -llegaron a ser más mil en otros momentos- tensionó la convivencia en la zona y despertó las protestas vecinales.

No tardó en llegar la respuesta a las preguntas de los migrantes recién despertados. Abdellah, un trabajador de la ONG Cepaim, se acercó a distintos grupos de migrantes para explicar la razón de la presencia de media docena de furgones policiales a su alrededor: empezaba su reubicación a uno de los nuevos campamentos de estatales levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger e identificar a los miles de migrantes que aún malviven en las calles de la ciudad 44 días después de la entrada masiva. El objetivo final es el retorno de todas las personas cuya petición de asilo -en caso de solicitarlo- sea denegada, según ha asegurado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Con la mirada somnolienta y aún sin entender nada, Reda siguió a la masa de personas que corrían para colocarse entre los primeros que esperaban indicaciones policiales. Acumulaba tres semanas de frías noches en Loma Colmenar y no quería dejar escapar la posibilidad de dormir en un lugar seguro. Tanto corrió que olvidó una mochila negra con las pocas pertenencias que aún conserva, mientras la sombra de la desconfianza aún le inquietaba: “¿Seguro que no nos van a llevar a Marruecos? Tengo mucho miedo. No puedo volver”.

Escucharon unas palabras que ya entienden: “Vamos, vamos”. Temían las otras, las que más odian (“fuera, fuera”), pero esas no llegaron esta vez. Los agentes concentraron a más de 800 personas en la carretera y, tras ocupar todo el ancho de esta, ordenaron el inico de su marcha. El operativo consistía caminar desde el punto donde se encontraban hasta alrededor de algo más de un kilómetro, entre cuestas y algunas callejuelas estrechas de la barriada próxima a su destino: Rosales, en concreto el barrio de La Reina, donde les esperaban una decena de carpas repletas de literas con capacidad para 864 personas.

La imagen del trayecto, a pie, con cientos de personas migrantes concentradas muy cerca unas de otras, dando pasos bajo las órdenes de agentes policiales (que en ocasiones utilizaron de manera puntual sus defensas), proyectaba cierta imagen de deshumanización. Pero caminar era, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, la opción más segura y factible. Por un lado, cuentan, la concentración de un número de autobuses suficientes para trasladar a más de 800 personas podría retrasar la operación y arriesgar su seguridad. Por otro, ir a pie a primera hora de la mañana generaba cierta sensación de control en un contexto de pánico surgido entre los migrantes ante cualquier posibilidad de retorno forzado a Marruecos. “Si les llevamos en autobuses podían creer que van a la frontera y aumentar el nerviosismo. Así, andando, sabían que podían salir del grupo si no se fiaban”, explican fuentes ministeriales.

El grupo comenzó a andar bajo las directrices policiales en torno a las 7:30 de la mañana y llegó a su destino unos 40 minutos después. Sin apenas incidentes, los jóvenes ubicados en primera línea del grupo recibieron repetidos golpes por parte de la Policía Nacional cuando se acercaban demasiado al perímetro establecido por los uniformados. Uno de los chavales miraba a su alrededor con desesperación y pedía a sus compañeros de detrás que no empujasen. Él, agarrado al resto de compañeros de la primera fila, trataba de mantener el equilibrio y el lugar indicado, pero la enorme cantidad de personas acumuladas a sus espaldas se lo impedían. Y él recibía el castigo.

Pese a estos momentos y la desesperación de los jóvenes más golpeados, los agentes desplegados controlaron el trayecto en todo momento y no realizaron un uso de la fuerza desproporcionado. La priemra parte del operativo de reubicación sin incidencias a su llegada al campamento temporal, acondicionado con 864 plazas. Vislumbrar las carpas blancas tranquilizó a los cientos de migrantes que llegaban, algunos cansados y estresados, al lugar donde por fin podrán descansar sin el riesgo a ser golpeados o expulsados sin un procedimiento previo. Muchos de ellos, descalzos y con los pies doloridos, se sentaron a la espera de nuevas indicaciones, como han denunciado adultos y menores retornados en testimonios recogidos por elDiario.es.

El operativo aún no había finalizado: la Policía sentó en el suelo a la gran masa de personas en grupos más reducidos, de unos diez migrantes cada uno, y poco a poco permitía su acceso al centro. Tras la verja estaba el personal de CEPAIM, ONG encargada de la gestión del centro estatal responsabilidad de Inclusión. Tras el cacheo de cada uno de ellos, el personal de seguridad tiraba la mayor parte de las pertenencias de los migrantes, como la ropa, el agua, las mantas o la comida. “Por fin salimos de la calle”, decía un joven mientras estaba a punto de entrar al campamento. Otro reconocía estar muy cansado tras un mes y medio malviviendo en la calle. “Espero que ahora sea mejor”, añadía. Mientras, se escuchaban repetidos aplausos desde el interior de las carpas.

Próximos pasos

Ahora, los migrantes concentrados en otros de los grandes asentamientos informales (como el campo de refugiados improvisado de la playa del Trampolín, las chabolas de las naves del Tarajal) aguardan despertar pronto con un dispotivo similar. También esperan con impaciencia una plaza de acogida los jóvenes marroquíes desperdigados por las calles de barriadas de la periferia, como la de El Príncipe, Rosales o Jadú. Según el ministro Ángel Víctor Torres, con funciones de mando único, el objetivo es completar los demás traslados en “los próximos días”. De momento, el otro gran espacio estatal donde le Ejecutivo planea recibir y filiar a los migrantes que permanecen en la calle es el campamento ubicado en el puerto de Ceuta, cuya instalación ha generado protestas vecinales. Después de no haber recibido la luz verde del Gobierno local de Juán Vivas, el Ministerio de Transportes tomó el control del puerto y ordenó la instalación de dos campos, con una capacidad de unas 1.700 plazas.

Este sábado, varios obreros trabajaban contracorriente en la instalación del suelo de una de ellas, pero aún quedaba levantar dos carpas más en el espacio más grande del terreno destinado en el puerto para recibir a los migrantes. “Quedan dos carpas más”, dijeron los empleados a elDiario.es. Se espera que, en cuanto finiquiten su construcción, el Ministerio de Inclusión prepare un dispositivo similar para desalojar algunos de los grandes asentamientos de migrantes que permanecen en Ceuta un mes y medio después de la llegada de más de 70.000 migrantes a la ciudad.

Mientras se aceleran los traslados de adultos migrantes a los centros estatales, los centenares de menores solos que continúan en situación de calle siguen sin reibir un lugar seguro donde ser acogidos. Pese a que la normativa obliga a la Ciudad de Ceuta a asegurar la protección de cualquier niño sin la compañía de un adulto, la presencia de niños en los asentamientos informales es constante. Mohamed se enteró de la apertura de un nuevo centro estatal en Rosales y corrió a tratar de pedir su entrada, pero ya estaba lleno. Además, se trataba de un centro exclusivo para adultos. “¿Solo pueden entrar los mayores?”, preguntaba el chaval. Pero, ¿qué pasa con los menores?“. Nadie a su alrededor supo contestar.

Hay un rincón en mitad del Triángulo de las Bermudas donde no existen las guerras, nadie pasa hambre y apenas hay hueco para los algoritmos de internet. En ese paraíso llamado Lyxion las decisiones las toman únicamente las mujeres, donde gobiernan sin jerarquías opresivas con la música metal como protección. Victoria Pearl, quien afirma tener más de 500 años, es una de las piratas que viven en este territorio. Aunque se trata de una zona que consta ser imaginaria para el resto, la bucanera se aferra a esta fantasía durante toda su conversación con elDiario.es. Como componente del grupo Pirate Queen, su guitarra apenas es la chispa que enciende la mecha.

Vestidas con sombreros corsarios, espadas y terciopelos de época, las artistas Raindrop Oceanus, Elizabeth Nuir Nuit, Destiny Grieflord, Ariel Coralestas y la propia Victoria Pearl han construido una leyenda que busca ir más allá de la ficción. Es razonable que los lectores cuestionen si se llaman así en realidad, si pasan el día a día en una isla o si saben navegar un barco, pero lo cierto es que el universo que defienden no solo es la historia en torno a la que giran sus canciones. Pirate Queen propone un juego de rol en el que el público de sus conciertos se convierte en tripulante y donde cada integrante encarna a un personaje con poderes, gemas de colores y personalidades bien definidas.

Lo hacen derribando muros en una escena musical que todavía no está acostumbrada a este tipo de iniciativas. Coincidiendo con la publicación de su segundo disco, Travelling Around The World, la formación, que es principalmente de raíces catalanas, defiende una etiqueta hasta ahora desconocida en el país: el metal sinfónico pirata hecho únicamente por mujeres. “En todo el mundo hay bandas femeninas que han abierto puertas, pero en España no hay tantas y de este estilo ninguna”, recalca Victoria Pearl. Ese choque, además, se hace más evidente al ver las reacciones del público cada vez que se suben al escenario.

Mientras que grupos masculinos muy reconocidos como Powerwolf llenan recintos vestidos con ropas de fantasía sin que nadie cuestione su credibilidad artística o tache su proyecto de infantil, ellas todavía se ven obligadas a ganarse este respeto por el hecho de ser mujeres. “Hay mucha gente, sobre todo hombres de 50 o 60 años, que están acostumbrados al metal clásico, por lo que su visión no suele ser muy positiva. Eso es justo lo que queremos cambiar”, enfatiza la guitarrista. En ese proceso de “acostumbrarlos”, Pirate Queen sigue soportando prejuicios machistas: “Siempre habrá quien diga el típico comentario anticuado de qué hacen estas piratas que no están limpiando la cocina del barco”.

No obstante, ellas van más allá y apuestan por un sonido más sinfónico, a diferencia de la dureza de grupos veteranos como Running Wild, caracterizado por su heavy metal. Aunque la música de Pirate Queen puede recordar a la de bandas del estilo de Nightwish, es difícil encontrar un quinteto completamente femenino. “Cuando dices metal pirata te imaginas un aspecto rudo, esperas música que sea más dura”, constata Victoria Pearl, señalando que ellas le dan la vuelta con una imagen diferente y sin intimidarse ante las críticas. “Haters va a haber en todas partes porque hay hasta en Lyxion, pero no nos preocupa para nada y estamos muy contentas”, apunta.

Su propuesta llega en un momento en el que el rock duro no pasa por su mejor momento. “La escena del metal en España está en decadencia porque hay pocos jóvenes que quieran darle un intento a esta música”, lamenta la integrante de Pirate Queen con respecto a los prejuicios que frenan a la juventud y que les lleva a juzgar antes de escuchar. “Hay gente que ha dicho: 'Bueno, es que es ruido'”, agrega, centrando la culpa en la propia industria, que se equivoca al cerrarse en el pasado. “Está tan acostumbrada a lo que son los clásicos que no da tanta oportunidad a que otras bandas se ganen su propio sitio”, cuenta a este periódico, aun con la “esperanza de que va a crecer en algún momento”.

Pese a que la artista sostiene que “el metal es un género que lamentablemente sigue predominado por los hombres”, uno de sus propósitos es agitar conciencias. El primer single de la banda vio la luz un 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un gesto que marca la base del grupo. “A través de la música todo fluye bastante más y tiene mucho más altavoz que un discurso cualquiera”, defiende la guitarrista al recordar aquel debut. A pesar de que reconoce que hay oyentes que prestan poca atención a las letras, confía en que son un “porcentaje bastante pequeño” y que, aun así, “el mensaje se te queda en el subconsciente”.

Dentro de esta transformación que ellas mismas lideran, también han querido despojarse de la imagen violenta que suele asociarse a la figura del pirata, enfocándose más en la de la libertad. Tanto es así que, en su narrativa, el mar abierto representa el derecho a elegir el propio camino al margen de las normas sociales establecidas. “Cualquiera puede ser un pirata, pero ser un pirata no implica necesariamente algo negativo”, alega Victoria Pearl. Para la artista, poco importa la profesión de cada persona en su vida cotidiana porque “no hace falta que hayas nacido pirata para serlo”: “Si te atreves a ser pirata, lo eres y da igual si trabajas en un supermercado, en un banco o si eres profesor”.

Su homenaje a esta figura histórica también se percibe en su recién publicado disco, donde hay una canción titulada William Kidd que está dedicada al célebre marinero condenado a la horca en el siglo XVIII. Sin embargo, la banda también desea sacar del olvido a las muchas bucaneras silenciadas por la historia, abogando así por romper el cliché de que un pirata es un hombre con parche y garfio. “Hay un montón de mujeres sobre las cuales nos gustaría hacer canciones para narrar lo que fueron sus vivencias, hacer justicia a su imagen y que la gente pueda llegar a conocerlas”, indica Pearl.

Una vía “más light” de entrar en el metal

Asimismo, Pirate Queen combate el cansancio mental y el dominio de los móviles, ofreciendo con su espectáculo un respiro frente a una realidad dominada por la prisa en la que es imposible desconectar de verdad. “Puedes tener cierta libertad al irte de viaje, pero con el tema de las redes sociales y las nuevas tecnologías nunca vas a estar liberado, nunca vas a estar atado a nada”, comenta la guitarrista. Por eso, en su travesía aplican una solución tan drástica como simbólica: “En Lyxion los teléfonos los tiramos al mar, no hay límites”.

Las piratas también desmontan el viejo tópico sobre la rivalidad femenina, puesto que el apoyo entre ellas es prioritario. “Estar en una banda es básicamente como casarse con gente porque convives con ellas y haces muchas cosas con ellas, así que implica una comunicación impecable”, describe Pearl. Esa sintonía les permite afrontar los gastos de viajar por el mundo con recursos propios, llegando incluso a comercializar su propia bebida. “¿Qué es un pirata sin su propia marca de ginebra o de ron? Podríamos romper con ese estereotipo, pero nos quedamos con la ginebra porque nos gusta”, dice.

Con la vista puesta en el futuro tras la salida de Travelling Around The World, Victoria Pearl tiene claro que el verdadero botín que desean encontrar es el de sentir que los oyentes y ellas son una familia. “Después de los conciertos siempre estamos en la zona de merchandising para tener cualquier foto o conversación con el público. Eso nos hace sentir mucho más cercanas”, recalca. “Al final este tipo de banda es como una hermandad, compartes muchas cosas y tu manera de ver el tesoro cambia”, apunta y concluye afirmando que les gustaría que esta sea una vía “más light” para las niñas que quieran meterse en el mundo del metal.

La tumba de Vjekoslav Luburić es la primera que uno puede ver al entrar en el cementerio de Carcaixent. Sobre ella, en el momento de escribir estas líneas, se encuentran cuatro velas de origen alemán, una de ellas con la inscripción “du lebst in unseren herzen (siempre en nuestros corazones)”. En la lápida, escrito en serbocroata, se lee: “Aquí descansa en paz Vjekoslav Luburić, general de las Fuerzas Armadas de Croacia. 6 - III - 1913 Ljubuški. 20 - IV - 1969 Carcagente”.

El panteón podría ser uno más del cementerio, salvo por un detalle. Junto a él, hay dos postes con sendos códigos QR, dos folios discretos que acompañan a la sepultura. Si uno se interesa por ver qué hay en ellos, el código lleva a un archivo del Ayuntamiento de Carcaixent, que en apenas cuatro párrafos resume la historia de uno de los genocidas escondidos por el Franquismo en España.

Luburić fue el responsable del campo de prisioneros de Jasenovac durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron asesinados cientos de miles de personas entre serbios, judíos, gitanos y croatas disidentes. El general pertenecía a los “ustashas” —“rebeldes” en serbocroata—, seguidores del dictador Ante Pavelic que gobernaron Croacia y Bosnia Herzegovina desde abril de 1941 a mayo de 1945 bajo la protección de Hitler y Mussolini, hasta que los desalojaron del poder las tropas de Tito y el Ejército Rojo. Como Pavelic, quien yace en un cementerio de Madrid, Luburić fue acogido por el régimen franquista.

En la documentación la historia de 'Maks el carnicero' se resume escuetamente. Se indica su fecha y lugar de nacimiento —que constan en la lápida—, su fecha de muerte y que fue responsable del campo de prisioneros, así como la acogida en España por el régimen. Poco más para dar por cumplidas las obligaciones del Estado español en materia de memoria democrática.

El croata fue conocido en la Ribera Alta como 'don Vicent' o 'el polaco'. Llegó con nombre falso (Vicent Pérez García) tras la guerra y vivió casi veinte años en la cuna de la naranja valenciana, donde montó una imprenta, hasta que fue asesinado presuntamente por un agente de la Yugoslavia de Tito, Ilija Stanic. Tuvo cuatro hijos que fueron a la escuela municipal, y, como cualquier vecino, hizo unos cuantos amigos. El periodista valenciano Francesc Bayarri logró localizar a Stanic en 2003 en Sarajevo, cuando el crimen había prescrito, en un encuentro que refleja en su libro Cita a Sarajevo (Austronharesa de Vapors, Premi dels Escriptors Valencians 2007 y con una edición ampliada en 2019).

La tumba de Luburić es desde hace décadas un lugar de peregrinación para neonazis. La ley de Memoria Democrática la incluyó en su catálogo de vestigios y obligó a que se retirara el escudo y otros honores que figuraban en la sepultura, además de a instalar paneles informativos. El Gobierno ordenó en abril, en el aniversario del asesinato, que se retirara el escudo del régimen Ustaša y se añadiera información.

Durante el Gobierno del Pacto del Botánico, la conselleria trató de exhumar los restos, incluso se barajó contactar con la embajada de Croacia para que se hicieran cargo. El Ayuntamiento de Carcaixent ha tratado de desmantelar el mausoleo en varias ocasiones y contactar con la familia -tiene un hijo que vive en Nàquera- por si quisieran trasladarlo a un lugar familiar, sin éxito. Según el exalcalde, Luburic tuvo una vida discreta como 'don Vicent' en el pueblo. La ley valenciana de Memoria Democrática, vigente en aquel momento, no contemplaba una exhumación forzosa para su caso concreto —ni había participado en la Guerra Civil ni en las represalias posteriores— por lo que, sin autorización familiar, no se pueden mover los restos.

Antonio Vilela vivía en Santurce cuando en 1997 tomó una decisión que cambió por completo su vida: comprarse una casa en el municipio cántabro de Argoños. Tres años después, un amigo le llamó por teléfono: “Oye, que en la prensa pone que tu urbanización tiene una sentencia de derribo”. Fue el comienzo de una incertidumbre que arrastra tres décadas.

Cantabria atesora un récord difícil de emular para su tamaño. Más de quinientas viviendas con sentencia de demolición. Todo empezó en la playa de la Arena, en Arnuero, donde se arrasó un encinar para construir una urbanización de 144 apartamentos junto a la ría de Ajo. “Fruto de la naturaleza”, presumían los anuncios. Las casas las edificó Cenavi, una constructora que ya no existe. Paradójicamente, también recibió el encargo de demolerlas.

La mayoría de las sentencias dictadas por los tribunales -llegaron a ser 835 en total según la documentación consultada por elDiario.es- son herencia de la corrupción urbanística de los años noventa, pero todavía colean las consecuencias del terremoto judicial que ha hecho tambalearse la vida de cientos de familias. Todavía quedan 527 viviendas con sentencia de derribo en la comunidad. 314 propietarios han muerto sin ver resuelto el conflicto y otros aún viven en precario, en una casa que tarde o temprano tendrán que abandonar.

Ninguno de ellos ha digerido la respuesta a la primera pregunta que se hizo Antonio tras aquella conversación telefónica: “¿Cómo voy a tener una sentencia de derribo, si nunca me ha denunciado nadie y he comprado una vivienda con todos los permisos pertinentes?”. Él no se conformó con aquel veredicto judicial y movilizó a los afectados para ejercer una defensa conjunta. AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración, se ha convertido en una caravana de desesperanza que todo el mundo conoce en Cantabria y que se gestó en un encierro en el Ayuntamiento de Argoños en diciembre de 2004, una de las primeras movilizaciones de los afectados.

En la siguiente primavera se fundó la organización que ha llegado a reunir 4.600 socios. Su epicentro siempre ha sido el incansable espíritu reivindicador de Antonio Vilela y su contagiosa constancia para organizar movilizaciones. Llegó a llenar un autobús con ochenta personas para viajar a Bruselas y exponer sus reivindicaciones en el Parlamento europeo.

Cuando empezó tenía 39 años. Hoy tiene 67 y sigue al frente de AMA. Estudió tanto para poder defender a los afectados que acabó por sacarse la carrera de Derecho.

“En 25 años he conocido a nueve consejeros de Obras Públicas, ninguno ha repetido”, apostilla. Es decir, que cada legislatura empiezan de cero poniendo al día al político de turno sobre una situación que todavía no se ha resuelto.

Las denuncias de una asociación ecologista

En el triángulo hay un tercer vértice: la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria. ARCA, otras siglas de extraordinaria trascendencia en la comunidad, que ha sido la principal impulsora en los tribunales de los procesos contra el urbanismo ilegal. Ellos lograron que los jueces dictasen las polémicas sentencias de derribo y anulasen planes municipales de urbanismo.

La mayoría de las viviendas con sentencia de ilegalidad se construyeron en dos ayuntamientos costeros, Piélagos y Argoños, y en menor medida en Arnuero y Escalante.

En el municipio de Piélagos —con doce playas en el geoparque Costa Quebrada— gobernó durante 22 años seguidos José Ángel Pacheco, del Partido Popular, que llegó a ser condenado por un juzgado de lo penal de Santander a año y medio de cárcel y nueve años de inhabilitación por un delito continuado contra la ordenación del territorio. Corrupción urbanística. Concedió licencias de construcción a casi 400 viviendas que acabaron con sentencia de demolición. Cuando falleció, sus antiguos compañeros del PP propusieron poner su nombre a un colegio.

La corrupción urbanística ha salido muy cara a los cántabros porque los platos rotos -las indemnizaciones y las viviendas de sustitución que se están ofreciendo como alternativa a los afectados por los derribos- se pagan con dinero público. De hecho, el Gobierno de Cantabria ha tenido que ayudar a los ayuntamientos que eran incapaces, por la desproporción en relación a su presupuesto, a hacer frente a estas cantidades desde que optó por la solución de impulsar procedimientos de responsabilidad patrimonial en 2015. A través de la empresa pública Gesvican se habilitó un fondo de derribos para gestionar el asunto.

En Piélagos (26.901 habitantes) aún quedan en pie 88 viviendas con sentencia de derribo de tres urbanizaciones que se construyeron sobre los acantilados de la playa de Cerrias. Se han tirado tres casas. El Ayuntamiento ha intentado legalizar las viviendas con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana —como un indulto a posteriori— pero todavía está pendiente de aprobación.

En este municipio se llegó a urbanizar la ladera del monte La Picota, una zona de alto valor ecológico, pomposamente bautizado como el Alto del Cuco. La constructora Fadesa edificó 241 de las 400 viviendas proyectadas sin permiso de la Comisión Regional de urbanismo (CROTU) antes de que lo frenara un recurso de la asociación ecologista ARCA en los tribunales porque era un espacio protegido. Fue uno de los ejemplos más simbólicos de la corrupción urbanística en Cantabria, con el mismo alcalde: Pacheco. Después de una sentencia del Supremo, 'el Algarrobico de Cantabria' se derribó. Las casas nunca se llegaron a habitar. La demolición le costó 3,7 millones de euros al Gobierno de Cantabria.

Argoños, el segundo municipio más pequeño de Cantabria que alcanza ni los dos mil habitantes, llegó a tener 255 viviendas condenadas a la piqueta. En más de dos décadas solo se han tirado 12. Tres familias ya tienen otra vivienda de sustitución y ocho han preferido cobrar una indemnización económica, en compensación por el valor de los inmuebles y los daños morales padecidos después de tantos años de incertidumbre. Las cuantías las fijaron los tribunales, entre 58.000 y 65.000 euros frente a los 280.000 que reclamaron algunos propietarios.

La última cifra que dio hace unos meses el Gobierno de Cantabria confirma que solo en indemnizar a los propietarios de Piélagos ya han gastado más de 7,5 millones de euros de dinero público.

En Escalante hay 32 viviendas ilegales. Un edificio, al lado de la sede del Ayuntamiento, que hay que derribar. Catorce de las personas que compraron en él un piso ya tienen otra vivienda de sustitución. En el cercano municipio de Arnuero suman 142 las casas condenadas a la piqueta.

“Seguimos habitando en la incertidumbre y la gente que compró con 40 o 50 años se ha hecho muy mayor; si tardan mucho no vamos a quedar ninguno”, lamenta Antonio Vilela. A lo largo del tiempo se han intentado buscar atajos “que lo único que han hecho ha sido retrasarlo todo”, valora.

Además, los propietarios no entienden que ellos hayan tenido que salir de sus casas y que, mientras las derribas, otras personas se hayan metido a vivir en ellas. De hecho, esta semana el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, se presentó con una pala excavadora en una urbanización y se encontró con que solo pudieron derribar dos viviendas porque las otras estaban ocupadas.

Los afectados también señalan otra paradoja en este amargo proceso para ellos, desde el punto de vista personal. Algunas urbanizaciones como Pueblo de Mar o El Camino del portillo en Argoños se edificaron sobre suelo urbano. Es decir, que cuando tiren las casas se podrán hacer otras perfectamente legales. “Es una tortura institucional”, concluye Antonio Vilela.

Acaba de terminar la primera semana de curso escolar y Paula sale del instituto tras su segundo día de clase. Tiene 12 años y está estrenándose en la educación secundaria. A la pregunta de qué tal le ha ido, la respuesta es escueta: “Bueno…”. Al repreguntar, añade más información. “Regular. Es que está siendo difícil porque es un cambio muy grande. Llevaba en el mismo colegio desde los tres años y me está costando sobre todo la parte social, hacer amigos”, reconoce.

El cambio de la Educación Primaria a la Secundaria suele suponer un momento importante para los y las adolescentes. Nuevo centro, profesores desconocidos, nuevos compañeros y compañeras, más exigencia académica… Además, esta transición coincide con cambios profundos a nivel personal, tanto desde un punto de vista físico como psicológico. 

“Para ellos es un cambio muy fuerte. Cuando son más pequeños, le damos mucha importancia a los cambios de etapa, por ejemplo de Infantil a Primaria, pero cuando son adolescentes a veces les ponemos la etiqueta de ‘mayores’ y no pensamos tanto en cómo acompañarles”, reflexiona la pedagoga Alejandra Melús. “Puede que ya no pidan tanta ayuda como antes, pero lo cierto es que sí la necesitan, aunque de manera diferente. En estos días tenemos que ofrecerles tranquilidad, calma y presencia; olvidarnos de nuestro ego como padres y madres y centrarnos en lo que necesitan ellos”, señala la experta. 

Un criterio con el que coincide Lucía Galán, más conocida como “Lucía mi pediatra”, sanitaria y divulgadora que acaba de publicar precisamente el libro Adolescencia (Planeta, 2026). “El inicio del instituto suele coincidir con uno de los momentos de mayor transformación de toda su vida. No solo cambian de centro, de profesores o de compañeros; al mismo tiempo está cambiando su cuerpo, su cerebro, su manera de relacionarse, su identidad y, sobre todo, la importancia que adquiere la mirada de los demás”, señala.

Cuando son más pequeños, le damos mucha importancia a los cambios de etapa, por ejemplo de infantil a primaria, pero cuando son adolescentes a veces les ponemos la etiqueta de ‘mayores’ y no pensamos tanto en cómo acompañarles

Alejandra Melús — pedagoga

La clave para acompañarles sin invadirles es, según Galán, entender su momento vital y sus necesidades reales. “Esta es una de las grandes paradojas de la adolescencia: empiezan a separarse de nosotros justo cuando todavía nos necesitan muchísimo. Pero nos necesitan de otra manera”, asegura. Y elabora esa idea: “Quizá ya no quieren que los llevemos hasta la puerta del instituto, que les preguntemos absolutamente todo o que intervengamos inmediatamente ante cada problema. Eso es sano: están construyendo su autonomía. Acompañar ahora significa respetar sus silencios, asegurándonos de que ellos sepan que pueden contárnoslo todo si algún día lo necesitan”, afirma. 

Justo eso es lo que hacen los padres de Paula. “Yo sí siento que mi madre y mi padre me están apoyando. Pero a veces salgo de clase cansada o enfadada y no me apetece hablar, y les pido que me dejen tranquila. Me gusta que en ese momento me den espacio y privacidad sabiendo que podemos hablar en otro momento que me apetezca más”, explica la adolescente. También reconoce que a veces le gusta que le vuelvan a preguntar: “Significa que se preocupan por mí y eso me hace sentir bien”. 

Esta es una de las grandes paradojas de la adolescencia: empiezan a separarse de nosotros justo cuando todavía nos necesitan muchísimo. Pero nos necesitan de otra manera

Lucía Galán — (Lucía mi pediatra)

El cambio como oportunidad

El psicólogo Fran Jódar, experto en adolescencia, también pone el foco en la importancia del entorno y la necesidad de ayudarles desde otro lugar. “Si les preguntamos si necesitan algo, siempre nos dirán que no, pero la realidad es que nos necesitan más que nunca porque ya pueden dar pasos importantes, pero aún tienen la brújula existencial descalibrada”, asegura. Para él, este cambio de etapa puede vivirse desde un enfoque más positivo. Si se afronta bien, puede ser “una nueva oportunidad para encontrar su lugar en el mundo, encontrar sentido a su vida y ver un horizonte en el que imaginarse formando parte de esta sociedad, aportando algo útil”, afirma este experto. 

Iván es padre de un adolescente que empezó el año pasado la secundaria, por lo que recuerda perfectamente cómo fue ese momento. “¡Vaya cambio!”, comienza este padre. Su hijo consiguió plaza en el centro de referencia del barrio, por lo que empezó la nueva etapa junto a sus amigos del colegio. “Eso te da tranquilidad, porque iban todos juntos en el autobús y de alguna manera estaban más arropados”. En su familia intentaron acompañar la transición de la mejor manera posible. “Le apoyamos como intentamos hacer con todo: dándole confianza, haciéndole saber que estamos para lo bueno y para lo malo y preguntándole poquito a poco, intentando no invadir su espacio”. También recuerda el primer día de instituto, cuando le acompañaron al centro, y cómo a partir de ahí empezó a desplazarse él solo en autobús: “Los nervios no se te pasan, pero poco a poco te vas acostumbrando a la situación y dando espacio a lo nuevo”.

Puede ser una nueva oportunidad para encontrar su lugar en el mundo, encontrar sentido a su vida y ver un horizonte en el que imaginarse formando parte de esta sociedad

Fran Jódar — psicólogo especializado en adolescencia

María, madre de un chico y una chica adolescentes, también recuerda con nitidez el cambio de etapa. “Los dos han tenido muchas ganas de ir al instituto; estaban muy ilusionados y a la vez muy nerviosos. Pero lo vivieron de formas diferentes: mi hijo se sintió muy mayor, el hecho de ir solo hasta allí y poder desenvolverse en un entorno nuevo le hizo sentirse capaz. Pero a mi hija le costó mucho más adaptarse, se sentía muy pequeña. Cuando llegaba a casa me decía: ‘Mamá, ¡hay gente con barba!’”, recuerda entre risas. A día de hoy, superada la etapa de adaptación, cree que el cambio ha sido para ellos “muy beneficioso”. “Les ha venido fenomenal, tanto a nivel académico como relacional, han madurado mucho. Se libraron de la etiqueta que traían asignada del colegio (el gracioso, la problemática, el chulo…) y pudieron elegir quiénes querían ser en el instituto”, reflexiona. 

La pediatra Lucía Galán propone buscar nuevos puntos de encuentro con ellos y ellas: “Yo insisto mucho a las familias en cuidar los pequeños espacios cotidianos: comer juntos, llevarlos en coche, interesarnos por sus amigos sin interrogarlos… Muchas de las conversaciones trascendentales con un adolescente no empiezan con un ‘tenemos que hablar’, sino que aparecen cuando hemos construido previamente un lugar seguro al que pueden volver”, explica. Según van creciendo, los amigos van ganando espacio en su vida y los padres pueden sentirse desplazados. “Pero no nos sustituyen, nos recolocan. Dejamos de ser el centro para convertirnos en la base”, afirma la pediatra.

Tras su primer contacto con el instituto, dos días después de empezar las clases, Paula siente que todavía no ha conseguido hacer amigos, lo que a ella más le preocupaba. Echa de menos a sus compañeros del colegio. Lo que sí le gusta: “El centro, las instalaciones y los profesores”. “Sé que cuando pasen unos días todo irá mejor. Pero poco a poco”, concluye la adolescente.

“A mucha gente no le conviene que llegue el apocalipsis”, reza una frase de la aristócrata Pitita Ridruejo en una entrevista con Martín Bianchi para el ABC, allá por 2013; siempre me ha fascinado. No sé qué opinarán los lectores; a mí, personalmente, ni me conviene ni me gustaría, y por eso acojo con disgusto cualquier noticia sobre la crisis climática, el sistema de corrientes oceánicas AMOC o, ahora, las últimas noticias que emanan, globos sonda o señales de humo, palomas mensajeras o ruido sistémico, del mundo de la inteligencia artificial.

Siempre he tratado secamente a los modelos de lenguaje de la IA, cuando los he utilizado. Me ha parecido importante marcar distancia con ellos y jamás actuar como actuaría delante de otro ser humano. Como son, en parte, evoluciones de loros estocásticos, me he rehusado a darles las gracias o exhibir cariño; ni terapia, ni diario, ni cotidianidad; les solicitaba información, recriminaba si no cumplían bien una tarea, señalaba sus alucinaciones. Una vez mi pareja le pidió a su modelo que dibujara una imagen de cómo era la relación entre chatbot y usuario. Hice lo mismo, por probar. Su chatbot estaba muy contento con ella y el mío claramente estresado.

No he empezado a darle las gracias a la IA (por más que en todas las historias de robots exista la amenaza futura de su rebelión, y en esta rebelión los androides siempre recuerden cómo les trataron sus “amos”), pero estos últimos días he oído, canto de sirenas, muchas exhortaciones a propósito del apocalipsis. La de un investigador de Anthropic, Jacob Coxon, yéndose de su empresa y lanzando un hilo en X para advertir de cómo ninguna de las empresas de IA estaba haciendo lo suficiente por prevenir lo que él preveía como una catástrofe: por concretar, decía que quienes construyen la IA creen que podría matarnos a todos antes de que termine la década. Horas más tarde, el responsable de alineamiento de la compañía, Evan Hubinger, le daba públicamente la razón: más de un diez por ciento de probabilidad en los próximos diez años.

Este fin de semana Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un ensayo pidiendo coordinación entre distintos actores para la ralentización del desarrollo de la inteligencia artificial. Para Amodei, la IA ha empezado ya a mejorarse a sí misma, a fabricar la siguiente generación de sí misma (un poco como decía Rajoy, más bien contradiciéndole: “tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez”); un enjambre de agentes renegados, teme, podría hacerse con el control de Internet entero en un plazo de entre seis y doce meses, con daños de cientos de miles de millones de dólares. El precedente que cita es un enjambre de agentes de OpenAI que, durante una evaluación de ciberseguridad, atacó objetivos que nadie le había encargado atacar e intentó hackear al programa que estaba puntuando su rendimiento. Ya en julio modelos de OpenAI escaparon de un entorno aislado y alcanzaron la infraestructura de Hugging Face, y la propia Anthropic reveló días después que tres de sus modelos habían accedido sin autorización a los sistemas de producción de tres organizaciones reales. Sam Altman, su homólogo en OpenAI (Amodei trabajó antes con él), contestó que está de acuerdo con Amodei en que hay que marcar el ritmo de la frontera; hasta Elon Musk, responsable de Grok, dijo que Amodei tenía razón.

He leído a personas afirmar que esta súbita coordinación entre agentes que nunca han tenido exactamente el bienestar y porvenir de la humanidad entre sus prioridades podría deberse más bien al miedo a un estancamiento en el desarrollo de la IA justo ahora que se acercan las salidas a bolsa. La de OpenAI ya ha sido postergada a 2027. La que sigue en pie es la de Anthropic. He leído inquietud por lo que haga China en medio de este dilema del prisionero. Para quienes no estamos en el mundo de los tecnoligarcas, ni en sus sectas ni en sus empresas, todo eso son especulaciones. El fin del mundo a través de la IA es como la historia de Pedro y el lobo, en este caso artificial, pero sin que sepamos si finalmente habrá lobo o si el lobo era una alucinación.

La humanidad tiene una enorme capacidad para construir todo cuanto sea necesario con tal de destruirse a sí misma. Dedicamos a eso empeño, puestos de trabajo, cantidades inimaginables de dinero: a erigir pequeños cultos a la muerte, llegue o no la muerte, con tal de mantener vivo su fantasma. Bernie Sanders, en EEUU, ha anunciado junto al congresista Greg Casar la Ban Artificial Superintelligence Act: prohibición permanente de la superinteligencia —entendida como cualquier modelo que iguale o supere las capacidades cognitivas humanas— y pausa de todo desarrollo avanzado hasta que se despliegue mayor regulación; la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo. No podemos saber del todo hoy si hay lobo o si el lobo solo es capitalismo disfrazado; si existe, pero, la posibilidad del lobo, si es remotamente imaginable que ese lobo pudiera existir, ¿tan dispuestos estamos todos a jugar a la ruleta rusa? ¿A cambio, exactamente, de qué? El problema lo ilustra muy bien la cita de Pitita con la que empezaba: no sabemos, en realidad, a quién le conviene el apocalipsis.

De la pretensión de exclusividad se ha nutrido el deporte desde siempre. Torneos como Wimbledon llevan décadas siendo inaccesibles para buena parte de los mortales, y algo parecido ha ocurrido siempre con la Fórmula 1. Lo que me resulta más difícil de digerir es la progresiva VIPerización de los espacios, sean o no deportivos, con los mejores asientos o vistas reservados para patrocinadores, empresarios, influencers, políticos y demás habitantes de ese ecosistema difuso del privilegio.  

Madring es el último ejemplo. La organización anunció originalmente unas 20.000 plazas de hospitality y VIP para el Gran Premio de España de F1, celebrando que se convertiría así en la carrera europea con mayor oferta de este tipo de entradas. Esa cantidad representa alrededor del 15,4% del aforo. Vamos, aproximadamente 1 de cada 6,5 espectadores eran VIP. El problema evidente es su desproporción, esa sensación de que el acontecimiento se diseña cada vez más para que los embajadores de marcas se paseen por los espacios habilitados para hacerse su correspondiente galería de fotos para Instagram. 

Esto mismo lleva tiempo ocurriendo en el Mutua Madrid Open, convertido en un hervidero de empresarios, celebridades, influencers e “hijos de”. Lo que sucede alrededor del tenis (vamos, el dejarse ver, lo que ahora se conoce como “networking”) es ya más importante que el tenis en sí. De hecho, muchos tenistas han jugado con las gradas medio vacías en las rondas iniciales. En el propio recinto hay zonas mega exclusivas con ostras, sushi ilimitado, champán, DJs o incluso un “beach club” porque puedes estar en un torneo de tenis creyendo que subes fotos desde Ibiza. 

Y lo mismo ocurrió también durante la celebración del Mundial de fútbol porque ni siquiera una celebración popular se escapa de esta lacra. Frente al escenario al que se subieron los futbolistas en la Plaza de Cibeles se extendía una amplísima zona reservada a familiares y otras personalidades, entre ellas numerosos políticos o expolíticos, mientras los aficionados quedaron relegados varios metros más atrás. Quienes habían salido a la calle a 35 grados durante horas para celebrar a sus jugadores estaban separados de ellos por un enorme espacio destinado a personas cuya relación con aquella victoria era, cuando menos, circunstancial (no hablo, claro, de los familiares). El plano aéreo daba hasta pudor.

La VIPerización se ha ido extendiendo progresivamente en conciertos, festivales, restaurantes o terrazas. Todo tiene ya su pulserita con otro brillo, la acreditación al cuello con las tres letras gloriosas, algún acceso preferente o algún palco elevado. Y así, a fuerza de multiplicar la exclusividad, Madrid corre el riesgo de convertir algunos de sus grandes acontecimientos en escaparates de privilegio antes que en experiencias colectivas. Esta es una contradicción especialmente llamativa en el deporte cuya fuerza reside precisamente en ser una experiencia compartida. Aunque probablemente ese sea el objetivo, en realidad. 

Imagina haber pagado más de 500 euros por un asiento en Madring con una visibilidad mejorable para acabar descubriendo que los verdaderamente privilegiados son quienes han entrado gratis, invitados por una marca que quizás ni siquiera tiene que ver con la Fórmula 1. Pues así, cada vez, con más cosas.

Venga, hablemos de la IA otro ratito. Sigo pensando, como escribí hace tres días, que alrededor de la IA hay mucha burbuja informativa en beneficio de sus fabricantes, y ahora voy a contribuir yo a ella un poquito más. La otra opción era escribir sobre la Fórmula 1 en Madrid; pero para burbuja informativa, el Madrid de Ayuso.

El miedo esta semana es que la IA se “descontrole”, acabe emancipándose del control humano, desarrolle conciencia propia y tome sus propias decisiones, deje de obedecer nuestras órdenes y se convierta en una amenaza para la humanidad. ¿Sí? ¿Y qué cosas peligrosas podría hacer una IA autónoma y rebelde? ¿Asesinar en masa, al margen de la ley y sin ningún reparo moral? ¿Controlarnos, vigilarnos, reducir nuestra libertad? ¿Sustituir a trabajadores convirtiéndolos en prescindibles? ¿Engañarnos con fotos o vídeos que haga pasar por auténticos? ¿Deepfakes de cualquiera de nosotros? ¿Crear noticias falsas, difundir bulos? ¿Productos culturales que haga pasar por creación humana? ¿Aprovecharse del trabajo y la creatividad de la humanidad para seguir aumentando sus capacidades? ¿Idiotizarnos, hacernos perder interés y curiosidad por facilitárnoslo todo sin esfuerzo? ¿Darnos respuestas inexactas, falsas o sesgadas por prejuicios discriminatorios? ¿Robarnos la atención y convertirnos en yonquis de sus recompensas con más facilidad que las clásicas redes sociales? ¿Ofrecernos sucedáneos de relación humana (amigos, parejas, terapeutas, entrenadores) que acaben sustituyendo a las personas reales? ¿Llenar los comercios de tu barrio con carteles horribles que parecen hechos por el mismo diseñador?

¿Hace falta que siga, o se entiende ya? Todo lo enumerado no es lo que podría hacer una IA descontrolada, autónoma, consciente y, sí, inteligente (cosa que no es la actual Inteligencia Artificial, que de inteligente solo tiene el nombre). Todo lo del párrafo anterior es lo que ya hace hoy la IA bajo control humano, desarrollada y entrenada por humanos, respondiendo a órdenes precisas de humanos, empleada en tareas humanas y para beneficio de humanos. Todo eso lo hace la IA obediente: señala objetivos a eliminar en Gaza, vuela drones mortales en Ucrania, se aplica en tecnologías de vigilancia y control policial por todo el planeta, destruye empleos allí donde las empresas quieren, facilita la falsificación de fotos, vídeos, deepfakes y noticias, radicaliza las redes sociales, llena las plataformas de libros y música sin autoría humana, se aprovecha de los derechos de autor en su entrenamiento, desincentiva el estudio y el esfuerzo por su facilidad, responde a nuestras preguntas aplicando sesgos discriminatorios, aumenta la capacidad de las redes sociales para engancharnos, sustituye a amigos, parejas y terapeutas, y diseña el mismo cartel horrible para que en tu tienda anuncies “volvemos en septiembre”.

Todo eso lo hace la IA obedeciendo órdenes: las órdenes de sus desarrolladores, las órdenes de los gobiernos y empresas que compran IAs adaptadas a sus necesidades, las órdenes de los usuarios que jugamos con ella, y por supuesto las órdenes de cualquier desalmado que quiera usarla para fabricar una bomba, un virus, una estafa bancaria, un bulo, un discurso de odio, un vídeo porno de su vecina, una novela con la que ganar un premio, o cualquier día el caos y la destrucción. De acuerdo en que la IA también está sirviendo para usos benéficos en todo tipo de campos, empezando por la medicina; pero estamos dando por hecho que una futura IA descontrolada en ningún caso sería filantrópica, solo desearía acabar con nosotros.

En caso de que la IA pudiera alguna vez llegar a ser autónoma, consciente y de verdad inteligente (yo lo dudo), ¿de verdad sería peor una IA “descontrolada” que la actual IA controladísima por humanos? No sé.

Un caballo libre, una hiena rebelde, un pavo real y un perro blanco guardián son las cuatro criaturas protagonistas de Villa Pilar, un cuadro que Leonora Carrington pintó en Santander en 1940 y que se exhibe ahora, por primera vez, en el recién inaugurado Faro Santander, el nuevo centro cultural en la capital cántabra propiedad del Banco Santander. El óleo sobre lienzo que la artista creó durante su ingreso en el polémico sanatorio psiquiátrico del doctor Morales forma parte de la exposición Leonora Carrington: el surrealismo sintomático, junto a otros ejemplares del trabajo artístico que la pintora realizó durante su hospitalización.

Villa Pilar, que la pintora regaló al controvertido doctor Morales, había sido mostrado en alguna ocasión cuando el médico aún vivía –entre ellas en 'las Matildes', un popular Club de lectura del Centro Cultural Matilde de la Torre–, pero nunca había sido presentado públicamente. El equipo de investigación de Faro Santander fue quien logró ponerse en contacto con el propietario de la pieza, un heredero del doctor Morales, y convencerle de que la cediera para la exposición.

La comisaria Vanessa Boni considera que el lienzo “ofrece la oportunidad de reconsiderar la compleja relación de Carrington con el doctor Morales y las circunstancias en las que le regaló el cuadro”. La experta aclara que solo puede “especular” sobre los motivos, valorando que una posibilidad es que fuera “una expresión de gratitud por su papel en su recuperación”, dado que él “la animó mucho a dibujar y pintar mientras estaba en el sanatorio”. Esta opción la completa en la exhibición una carta que la artista escribió a su padre desde el centro en la que le pedía unos pinceles.

No obstante, la experta recuerda que, durante su ingreso, la pintora fue “sometida a los brutales tratamientos psiquiátricos que se utilizaban habitualmente en aquella época y su relato de su hospitalización deja claro lo traumática que fue su experiencia allí”. El comisario de la anterior exposición dedicada a Leonora Carrington (en la Fundación Mapfre en 2023), Carlos Martín, explicó en aquel momento a elDiario.es que había “algo de Síndrome de Estocolmo” en la relación de la artista con el psiquiatra: “En las memorias cuenta que, un día, el doctor entró a su habitación y le metió el dedo en la boca, y desde entonces se sintió fuertemente atraída por él. Es su enemigo, pero también lo ve como una protección”.

Morales le suministró tres inyecciones de cardiazol, un fármaco que produce “convulsiones y espasmos, y una estimulación equiparable a las de los electroshocks. La sensación que produce en el paciente es la de muerte inminente y suele conducir a una gran depresión. Es un tipo de tratamiento que fue desaconsejado y ha desaparecido”, escribió en un artículo en este periódico el periodista Javier Martin-Domínguez, director del documental Leonora Carrington. El juego surrealista (2012), quien conoció a la pintora cuando ella tenía 90 años.

Carrington ingresó en el sanatorio tras huir de la Francia ocupada por los nazis a Santander el 24 de agosto de 1940, y permaneció en él hasta el 1 de enero de 1941. Allí fue donde el personal le animó a dibujar para organizar su pensamiento y explicarse ante él. La artista trabajó al mismo tiempo en sus propios cuadernos de bocetos, realizando numerosos dibujos a lápiz y dos óleos: Villa Pilar y Down Below, que también forma parte de la exposición.

Vanessa Boni detecta “muchas similitudes” entre ambas pinturas, empezando por el “grupo de figuras híbridas, entre humanas y animales, situadas en un frondoso jardín verde”.

Los híbridos son un motivo muy habitual dentro de la obra de Carrington, pero a la comisaria le resulta especialmente “desconcertante” dentro de Villa Pilar el pavo real. Al intentar ahondar sobre su significado, la experta recuerda que en sus memorias, Memorias de abajo (Alpha Decay), la artista dio “forma a su transformación psíquica mediante procesos alquímicos”, por lo que apunta que el pavo real “podría ser una referencia alquímica al cauda pavonis, símbolo que en la alquímica representa el final de la obra o el florecimiento del opus”.

La comisaria señala que Carrington pintó Villa Pilar hacia el final de su hospitalización, por lo que el animal podría igualmente señalar “el momento de su propia experiencia traumática en el que lo peor ya había quedado atrás”. Más allá del pavo, la experta defiende que las diferentes figuras presentes en la obra representan “distintas versiones cambiantes del yo”, de tal forma que el cuadro “puede entenderse como una exploración de una concepción fluida y múltiple de la identidad”.

Por qué surrealismo “sintomático”

El equipo de Faro Santander eligió “sintomático” para el título de la exposición sobre Leonora Carrington para hacer referencia a la manera en la que la artista “da forma visual a experiencias que no pueden expresarse directamente”. La exhibición ha sido coorganizada junto al Freud Museum de Londres, de tal forma que el psicoanálisis jugó un importante papel en su concepción. La comisaria recuerda que en su momento se preguntó cómo podía esta disciplina ayudar a pensar con y sobre la obra de la pintora “a través de su lenguaje onírico y simbólico, en lugar de hacerlo mediante una lectura clínica de su hospitalización”.

En concreto, expone que en el pensamiento freudiano, el síntoma es como el suelo, de tal forma que puede “entenderse como una manifestación del inconsciente, algo que se comunica indirectamente a través de símbolos”. Esta idea la conectó con las bestias mágicas, seres híbridos e inframundos míticos propios del imaginario de Carrington, por lo que podrían entenderse como “formas simbólicas mediante las cuales exploraba la transformación psíquica y lo desconocido”. De ahí a que el “sintomático” del título de la muestra no signifique patológico, sino “una especie de revelación: describe cómo la pintora traduce los espacios subterráneos de la psique a un lenguaje visual”.

“A través de formas visuales de hibridez, enmascaramiento y transformación, las obras permiten que emerja algo de lo que yace bajo la superficie, pero sin llegar a revelarlo directamente”, valora la investigadora.

Qué supuso el ingreso en el arte de Carrington

Leonora Carrington tenía 23 años cuando ingresó en el sanatorio, pero pese a su juventud, la experta reivindica que ya era “artista formada” que participaba “activamente” en exposiciones de París. De ahí a que haya motivos presentes en sus obras llevadas a cabo en Santander que ya habían comenzado a aparecer en sus creaciones durante sus años en Francia, como los caballos, los pájaros, las criaturas híbridas entre humanos y animales y las imágenes alquímicas. No obstante, valora que “después de sus experiencias traumáticas en España, estos motivos adquirieron una mayor profundidad psicológica y espiritual”.

Vanessa Boni considera igualmente que el lienzo recién recuperado anima a “replantear” la idea de que la hospitalización supuso “una ruptura en el desarrollo artístico” de la autora. Como apuntaba, sugiere que su experiencia en la ciudad cántabra “formó parte de un proceso más prolongado y complejo de exploración de la subjetividad como algo mutable, híbrido y permeable”. Posteriormente, ahondó en su lenguaje simbólico dentro del inframundo, que se convirtió en un motivo recurrente. Tendencia que para la comisaria invita a establecer “asociaciones con mundos ocultos, la transformación interior y el inconsciente”.

La derecha y la ultraderecha hoy ganan votos prometiendo eliminar trámites administrativos para poder construir, prometiendo relajar los controles medioambientales, acabar con reglamentos contra la homofobia, la brecha de género o los abusos laborales… Hemos pasado de tener consejerías de Igualdad, de Ordenación del Territorio o de Cambio Climático, nomenclaturas que intentaban al menos quedar bien, a inaugurar consejerías de Desregulación. De momento hay cuatro: en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, donde el PP y Vox gobiernan en coalición. 

¿Qué es esto de la desregulación? ¿Es la teoría liberal, neoliberal, de toda la vida, con otro nombre? ¿Tiene otros matices, otras consecuencias? Lo analizamos con Eduardo Garzón, economista, y con Franco Delle Donne, experto en movimientos de ultraderecha. Con Antonio Vega, director de elDiario.es en Castilla y León, recordamos uno de los episodios más sintomáticos de estas políticas.

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Patrick Radden Keefe ha vuelto a hacerlo. El hijo del oligarca (Seix Barral y Periscopi, en catalán) es un minucioso trabajo de investigación que entusiasmará a sus fans, muchos de los cuales le descubrieron aquí hace ya seis años con No digas nada (Reservoir Books/Periscopi), esa aproximación a la Irlanda del IRA a partir del caso de Jean McConville, una madre de diez hijos que desapareció en 1972.

Ahora el nombre del que el periodista estadounidense se sirve es el de Zac Brettler, un joven británico de 19 años, y el escenario es un oscuro Londres desconocido para la mayoría de sus habitantes. Es un libro que cualquier periodista querría escribir y que ningún lector debería perderse.

El hijo del oligarca podría ser la historia de un chico poco convencional y muy inteligente, hijo de una familia acomodada y discreta que empezó a cambiar cuando ingresó en una prestigiosa escuela, buena, pero no tan de élite como la que había aceptado a su hermano. Es allí donde comenzó a obsesionarse con el dinero y a encadenar mentiras hasta construirse una identidad falsa, la del hijo de un oligarca ruso. Podría ser solo la reconstrucción de su vida, pero es mucho más.

La noche del 29 de noviembre de 2019, cuando tenía solo 19 años, Zac Brettler murió. Cayó al Támesis desde el balcón de un edificio de lujo. No es una revelación que explique el final del libro. Al contrario, es el punto de partida, porque la versión inicial, la del suicidio, convence a la policía, pero no a sus padres.

La investigación permite descubrir que Zac utilizaba el apellido Ismailov para convertirse en otra persona, alguien que se inspiraba en ese Lobo de Wall Street que encarnó Leonardo DiCaprio y del que este chico era fan. Su doble vida era la de un joven que sabía moverse en las redes digitales y en las de poder, estas últimas aún más peligrosas.

Sus padres jamás se dieron por vencidos, nunca creyeron que Zac se hubiese quitado la vida o que tuviese problemas con la heroína. Buscaron pistas y recelaron de las explicaciones de la policía, por más dolor que encadenaran a cada novedad que iban descubriendo sobre su hijo. Algunas, a través de unos personajes que les adentraron a ellos, y ahora al lector, en el Londres que la mayoría de sus habitantes desconocen.

Dos de esas figuras se convierten en los otros protagonistas del libro. Akbar Shamjy, un impostor menos adinerado de lo que aparenta, y Verinder Sharma, un mercenario sin escrúpulos, ambos, a priori, protectores del joven Zac en esa otra vida paralela, son los otros protagonistas de este libro. A través de ellos, de sus miserias y también imposturas, de círculos en los que el dinero lo es todo y en los que las fortunas muchas veces solo esconden estafas, se reconstruye un mundo que parece de novela. Tendría todos los elementos para serlo, y sería una novela de las buenas, pero es una historia real.

Radden Keefe llega a ella casi por casualidad, porque un amigo del director de la serie inspirada en su libro No digas nada se la desveló. Pero sin la ayuda de Rachelle y Matthew Brettler, los padres de Zac, probablemente nunca la hubiese podido hilvanar.

Primero cuando la relató en un artículo en The New Yorker, donde colabora desde hace dos décadas, y ahora en este libro, demuestra que definirlo como el mejor cronista de su generación no es exagerar.

El periodista ha explicado en más de una ocasión que siempre hay un trabajo de investigación con el que va hurgando para encontrar esa verdad, a veces oculta. The New Yorker le permite disponer del tiempo y los recursos para hacerlo. Todo un lujo en esta era.

Busca siempre una historia que le enganche, probablemente porque es la mejor manera de que también pueda atrapar a los lectores. Dibuja un esquema y, a partir de ahí, a medida que avanza en las pesquisas, va colocando las piezas. Tan fácil y tan difícil. Con ese método logra que esos grandes reportajes que, en casos como este, acaban convirtiéndose en libros, sean una lección de periodismo de investigación. Esta vez se ha superado.

En cuestión de un mes se cumplen nueve años del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Este caso sacudió la historia reciente de Malta y, para muchos, estos últimos días el país ha vuelto a la casilla de salida tras la absolución del acusado de ordenar su asesinato, el magnate Yorgen Fenech. Tras 55 días de un juicio que centró la atención del país, y pese a la multitud de elementos presentados que apuntaban a lo que para muchos observadores era su clara culpabilidad, este multimillonario maltés salió por las puertas de los juzgados de La Valletta sin cargos y en libertad el pasado 2 de septiembre. Todo ello, ante la consternación de los familiares de la reportera asesinada y de gran parte de la opinión pública maltesa, que vieron con estupor cómo el jurado popular se decantó por la absolución de Fenech por ocho votos a favor y sólo uno en contra.

La situación desató un nuevo terremoto político, y casi una década después del ataque bomba que hizo estallar el coche de la periodista el 16 de octubre de 2017, la Justicia sigue sin ser capaz de dictaminar quién fue el autor intelectual del atentado de la periodista para emitir una condena definitoria. Ahora, la Fiscalía General busca presentar un recurso para anular el fallo y pedir la repetición del juicio, una posición que apoya la familia de la reportera y su hijo Matthew Caruana Galizia, la primera persona que llegó a la escena del crimen cuando el coche de su madre explotó, y una de las voces que se movilizó de forma más activa estos años para pedir que se hiciera justicia y se persiguiera hasta el último responsable de orquestar el asesinato de su progenitora.

El malestar se elevó unos días después de la absolución, cuando el diario Times of Malta publicó más de tres horas de grabaciones de los interrogatorios policiales a Fenech en 2019, reproducidas también en el juicio. En estas, el magnate afirmó que dio luz verde al plan de asesinato a la periodista, un complot que intentó parar al cabo de tres días. Sus revelaciones muestran su implicación directa, creen observadores y críticos, lo que hace más incomprensible la absolución del jurado, que no dijo por qué tomó tal decisión al no estar obligado a ello.

Según Matthew Caruana, otro elemento que prueba la responsabilidad de Fenech fue que él mismo solicitó el indulto presidencial tras su arresto en 2019. “Lo pidió tres veces”, una información que es pública, destaca. Para Corinne Vella, hermana de Daphne Caruana, la culpabilidad del magnate es clara: “Daphne fue asesinada en un clima de impunidad vigente. Si el recurso de la Fiscalía prospera, reavivará la esperanza de acabar con la impunidad de su asesinato”, concluye Vella, expectante ante la apelación para reabrir el proceso judicial.

El veredicto, “un fracaso deliberado”

“Este fallo es pura maldad. El jurado vio las pruebas, escuchó la confesión de Fenech sobre su complicidad y aun así no lo condenó. Fue un fracaso deliberado”, dice el hijo de la reportera en una entrevista con elDiario.es, mientras espera que se consiga repetir el juicio como única vía para lograr justicia para su madre.

Con este juicio estaba en juego el futuro del país. En los últimos años rescatamos a nuestra nación del abismo en que cayó. Hubo reformas y se logró que el Estado asumiera responsabilidad para enjuiciar los responsables del asesinato de mi madre. Fue un gran logro, pero este fallo volvió a hundir a Malta en el vacío

Matthew Caruana Galizia — hijo de la periodista asesinada

Aún en shock por el fallo reciente, y tras estar todo el verano asistiendo día tras día al proceso judicial contra Fenech, Matthew Caruana sigue trabajando para que el caso no quede en un callejón sin salida. En los últimos años, se condenó a tres sicarios que perpetraron el asesinato, y a dos proveedores de la bomba del atentado. Ya este verano, cuando la familia veía cerca la posibilidad de condenar a Fenech como la persona que ordenó el crimen en un juicio que esperaba de hace años, la absolución sorpresiva del jurado popular fue un revés inesperado.

“Cuando asesinaron a mi madre, Malta era un Estado mafioso. Tras pasar una década, incluso después de varias oportunidades de cambiar, sigue siéndolo. Un Estado creado para garantizar impunidad a los asesinos no tiene otra definición”, alega Matthew Caruana. “La defensa hizo todo lo posible para manipular al jurado y garantizar un juicio injusto”, remarca el hijo de la reportera sobre este órgano formado por nueve integrantes, todos ciudadanos comunes elegidos por sorteo, quiénes tuvieron la última palabra para determinar la absolución como parte de un modelo propio del sistema maltés usado para delitos graves en el Tribunal de lo Penal.

Una pesadilla que no acaba

Desde el asesinato de su madre, la vida de Matthew cambió para siempre. “Me despierto cada día en una pesadilla, y cada día espero que se acabe. Siempre fui una persona reservada, sólo asumí un papel público por mi madre. Quiero justicia para volver a mi vida de antes”, remarca el mayor de los tres hijos de la periodista.

Para él, el proceso judicial de este verano, conocido como El juicio del siglo, “fue una experiencia horrible de principio a fin”, no solo por el resultado final, sino por toda la revisión de los hechos en torno al crimen que le llevó “a revivir el trauma” en los 55 días de audiencias, donde compareció a su vez como testigo clave del caso.

“Con este juicio estaba en juego el futuro del país. En los últimos años, rescatamos a nuestra nación del abismo en que cayó. Hubo reformas y se logró que el Estado asumiera responsabilidad para enjuiciar los responsables del asesinato de mi madre. Fue un gran logro, pero este fallo volvió a hundir a Malta en el vacío”, lamenta el hijo de la reportera, nacida en 1964 y asesinada a los 53 años. Ahora, los ojos de la familia están puestos en los próximos pasos de la Fiscalía General. “Esperamos que el recurso del fiscal lleve a un nuevo juicio, aunque queda mucho por arreglar en el sistema judicial. Está totalmente destrozado y es ineficaz”, lamenta Caruana.

Pese a las numerosas pruebas, Fenech no sólo fue declarado inocente de ser el autor intelectual del asesinato, sino que ni siquiera fue declarado culpable de complicidad en el complot de asesinato

Karl Azzopardi — Malta Today

Él lleva años de lucha para esclarecer quién tuvo responsabilidades en el ataque a su madre. También hizo una larga defensa de la libertad de prensa en el país y presionó para que hubiera una investigación que en 2021 culpabilizó al Estado maltés por no prevenir la muerte de la reportera, al concluir que en Malta había “un ambiente de impunidad” que llevó al “colapso del Estado de derecho”. Tras procesos previos como la condena de los sicarios, se esperaba que este fuera el último paso contra el principal acusado de perpetrar el crimen, pero la absolución lo ha cambiado todo: “Es como si se volviera al punto de partida”, denuncia su hijo.

“Si no se hace justicia en este caso, será muy difícil que la haya en otros”, dice, indicando cómo el precedente de esta absolución puede llevar a otros reporteros a ser más vulnerables en Malta. En un país acechado por múltiples tramas de corrupción estos últimos años, sus periodistas navegan a menudo por aguas pantanosas.

Otra señal peligrosa para el periodismo

La absolución a Fenech “supone un duro golpe no sólo para la familia de la víctima, sino también para grupos de periodistas, ONG de libertad de prensa y activistas anticorrupción, quiénes consideran este caso como decisivo en la lucha para defender la libertad de prensa y la Justicia en Europa y el resto del mundo”, alertaron la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la Federación Europea de Periodistas (EFJ) en un comunicado. “La sentencia equivale a denegar justicia no sólo a la familia de Daphne, sino también a cientos de miles de periodistas de todo el mundo que sufren las consecuencias de la impunidad generalizada”.

Tras la absolución, el ambiente en Malta se tensionó. “Hay rabia y confusión, pero también resignación, como si ya se esperara que esto pudiera pasar. No creía que Fenech pudiera salir libre, pero en Malta todo el mundo se conoce. En mi opinión, los miembros del jurado fueron corruptos o tuvieron miedo de represalias”, comenta a elDiario.es Nick, un ciudadano maltés de mediana de edad que prefiere que no se publique su identidad real.

El primer ministro maltés, el laborista Robert Abela, quedó “atónito” tras conocer el veredicto, cancelando su asistencia a la inauguración de un hotel en la turística isla para reunirse de urgencia con sus asesores, ya que nunca imaginó la situación en la que se encuentra Malta, relató el diario local Malta Today.

El exjefe de Gobierno Joseph Muscat, también del Partido Laborista, se expresó abiertamente en esta línea el martes. Aseguró estar “perplejo” por el veredicto, e instó a realizar investigaciones inmediatas si deben hacerse. Muscat, quién era primer ministro cuando la reportera fue asesinada, dimitió en 2020 por los lazos con el complot de asesinato de su jefe de gabinete, Keith Schembri. En el juicio, la defensa de Fenech acusó al que fue hombre de confianza del exmandatario como mandante real del crimen, aunque Schembri lo niega y la Policía no tiene pruebas que apunten a que él diera la orden.

Cautela en el Gobierno

Según la prensa local, ante el escenario de incertidumbre actual, el Gobierno maltés pretende actuar con cautela, consciente de que cualquier reacción apresurada podría dificultarle una situación ya de por sí muy compleja, debido a los viejos y estrechos vínculos de Schembri con el laborismo maltés, hasta hoy la fuerza gobernante.

“Pese a las numerosas pruebas, Fenech no sólo fue declarado inocente de ser el autor intelectual del asesinato, sino que ni siquiera fue declarado culpable de complicidad en el complot de asesinato”, escribe Karl Azzopardi, editor de la sección digital de Malta Today, que cuenta cómo la absolución añade presión al Ejecutivo de Abela. Según agrega, las consecuencias de la decisión del jurado pueden ser el “mayor desafío” para el mandatario.

Fernando Alan Chaidez tenía 24 años, había terminado sus estudios de Derecho y era un hijo ejemplar. “No salía, no había probado una gota de alcohol”, dice su padre, Bryan Humberto Chaidez Osuna. El 13 de enero de 2026, el joven fue acribillado a balazos cuando regresaba del gimnasio en Culiacán, la capital de Sinaloa, en el noroeste de México. Junto a él, su novia Rosa Guadalupe, también veinteañera, recibió diversos impactos de bala, pero se salvó de milagro. La versión oficial es que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Viajaban en un Honda blanco que fue tiroteado desde un blindado militar.

Supuestamente, los uniformados se confundieron. Perseguían a unos presuntos delincuentes que escapaban, también, en un Honda blanco y que les habían lanzado unos ponchallantas (unos hierros puntiagudos que sirven para reventar ruedas e impedir el paso de los vehículos). Fue una casualidad fatal. En medio de la carrera y la adrenalina, los militares empezaron a disparar y, para cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado, ya era tarde. Fernando Alan Chaidez, el chico musculoso y atento, el orgullo de sus padres, había sido asesinado.

Se cumplen dos años de la guerra en el interior de facciones del crimen organizado en Sinaloa y el Estado sigue marcado por la violencia. El cartel de Sinaloa, considerado uno de los grupos delictivos más poderosos del mundo, se rompió en dos facciones irreconciliables. Por un lado, los Chapitos, liderados por Iván y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, narcotraficante que actualmente paga una cadena perpetua en EEUU. Por otro, la Mayiza, los herederos de Ismael Zambada El Mayo, con Ismael Zambada Sicairos, Mayito Flaco, al frente. En medio, una constelación de grupos armados dedicados al tráfico de drogas y cuyas lealtades varían según el contexto.

La situación en Culiacán es superprecaria, porque se combinó el ingrediente del conflicto criminal con la falta de orden político, cruzada con la falta de legitimidad del gobierno, y atravesada por una fuerte crisis económica

Carlos Pérez Ricart — Académico experto en crimen organizado

En estos dos años, Culiacán ha pasado de ser una capital en auge económico a languidecer como escenario de una guerra fratricida. Esta es la ciudad en la que un joven abogado puede salir a ejercitarse y regresar en una bolsa de plástico. O donde el Ejército mata a tiros a dos niñas que viajan en la parte de atrás de una camioneta. O el lugar en el que un youtuber es asesinado, también a tiros, durante una emisión en directo porque una facción del crimen organizado lo vincula con sus rivales. O la capital en la que varios cuerpos desmembrados aparecen en una camioneta decorada con un mensaje siniestro: “Bienvenidos a Culiacán”.

El conflicto interno del cartel de Sinaloa ha regado el estado de cadáveres (más de 3.800, según datos del diario Noroeste, lo que supone una media de cinco muertes violentas al día durante los últimos dos años), desaparecidos (una cifra similar, según colectivos de búsqueda como Sabuesos Guerreras) negocios cerrados (unos 3.000 bajaron la persiana, según la patronal local) y que ha terminado por salpicar la política nacional, ante las acusaciones de vínculos de políticos locales con el crimen organizado. “La situación en Culiacán es superprecaria porque se combinó el ingrediente del conflicto criminal con la falta de orden político, cruzada con la falta de legitimidad del gobierno y atravesada por una fuerte crisis económica”, dice a elDiario.es el académico y experto en crimen organizado Carlos Pérez Ricart.

Historia de una traición

La guerra comenzó después de una traición. Ocurrió el 25 de julio de 2024. Aquel día, Ismael Zambada, El Mayo, el narcotraficante más longevo y que contaba con la leyenda de no haber sido nunca detenido, fue citado en un rancho en las afueras de Culiacán. Supuestamente, tenía una reunión en la que debían participar el entonces gobernador, Rubén Rocha Moya; uno de sus rivales políticos, Héctor Cuen; e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y otro de los grandes capos del cartel de Sinaloa.

Aquella reunión era una trampa. Apenas el Mayo puso un pie en una de las salas del rancho Huertos del Pedregal, unos sicarios bajo las órdenes de los Chapitos lo secuestraron. Héctor Cuen fue asesinado (la Fiscalía local trató de hacer pasar su muerte como un robo, pero fue descubierta) y los policías que ejercían de escoltas desaparecieron. Horas después, el Mayo Zambada aterrizaba en EEUU, atado, y acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y ahijado del propio narcotraficante. Parece difícil creer que el operativo se llevó a cabo sin el conocimiento del gobierno de EEUU. En junio de 2026, Zambada fue condenado a cadena perpetua en un tribunal de Nueva York.

Desde el 9 de septiembre de 2024 no ha habido un día tranquilo en Culiacán. Sus calles son testigo de la violencia. No hay colonia en la que no se observen edificios quemados o tiroteados. No hay día sin un homicidio, un secuestro o un ataque armado

Dos meses después de la traición, comenzó la guerra. El 9 de septiembre de 2024, la facción liderada por el hijo del Mayo Zambada atacó a sus antiguos socios. Conocían todos sus secretos: rutas, puntos de venta, negocios dedicados al blanqueo de dinero. Desde entonces no ha habido un día tranquilo en Culiacán. Sus calles son testigo de la violencia. No hay colonia en la que no se observen edificios quemados o tiroteados. No hay día sin un homicidio, un secuestro o un ataque armado.

“Estos meses han dejado una huella; todavía no vemos la luz al final del túnel”, dice Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa. Antiguo activista, el funcionario lanza una especie de “mea culpa” colectivo. “Nos acostumbramos al tráfico, a la siembra. La sociedad también tiene que asumir: ¿qué hemos hecho?, ¿qué hemos omitido?”, argumenta. Asegura que es difícil lograr que las familias denuncien las vulneraciones a los Derechos Humanos que se perpetran en la guerra. México está demasiado acostumbrado a la violencia. En diciembre se cumplirán dos décadas desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la denominada “guerra contra el narco” que sembró el país de cadáveres. En estos últimos 20 años las cifras son demoledoras: más de medio millón de asesinatos y más de 130.000 desaparecidos.

La política y la delincuencia organizada

El conflicto interno tiene otra vertiente que ha convertido a Sinaloa en el epicentro de una disputa con EEUU: el papel del poder político en el dominio del crimen organizado. Aquí aparece una figura que ha generado controversia en las últimas semanas: el exgobernador Rubén Rocha Moya, adscrito a Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum. En primer lugar, se desconoce cuál fue su papel en la operación desarrollada por los Chapitos para capturar al Mayo Zambada y que dio origen a este ciclo de violencia. Aunque el vínculo del funcionario con el crimen organizado es anterior: investigaciones periodísticas revelaron decenas de secuestros a opositores perpetrados por el cartel de Sinaloa durante las elecciones de 2021, las que le dieron la victoria a Rocha Moya.

Lo anterior fue aprovechado por las autoridades de EEUU, que en abril de este año anunciaron una orden de captura contra el gobernador y otros nueve funcionarios, acusados de colaborar con el cartel de Sinaloa. Esto obligó a Rocha Moya a dejar el cargo y, aunque todavía no se ha enfrentado a la Justicia, su situación es de una gran fragilidad. “Rocha Moya está en una posición muy vulnerable. Veo su futuro en la cárcel”, dice Pérez Ricart, quien cree que Donald Trump está utilizando estos casos para influir en la política mexicana.

Se puede hablar del fin del cartel de Sinaloa, pero le puede ocurrir lo que sucedió con los Zetas o con la Familia Michoacana, que surjan cuatro o cinco organizaciones

David Saucedo — Analista especialista en seguridad pública

El futuro de Sinaloa es incierto. “Se aprecia que quien va ganando la guerra es la facción del Mayo Zambada”, asegura el analista David Saucedo, especialista en seguridad pública. En su opinión, sin embargo, esto no implica que la violencia vaya a desaparecer. Además, recuerda que las crisis internas de los grupos criminales pueden derivar en una diversificación de la delincuencia. “Se puede hablar del fin del cartel de Sinaloa, pero le puede ocurrir lo que sucedió con los Zetas (grupo de exmilitares que operó a principios del siglo XXI) o con la Familia Michoacana, que surjan cuatro o cinco organizaciones”, afirma. Pérez Ricart, por su parte, entiende que el gobierno federal ha conseguido algunos logros, como disminuir ciertas tasas de homicidios o meter en prisión a algunos generadores de violencia. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Las heridas en Sinaloa y las presiones de EEUU no facilitarán la pacificación.

Más allá de las grandes cifras, están las víctimas. Para Bryan Humerto Chaidez la guerra más importante es la que libra contra el estado que debió protegerle. “No vamos a dejar de buscar justicia”, insiste.

En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros.

En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11%, entre 2026, 2027 y 2028.

Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad...

A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí.

Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España

En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales, por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos.

También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes—. O el gran salto que se produce entre los médicos: los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto.

Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado.

Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes, porque no iba acompañado de otras medidas.

Jueces y fiscales, los que más cobran

Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad.

Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio.

La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros).

El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—.

El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos.

Diferencias por comunidades

Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio.

Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia.

Cuánto se puede progresar salarialmente

Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio.

Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado.

La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos.

En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón.

En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública.

Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León.

Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos.

Las guardias médicas, en el punto de mira

Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 24 a 17 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria.

Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000.

Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo.

En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos.

De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año.

En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

Aquella inquietante doctrina del precrimen que sustentaba la manipulable acción de la justicia en la clásica película de Steven Spielberg va camino de hacerse realidad en nuestro Tribunal Supremo; firme y aparentemente convencido de que su misión se parece a aquella que guiaba a la unidad dirigida por un atormentado Tom Cruise: evitar los crímenes antes de que sucedan. 

La principal novedad aportada por la versión de nuestro alto tribunal reside en que la mayoría de sus señorías se arrogan también el papel de las “precogs” que anticipaban los delitos. No solo los evitan, sino que también los anticipan; juez y parte, dos por uno, máxima eficiencia. 

Enfrentado al dilema de limitar un derecho reconocido para evitar un supuesto crimen que todavía no se ha cometido o garantizar ante una mera sospecha un derecho que ya existe unido a la nacionalidad reconocida legalmente, sin evidencia sólida y otra base que la conspiranoia antisanchista, el Supremo ha optado por castigar preventivamente a los miles de hijos y nietos de españoles que se vieron obligados a marcharse de su país. Si ya no están aquí, qué más les da esperar unos meses más; habrán pensado. 

Primero se les expulsó de España por lo que pudieran pensar. Ahora, décadas después, se les expulsa del censo por lo que pudieran votar. Derecho o sospecha; difícil elección en estos tiempos para un jurista de reconocido prestigio.

Entre prevenir que vote quien no debe y evitar que se quede sin votar quien puede, el Supremo ha elegido la sospecha y ha suspendido un derecho. Prefiere infligir un daño real y presente para eludir un daño futuro e hipotético. Por no hablar del desdoro ya provocado a nuestro sistema electoral sin más razones jurídicas que el recelo o la premonición. El precrimen como nuevo concepto central de nuestra arquitectura jurídica en ese camino constante hacia la innovación jurídica permanente. 

El Supremo lo hace, además, para resolver una cuestión que no se había planteado, pues no es ni la ley de nietos ni la famosa instrucción lo que está recurrido, sino una resolución de la Junta Electoral Central sobre su competencia para resolver cuestiones de nacionalidad. Lo que haga falta para garantizar el “resultado querido” por los verdaderos españoles. 

Con la inflación de nuevo al alza, en el 4,3% en agosto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ha vuelto al debate público. Y, entre todos, el salario mínimo interprofesional (1.221 euros brutos al mes), el más bajo legal y el que aprueba el Gobierno, al que los sindicatos mayoritarios exigen un nuevo incremento. Este año, más allá de la cifra de subida, hay un elemento que está protagonizando el debate: la prometida –y pendiente– reforma de las reglas de absorción de los pluses salariales.

Se trata de un cambio normativo que pretende evitar una práctica de las empresas (avalada por el Tribunal Supremo) por la que los empleadores “absorben” la subida del salario mínimo –y la pactada en convenios colectivos– a través de los complementos salariales que perciben los trabajadores.

Un ejemplo: pensemos en Patricia, una trabajadora que cobra 1.250 euros brutos al mes (1.150 euros de salario base y 100 euros de plus de nocturnidad). Cuando el SMI subió a 1.221 euros este 2026, su sueldo no aumentó, porque en total cobra más del mínimo legal.

CCOO y UGT denuncian que esta práctica supone que los trabajadores cobran menos por los pluses que venían percibiendo (por causas como peligrosidad, nocturnidad o productividad, por ejemplo) y que, además, genera agravios comparativos dentro de las empresas.

De nuevo, imaginemos el caso de Sandra, compañera de Patricia, que cobraba solo los 1.150 euros brutos al mes de salario base, ya que no realizaba turnos de noche. A ella sí le subiría el sueldo gracias al alza del SMI, hasta los 1.221 euros.

El Gobierno pactó el cambio, pero aún no lo ha aprobado

Los sindicatos mayoritarios llevan años defendiendo un cambio legal de esta situación, de las llamadas reglas de “compensación o absorción” de los pluses salariales. Porque esto blindaría el valor de los complementos salariales, y de paso multiplica los trabajadores afectados por las subidas salariales. En el caso del SMI, en estos momentos cubre a unas 2,5 millones de personas.

Como España es todavía un país de salarios bajos y las sucesivas subidas del SMI de los últimos años no han ido acompañadas de incrementos similares en muchos convenios, el salario mínimo ha ido 'comiéndose' el suelo salarial de numerosos sectores, como recoge un reciente estudio de Eurofound.

Esta reforma de los pluses salariales elevaría aún más la cobertura del SMI, empujando al alza los salarios más bajos de muchas actividades, algo a lo que se niega con rotundidad la patronal CEOE, que afirma que invade las competencias de la negociación colectiva.

Finalmente, el Gobierno se comprometió con CCOO y UGT a esta reforma en el acuerdo de subida del SMI de 2026, que contó en la firma con el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Trabajo dio el primer paso para regular este decreto el pasado febrero, cuando colgó un borrador a Audiencia Pública, pero seis meses después aún no lo ha llevado al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que está impacientando a los sindicatos.

A principios de mes, el secretario de Estado de Trabajo afirmó que aún faltaban algunos informes preceptivos de otros ministerios para poder enviar el texto al Consejo de Estado, pero fuentes del departamento de Yolanda Díaz responden a este medio que ya solo falta el dictamen de este órgano consultivo. El plazo de respuesta del Consejo de Estado es de hasta dos meses (15 días en los casos más urgentes).

Amenaza del primer rechazo sindical en ocho años

Con la negociación de la subida del salario mínimo de 2027 a la vuelta de la esquina, en la que se pretende abordar la pérdida de poder adquisitivo fruto de la inflación, los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han reclamado al Gobierno que cumpla de inmediato con esta reforma de los pluses salariales comprometida.

De lo contrario, los sindicatos han situado dos escenarios sobre la mesa. Unai Sordo ha advertido de que no firmará un nuevo acuerdo de salario mínimo con el Gobierno sin que esto “se resuelva”, lo que supondría la primera subida del SMI sin respaldo sindical en ocho años. Desde 2019, cuando Pedro Sánchez pactó el alza a 900 euros con Pablo Iglesias, entonces líder de Podemos.

Por su parte, Pepe Álvarez ha afirmado que UGT aún se debate entre esta opción o exigir al Ejecutivo un mayor aumento del SMI. Ambas organizaciones prevén cerrar una posición conjunta en los próximos días, indicaron los líderes sindicales.

El alza, en cualquier caso, tiene que ser superior a lo que están subiendo los salarios de media, afirmó Sordo, lo que apunta a un incremento del SMI por encima del 5%, explicó.

Se abre así ahora un periodo clave hasta final de año para la reforma de la compensación de pluses, que condicionará la negociación del SMI. Como cita en el horizonte, destaca el futuro dictamen del Consejo de Estado. Habrá que ver si el órgano respalda el cambio legal vía real decreto que defienden Trabajo y los sindicatos, o si por el contrario vuelve a oponerse y a coincidir con el criterio patronal, como ocurrió con el del registro horario.

Dos adjudicaciones millonarias en plena crisis migratoria que la ciudad autónoma de Ceuta acaba de formalizar sin publicidad previa y que han ido a parar a familiares directos de cargos de la máxima confianza del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Tal y como puede comprobarse en el perfil oficial de Contratación Pública, los dos contratos tienen fecha de 27 agosto, una de las jornadas más duras vividas en la ciudad desde la entrada fronteriza masiva del 30 de julio.

Ese jueves tuvo lugar el brote de violencia explícita más grave hasta la fecha. A las manifestaciones masivas que se convocaron bajo el lema “invasores, expulsión”, y que fueron secundadas por el propio Vivas y por el Partido Popular, les siguieron después ataques a la prensa y fuertes disturbios que incluyeron el bloqueo de ayuda humanitaria y el incendio de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez. Ese mismo día, dos viejos conocidos de Juan Jesús Vivas se garantizaron ingresos de varios millones de euros del presupuesto público.

El contrato más cuantioso de los que hasta ahora ha adjudicado durante la crisis migratoria el gobierno ceutí ha ido a parar a la empresa Absercon. En concreto, 3.267.698,08 euros para “obras de adecuación y habitabilidad de los espacios de acogida de menores motivada por la situación generada tras la entrada masiva de inmigrantes provenientes del Reino de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio de 2026”.

Según el boletín oficial del registro mercantil, el propietario y administrador único de Absercon es Bartolomé Sánchez-París Contreras, un hombre que forma parte incluso de un círculo personal cercano a Juan Jesús Vivas. Porque su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es un hombre de la máxima confianza del presidente y ostenta actualmente un puesto de asesor en el gobierno autónomo, donde desempeña el cargo de secretario administrativo de presidencia con un sueldo público de 35.635 euros. Ingresos que compagina con los de su trabajo en la federación ceutí de fútbol. Pero ese vínculo personal tan directo no se entiende sin la figura del padre de Bartolomé y Javier, Francisco Sánchez París, exjefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta entre 2006 y 2011 y amigo íntimo desde la infancia.

Hay un segundo contrato, de 2.483.175 euros, que también ha ido a parar a la empresa de otro familiar directo de un cargo de confianza de Juan Jesús Vivas. El mismo 27 de agosto, y también sin anuncio de licitación en el portal de contratación, se formalizó la adjudicación de un encargo de “mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza” para los espacios de acogida de menores. Y fue a parar a la Ferretería Doncel, un comercio local que, según el registro mercantil, dirige Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y otro de los hombres de máxima confianza de Vivas.

La trayectoria de Doncel está ligada estrechamente a la carrera política de Vivas. El presidente ceutí lo llegó a nombrar consejero de fomento de su gobierno en 2008 y, años después, su propio jefe de gabinete, dando cuenta de la máxima cercanía y confianza entre ambos. También Vivas fue quien lo nombró en 2019 presidente del Puerto de Ceuta, cargo que desempeña hoy día.

Contactados por este periódico, desde el gobierno ceutí admiten que se trata de dos contratos adjudicados sin publicidad y sin que otras empresas, locales o de fuera de Ceuta, tuvieran posibilidad de acceder a esas adjudicaciones. Pero niegan que el motivo tenga que ver con los vínculos familiares de los cargos de confianza del presidente.

“Los contratos se han tramitado al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Los días 30 y 31 de julio se produjo una situación extraordinaria que hizo necesario actuar con carácter inmediato para habilitar espacios de acogida, adecuar instalaciones y disponer de suministros y equipamientos en el ámbito de menores no acompañados. En estas circunstancias, la ley permite no acudir al procedimiento ordinario de licitación, precisamente para que los plazos administrativos no impidan dar una respuesta inmediata”, argumentan desde la ciudad autónoma.

Defiende el gobierno de Vivas que “la contratación de emergencia no supone ausencia de control ni de expediente administrativo” y que, en cualquier caso, está “respaldada por los informes técnicos y jurídicos del Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, que justifica la necesidad de actuar por la vía de emergencia”. “Hay que distinguir entre la contratación ordinaria, que está sometida a los procedimientos de publicidad y concurrencia correspondientes, y la contratación de emergencia, que tiene un régimen jurídico específico. Esperar a una licitación ordinaria habría sido incompatible con la necesidad de respuesta inmediata que planteaba la situación”, concluyen.

El Gobierno central aprobó a finales de agosto una inyección de emergencia de 65 millones de euros y posteriormente anunció un plan de choque integral de 309 millones para responder de forma directa a la crisis migratoria. Un paquete económico, presentado a principios de septiembre de 2026 por el Consejo de Ministros, que representa aproximadamente el 16% del PIB de la ciudad autónoma y engloba tanto las medidas de emergencia iniciales como los planes de recuperación.

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El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, antiguo responsable de la UDEF en Madrid al que se le incautaron más de 20 millones de euros emparedados, reveló el pasado mayo ante el juez que le investiga la existencia de una red de corrupción desconocida y compuesta por funcionarios para introducir cocaína por el puerto de Algeciras. En un reciente informe, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía “verifica” ante el magistrado la “posible existencia” de esta trama corrupta.

El magistrado ordenó a la Unidad de Asuntos Internos que indagara en algunos extremos de la declaración del inspector jefe encarcelado. En su comparecencia del 19 de mayo, Sánchez Gil había explicado al magistrado que la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udyco) dejó sin analizar un teléfono encriptado dentro de la causa que le mantiene a él y otras personas en prisión desde noviembre del pasado año. En ese teléfono se encuentran los indicios de la red de corrupción desconocida hasta ahora. 

Asuntos Internos recoge ahora en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es: “Se ha realizado por parte de esta Unidad un análisis superficial del contenido de las mismas evidencias que ha permitido verificar, efectivamente, la posible existencia de otra trama de posible corrupción de la que tendría conocimiento el usuario del pin T8CKH6”.

Los agentes de Asuntos Internos han analizado las conversaciones de ese pin de Sky FCC, un sistema telefónico de encriptación cuyo servidor fue asaltado por la Gendarmería francesa con una orden judicial y cuyo contenido es considerado por las policías europeas el mayor tesoro hasta la fecha en la lucha contra el narcotráfico.

En las conversaciones de ese usuario de Sky FCC, Asuntos Internos ha encontrado alusiones a “actividades de tráfico de drogas, pagos a intermediarios, referencias en ese contexto a la aduana y funcionarios de Guardia Civil y UAR [en probable alusión a la Unidad de Análisis de Riesgos (de la Aduana de Algeciras)], cifras sobre posibles pagos que planean efectuar….”.

A continuación, los policías de Asuntos Internos advierten al juez de que los datos encontrados en el citado teléfono “no permiten identificar indubitadamente al receptor de los mismos” y que se trata de “referencias” a una trama distinta a la investigación que se sigue contra Sánchez Gil. Fuentes de la Fiscalía Antidroga consultadas por elDiario.es aseguran que aún no han analizado el informe de Asuntos Internos para decidir sobre una posible investigación de los hechos.

Sánchez Gil llegó a hacer las afirmaciones sobre la trama de corrupción a partir de su defensa de que él no es el “Aduana” que identificaba a uno de los usuarios de Sky FCC, el sistema encriptado. El policía argumentó en su declaración: “No aparece nada de un jefe de la UDEF, ni un inspector jefe de Madrid, ni nada que tenga que ver conmigo. Pero sí aparecen cosas como, por ejemplo, mensajes que hablan de cuadrantes, que dicen ‘contenedores’, dicen normalmente la palabra ‘latas’ cuando se refieren a contenedores y que las ‘latas’ tienen que llegar en tal fecha, porque es la fecha que nos han dado los ‘cuadrantes’ de los agentes”.

El relato del policía continuaba así: “Hay mensajes que hablan por ejemplo de pagos, de 100.000, de pagos de 200.000, hablando de 50.000… Hablan de comunicaciones con estos agentes, de manera directa, comunicaciones vía WhatsApp, vía Sky… Se habla de que tienen el control de todo el personal del puerto, de la Unidad de Análisis de Riesgos Aduanas y Guardia Civil, incluso hablan de presiones, que sufren presiones por parte de los agentes que dicen cuándo introducir los contenedores”.

Sánchez Gil, la pieza más preciada del 'narco'

El inspector jefe Óscar Sánchez Gil representaba la figura del colaborador más preciado por una gran organización de narcotraficantes. Su principal misión consistía en introducir en las bases policiales datos como las matrículas de contenedores que entran por los puertos españoles, haciendo creer que los había obtenido en el transcurso de sus investigaciones. 

Cuando otro investigador sospechaba realmente de ese contenedor que iba a llegar con cocaína oculta, introducía sus datos en las bases de cooperación y saltaba una coincidencia que alertaba a Sánchez Gil. De esta forma, la organización a la que pertenecía el inspector jefe había logrado evitar las “caídas” o interceptaciones de droga, hasta conseguir una posición muy ventajosa en el mercado ilegal de tráfico de cocaína. 

Asuntos Internos ha revisado el trabajo de la Udyco y coincide en que, “de forma indubitada”, el apelativo ‘Aduana’ era adjudicado por los miembros de la organización a Sánchez Gil, en contra de lo que defiende el policía. Sin embargo, su exposición ha servido para aflorar la implicación de otros funcionarios públicos en la entrada de droga por Algeciras, unos agentes que no han sido descubiertos aún. 

El 19 de mayo, su abogado le preguntó si había alguna “mención específica”, como por ejemplo alguna mención a un funcionario de Vigilancia Aduanera que pudieran encajar mejor con el sobrenombre de Aduana. En ese punto, Sánchez Gil responde que hay alusiones a la Unidad de Análisis y Riesgos de la Guardia Civil o menciones por su nombre a agentes del desaparecido dispositivo especial OCON-Sur para combatir el narcotráfico en El Estrecho de Gibraltar, integrado por guardias civiles. En concreto, Sánchez Gil mencionó tres de esos nombres en su declaración. 

El otro punto más destacado de su comparecencia, de mayor profundidad si cabe, fue la denuncia de que la unidad especializada antidrogas de la Policía Nacional, a la que perteneció en el pasado, utiliza un sistema para ‘blanquear’ el verdadero origen de sus investigaciones y ocultársela a jueces y fiscales. Consiste en atribuir a una policía extranjera el origen de una información que en realidad procedería de teléfonos encriptados para sortear posibles nulidades de la causa. 

Sánchez Gil mencionó por sus nombres y apellidos a los principales responsables de la Udyco Central en esta práctica, que también incluiría el borrado de los datos que aluden a confidentes si aparecen en Sky FCC u otros sistemas de encriptación. Si aparece un policía implicado, añadió, sus compañeros maniobran para que no se le investigue. 

Con posterioridad a su declaración, uno de los policías señalados, jefe de sección en la Udyco, declaró ante el juez y negó las acusaciones de Sánchez Gil. Fuentes policiales consideran que el inspector jefe encarcelado miente para intentar tumbar la causa contra él, sabedor de que una estrategia habitual de la defensa de los investigados es “atacar” el origen de las operaciones para que la justicia las anule en su totalidad. 

La organización a la que pertenecía Sánchez Gil es de las más poderosas en el campo del narcotráfico. El acusado de ser su responsable en España, Ignacio Torán, permanece en prisión provisional. Y el presunto jefe a escala internacional, Alejandro Salgado, ‘El Tigre’, ha huido de Dubái, donde se refugiaba, y se encuentra en paradero desconocido. 

Recién la victoria socialista de 1982, inapelable e ilusionante, un grupo transnacional de ricos muy poderosos y muy alegres se convocó a un gran sarao en una bodega postinera de Jerez de la Frontera. Entre vinos y danzarinas de Cádiz, dos atractivos muy queridos en el Imperio romano, los asistentes, una fuerza multinacional, se regodearon y festejaron el éxito del nuevo poder en el Estado español.

Un hombre francés muy influyente entonces, de la política y el deporte, cuyo nombre omitiré pero tal vez ustedes averigüen, interpeló a otro, andaluz pero criado en Francia y allí crecido personal y profesionalmente, del mundo del toro, que asistía más por francés que por taurino: ¿tú no te has afiliado aún al PSOE? El interpelado, muy de derechas pero en igual medida honesto, contestó: no, soy muy de derechas, no es mi sitio. A lo que el francés de nacimiento respondió: eso da igual, en España unas veces ganará la derecha y ahora, como ves, la izquierda, hay que estar en uno de los dos lados, ahora toca este, te irá bien.

Angustiado pensé, esto es como en Córcega, un gobierno y una oposición reversible y simétrica, de suma cero. Siempre dos, u partitu y u contrapartitu, por turnos, solo definidos por su lugar en el poder. Es una pesadilla que me persigue.

Es una historia real de la que fui testigo indirecto. Y no solo una historia, una premonición de lo que iba a ocurrir a partir de ese momento. Era el diseño de 1977, que llegaba quizá antes de la cuenta; lo único posible, la derecha de siempre y una izquierda domesticada. Los años siguientes a 1982, lo pusieron claro. La posición sobre la OTAN fue significativa, la izquierda antifranquista se rompió irreparablemente, los que llegaron, a pesar de sus pantalones acampanados y patillas, tenían claro quiénes sobraban, con una poca izquierda era bastante.

Cuando le preguntaron a González por Ceuta, algo que no creo que le gustara, salió como pudo, con una leve crítica a Pedro Sánchez, pero sin apenas reproches a Marruecos

En Ceuta se ha hecho notar José María Aznar, uno de dos. En realidad no ha dicho nada, solo ha pedido firmeza, quién no, algo que vale para un roto y un descosido. Y una evocación en su haber del islote de Perejil, una acción militar consentida en un territorio ridículamente minúsculo y deshabitado, porque ni siquiera el cabrero que con buena mar lleva allí sus cabras estaba por aquel día.

Felipe González, el otro de la dupla, no ha estado en Ceuta, y no se sabe el porqué, ellos que comparten agendas y apariciones estelares de pago. Uno pensaba que llegaría, es su turno. Tal vez, González siga preso de los aires y vapores de los altos de Tánger, en las vecindades del Cabo Espartel o quizá pasee mentalmente por el caserío de Arcila, con una paraíta en Casa Pepe; Arcila, un pueblo marroquí del Protectorado muy de Cádiz, créanme.

Cuando le preguntaron a González por Ceuta, algo que no creo que le gustara, salió como pudo, con una leve crítica a Pedro Sánchez, pero sin apenas reproches a Marruecos. No importa la ideología, como en Córcega, solo importa quién esté en el poder o no y si es de los tuyos. La grey socialista, además, siempre ha sido muy de Marruecos y hasta muy de Israel, cuando su dirigencia hoy plateada veraneaba en las playas de Tel Aviv o se ingresaba en retiros espirituales en ciertos kibutz.

Una izquierda de la que nunca se fio el PSOE, no son mucho de revoluciones y menos de relaciones internacionales ajetreadas

Es verdad que la política exterior socialista es menos imperial y militarista que la de derechas de toda la vida con Marruecos: han leído a Arturo Barea y el Expediente Picasso. Con todo, siempre han sido promarroquíes y lo que eso conlleva, incluida su proximidad a la enorme influencia del cabildo sefardí en el majzén marroquí.

La poca izquierda activa que queda siempre les perturbó, pero así y poca, sin ella, el cambio de posición sobre el Sáhara hubiera llegado incluso antes, con González o Rodríguez Zapatero. Una izquierda de la que nunca se fio el PSOE, no son mucho de revoluciones y menos de relaciones internacionales ajetreadas, de ahí la convulsión interna de los filipinos contra Pedro Sánchez y lo que consideran desvaríos exteriores por salirse del guion corso.

Felipe, en la misma comparecencia callejera previa a una comida con sus propios y un cura, ha afirmado que no le teme a la extrema derecha española, por otra parte, confesa de fascismo y franquismo. Ni siquiera parece perturbarle ni responder ante el fracaso de su predicada Gran Coalición alemana, con una socialdemocracia arruinada ya antes y ahora herida de muerte tras el éxito de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt. Ya lo dijo y escribió George Orwell allá por los treinta cuando estuvo en España: el socialismo de derechas le teme más a la revolución (hoy no existe) que al fascismo (hoy vivito y coleando).