Como canta Fernando Cabrera¹ en Viva la patria, más de un lector o lectora habrá nacido en lo que fue un verdadero orgullo nacional que hasta no hace mucho era la segunda maternidad del país en cantidad de partos y la primera en partos de alto riesgo obstétrico y prematuros. A partir de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud sus servicios quedaron en un limbo, siendo eliminados algunos o reconvertidos otros.

Quiero fijarme en el Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (Crenadecer), cuya unidad de internación está en el Canzani. El Crenadecer se ocupa de atender a quienes padecen estas patologías, que en Uruguay afectan a un 6 por ciento de la población. Una vez captados y diagnosticados, los pacientes son vinculados a equipos de profesionales altamente capacitados para realizar tratamientos que mejoren su calidad de vida, ofrecerles atención en todas sus necesidades (órtesis, prótesis, sillas de ruedas), tratamientos con fisioterapia y todo lo que requieran para su mejor readaptación o funcionalidad.

ENTRE LOS NÚMEROS Y LA SALUD

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, y su vicepresidenta, María del Rosario Oiz, quieren trasladar el corazón del Canzani al piso 16 del Hospital de Clínicas (cuyo director, Álvaro Villar, aclaró que no lideraba el proyecto).

Después de que el sindicato denunciara públicamente lo que se quería resolver entre cuatro paredes, Pardo y Oiz remitieron una carta al personal confirmando que ya se está en conversaciones avanzadas. Manejan presupuestos que, según ellas, supondría mantener los servicios actuales…, pero sin mencionar nada acerca de cuál será el costo económico para el BPS si el servicio se traslada al Clínicas, qué inversiones se necesitarían y a cargo de quién quedarían, a cuánto ascendería el alquiler que debería pagar el BPS de por vida, etcétera. (Obviamente, el ocultamiento de estos datos lleva a sospechar que el proyecto será bastante más oneroso que si se invirtiera en el propio Canzani, potenciándolo.)

Desde la presidencia del BPS intentan fundamentar con frías estadísticas: cuántas internaciones se han registrado y por cuántas horas, promedio mensual de ingresos, edades de los pacientes. Apenas cuatro renglones de números sin alma ni presencia humana para justificar lo que se pretendía hacer sin dar explicaciones. ¿Serán plenamente conscientes de las características del servicio que quieren fragmentar, su casi imposible sustitución, y comprenderán cabalmente lo que desde una perspectiva humana puede llegar a significar? Veamos una sola experiencia.

UNA CAMA. MENOS DE 24 HORAS

A las 0.38 de la madrugada sonó el teléfono de la guardia del sanatorio Canzani. Era una emergencia móvil. Venían en camino con un niño de 11 años (al que llamaré Pedro). El personal de salud conocía no solo su diagnóstico, sino también a sus padres, sus años de enfermedad, internaciones, retrocesos, mejorías. Sabían que junto a él había una familia que había dedicado vida para prolongar la vida.

Esa madrugada, la progresión de la enfermedad mostró su cara más dura. Entonces, como equipo de salud hubo que hacer una de las cosas más difíciles: reconocer cuándo ya no se trata de prolongar la vida, sino de evitar el sufrimiento. Hubo que hablar con la mamá y el papá. Explicar. Escuchar. Decirles que el niño no iría a CTI. Limitar el esfuerzo terapéutico iniciando la sedación paliativa. Y enseguida cuidar, acompañar, sostener… y sostenerse. Toda la familia fue llegando. Quedaba su hermano pequeño. Papá y mamá preguntaron cómo decirle que su hermano Pedro iba a morir. Alguien del equipo se sentó con él y buscó las palabras, que no estaban escritas en ningún protocolo. Durante esas horas hubo medicamentos, controles, decisiones clínicas, cuidados de enfermería, intervención de pediatras. Pero también manos amorosas, silencios, abrazos y una puerta que se abría y cerraba con cuidado.

Veintidós horas después de haber ingresado, Pedro se apagó. La habitación quedó vacía. En algún registro quedará escrito: una cama, menos de 24 horas. Y el dato será «correcto». Solo que no contará casi nada. No contará los 11 años de Pedro, ni el conocimiento acumulado, ni las conversaciones con su madre y su padre, ni la charla con su hermanito. Ni el quantum del trabajo, dedicación y energía de un equipo que supo acompañar a morir sin sufrimiento.

Por eso hay realidades que las estadísticas cuentan mal. Una cirugía puede ser de baja complejidad, y el niño que entra al quirófano, de una complejidad enorme. Una internación puede durar 22 horas y contener 11 años de historia, o tal vez más. Una cama puede quedar vacía al día siguiente y haber sostenido, durante una noche, a una familia entera, sus sueños, su dolor sin fin, buena parte de su angustia. Las camas pueden trasladarse, pero hay algo que no se carga en un camión: los vínculos, la experiencia acumulada, los saberes compartidos, la confianza de las familias, una manera de trabajar y una cultura construida durante años alrededor de determinados pacientes. Eso es lo que no aparece en la estadística.

Y como una persona violenta que pega un cachetazo y después pretende enmendarlo regalando una flor, así desde el poder, junto con el golpe, parecen decir al colectivo del personal que allí trabaja: «Tranquilos, se mantendrán las condiciones de trabajo» (mientras, por lo bajo, retumba una frase amenazante: «Podría ser peor»). Pero no alcanza con decir que los puestos de trabajo están asegurados. Nunca se trató solamente de su legítima defensa (he estado en asambleas y puedo dar fe de ello…). Se trata de lo que ese trabajo de tantos años construyó.

Y la confianza tampoco se decreta. Mucho menos cuando existen acuerdos institucionales firmados en el 2016 que decían que el Canzani debía mantenerse y potenciarse, y sin olvidar el desánimo existente en casi todos los sectores del BPS –no solo el de la salud, porque con el nuevo directorio casi nada ha cambiado–.

EVITAR UN PÉSIMO PASO EN EL AIRE

Categóricamente, y ejerciendo de una manera admirable las obligaciones científicas y éticas de su profesión, la posición del equipo de Pediatría del Canzani tira abajo totalmente el proyecto Oiz-Pardo. Con fundamentos y bibliografía nacional e internacional, manifiesta «su oposición formal al proyecto», ya que «con la información disponible, la propuesta no acredita condiciones equivalentes de seguridad para niños y adolescentes de alta complejidad y, por tanto, no debe ser autorizada ni ejecutada». Sin despreciar la capacidad académica y asistencial del Hospital de Clínicas, cuestiona «una localización que no acredita una vía pediátrica integral: emergencia, estabilización, cuidados intensivos, traslados intrahospitalarios seguros y continuidad asistencial durante las 24 horas. La instalación de camas o de una sala de estabilización no sustituye esa red», señalan los pediatras.

También advierten que «el perfil de los pacientes no admite una respuesta fragmentada» y «exige personal, medicamentos, equipamiento, infraestructura y soporte crítico específicamente pediátricos. Los estándares internacionales establecen que los niños no deben ser atendidos como adultos de menor tamaño». Puntualmente hacen hincapié en que «la internación de pacientes con fibrosis quística requiere habitaciones individuales, medidas de segregación y circuitos rigurosos de control de infecciones».

A su vez, entre otros puntos, señalan que «la seguridad del piso 16 [del Clínicas] no ha sido demostrada. El problema no es el número del piso por sí solo, sino la dependencia del transporte vertical para toda respuesta urgente». Los pediatras del Canzani concluyen que el proyecto de traslado «debe demostrar, antes de ejecutarse, que mantiene o mejora la calidad y la seguridad».

El informe emociona por su conciencia, su seriedad técnica, su probidad científica y –en un mismo nivel– su compromiso con la humanidad de los que deben ser los beneficiarios del servicio. Por el nivel en que ubican la discusión, las y los pediatras no pueden decirlo, pero yo sí: el proyecto Oiz-Pardo, con todo respeto, conduciría a un desastre de proporciones que no logro siquiera sospechar. Porque de lo que se trata es de identificar lo raro, reconocerlo y darle su lugar integrado al mundo desde su especificidad. ¿Las autoridades serán capaces de darse cuenta a tiempo de que no deben continuar con esta idea?

Hay que destinar los recursos que el BPS tiene no solo a mejorar el actual funcionamiento del Canzani y toda el área especializada, sino a, de una vez por todas, ubicarlo con claridad en la estructura de un verdadero Sistema Nacional Integrado de Salud. Es necesaria una acción nacional que vuelva a enfocar las decisiones de gobierno en quienes están necesitando ejercer su derecho humano fundamental a la salud, dándoles participación a través de sus madres y padres junto con el personal involucrado, porque hay carencias y dificultades que señalan los usuarios y que deben atenderse.

El abrazo popular al sanatorio Canzani vuelve a estar en la agenda –y será aún más grande que hace diez años–.

(Adolfo Bertoni. Expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.)

1. «Nací en el hospital Canzani/ igual que tantos otros más/ Asignaturas familiares/ el Uruguay de los iguales/ Penillanura de Uruguay» ↩︎

La Universidad de la República (Udelar) es la casa de estudios más grande del país. Esta expresión, que resulta tan familiar para quienes la habitamos, debe ser reconocida en toda su dimensión y considerar el alcance territorial de la institución, la cantidad de personas que la integran, el funcionamiento con base en fuertes principios democráticos y participativos, la complejidad de su administración, etcétera. Desde su origen, uno de los principios que orientan a la Udelar tiene que ver con su vínculo con la sociedad y con su posicionamiento respecto de los problemas de relevancia social. La universidad debe atenderlos a través de la extensión universitaria, enseñar sobre ellos mediante la docencia y producir conocimiento de calidad por medio de la investigación.

El tratamiento de la violencia contra las mujeres ha sido incorporado a la normativa y a la práctica de la Udelar en su conjunto, pero con énfasis en algunos servicios y de manera más discreta en otros (como una muestra de la dificultad institucional para considerar y darle tratamiento a algunos asuntos). Esto derivó en la organización de múltiples actividades; en la curricularización de contenidos a través de ofertas de formación de grado, optativas y obligatorias; en el desarrollo de líneas de investigación; en la instalación de la Comisión Abierta de Equidad de Género y la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación; en el diseño de protocolos, y en la sanción de normativas internas, entre otras acciones.

Decir que esto resulta insuficiente es de perogrullo. El intento de femicidio en la Facultad de Medicina dejó al descubierto que la violencia hacia las mujeres entró a la institución para quedarse. No hay precedente de un hecho similar en la institución, lo que vuelve difícil entretejer y sostener un discurso que mitigue el impacto de semejante brutalidad.

Podríamos caer en un intento de intelectualización, en tanto mecanismo defensivo, y hacer un ensayo sobre las probabilidades de ocurrencia de un episodio de esta magnitud, sus factores de riesgo y sus niveles. Pero esto produciría una distancia emocional en relación con este hecho que nos afecta, buscando reducir la angustia y la ansiedad ante el derrumbe de las certezas provocado por aquello que resulta intempestivo, inesperado y amenazante.

Es que algo de eso ocurrió. El ataque nos volvió ajeno un espacio del que deseamos que los estudiantes se apropien, un lugar que queremos que habiten y por el que pretendemos que militen. La violencia vuelve los espacios inseguros, transforma a los compañeros en sospechosos y a la cercanía en amenaza. En ese contexto, cualquier intento de racionalización en un momento en que las heridas aún están abiertas resulta vano y puede ser interpretado como favorecedor de la violencia, justificador del agresor y culpabilizante de la víctima.

Por eso en un primer momento es legítimo expresarnos desde la indignación y la rabia, desde el llanto y la congoja, desde el abrazo y el encuentro en las calles, en las aulas, en los pasillos. Porque el dolor se transita mejor en comunidad. Expresar nuestras ideas acerca de lo que está pasando con los hombres, con los varones jóvenes. Preguntarnos si se podía haber evitado, si está bien tener a alguien así entre nosotros; poder decir que no los queremos más. Pensar qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Incluso también es entendible que, como consecuencia de lo ocurrido, se soliciten antecedentes penales y judiciales para ingresar a la universidad, que de ahora en adelante se pidan cédulas y cacheos a quienes ingresan a los edificios universitarios y que se expulse a los varones que hayan sido condenados por femicidio, que no puedan volver a ser estudiantes.

Debemos poder decir todo esto para que no se nos quede anudado en la garganta y en el estómago. Pero, después de decirlo, liberarnos, respirar profundo y permitir que la indignación dé lugar a preguntas y a reflexiones que conecten más con los marcos ideológicos que circulan por la Udelar.

El problema de la violencia hacia las mujeres ya no está solo afuera. Al igual que otras formas de discriminación y acoso, esta violencia entró en las facultades, y ya no como un problema de estudio que se aborda en función de los fines universitarios. Ahora rompió la clásica disputa entre objetividad y subjetividad: quienes la estudiábamos objetivamente ahora ya formamos parte directa del campo. Nos afecta, nos paraliza y nos conmueve. No debemos ceder ante ella. Y las reacciones que el dolor impulsa, las propuestas que vienen desde las vísceras, también pueden significar darle lugar al punitivismo en su máxima expresión.

El punitivismo es una forma de organizar el pensamiento y la vida de los sujetos fundamentalmente a través del castigo, las prohibiciones y el mayor control, como si problemas complejos pudieran resolverse sobre todo mediante el endurecimiento de las respuestas frente a quienes los cometen. Opera a través de la permanente sensación de inseguridad en lugares que antes resultaban seguros, transforma al otro en un sujeto amenazante y, una vez que se comete un acto contra la integridad de otro, la lógica punitivista tiende a considerarla una conducta sin retorno. Esta supuesta irrecuperabilidad vuelve al sujeto atacante desechable, prescindible; por lo tanto, sus derechos son pasibles de ser vulnerados.

Este modo de pensar simplifica las relaciones inherentemente complejas involucradas en la violencia. Y la complejidad radica, justamente, en que la violencia no se puede explicar mediante una única variable, sino que es un fenómeno multicausal. Está demostrado que la respuesta penal no disuade ni resuelve la comisión del delito. Sin embargo, nuestras sociedades padecen de un eterno enamoramiento del derecho penal. El sistema penal nos vende la salida fácil de la punición, pero no percibimos –menos aún cuestionamos– el carácter simbólico de la pena. A nivel internacional, las estrategias punitivistas para afrontar las violencias de género y sexual no cuentan con certeza suficiente para constituirse por sí solas como una respuesta al problema. ¿Por qué habría de ser diferente en nuestro país?

También podemos preguntarnos qué les pasa a los hombres, qué sienten cuando estos hechos nos golpean el rostro. Esa pregunta puede aproximarnos a abrir la puerta de un diálogo que nos acerque al otro, al sujeto masculino que pareciera presentarse como un enigma a descifrar. Más aún cuando en la convocatoria de repudio al hecho que se organizó frente a Facultad de Medicina hubo una presencia importante de varones jóvenes, al igual que en otros espacios institucionales que se han ofrecido en estos días, donde en algunos casos se preguntaban qué hacían ellos con el dolor que esto les provoca: ¿dónde lo hablan? Tal vez allí haya algo que debamos escuchar.

El punitivismo representa una encrucijada para los movimientos sociales que buscan la libertad y la igualdad de las personas. Luego de que pase el dolor debería quedar pendiente un ejercicio reflexivo al respecto. No para negar la necesidad de respuestas ni para relativizar la gravedad de lo ocurrido, sino para que las decisiones a las que arribemos no sean solo efectos de los espasmos viscerales provocados por el desconsuelo y las consecuencias de la crueldad.

No será desde las medidas prohibicionistas, el mayor endurecimiento de las penas ni la mayor limitación de derechos –de quienes ya de por sí tienen restringidos sus derechos por estar privados de libertad– que la igualdad real entre hombres y mujeres se logrará.

Tal vez los diálogos que nos encuentran motivados por el dolor puedan sostenerse como un paraguas protector ante la tormenta que llegó para quedarse. Quizás estos diálogos liberadores de los afectos devengan en proyectos que sigan manteniendo el profundo sentimiento democrático y participativo que hace que nos enorgullezcamos de la Udelar, que simplemente está demostrando que en su interior no pasa nada distinto de lo que le pasa a la sociedad, con quien mantiene vínculos de proximidad entrañables.

Solo en el diálogo de saberes, a través de la institucionalidad y de las funciones universitarias, podremos encontrar la forma de comprender el fenómeno en su complejidad, desde sus diferentes dimensiones y considerando a todos sus actores. Después del dolor, cuando podamos volver a respirar un poco más profundo, esa será nuestra tarea.

(Néstor Rodríguez Pereira de Souza, Docente del Programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología, Udelar.
Flor de María Meza, Docente de la Facultad de Derecho y del Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales, Udelar.)

Mientras la noticia del intento de feminicidio en la Facultad de Medicina se regaba en medios masivos, una de las primeras voces que circularon fue la de la generación de exestudiantes de Salinas que había compartido vida liceal con el agresor hasta el año pasado. Mediante un comunicado público, relataron que durante años denunciaron sus insultos, acosos y múltiples prácticas violentas. Pero pusieron de manifiesto, sobre todo, la negligencia institucional.

A la mañana siguiente, el Liceo 1 de Salinas comenzó el turno con una simulada normalidad, interrumpida luego por el desborde y la protesta estudiantil, que recogió las palabras de la generación anterior para actualizarlas con nuevos nombres y denuncias. La respuesta insensible de la dirección del centro fue negar todo tipo de responsabilidad y cerrar la entrada, por lo que dejó a estudiantes y docentes afuera. Sin embargo, sí ingresó la policía (recurso casi exclusivo en la educación cuando no se sabe qué hacer).

Les estudiantes nos brindan la mirada más aguda y lúcida para contextualizar, reflexionar y sensibilizar sobre lo ocurrido. Dentro de todo el dolor que nos aprieta, fue conmovedor y luminoso ver la inmediata movilización en el liceo. La urgencia de expresarse a través de carteles hechos con cajas de cartón muestra la potencia de generaciones que se sostienen una a la otra, se estrechan, hacen memoria, se prestan palabras y habilitan sus voces entre sí.

Toda educación es política; orienta a quienes llegan a este mundo sobre cómo vivir, qué pensar, qué sentir y cómo actuar, como afirma la filósofa española Marina Garcés. Educar no solo nos enfrenta a la pregunta sobre qué conocimientos transmitir, sino también sobre qué tipos de vida queremos reproducir o crear.

Es política también la decisión de cerrar el centro cuando la máquina cotidiana es detenida por sus estudiantes, y es política la decisión de elles de hacerse oír para decir basta: de silenciamiento, de indiferencia, de adultocentrismo que pretende administrar los cuerpos, las palabras y sus dolores. Sus voces irrumpen, una y otra vez:

«No esperen una tragedia para tomar en serio nuestras palabras.»

«Nos fallaron cuando más necesitábamos protección.»

«Culpan a la víctima y luego la lamentan.»

«El silencio también es complicidad.»

Sus palabras no llegaron después del intento de feminicidio: estaban antes. Dan cuenta de una pedagogía cruel, al decir de Rita Segato, que establece jerarquías sobre quién puede hablar y quién no, sobre qué dolor merece reconocimiento y qué cuerpo puede reclamar cuidado; que decide, además, qué vidas son visibles y cuáles pueden ser dejadas a un costado.

Cuando esas voces no son escuchadas, cuando las condiciones que producen y sostienen la violencia quedan en segundo plano, se vuelve frecuente buscar explicaciones individuales y patologizantes que apelan a la salud mental. Esta asociación desplaza la atención de las causas estructurales, estigmatiza a las personas psiquiatrizadas y profundiza su exclusión. Los violentos, abusadores y acosadores no son «enfermos mentales», «monstruos» ni «casos aislados».

En una de sus primeras declaraciones sobre el episodio, el presidente Yamandú Orsi afirmó que se trató de «un caso muy aislado». ¿Un caso aislado en un continente donde el feminicidio y el transfeminicidio siguen siendo una realidad cotidiana, mientras la violencia patriarcal continúa atravesando los cuerpos y las instituciones? Cuando fue interpelado al respecto, Orsi no solo escupió soberbia al echar culpas a las «malas interpretaciones», sino que redobló su apuesta afirmando que es un «caso aislado en Secundaria». Quienes trabajamos –y quienes estudian– en educación media sabemos que no es así, que no hay ninguna excepción en la violencia recurrente a la que son sometidas las estudiantes. Las instituciones educativas están plagadas de acosadores, abusadores y violentos, y en general se trata de los propios docentes. Se encajonan denuncias, los denunciados se trasladan de departamento en departamento, de liceo en liceo, y pasan desapercibidos para todo el mundo menos para quienes los soportan: los y las estudiantes.

En otra de sus declaraciones, Orsi sostuvo que la violencia machista «tiene que ver con algo filosófico», con lo que la desplazó del terreno de las relaciones de poder patriarcales hacia el de una concepción del mundo entre otras posibles, susceptible de ser discutida o relativizada. La violencia machista no es una «filosofía» que pueda ser aceptada como respuesta válida para interpretar la realidad; no es una forma de comprender el mundo desde la criticidad que caracteriza la filosofía; no es un discurso que se pueda debatir de igual a igual.

La violencia machista y adultocéntrica se estructura como necropolítica, administración estatal y paraestatal que establece qué vidas son reconocidas como dignas de ser vividas y cuáles son relegadas al desecho y la invisibilización. El filósofo camerunés Achille Mbembe acuñó el término necropolítica para referirse a las «formas contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte (política de la muerte)». La necropolítica produce y jerarquiza diferencialmente los cuerpos y sus vidas en el afán de su capitalización. Es la exposición a la precariedad; no solo el abandono estatal por omisión, sino la intencionalidad de que la violencia y la muerte estén presentes en la cotidianeidad de quienes han dejado de importar. En este sentido, cuando las instituciones educativas desoyen denuncias y naturalizan situaciones de violencia, participan de una trama que expone diferencialmente determinados cuerpos.

La necropolítica también se ejerce cuando los docentes se transforman en funcionarios y autómatas que tienen más presentes la obediencia y el orden que la profundidad existencial y pedagógica del acto de educar. ¿Qué se está enseñando cuando la respuesta institucional es volver a poner en marcha la máquina después de la tragedia, y volver al trabajo como si nada hubiera ocurrido?

La institución se detiene cuando hay Mundial o cuando hay paro por rendición de cuentas, pero no cuando una estudiante es apuñalada. Se enseña que la rutina importa más que la pausa, que aquello que incomoda debe ser rápidamente absorbido. Se obtura la potencia de romper la norma, de habitar el conflicto, de alterar un orden que huele a podrido. Se gastan cientos de pesos en folletería inútil que «invita» a estudiantes a no faltar al liceo. ¿Cuándo se va a invertir tiempo, escucha y sensibilidad en hacer del liceo un espacio que quiera ser habitado, que despierte el deseo de estar allí para compartir, para ser acompañade, para ejercer la educación desde el cuidado de la vida?

Tenemos direcciones y autoridades que parecen olvidarse de que sus roles son pedagógicos. Ocupan cargos como meros gestores y convierten aquello que debiera ser una institución de acogida, de cuidado y de aprendizaje en un paisaje de crueldad, en el que se niegan existencias, experiencias y afectividades otras. No es cuestión de señalar a una dirección o una persona, es la lógica estructural que coloca a estudiantes en el lugar de la sospecha permanente, que subestima y niega sus marcos interpretativos desde una mirada adultocéntrica totalizante y totalitaria. Pero tampoco podemos mirar al otro lado cuando las prácticas pedagógicas se fundan en el desamparo de quienes están ahí para ser acompañades.

Esta vez la violencia ocurrió en el Salinas 1 y en la Facultad de Medicina, pero sabemos que no tiene nada de aislado. Docentes y autoridades educativas perdimos la oportunidad de pedir disculpas a les estudiantes. Era el momento de escuchar y de hacerse –de hacernos– cargo.

(Colectiva Profas. Profesoras de educación media y formación en educación.)

Hay una ventana breve en la vida de toda infraestructura: el momento en que ya se anunció la obra, pero todavía no se compró lo que va adentro. El data center de inteligencia artificial (IA) que Antel construirá en Canelones se encuentra precisamente en esa encrucijada. El gobierno anunció una inversión de 70 millones de dólares con obras previstas para arrancar en 2027 y terminar entre 2028 y 2029. Lo que todavía no está definido es justamente lo que más importa: los aceleradores y el equipamiento que van a convertir eso en una infraestructura para IA y no en un edificio carísimo con muchas computadoras adentro. En criollo: está decidida la cáscara. Todavía tenemos margen para decidir qué ponemos dentro, y esa ventana no va a durar para siempre.

Vale la pena hacer una aclaración que se pierde todo el tiempo en este tipo de discusiones: no, Uruguay no va a competir con OpenAI, Google ni con los laboratorios chinos entrenando un modelo de IA desde cero. Eso cuesta cientos de millones de dólares y está fuera de nuestro alcance. Pero esa objeción da por sentado que la única forma de tener IA es fabricándola, y ahí la trampa: se confunde entrenar con usar. Entrenar un modelo desde cero –el preentrenamiento– es carísimo. Ejecutarlo ya entrenado –la inferencia–, que es lo único que un usuario experimenta como «inteligencia artificial», es muchísimo más barato. Y es en la inferencia donde se juega el partido que nos importa. ¿Dónde se procesa la consulta?, ¿con qué modelo?, ¿bajo qué contrato?, ¿qué pasa con los datos que la acompañan?

UN GALPÓN BIEN CONECTADO NO DEFINE SOBERANÍA

Ninguna de las preguntas que siguen cuestiona la construcción del data center, al contrario, solo tienen sentido si se construye, porque son las que distinguen una infraestructura pública de un galpón bien conectado con wifi estatal.

¿Qué información no puede salir del país y quién lo decide? Uruguay tiene desde 2008 la ley 18.331, de protección de datos, una legislación importante y, para su época, avanzada. Pero proteger un dato no es lo mismo que determinar dónde se procesa, quién puede acceder técnicamente a él o bajo qué jurisdicción puede ser requerido. Aquí aparecen tres preguntas distintas: dónde está físicamente el dato, quién puede acceder técnicamente a él y quién puede ser obligado jurídicamente a entregarlo. Confundir las tres es una manera bastante eficiente de construir una soberanía de cartón. Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel, lo dijo con claridad: definir qué información debe quedar en infraestructura estatal no le corresponde a la empresa, sino al Parlamento. Historias clínicas, registros biométricos, datos educativos de menores: hoy esa definición depende del criterio de una administración, y los criterios administrativos cambian. Las historias clínicas, no.

¿Bajo qué jurisdicción queda el operador? Acá es donde hay que mirar con atención la palabra soberanía. La ley Cloud, norma federal estadounidense, faculta a las autoridades de ese país a exigir a proveedores bajo su jurisdicción determinados datos, estén o no estén los servidores dentro de Estados Unidos. Un servidor puede estar en Canelones y el dato seguir estando sometido a Washington, según quién lo opere. La economista Cecilia Rikap lo plantea sin vueltas: reducir la soberanía digital a instalar un fierro en suelo local, ignorando esto, es quedarse con la mitad más cómoda del problema.

LA LEY QUE YA TENEMOS Y PODEMOS USAR

Entonces, lo concerniente al hormigón y al software deja de ser dos debates distintos. Uruguay ya resolvió en 2013 que el Estado no debería depender de cajas negras: la ley 19.179 establece la preferencia obligatoria por el software libre en la administración pública. Doce o 13 años después, un organismo público que consulta un modelo de IA comercial a través de una interfaz cerrada está haciendo exactamente lo que esa ley quiso evitar, con el agregado de que cada consulta manda el dato afuera. La 19.179 no lo prohíbe porque no lo previó: fue escrita para el software, y un modelo de IA no es exactamente software. Extender aquello a los modelos abiertos no exige reinventar la rueda, exige actualizar una definición que quedó vieja. En 2013 no imaginábamos estar hablando de IA.

Agrego algo más: el derecho de salida. Si el Estado contrata una solución de IA, tiene que poder llevarse los datos, cambiar de modelo, cambiar de proveedor, usar formatos abiertos y acceder a interfaces documentadas. Esa dependencia tiene nombre técnico, vendor lock-in, y nombre político: el que no puede cambiar de proveedor no negocia.

Eso ya tiene con qué hacerse. El modelo DeepSeek-R1 publica versiones destiladas, de 1.500 millones de parámetros hasta 70 mil, que corren desde una computadora personal hasta una sola placa aceleradora. Por su parte, Olmo 3.1, del Allen Institute, publica pesos, código y puntos de control bajo licencia Apache 2.0, y su versión de 32.000 millones de parámetros compite bien con modelos bastante más grandes, no porque tenga más hardware atrás, sino porque la alimentaron con mejores datos. Elegir el modelo adecuado para cada problema en lugar de asumir que siempre hace falta el más grande y costoso del supermercado de las bigtechs es como pensar un instante si nos hace falta el auto más caro y lujoso del mercado para ir hasta el boliche o la panadería.

Con eso alcanza para pensar en tres capas: los modelos de frontera (ChatGPT, Gemini, etcétera) que seguiremos usando de las bigtechs que los producen, sin datos sensibles en juego; los modelos de pesos abiertos que el país puede descargar y ejecutar acá, y los modelos especializados nacionales, construidos sobre los anteriores, ajustados con legislación uruguaya, con los programas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con los protocolos del sistema de salud. Esa tercera capa es económicamente chica y estratégicamente enorme: ningún proveedor internacional tiene incentivos para construirla porque el mercado uruguayo no le reditúa económicamente el esfuerzo.

EL CASO QUE YA TENEMOS DELANTE

El acuerdo que Ceibal y ANEP firmaron con Google no es una compra de software, es una integración de plataforma completa –correo, documentos, aulas, identidades y, cada vez más, inteligencia artificial– sobre infraestructura ajena, con reglas que el proveedor define y cambia cuando quiere. La discusión pública se centró en el costo; del manejo de los datos de nuestras niñas y niños se habló poco y nada. Rikap lo señaló con mucha claridad: formar a una generación entera de docentes y estudiantes para ser usuarios expertos de un ecosistema cerrado es, en sí mismo, un costo de salida que no aparece en ningún balance. Un país que tiene alternativas negocia. Un país que no las tiene, firma lo que le pongan adelante y agradece la letra grande.

Lo mismo vale para la energía y el agua, que tienen la mala costumbre de no resolverse solas. Un data center consume carga plana, las 24 horas, incluidas las noches sin viento, y eso se paga con potencia firme, no con el 98 por ciento de energía renovable de la matriz energética del país, que tanto repetimos, como si cerrara solo la ecuación. Y consume agua si se enfría mal: el proyecto de Google en Canelones iba a evaporar hasta 7,6 millones de litros diarios de agua potable, el consumo de 55 mil personas, hasta que la crisis hídrica y un litigio largo lo forzaron a cambiar el sistema. Antel anunció circuito cerrado para el suyo, que sin dudas es la decisión correcta, pero una decisión anunciada no es una obligación legal. Y las obligaciones legales sobreviven a los directorios; los anuncios, no.

LO QUE SE FIRMA EN LOS PRÓXIMOS 18 MESES

No hace falta construir un ChatGPT nativo que diga «bo» y coma tortas fritas. Tampoco hace falta quedarnos esperando a que algún gobierno afín lo resuelva por nosotros. Hace falta decidir, antes de comprar los aceleradores, qué información no sale del país, qué modelos corremos acá y bajo qué reglas, qué derecho de salida exigimos en cada contrato y cómo se resuelve la potencia firme para que todo funcione sin evaporar agua potable. Esas decisiones se toman en pliegos, en contratos de suministro eléctrico y en una ley que tiene más de 12 años y necesita apenas un par de frases nuevas. Se puede legislar con la mirada larga: China dejó por escrito hace 20 años que iba a salir campeona del mundo de fútbol masculino en 2050. Acá el plazo es bastante más corto: un año, año y medio, para resolver quién decide, con qué letra chica y bajo qué jurisdicción. Después de eso vamos a seguir discutiendo, con muchas ganas y el diario del lunes en la mano, pero nos va a tocar ir a llorar al cuartito con una cáscara de hormigón armado pagada entre todas y todos, pero la soberanía tecnológica, hoy más determinante que la territorial, en otro lado.

La semana pasada, los ministros de Innovación del G20 acordaron en Carolina del Norte los llamados Principios de Carolina para las tecnologías emergentes, impulsados por Estados Unidos: nuevas regulaciones deberían limitarse a situaciones que las leyes existentes no puedan resolver, evitando reglas específicas que puedan frenar la innovación. Reuters da cuenta de una discusión en la que la IA aparece ya no como una tecnología más, sino como una pieza de la competencia económica y geopolítica. Junto con los principios se aprobaron objetivos de prosperidad para la IA y un pacto para impulsar infraestructura, capacidades técnicas, investigación y participación privada. Para Uruguay, más que una alerta, puede ser una oportunidad: mientras las grandes potencias están definiendo las reglas y construyendo la infraestructura de la próxima economía, nosotros todavía estamos a tiempo de adelantarnos y decidir qué infraestructura queremos tener y bajo qué reglas queremos usarla.

Las organizaciones abajo firmantes y ante trascendidos de lo sucedido en la Asamblea Nacional de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) queremos hacer públicas las siguientes puntualizaciones:

1. En la Asamblea Nacional de Derechos Humanos y haciendo ejercicio de la libertad de opinar y cuestionar, un conjunto de organizaciones con reconocida trayectoria en la defensa y la promoción de los derechos humanos y ambientales de nuestro país realizamos, como lo hemos hecho en las últimas asambleas, un pronunciamiento público.

2. En ese marco criticamos la presencia en la directiva de la INDDHH de dos directivos cuyo accionar se aparta de los principios, las normativas y la cultura de los derechos humanos.

3. Como puede verificarse en el registro audiovisual, nuestra postura fue de total corrección y desde el respeto que amerita la asamblea de una institución que promovimos y defendemos. De igual manera, queda en evidencia que no hubo insultos ni intentos de interrumpir, como se ha afirmado falsamente.

4. Una vez más el señor Marcos Israel recurre a una lógica acusatoria al definir nuestras organizaciones como promotoras del autoritarismo, con la intención de silenciarnos. Puede verse que las últimas personas se retiran precisamente cuando Marcos Israel recurre a los mismos argumentos de quienes implementaron el terrorismo de Estado en nuestro país.

5. Defendemos nuestro derecho a expresar en la asamblea y fuera de ella nuestros puntos de vista fundados, críticos e independientes.

6. Rechazamos las acusaciones de mala fe que tergiversan la realidad y mienten descaradamente acerca de lo sucedido en la asamblea. Las personas se retiraron de sala espontáneamente como sucede en muchas partes del mundo en rechazo a las posturas que en nombre del sionismo defienden la guerra de expulsión; además de negar el genocidio, lo que significa defender esta atrocidad.

7. Seguiremos defendiendo una institución de derechos humanos que promueva una cultura de derechos y respete la pluralidad de opiniones.

8. Las causas de los derechos humanos son universales, transversales e indivisibles, y es en la voz y la acción de las organizaciones sociales donde los más desvalidos encuentran audibilidad.

9. Exigimos la destitución del señor Israel de la directiva de la institución por su mirada sesgada, sionista y sus ataques a la libertad de expresión.

Agrupación de Cultivadores de Cannabis del Uruguay
ÁGORA Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria
Asociación Nacional de ONGs
Asamblea HUÉ Mirí
Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía
Asociación Civil El Paso
CLAN CHOÑIK
Colectivo Fogones por la Memoria
Comisión de Memoria, Justicia y contra la Impunidad – Soriano
Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca
Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
Coordinadora por el retiro de tropas de Haití
Cotidiano Mujer
CRYSOL
Charrúa Oipik Udima
Grupo Solidario A redoblar
Hermandad Pro Derechos
Jacarandá: Cultura de Memoria
Judíos y judías uruguayas contra el genocidio del pueblo palestino
Madres y familiares de detenidos desaparecidos
Memoria en Libertad
Mesa Permanente contra la Impunidad
Mujer y Salud en Uruguay
KYKYÓ Reserva Natural Campo Cultural
Red de amigos de Luis Pérez Aguirre
REDES – Amigos de la Tierra
Secretaría de Derechos Humanos Pit Cnt
SERPAJ – Servicio Paz y Justicia
Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social

La discusión electoral está monopolizada por nuevos capítulos de la guerra abierta a la interna del Supremo Tribunal Federal (STF). El lunes 7, Día de la Independencia brasileña y desde hace algunos años día de movilización ultraderechista, el bolsonarismo fue a las calles a pedir una «limpieza» del tribunal, exigiendo la salida del juez Alexandre de Moraes, enfrentado en el STF al evangelista André Mendonça (véase «No se salva nadie», Brecha, 4-IX-26). De Moraes es el villano perfecto del bolsonarismo, que hace años se empeña en asociarlo directamente a Luiz Inácio Lula da Silva, con relativo éxito. «El que vota a Lula vota a Alexandre de Moraes», dijo el lunes en un acto en la avenida Paulista de San Pablo Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la ultraderecha.

GUERRA INTERNA

De Moraes y Mendonça protagonizan un enfrentamiento cada vez más encarnizado en el marco del escándalo del Banco Master –caso del cual Mendonça es relator en el STF–, protagonizado por el banquero Daniel Vorcaro, preso por fraudes multimillonarios y que tenía a medio sistema político y judicial del país en el bolsillo. Con el empujón de las calles del lunes, el martes 8 Mendonça dispuso la separación de Andrei Rodrigues del cargo de director general de la Policía Federal (PF) y del jefe de inteligencia, Leandro Almada. Según explicó, su decisión se debió a que la PF elaboró un informe utilizado por De Moraes para atacarlo a él y al fiscal general de la Nación, Jorge Messias, otro evangelista. Once integrantes de la cúpula de la PF salieron en defensa de su director y pusieron sus cargos a disposición. El miércoles 9 por la mañana, otro ministro del STF, Flávio Dino, revirtió la decisión de Mendonça, reintegrando a Rodrigues y Almada a sus cargos. Y por la tarde el presidente del STF, Edson Fachin, revocó las decisiones de Mendonça y Dino, retiró a Alexandre de Moraes de la investigación de un famoso caso de noticias falsas que estalló en 2020 (véase «Clan fake», Brecha, 5‑VI‑20) y agendó una sesión del pleno del tribunal para el martes 15 con el objetivo de analizar una denuncia de Mendonça contra De Moraes por vínculos con Vorcaro. «Más allá de cualquier consideración de fondo sobre la separación o no de las autoridades, la cual se realizará oportunamente, corresponde impedir una situación de conflictos y superposiciones procesales que, por sí mismas, configuran una lesión al orden público y a la integridad de este tribunal», escribió en su fallo.

Según dijo a Brecha Pedro Serrano, profesor de Derecho Constitucional de la PUC-SP –la universidad católica de San Pablo–, ambos jueces venían extrapolando sus funciones, pero Mendonça actuó de forma ilegal al mandar a investigar a De Moraes sin autorización del pleno. «No se puede exponer a un magistrado a una perspectiva pública de cuestionamiento de su conducta sin tener el mínimo de seguridad de que cometió actos ilícitos. No hay ningún magistrado en Brasil que sea sometido a una situación como la del ministro Alexandre de Moraes.» La decisión de Fachin fue la correcta, opinó Serrano: que decida el pleno del STF.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

«Se trate de quien se trate, le duela a quien le duela, Brasil merece saber la verdad […]. El pueblo brasileño precisa explicaciones y medidas inmediatas para enfrentar la crisis institucional que se ha apoderado del Poder Judicial. Se necesita más transparencia y no filtraciones selectivas que afecten la disputa electoral», escribió el miércoles el presidente Lula da Silva. Lo hizo para pedir que salgan a luz de inmediato las investigaciones sobre el caso Master, al que definió como el mayor crimen financiero de la historia del país. También Serrano, que semanas atrás consideraba que todo debía ventilarse una vez realizada la primera vuelta de las elecciones, para no interferir en ellas, ahora piensa que dejarlo para después del 4 de octubre sería negativo. «Esta crisis afecta a la Justicia porque la involucra indebidamente en una disputa electoral, cuando no debería involucrarse en este tipo de disputa de poder, y afecta a la elección porque se deja de discutir lo que se debería discutir en el proceso electoral, que son los proyectos de país. Nadie está hablando de cuál es el proyecto económico de cada candidato, cuál es su proyecto político, y esto le hace daño a la democracia», dijo el jurista a Brecha. Y analizó el contexto: «Han transformado al Supremo en un territorio de disputa política. No es de ahora, viene de hace unos 20 años. Ya es un hábito de las fuerzas políticas resolver sus discrepancias en el Supremo. Además, los ministros se han vuelto más conocidos que cualquier político. La crisis que vivimos hoy es fruto de esta politización excesiva, inadecuada, y es importante solucionarla rápido para que no se convierta en una crisis de legitimidad».

OFENSIVA ULTRADERECHISTA

La guerra de la ultraderecha brasileña contra el STF se remonta a casi una década, a 2018, cuando Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro –preso por tentativa de golpe de Estado– y hermano de Flávio, dijo que eran necesarios «dos cabos y un soldado» para cerrar el tribunal. El 8 de enero de 2023 el bolsonarismo lo intentó al asaltar las instituciones en Brasilia para impedir la asunción de Lula, que unas semanas antes había derrotado a Jair Bolsonaro en las urnas. Las disputas actuales en torno a Mendonça y De Moraes han echado un manto de olvido sobre los probados vínculos políticos entre Daniel Vorcaro y el clan Bolsonaro. Fue el banquero quien, a pedido de Flávio Bolsonaro, financió una película hagiográfica sobre Jair Bolsonaro. Ya nadie parece recordar que Flávio le dijo a Vorcaro: «Estoy y estaré contigo siempre» y que lo llamó «irmãozão» (hermano mayor). O que primero negó que Vorcaro hubiera financiado la película sobre su padre.

En el acto del pasado lunes en San Pablo, Flávio Bolsonaro dejó claro que uno de sus objetivos en caso de ganar la elección será lograr una mayoría conservadora en el STF. Cuatro de sus actuales integrantes ya no estarán en 2030, y es prerrogativa del presidente designar a sus sucesores. «Voy a designar hombres y mujeres que estén contra el aborto, contra las drogas, contra la ideología de género en las escuelas […]. No podemos permitir que Lula designe otros cuatro Alexandre de Moraes en el Supremo», dijo.

Angel nació en 1984 y creció en Miami. Nieta de sobrevivientes del Holocausto, recibió una educación sionista desde muy temprano, que incluyó los tradicionales viajes a Polonia e Israel. El quiebre para ella llegó en 2014, con la invasión israelí a Gaza de ese año. «La historia que me habían contado –las Fuerzas de Defensa de Israel como el ejército más moral del mundo y la relación de la sociedad israelí con la militarización– simplemente dejó de tener sentido ante semejante cantidad de víctimas civiles. Recuerdo haber leído un artículo en el Times sobre israelíes que llevaban un sofá a una colina con vistas a Gaza para celebrar mientras caían las bombas. Y la famosa imagen de los niños pequeños en la playa, prácticamente decapitados, me impactó profundamente. Me quebró», le contó hace un tiempo a New Left Review. En 2018 participó de la refundación de Jewish Currents, que pasó de una pequeña revista casi olvidada de la izquierda judía a transformarse en una publicación con más de un millón de lectores anuales.

Jewish Currents es la expresión intelectual de un fenómeno más amplio. Organizaciones como Jewish Voice for Peace o IfNotNow pasaron en pocos años a agrupar a decenas de miles de jóvenes judíos, mientras se movilizan para exigir el fin de los vínculos entre Estados Unidos e Israel. Una reciente encuesta reveló que apenas 37 por ciento de los judíos estadounidenses se considera sionista y que entre los jóvenes judíos los sionistas son apenas un tercio. El alcalde antisionista neoyorquino Zohran Mamdani recibió un apoyo electoral judío masivo y candidatos judíos antisionistas triunfaron en las primarias demócratas de junio.

—¿Qué significaron Israel y el sionismo en tu identidad como judía?

—Mi identidad como judía estuvo fusionada con mi identidad sionista durante la mayor parte de mi vida. La guerra de Gaza de 2014 destruyó eso. Tuve que encontrarme de nuevo como judía, pero como judía antisionista. Implicó mucho duelo y romper con lo que creía saber sobre mí misma. Tal vez para algunos de los chicos de la generación Z que están ahora en la universidad es un poco más fácil, porque tienen una comunidad alrededor que ve lo que ellos mismos ven. Pero cuando yo estaba en la universidad no había muchos ejemplos de judaísmo antisionista. Jewish Currents no existía. Así que implicó una renegociación conmigo misma sobre quién creía que era yo.

Dicho esto, tengo una identidad judía muy fuerte. Hay personas que, cuando empiezan a cuestionar el sionismo, sienten el impulso de rechazar el judaísmo. Para mí, esa no es una opción, siento que debo encontrar la manera de habitar esta identidad. Y parte de eso es dedicar mi vida a crear junto con otros un judaísmo fuera del sionismo.

—En uno de tus artículos, hablás de cómo ahora en Estados Unidos hay movimientos masivos de judíos antisionistas, pero aún cuesta desarrollar una vida judía educativa, religiosa y cultural fuera del sionismo. ¿Cómo se está dando ese proceso?

—Muy lentamente. Somos muchas más las personas que los recursos institucionales con los que contamos. No hay nada en los Estados Unidos de hoy que pueda sustituir el ascenso social masivo y la acumulación de riqueza que hubo a mediados del siglo XX. Fue entonces que se construyeron muchas de las principales organizaciones de la vida comunitaria judía. Nosotros no tenemos los recursos, en un sentido económico muy literal, y tampoco la misma herencia de habilidades organizativas. Pero hay nuevas organizaciones que lo están intentando. No te imaginás la cantidad de colectivos, grupos de oración, grupos de estudio, programas extraescolares que aparecen todo el tiempo. Hay alianzas nuevas, como el Movimiento de la Diáspora Judía, que articulan decenas de grupos, rabinos y líderes comunitarios. Pero sucede sin ningún apoyo.

—Es una apuesta a construir nuevas instancias de vida en común en momentos en que la sociedad en general, no solo los judíos, tiene muchos problemas con la organización colectiva…

—Es así. Por eso es que se plantea el debate de si reformar las instituciones actuales o construir otras. Las instituciones existentes tienen la ventaja de existir, por lo que tienen un espacio físico propio, algún tipo de estructura de gobierno, recursos, mientras que al construir algo nuevo empezás de cero. Muchos de los nuevos minyán [grupos con el cuórum mínimo requerido para el servicio religioso] que están surgiendo se reúnen en salas de estar. Una colega mía tiene un minyán que empezó con diez personas en un living, y ahora en los días festivos tiene cientos de personas. ¿Adónde van? No tienen espacio propio y dependen de la caridad de otros grupos. Todo se hace desde abajo, pero se hace. La gente no se rinde.

—¿Por qué puede ser tan difícil para alguien de identidad judía abandonar el sionismo?

—Mucha gente que participa de esas instituciones sabe, inconscientemente, que el judaísmo no sionista no puede ofrecerle hoy una vida comunitaria en otro lado. Y eso le impide cuestionar más, porque no se trata solo de discutir con tu familia. Se trata de perder una parte enorme de tu vida. Si tenés un hijo que necesita celebrar su bar mitzvá, no podés hacerlo. Si alguien de tu familia muere, esa comunidad que te habría acompañado en el duelo ya no existe. Estamos, de a poco, llegando a ese punto de organización, pero nos falta. Nuestras organizaciones políticas pueden reemplazar a las organizaciones comunitarias solo hasta cierto punto. Entonces, sí, es realmente difícil. Le estás pidiendo a la gente que deje atrás todo lo que conoce.

Ojo, es un precio pequeño a pagar. Es lo mínimo que podemos hacer por la gente que está siendo diezmada en Gaza. De nuevo, tenés que llegar al punto en que no podés soportar estar ahí, el genocidio te lo hace insoportable… Hay gente que lo aparta de su mente. En un artículo que acaba de salir en la revista Equator, «Gaza y el problema de la estupidez moral», Abdaljawad Omar, uno de los intelectuales palestinos más formidables, intenta comprender por qué hay gente que, con todo lo que sabemos, sigue repitiendo los argumentos israelíes. Tiene una respuesta psicoanalítica: ellos saben que mirar a la cara el genocidio en Gaza es muy costoso, que los destruiría, que les «costaría su mundo». La intensidad de su negación es resultado de la represión y de la vergüenza, como si en el fondo supieran lo mal que está lo que están defendiendo. Imaginate que sos una persona que ha estado apoyando todo esto. Pensá en la expiación que tendrías que hacer por tu respaldo a estas masacres, a este genocidio, a la matanza de niños.

Como decimos en inglés: «Toquemos el violín más pequeño del mundo». Toquemos el violín más diminuto por la tragedia de los pobres sionistas que no pueden afrontar su propio apoyo al sionismo. Aun así, pensarlo en términos de problema político o de organización es muy importante.

—¿Hasta qué punto el sionismo cambió el significado de ser judío?

—Mirá, por ejemplo, la festividad de la Pascua. Cada año recitás: «En cada generación se levantan contra nosotros para aniquilarnos, mas el Santo, bendito es Él, nos salva de sus manos». Esa es solo una parte, el resto del texto es, básicamente, un llamado a la venganza. Recitar algo así tenía sentido cuando eras una comunidad que intentaba darse ánimo para soportar una opresión asesina. Pero cuando repetís esas mismas frases desde posiciones de poder, son llamados al genocidio. Y así sucede con mucho de nuestra liturgia y nuestros textos. Todo esto es usado ahora para fortalecer el sionismo religioso. Son cosas que tienen que ser reinventadas, reelaboradas dentro de la tradición para dar cuenta de que la posición de las personas judías en la estructura del poder puede cambiar. Y hay una responsabilidad ética y moral de tener una liturgia que lo refleje.

También tenemos que pensar en la relación teológica con la Tierra. Tras la destrucción del Templo, la religión se volvió diaspórica, el judaísmo estaba dondequiera que estuvieran los judíos. El sionismo vino e hizo su propia reinvención del judaísmo. Hay mucho para renegociar en nuestra tradición y somos muchos los que pensamos que este es un momento de renegociación del judaísmo como no habíamos visto desde hace milenios, desde la destrucción del Segundo Templo.

Y eso es solo lo que concierne a la religión. En todas las otras esferas de nuestras vidas nuestras instituciones han sido construidas en torno al sionismo. Y eso ya no está reflejando dónde está parada la gente. En Estados Unidos hay una cantidad asombrosa de judíos que se están alejando del sionismo y no tienen a dónde ir. No tienen ningún lugar que los represente en la colectividad judía.

—Muchos grupos ortodoxos jasídicos te dirán que ya resolvieron este problema. Creen que migrar a Israel antes de la venida del Mesías es un pecado. ¿En qué difiere el judaísmo que ustedes postulan?

—Para empezar, para la mayoría de los jasidim, sus posturas no tienen nada que ver con los palestinos, excepto por algunos grupos. Para mí la base teológica no es lo central, excepto cuando pensamos cómo reconstruir nuestra vida espiritual a la luz de lo que pasa desde 1948. La cuestión es ante todo moral. Y también política. Cuando los medios contactan a representantes judíos, ¿a quién contactan? Cuando el gobierno consulta con miembros de la colectividad judía, ¿con quién consulta? Ahora mismo hay una captura total de nuestra comunidad a nivel global. A veces, los medios y las autoridades ni siquiera consultan a los judíos estadounidenses, sino que consultan directamente a figuras israelíes, lo que significa que nuestra representación se ha subcontratado por completo a los sionistas. Lo que a su vez también fomenta la confusión entre judaísmo y sionismo. Es muy bueno para los gobiernos israelíes que haya antisemitismo. No les preocupa reducir o erradicar el antisemitismo porque su respuesta es «vengan a Israel». La prioridad para ellos es fortalecer ese Estado.

Estos son quienes nos representan en el escenario mundial, y queremos cambiar eso. Estamos tratando de debilitar la maquinaria política que permite el genocidio y la matanza continua de palestinos, y que toma la forma de envío de armas, de cobertura política, de una eterna negativa a rendir cuentas.

—Aun siendo una revista judía dirigida a un público judío, Jewish Currents trabaja extensamente con periodistas palestinos en Palestina. ¿Qué papel desempeña la liberación palestina en esta nueva identidad judía?

—Ya he dicho antes que el judaísmo significará justicia para el pueblo palestino, o no significará nada. Obviamente, no quiero que el judaísmo sea definido para siempre solo por la cuestión palestina. Tuvo antes una vida independiente de ella, y lo que buscamos es que tenga una vida después. Pero de ahora en adelante, el judaísmo estará siempre asociado con el genocidio palestino, y tendrá que haber maneras en que asuma la responsabilidad y cree vías para la justicia, las reparaciones, el retorno, la igualdad. No milito la liberación de Palestina por el judaísmo, lo hago por los palestinos, y con los palestinos. Pero no creo que un judaísmo del que la mayoría de nosotros queramos ser parte pueda sobrevivir si no enfrenta la cuestión palestina y si no ayuda a crear las condiciones para la liberación palestina.

—¿Cómo respondés a las críticas sionistas? Se dice que quienes no defienden a Israel no reconocen la importancia que la Tierra de Israel tiene en la tradición y, por tanto, no entienden el judaísmo. Que la mayoría de los judíos ya decidieron apoyar al sionismo. Que los judíos antisionistas no son «judíos verdaderos».

—Estas luchas entre sionistas y antisionistas dentro del judaísmo son tan antiguas como el sionismo mismo. Lo cierto es que hoy la afirmación de que las mayorías están con el sionismo se está desvaneciendo, particularmente en Estados Unidos. Las cosas están cambiando mucho generacionalmente.

El argumento de que el sionismo se deriva automáticamente de los textos judíos tampoco se sostiene. Para empezar, hay muchísimas personas jasídicas que nunca han estado de acuerdo con eso. Hubo judaísmo durante milenios antes del Estado político de Israel y lo habrá después. La idea de que nuestra identidad tenga la misma antigüedad que este Estado de 80 años no tiene ningún sentido. Es un Estado nación que niega los derechos humanos a la mitad de las personas que viven entre el río y el mar. ¿Es eso lo que el judaísmo nos llama a preservar?

La Torá es vasta, permite muchas interpretaciones. Hay cosas muy estrictas, como guardar el Shabat, pero en otros temas la gente lee lo que quiere leer. Nadie es más o menos judío en este sentido. Los colonos violentos de Cisjordania son tan judíos como yo.

—Todas estas tradiciones con las que crecimos, el cristianismo, el judaísmo, el islam, tienen muchos elementos que se usaron durante siglos para oprimir a la gente. Pero también pueden proveer de una fuerte brújula moral. ¿Cómo creés que han influido en tu postura actual los valores judíos en los que te criaste?

—Odio el término valores judíos. En mi opinión, el colono que actúa con violencia está poniendo en práctica «valores judíos», y yo, oponiéndome al genocidio en Gaza, estoy poniendo en práctica «valores judíos». Los valores judíos son lo que hacen los judíos y no hay un conjunto fijo de valores judíos. Creo que hay valores que se dicen y luego están los valores que se enseñan. Crecí en una comunidad que, por supuesto, se creía justa y buena. Pero no me crie en el judaísmo reformista, donde el enfoque es la justicia social. Me crie en una comunidad judía más conservadora, donde los valores judíos que nos enseñaron eran más insulares, cuidarnos los unos a los otros, la fortaleza, el orgullo. Y esos también eran valores judíos. Soy nieta de sobrevivientes del Holocausto originarios de Grecia, que estuvieron en Auschwitz. Para mí, esa historia significa «nunca más para nadie». Pero hay personas que son nietos e hijos de sobrevivientes para quienes el mensaje es «nunca más para nosotros».

No va a ser fácil y no porque el judaísmo sea excepcionalmente malo. Todas las religiones del mundo tienen esta dualidad, y al final se trata de lo que su gente hace y de lo que su gente cree. No creo que baste con decirnos, bueno, volvemos a una expresión idealizada de los valores judíos. No, vamos a tener que luchar por ello. Vamos a tener que construir un judaísmo que diga estas cosas, no estas otras. Y vamos a tener que integrar eso en nuestra forma de vida, en la forma en que funcionan nuestras comunidades. Eso requerirá mucho trabajo.

Volkswagen, la mayor empresa de su sector en Europa, acaba de anunciar recortes de hasta 115 mil empleos en todo el mundo, la mitad de ellos en Alemania. Al igual que ocurre con otros fabricantes de vehículos, está previsto que en el futuro su planta en Osnabrück produzca armas en colaboración con el grupo de defensa israelí Aurelius.

En el norte de Berlín –en el distrito conocido antaño como el Wedding rojo– crece la resistencia contra otra gran empresa reconvertida: Rheinmetall. En julio se organizó una protesta frente a las puertas de la fábrica como parte de una semana de movilizaciones, pero la policía bloqueó el acceso. Entre los presentes se encontraba la activista climática sueca Greta Thunberg.

La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se formó en 2025, tras revelarse que Rheinmetall había comprado el fabricante de autopartes Pierburg para empezar a producir munición de artillería. La industria automovilística está registrando pérdidas y líderes empresariales y dirigentes políticos no ven mejor «salida» que pasarse al armamento, un sector hacia el cual el dinero fluye sin límites desde la Unión Europea. El poderoso sindicato IG Metall se ha sumado a esta dinámica.

El precio de las acciones de Rheinmetall se ha disparado hasta niveles sin precedentes. La empresa emplea a 34 mil personas y su negocio de equipamiento militar está en auge. La mayor gestora de activos del mundo, la estadounidense BlackRock, posee ahora una participación del 7 por ciento en su capital y se ha convertido en su mayor inversor. A juzgar por su estructura accionarial, la firma ya no es propiamente alemana.

* * *

La Alianza Berlinesa contra la Producción de Armas se reúne una vez al mes en una cafetería del Wedding rojo. Sus miembros recorren casas e iglesias buscando sensibilizar a los vecinos. Muchos no saben que está previsto fabricar armas en su propio barrio y quedan atónitos al enterarse.

La mayoría de los activistas antimilitaristas son jóvenes. Están presentes en movilizaciones estudiantiles y se resisten a la posibilidad de incorporarse al renacido servicio militar obligatorio. «El gobierno se está preparando para la próxima gran guerra», afirma uno de ellos, de 18 años, que acaba de recibir un formulario de las Fuerzas Armadas. Muy pocos jóvenes de su grupo de edad han mostrado interés en sumarse a filas: apenas un 0,18 por ciento de los 300 mil que han sido contactados hasta ahora. El número de solicitudes de adhesión al estatuto de objetores de conciencia está, por el contrario, aumentando rápidamente.

Un estudiante de la Universidad Técnica entrevistado en el documental describe la situación de «desesperanza» que reina entre los jóvenes en un país donde el Estado social se está cayendo a pedazos. «El edificio principal de la universidad ha cerrado, la biblioteca estuvo clausurada mucho tiempo y, en el edificio de matemáticas, el agua gotea de todos los techos. Las escuelas también se están deteriorando. Donde vivo, ya no quedan centros donde los jóvenes puedan ir a pasar el rato. Todo esto genera una sensación de desesperanza; al final, los jóvenes no saben qué hacer y las Fuerzas Armadas empiezan a parecer un empleador atractivo.»

Otros hablan sobre la delicada cuestión de la cooperación entre Alemania e Israel, de la que Rheinmetall es un ejemplo. Una joven relata: «Rheinmetall se beneficia de las violaciones más flagrantes de los derechos humanos y presta apoyo ideológico y material al genocidio en Palestina y a las acciones de Israel en los territorios palestinos ocupados, Siria, Líbano e Irán. Alemania es el segundo mayor proveedor de armas de Israel y es cómplice de los crímenes cometidos en Gaza. Desde hace muchos años, Rheinmetall colabora con Israel Aerospace, Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems en el desarrollo de sistemas de artillería de 150 milímetros».

Una maestra habla sobre la creciente presencia de oficiales militares en las aulas. «El gobierno afirmó que la participación es voluntaria y que los oficiales solo acuden a clases si los profesores los invitan, pero en Baviera ya existe un acuerdo de colaboración obligatoria entre las escuelas y el Ejército.»

Lo lógico sería esperar que los sindicatos alemanes se movilizaran con firmeza ante esta situación. Sin embargo, en las protestas, el sindicato IG Metall brilló por su ausencia. Para mi película, intenté entrevistar a los dos dirigentes principales del sindicato. Fue en vano. Su oficina respondió: «Lamentablemente, no podemos ofrecerle una entrevista en este momento». Solo me enviaron un comunicado de prensa: «Nuestros estatutos nos comprometen a defender la paz, el desarme y el entendimiento internacional. Al mismo tiempo, nuestra tarea consiste en representar los intereses de la plantilla. Los trabajadores no decidieron la reorientación estratégica de su empresa, pero tienen derecho a conservar sus empleos, a disfrutar de buenas condiciones laborales y a contar con sólidos derechos de cogestión. A juicio de la comisión interna de la empresa, esta transición implica, ante todo, preservar los puestos de trabajo». En cuanto a los motivos por los que no habían apoyado las jornadas de movilización contra Rheinmetall –a diferencia de otros sindicatos– no dijeron una sola palabra.

* Rheinmetall en «Wedding rojo»: los vecinos pasan a la acción, de Gaby Weber. Disponible en YouTube.↩︎

Es 2017. Mientras trabaja en su filme anterior, Fuimos felices, Szwarcbart abre las puertas de los archivos del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. Busca archivos familiares que sean útiles para su investigación. Al fondo de una de las bóvedas, sin embargo, rebota el brillo de una serie de latas de película analógica apiladas hasta el techo. Descubre entonces que contienen filmaciones de Canal 9, correspondientes a su período estatal, entre 1973 y 1980. Doce mil latas de película que prometen un mundo. Ante lo inabarcable de ese acervo, Szwarcbart decide limitarse a trabajar con 120 de estos rollos, lo que conlleva, primero, el digitalizarlos con sumo cuidado. Entonces empieza el juego: establecer las relaciones que los materiales revelan entre sí.

Mientras intenta consolidar la forma del filme, Szwarcbart avista entre estanterías Meacuerdo, de Martín Kohan, libro bastante inclasificable publicado en 2020. De inmediato, comparecen Georges Perec y su libro homónimo: una asociación que el escritor argentino reconoce con orgullo y cuyo linaje rastrea hasta Joe Brainard, padre de un género literario a la vez preciso y extrañamente híbrido. En sintonía con la vocación microscópica de la prosa del escritor francés, Kohan persuade sobre la necesidad de desarticular la noción de literatura autobiográfica, una en la que el sujeto narrador organiza sus recuerdos desde la valoración de su eventual relevancia para una determinada y prejuzgada narrativa. Cada reiteración en su Me acuerdo, en contraste, discurre entre reminiscencias de vocación casi automática, un inventario de recuerdos que se cuida de no distinguir entre banalidad y trascendencia. Así, Kohan ensambla un texto enumerativo que busca regirse por la aparición desinteresada del recuerdo durante el proceso de escritura.

Por estos días, el cine que elige narrar historias personales a partir de acervos fílmicos prolifera. Tampoco son escasos los ejemplos de películas que para encauzar la narración se sirven de voces especialmente desencarnadas. Pero la ambición y la solemnidad hacen que muchos de estos filmes acoten demasiado el sentido de sus imágenes y terminen por fracasar en la apuesta: proyectos que promueven lecturas demasiado unívocas, sin lugar para las contradicciones. Más que las palabras en sí, son la forma y el estilo de la voz enunciativa lo que debería cautivarnos viendo esta clase de filmes, y también el modo en que esa voz entra en diálogo con el resto del material en la obra. Y es en atención a todo ello que LS83 resulta un ejercicio repleto de astucia.

La conjugación entre el discurso de Kohan –que remite a su infancia durante la última dictadura cívico-militar argentina– y las filmaciones de los camarógrafos de Canal 9 –imágenes oficiales a lo largo del régimen, aquello que el Estado quería propagar sobre sí mismo– permite contradicciones entre ambas perspectivas. Hay una notable falta de solemnidad en la película e, incluso, una ingenuidad elocuente, una voluntad lúdica que aleja cualquier forma de didactismo. Como si la voz buscase ciertos recovecos inaccesibles de la infancia en las imágenes, Kohan recuerda, por ejemplo, su desconcierto al comprobar que el presidente iba en el asiento de pasajero del vehículo presidencial y que era alguien más quien manejaba. Pero, del mismo modo, repara también en cómo él mismo sostenía la raqueta de tenis, con ambas manos –carecía de la fuerza suficiente–, lo que lo emparentaba con el estilo deportivo de Jimmy Connors. Entre un vinilo de los Beatles y otro que compilaba hits de varios artistas, y entre el cacao Superpibe y el Nesquik, tanto el libro como el filme reparan en detalles que en su relevante insignificancia terminan por vislumbrar toda una época.

* * *

Durante la charla tras la proyección del filme –«Archivos que cuentan: imágenes y recuerdos en la memoria individual y colectiva», su título–, la moderadora y directora de Cinemateca, María José Santacreu, elogió la forma en que estas memorias personales tienen la habilidad de decir algo sobre la infancia in totum, aun cuando ni el filme ni el libro se lo hayan propuesto de antemano. El inventario de recuerdos concreta, en palabras de Kohan, una «disposición objetiva de recuerdos subjetivos». Una «objetivación» en la que «no hay carga afectiva explícita», pero que empieza a producir un «efecto de narración». Por esto, más allá de las imágenes que acompañan el relato oral, la introducción a las entrevistas de la época exacerba esta tensión. Testimonios en los que los responsables, como el general Jorge Videla, promueven una imagen de sí y en los que, a pesar de todos los intentos, no es posible disimular el horror. Ahí reside una de las operaciones más intrigantes de LS83: cómo la infancia puede transcurrir durante procesos históricos terribles y cómo las herramientas cognitivas no están prontas para comprender lo que sucede, y sin embargo…

Ante el problema de la noción de verdad, Virginia Martínez, por su parte, aclaró en la charla: «El régimen de verdad del documento difiere del de la memoria». El documento preserva rastros de aquello que fue: el aspecto de cada modelo de auto, por caso, que los pequeños hermanos Kohan jugaban a identificar tras la ventana, o los papeles que caían del cielo mientras los aviones sobrevolaban el área. Por otro lado, la evocación transforma, resignifica. Y cuando estas dos dimensiones se cruzan, comienza a emerger el brote de una verdad colectiva. Los tres oradores de la charla acordaron que las aspiraciones de ese tenor, las colectivas, solo pueden alcanzarse desde las singularidades, confiando en que la reducción y la síntesis pueden, efectivamente, generar la sugestión de todo un mundo. De lo contrario, se corre el peligro de caer en un narrar la narración, una reproducción del relato que pierde conexión con la experiencia original.

En un momento, Martínez refirió que en Uruguay un filme como LS83 difícilmente podría llevarse a cabo, debido a la falta de memoria audiovisual de nuestro país (lo que haría inviable que los cineastas uruguayos pudieran reconstruir sus propios relatos a partir de esta clase de acervos). Ante la idea, Szwarcbart esgrimió: «Tampoco Argentina es un paraíso». Es un país sin Cinemateca –dijo–, en el que son en su mayoría los coleccionistas privados los que aportan al rescate de la memoria nacional. De hecho, hace poco, debido a desacuerdos con la Secretaría de Cultura, Paula Félix-Didier abandonó su cargo como directora del Museo del Cine (aunque todavía contribuye a sacar adelante la institución, su ausencia comprueba las dificultades institucionales que presenta la gestión de los acervos audiovisuales).

Cabe recordar, incluso, que hay también motivos materiales por los que Szwarcbart y su equipo tuvieron que limitarse a 120 latas de entre las filmaciones encontradas. La película termina esgrimiendo que «todavía queda mucho material inédito por explorar». Así, la cuestión del archivo se revela como un tema fundamental para ambos márgenes del Plata.