Julieta¹ tiene 13 años y es la mayor de un puñado de hermanos. Su historia comienza mucho antes del 28 de julio. En particular su recorrido por el sistema de protección a la infancia data del 18 de mayo de este año, cuando ingresó al centro de breve estadía de adolescentes mujeres, Magnolia, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). En ese momento –a raíz de la intervención estatal en el núcleo familiar– los hermanos fueron a parar a distintos establecimientos del instituto.

Cuando ingresó a Magnolia, la adolescente fue sometida a una «valoración psicológica» a cargo de los técnicos del centro, que no arrojó ningún tipo de sospecha respecto a algún tipo de trastorno de salud mental. De todas formas, cuando –en situaciones como esta– los niños son acogidos por el sistema de protección estatal es porque se entiende que sus progenitores o tutores legales no pueden garantizar la totalidad de sus derechos, o porque se detectan riesgos para su integridad física. Fue el caso de Julieta.

Según consta en uno de los expedientes judiciales que describe la situación, el 11 de marzo de este año la «tenencia provisoria» de los menores había sido otorgada a su madre, quien, además, debió alejarse del padre de los niños mudándose a otra vivienda debido a una situación de violencia preexistente. La Justicia intimó a este último la «prohibición de todo castigo físico» y le impuso «medidas de prohibición de comunicación y acercamiento» respecto de la mujer por 180 días y «por un radio de 500 metros». Asimismo, la jueza actuante resolvió suspender las visitas del progenitor a sus hijos por un plazo de 90 días. Pese a ello, el Equipo Técnico de Familia Especializada del Poder Judicial no aconsejó la utilización de tobillera electrónica para el caso.

Un mes después, los hermanos de Julieta fueron anotados en un centro de apoyo socioeducativo y recreativo en Casavalle por recomendación de la Comuna Mujer 11, dispositivo de atención a la violencia basada en género con el cual la familia mantenía un vínculo de apoyo psicosocial.

Un informe elaborado por técnicos de ese centro que trabajaron con los chiquilines –escrito luego de que Julieta atentara contra su abuela paterna– detalla que la situación era sumamente compleja y que no involucraba solamente a los padres. En este sentido, otro expediente judicial vinculado a la situación de la familia indica que, el 21 de abril, el liceo al que iba Julieta alertó sobre una presunta situación de abuso sexual por parte del abuelo materno contra los niños. A raíz de esa denuncia, la Justicia impuso al hombre un «estricto cumplimiento de las medidas cautelares» de alejamiento.

El informe de los técnicos detalla que en las entrevistas con la familia se recogieron «relatos que dan cuenta de hechos de suma gravedad, exponiendo a los NNA [niños, niñas y adolescentes] a situaciones de riesgo sostenidas en el tiempo». Entre ellas, las derivadas del «estrecho vínculo» que los niños mantenían tanto con su padre como con su abuelo materno, pese a las graves denuncias realizadas ante la Justicia, contraviniendo las recomendaciones del Poder Judicial.

En junio, vista la «emergencia» y el «riesgo» en que se encontraban los niños –«sin referente de cuidado al menos al momento y sin perjuicio de ser la institucionalización la última medida»–, la Justicia dispuso el ingreso a centros de protección del INAU: «La única [medida] hábil e idónea para garantizar la protección», según el escrito.

* * *

El 21 de mayo la abuela materna se presentó ante la justicia de familia y manifestó su interés de asumir los cuidados de sus nietos. El INAU no aceptó la alternativa, dado que con ella convivía el abuelo anteriormente denunciado. Según el Sistema de Información para la Infancia, Julieta estuvo en el padrón de Magnolia hasta el 7 de julio, donde incurrió en una salida no acordada –cuando los menores se ausentan por cuenta propia y no se conoce su paradero– y regresó sola al centro, diez días después, el 17 de julio.

Ese mismo día, el INAU resolvió un régimen de licencia para todos los hermanos. Es decir que los menores –Julieta incluida– siguieron estando bajo la tutela y responsabilidad del instituto, pero pasaron provisoriamente a vivir con referentes adultos que los técnicos consideran idóneos para hacerse cargo de los cuidados. En este caso, se fueron a vivir con el padre y la abuela paterna. Desde el INAU comentaron a Brecha que luego de varias evaluaciones se valoró finalmente que el padre podía hacerse cargo de sus hijos temporalmente, puesto que, además, las medidas cautelares en su contra no habían sido renovadas por la Justicia (vencieron a principios de junio). Durante la licencia, de hecho, la madre también mantuvo contacto con sus hijos (a pesar de que ello no formaba parte del acuerdo con el instituto).

Sin embargo, el informe técnico antes mencionado, elaborado por un centro que trabajó con los hermanos, dejó un flanco abierto: «Otro elemento que incrementa la gravedad de la situación refiere a los relatos de episodios de violencia física y psicológica ejercida por parte de la abuela paterna hacia los NNA», detalló.

* * *

Una semana antes del homicidio de su abuela paterna, el liceo al que iba Julieta avisó al padre que la adolescente debía ser atendida con urgencia por un psiquiatra. El informe del centro dice: «[Julieta] presenta desde la semana anterior relatos de características delirantes e inconsistencias en su discurso».

Desde la Administración de los Servicios de Salud del Estado aseguraron al semanario que la adolescente fue vista en la puerta de emergencia del Centro Hospitalario Pereira Rossell; que se le realizó una valoración médica, pero que no fue internada. Acto seguido, Julieta volvió a ausentarse del hospital; se desconocen las circunstancias.

Según la dirección del Pereira Rossell, se hizo una denuncia en la seccional para dar cuenta de la evasión. El hospital no proporcionó a Brecha la denuncia ni tampoco detalló en qué seccional fue realizada. El semanario no pudo confirmar si esa denuncia efectivamente se radicó, si la Policía procedió a buscar a la adolescente, ni, si en caso de haberla encontrado –había regresado a su propio domicilio–, por qué no fue trasladada nuevamente al hospital.

El 28 de julio Julieta mató a su abuela paterna de varias puñaladas. Según trascendió en la prensa, la adolescente padece «esquizofrenia» y habría actuado de esa forma porque en un juego alguien le ordenó que lo hiciera.

* * *

Luego de lo ocurrido, la adolescente fue evaluada nuevamente en el Pereira Rossell y enviada al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Se encuentra con medidas cautelares por 150 días, mientras se desarrolla la investigación.

El vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, dijo a Brecha que hay una «investigación interna» sobre el caso, pero que «a priori» no habría nada inusual ni irregular en la actuación de los técnicos del instituto. «Estamos tristes y preocupados por la situación, y acompañando a los hermanos, que rápidamente volvieron al hogar», aseguró. Todo el núcleo familiar, técnicos del INAU y demás actores involucrados en el caso fueron citados por el Poder Judicial a una audiencia que se celebrará la semana próxima. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Adolescentes de Montevideo de Segundo Turno, dirigida por el fiscal Pablo Rivas.

* * *

«Eso se llama patologizar determinados eventos o demonizar el uso de tecnologías», dijo al semanario Cecilia Baroni, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y referente del proyecto Radio Vilardevoz. La psicóloga se refiere a la forma en la que el caso de Julieta apareció referido inicialmente en los medios de comunicación. Opinó, en ese sentido, que cuando suceden estas situaciones el impulso inicial es culpabilizar individualmente a alguien, sin pensar en el recorrido complejo de la persona en cuestión.

La docente explicó que la ventilación de este tipo de diagnósticos va en contra de los derechos de los menores de edad (además de que, según entiende, es toda una discusión en el ámbito psicológico la utilización de ciertas catalogaciones para alguien con la edad de Julieta). «Cuando sucede una tragedia así, de un momento para el otro, lo que tendríamos que poder pensar es: o que hay violencia, o que hay abuso, o que hay maltrato», dijo, y agregó que –teniendo en cuenta las carencias del Estado en materia de salud mental– en estos casos «nadie llega a tiempo».

«La violencia extrema genera una cosa que se llama disociación. Es decir, para tolerar la violencia y seguir viviendo en sociedad, muchas veces el sujeto desarrolla una disociación y parece que no está ahí», afirmó Baroni. Dijo, asimismo, que el gran desafío es cómo acompañar este tipo de situaciones, sin demonizar además el uso de las herramientas digitales ni las nuevas formas de comunicación y sus riesgos; algo que es competencia del mundo adulto. Consultada por los protocolos a seguir en casos como el de Julieta, Baroni aseveró que muchas veces las figuras adultas se «pasan la pelota» y conciben la situación a través de compartimentos estancos o canales separados, sin abordarla de manera integral ni lograr una conversación fructífera entre instituciones. «Es un acumulado de violencias, de abandonos y de no respuestas del Estado; que no las puede dar o no las da por falta de recursos, o porque todavía nos faltan herramientas», reflexionó.

1. El nombre utilizado es ficticio. ↩︎

No es común que en materia de derechos humanos el Sur exporte al Norte organizaciones o estructuras. Los argentinos lo han hecho. En varias ocasiones.

En España, Historias Desobedientes se inició en 2022, meses después de que Loreto Urraca, una filóloga nieta de un policía franquista, tomara conocimiento de que en la lejana Buenos Aires funcionaba desde hacía ya cinco años un movimiento que reunía a descendientes directos de represores que habían repudiado esa herencia. Hasta entonces Loreto había trabajado en solitario para reconstruir el historial de su abuelo, de quien ignoró prácticamente todo hasta casi veinte años después de la muerte del represor, en 1989, a sus 85 años, sin haber sido indagado ni mucho menos condenado.

Pedro Urraca Rendueles no había tenido precisamente un rol menor en la represión franquista. Apenas iniciada la dictadura, en 1939, había sido despachado a París como agregado a la embajada con la orden expresa de detener y devolver a España a dirigentes republicanos exiliados en Francia. En su foja de servicios destacan, por ejemplo, las capturas en París del presidente de la Generalitat –el gobierno catalán– Lluís Companys, de los socialistas Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, y del anarquista Juan Peiró, todos ellos conducidos luego a España y ejecutados tras juicios sumarísimos. Por poco se le escapó el presidente de la Segunda República Manuel Azaña. Su objetivo fueron también los resistentes franceses y estuvo implicado en estafas a judíos perseguidos por los nazis. «Cuando Francia es ocupada por los alemanes mi abuelo pasó a colaborar directamente con la Gestapo y con el gobierno títere de Vichy. Para entonces él ya tenía un trabajo previo de seguimiento de los exiliados españoles: dónde vivían, en qué locales se reunían, a quiénes frecuentaban. Y rápidamente les pasó esas informaciones a la Gestapo. Y la Gestapo los entregó a Franco», cuenta su nieta a Brecha. Pero de eso y de otros datos –por ejemplo, que en la Francia ya liberada Pedro Urraca fue condenado a muerte en ausencia por su colaboración con los nazis, que logró escapar y pasó a trabajar en la embajada española en Bruselas– ella recién comenzó a enterarse en 2008, luego que el diario madrileño El País publicara un artículo titulado «El cazador de rojos». «Fue muy fuerte ver mi apellido en una nota así. A mi abuelo lo había conocido cuando yo recién había cumplido los 18, el mismo día de 1982 en que mi padre, su único hijo, reapareció en mi vida después de 14 años. Ese día mi padre regresó y me dijo: “Este es tu abuelo”. Luego tuve con Pedro Urraca una relación superficial, siendo yo joven. Supe que había trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen, que había estado en Francia y que el resto de su carrera la había hecho en Bélgica. Poco más. No podía ni imaginarme quién era realmente.»

Pasado el shock que le causó la lectura del artículo, Loreto se puso a investigar. No le fue fácil reunir documentación, porque en la España de entonces el tema del pasado reciente era totalmente marginal. «Muy pocos historiadores lo estaban tratando. Nos formamos en ese silencio. En las clases de Historia de los institutos de enseñanza no se hablaba de la dictadura.» Durante cinco o seis años Loreto buceó en archivos, intentó arrancar testimonios familiares, reunió cartas y documentos inéditos. Hasta que juntó informaciones suficientemente relevantes como para largarse a hacer pública la historia del abuelo franquista, buchón y asesino. Lo hizo a través de una novela histórica, Entre hienas. Retrato de familia sobre fondo en guerra, publicada en 2018. Cuatro años después fue la protagonista central de un documental, Urraca, cazador de rojos. Para entonces la filial ibérica de HD ya llevaba algunos meses andando. A Analía Kalinec, una de las fundadoras en Argentina de la organización madre, en 2017, le había llegado el eco, producto de la promoción de la novela, de que en España había una familiar de represores que repudiaba a su pariente vinculado a la dictadura que podía ser una suerte de lanza para el aterrizaje del grupo en Europa.¹ Kalinek le escribió a Urraca contándole su recorrido. Le dijo entre otras cosas que su padre era responsable directo del asesinato de decenas de personas, que ella se enteró muy tarde, que hasta que lo supo ambos habían mantenido una buena relación, que luego se convirtió en la oveja negra de una familia que se abroqueló en defensa de Eduardo Kalinec, conocido como doctor K en los campos de exterminio argentinos. Y que su padre, entonces, estaba preso en una cárcel, condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad (hoy, mileísmo triunfante mediante, cumple su pena en su casa).

Entre tanto descubrimiento «feo» y violento de la trama familiar, a Loreto el contacto con Kalinec le resultó un salvavidas. «En todo el tiempo que estuve escribiendo e investigando en España nunca me había encontrado con otra persona que hubiera vivido algo más o menos similar, salvando las distancias (una de mis ventajas fue que tuve una relación escasa con mi abuelo, que no me dio para encariñarme), y estuviera en esa actitud de rechazo y de querer actuar para generar algún nivel de reparación. También yo me sentí un bicho raro en medio de una familia que no quiere hacer olas y que dice que los trapos sucios se lavan adentro.» Urraca encontró esa correspondencia al otro lado del mundo. Kalinec la invitó a una reunión virtual en la que participaron otros argentinos y Verónica Estay, una universitaria residente en París cofundadora de la filial chilena del grupo. Tiempo después se conocieron personalmente y en 2022 Loreto presentó en público al grupo en Valencia,
en Madrid, en Barcelona. De a poco se fue arrimando alguna gente.

* * *

Pepe García Puyuelo es de esas personas que se fueron acercando. Tiene 66 años y se considera en cierto modo «heredero», aunque repudie el legado, de un falangista represor, su abuelo, José García Bufill, un fascista convencido que desde el minuto uno del golpe de Estado de 1936 adhirió al llamado bando nacional. «En casa de mi abuelo fue que se fundó la sección en Priego de Córdoba, Andalucía, de la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista. No me consta que personalmente haya matado a nadie, pero él era quien tenía las llaves de la cárcel donde iban a parar los que detenían sobre todo en las aldeas. La mayoría eran sindicalistas rurales. Cada noche llegaba en moto un señor que venía de Córdoba, la capital de la provincia, y le daba a mi abuelo una lista de gente para conducirlas a la camioneta de la muerte.» En la jerga represiva rioplatense a esa operación se la llamaría traslados. «A los presos los introducían en una furgoneta que en principio tenía como destino una cantera de piedra que había en un pequeño pueblo cercano, Monturque. Por los documentos que conseguimos, logramos saber que la mayoría no llegaban a Monturque. Los ejecutaban por el camino y los enterraban como animales en cunetas o canteras, o no los enterraban, los dejaban ahí. Hasta ahora no se recuperó ningún resto.» Quien supervisaba que la entrega de los trasladados se realizara en buena y debida forma era José García Bufill. Un franquista como tantos (empresario él), más o menos entusiasta, partícipe necesario del engranaje de la dictadura.

Cuando su abuelo murió, Pepe tenía algo menos de 12 años. Nunca nadie del entorno más cercano evocó su historia. «Por miedo o por vergüenza, vaya a saber por qué, como en tantas familias.»

Priego de Córdoba tiene poco más de 20 mil habitantes. Por décadas predominó la idea «difundida por las élites del lugar», dice Pepe a Brecha, de que durante la guerra el pueblo había permanecido bastante al margen. Un historiador local, Jesús Cuadros Callava, probó en un libro de 2019, La nada y el silencio, que la realidad había sido bien distinta: más de 200 ejecutados, cientos de detenciones, torturas sistemáticas, incautación de bienes de los perseguidos y sus familias, y toda una pesada trama de dispositivos de control social y político. «Gracias a la presión que hicimos quienes queremos romper el consenso del silencio pudimos hace poco colocar unas placas en el cementerio y levantar un pequeño monumento con los nombres grabados de las personas asesinadas en la ciudad», dice Pepe, que acompañó a Jesús Cuadros a hacer encuestas entre los habitantes más veteranos de Priego para ver qué recordaban. «Nos contaron cosas curiosas, extrañas, que estamos recuperando.»

Pepe se incorporó a HD tras escuchar en un documental hablar del grupo a Francisco Moreno, «un historiador muy reconocido en la provincia de Córdoba». En un artículo de agosto de 2024, Eldiario.es presenta a Moreno como «pionero en desenterrar la historia de los vencidos» al haber publicado, en 1981, «una exhaustiva monografía con los nombres de los fusilados en Córdoba y la identidad de sus ejecutores. […] Sin saberlo, estaba abriendo un camino inédito en la historiografía moderna». «Fui el primero en poner el dedo en la llaga real de la historia. Investigué sin miedo», le dijo el propio historiador más de cuatro décadas después al medio digital. Pero pasado el tiempo el temor sigue ahí. Con otros contornos, pero sigue ahí. García Puyuelo cuenta que a su amigo Jesús Cuadros él lo ha instigado para que «ponga todo». «Que, si tiene que serlo, sea más claro y más cruel, con mi abuelo o con quien sea. A veces, cuando están escribiendo quienes traen a la memoria lo sucedido quitan párrafos y líneas.» Pepe dice que él «ha vivido desde siempre a pecho descubierto», aun en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, como Priego de Córdoba. «Prácticamente desde los 18 que soy rojo», se enorgullece. Además de a HD, Pepe pertenece a Triángulo Azul Stolpersteine, «una asociación que se dedica a localizar en los pueblos de Andalucía a personas que fueron enviadas a los campos de concentración nazis». Se estima que alrededor de 10 mil republicanos terminaron en los centros de exterminio de Adolf Hitler, fundamentalmente el de Mauthausen, en Austria. Buena parte de ellos fueron capturados en Francia, donde se habían exiliado, y más de 4.400 no sobrevivieron. «Pienso que hay que estar en todos los frentes en que haya que estar para resarcir, de alguna manera, lo que estos desalmados hicieron en España, en Europa, que es lo mismo que han hecho otros como ellos en América Latina.» Loreto Urraca quiso hacerlo pidiéndole disculpas a la sobrina nieta de Lluís Companys, el dirigente republicano catalán entregado a la Gestapo por su abuelo Pedro. Sintió la necesidad de hacerlo a pesar de ser consciente de que la deuda no era suya. «Yo creo que a lo primero que desobedecemos es a esa tradición judeocristiana de que los hijos heredarán la culpa de los padres», explicó luego al dar cuenta con lucidez de lo fangoso del terreno en el que se mueven los desobedientes.

* * *

Pepe piensa que «todavía se está con el peso de la dictadura encima». Basta ver las estructuras represivas: en lo esencial no han sido depuradas. O las judiciales: los herederos del franquismo, que hoy están en el Partido Popular, en Vox, en otros grupos, o son parte de ese «franquismo social» tan arraigado, las tienen enquistadas. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, él mismo nieto de un republicano fusilado e impulsor de la primera exhumación científica llevada a cabo en España, o José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, uno de los pocos jerarcas judiciales de alto nivel vinculado a la izquierda, insisten en que la transición en España (cuántas similitudes tiene con la uruguaya) se hizo de manera tal que mucho del entramado de la dictadura la sobrevivió. «Fue lenta y muy jodida esa transición. De tan mal que se hizo, aún soportamos aquel peso», dice García Puyuelo a Brecha.

Uno de los aportes que a la filial española de HD hacen Isabel Alonso Dávila –72 años, historiadora, docente, escritora– y su hermano Elías es que su represor repudiado proviene precisamente del mundo judicial.

Prácticamente su familia entera tiene pasado franquista. Su padre se alistó como voluntario para combatir a «los rojos», pero fue su tío materno, Gaspar Dávila Dávila, el que más destacó al haber integrado el Tribunal Supremo de Justicia bajo la dictadura. «Era un tío cariñoso, pero al mismo tiempo formaba parte de los cuerpos judiciales del régimen», dice Isabel. «Investigando junto con Elías supimos que desde el comienzo fue parte de los consejos de guerra que firmaban las sentencias. Por entonces actuaba en Alicante, donde había dos campos de concentración y se hacían juicios militares todos los días».

Parece un juego de palabras, pero los Dávila son originarios de la provincia de Ávila, un bastión histórico del régimen que después lo fue –lo sigue siendo– del Partido Popular. «Me gusta subrayar que, como propietarios agrícolas, pertenecían a la base social de la sublevación del 36 y luego de la dictadura», relata Isabel a Brecha. Ella y su hermano rompieron con la «tradición franquista» de la familia. Isabel militó desde muy joven en organizaciones antifascistas y estuvo presa en tres ocasiones, en el 72, en el 74 y en el mismo año de la muerte de Franco, en 1975, cuando todavía no tenía 22 años y vivía ya en Andalucía. «Loreto me dice ahora que desde chica yo era una desobediente sin saberlo, y tal vez sea así, pero a muchos en mi generación nos pasó eso: nos rebelamos contra nuestras familias y entornos afines a la dictadura.» Muy pocos, sin embargo, fueron hasta repudiar públicamente a sus parientes implicados en algún grado en la represión o la colaboración activa con el franquismo.

Volviendo sobre la importancia de que en HD haya descendientes de jerarcas de la Justicia –«es tan obvio el lazo entre aquellos magistrados y la actual judicatura», insiste Isabel Alonso Dávila–, Loreto Urraca señala una carencia: «Nos faltan desobedientes de la Iglesia. Tenemos de militares, de policías, falangistas civiles, de jueces, pero la dictadura franquista era también eclesial». El clero se implicó directamente en la apropiación de hijos de republicanos, de comunistas, de anarquistas, de socialistas, para reeducarlos en valores cristianos y «sacarles los genes rojos». También se apropiaron, a través de toda una serie de instituciones de intermediación, de hijos de pobres muy pobres, para entregarlos a familias «bien». «Qué interesante sería que se nos acercara algún descendiente de cura, de obispo, de capellán y contara, ¿eh, Pepe», dice Loreto, como soñando. Pepe asiente.

* * *

Los realmente activos en HD España son alrededor de una decena. Pocos, menos que en la filial uruguaya. Además de Pepe, Loreto, Isabel o Elías, están también Anna Velasco, cuyo abuelo, Luis Velasco, fue responsable directo de la ejecución de republicanos andaluces, o el expolicía y profesor universitario Tomás Gil, cuyo padre homónimo dirigió la Brigada Político-Social en Barcelona y estuvo entre quienes fabricaron las pruebas fake que condujeron a la ejecución por garrote vil del joven anarquista Salvador Puig Antich, en 1974, o Helena Hedilla, nieta de un jefe de la Falange… «Necesitamos ser más, qué duda cabe», apunta Loreto Urraca. «Somos un actor emergente y nuestro impacto en la sociedad es limitado.» Así y todo, no hay un equivalente al grupo en Alemania, ni en Italia, ni en Portugal, los otros tres grandes países europeos donde hubo regímenes nazifascistas fuertes; en el caso portugués, más largo que en España. Tampoco en Francia. «En todos esos lugares existen desobediencias individuales, no colectivas», resalta Loreto. En Alemania, Barbara Brix, una hija de nazis que tiene contacto con HD, trabaja en el memorial del campo de concentración de Neuengamme, «el único en el país donde se hacen seminarios destinados a los descendientes de victimarios; por un lado, para enseñarles cómo tienen que buscar los archivos de sus familiares y, por otro, para apoyarse mutuamente. El padre de Barbara integraba pelotones que iban por los pueblos asesinando gente, una suerte de grupos de tareas. Barbara se enteró muy tarde de esa historia».

Urraca y García Puyuelo coinciden en identificar algunos de los obstáculos para que más gente se acerque al grupo. «Hay miedo todavía a ser expulsado de la familia. Ese creo que es el impedimento principal», apunta ella. «Las familias franquistas suelen ser numerosas, tipo clan. Crecen en núcleos cerrados, de militares, de empresarios, de gente de negocios a menudo bastante conocida. Una persona descendiente de un alto cargo de la Falange que por un tiempo se nos arrimó finalmente se alejó. Sentía miedo. De la familia ya más o menos estaba expulsada, por otras razones, pero temía a las demandas judiciales que sus primos o tíos pudieran interponerle.»

Y en la sociedad, dice Pepe, hay mucha gente que evita enfrentarse al problema. «La dictadura duró décadas, propagó el miedo y la ignorancia», y construyó una historia que gran cantidad de gente ha hecho suya, aunque no hayan sido parte activa del régimen. La mayor acogida que HD ha tenido, afirma Loreto, ha provenido de las asociaciones de descendientes de víctimas, de las organizaciones memorialistas, de otros grupos de la sociedad civil más que desde el sistema político, «pero esos grupos tienen escasos niveles de participación y un alcance limitado». Un documental de fines del año pasado de Radio Televisión Española, Miradas desobedientes, cuarto y último capítulo de una serie sobre los 50 años del fin de la dictadura, permitió dar a HD una mayor visibilización y desde entonces han recibido no pocas solicitudes de entrevistas. «Bienvenidas sean», dice Loreto. Pero tanto ella como García Puyuelo piensan que en cierta manera el tema del pasado reciente sigue siendo, si no tabú, que ya no, sí muy molesto. «Mira lo que pasa con los miles de personas que están buscando dónde enterraron a sus parientes, en qué cuneta, en qué fosa común, o con las exhumaciones de cuerpos que se vienen realizando: los medios le prestan al asunto una atención totalmente secundaria», dice Pepe. «Y no te creas que porque hoy gobierne el Partido Socialista el panorama haya cambiado demasiado. El presupuesto para aplicar las leyes de memoria es escasísimo, las propias leyes son como parches, y la forma en que se hizo la transición, sobre el olvido y la renuncia a la justicia, sigue pesando. De hecho, los jerarcas franquistas mueren impunes.» Uno de los últimos y más conocidos fue Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, un inspector de la Brigada Político-Social acusado de asesinatos y torturas en el Madrid de los sesenta y setenta. Durante la transición recibió medallas al mérito policial y todas las denuncias en su contra fueron archivadas en los años posteriores. La Justicia española también rechazó su extradición a Argentina, desde donde lo reclamó la jueza María Servini para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Murió en 2020, por covid, a los 73 años, sin haber pisado tribunal alguno. La salida de la dictadura, dice Pepe, «más que una transición fue una transacción, y las cuentas no las hemos dejado de pagar. Aun así, no hay manera de enterrar ese pasado, por más que quieran». Noventa años después, reciclado y reconstruido, sigue volviendo.

1.  Brecha ha publicado abundantes notas sobre el surgimiento de la organización en Argentina y su expansión a Chile, Brasil y Uruguay. El autor de esta nota escribió, además, el libro Desobedientes y recuperados (Fin de Siglo, 2025). ↩︎

En octubre de 2000, en Priaranza del Bierzo (provincia de León), se exhumó una de las primeras fosas comunes de víctimas de la guerra civil española. La intervención fue realizada por un equipo científico interdisciplinario y tuvo como resultado la recuperación, luego de 64 años, de los restos de Emilio Silva Faba y de otros 12 republicanos españoles asesinados por fuerzas franquistas en 1936. El nieto de Emilio Silva es uno de los fundadores de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, creada precisamente en ese año.

La repercusión en la opinión pública de los trabajos de exhumación, efectuados mayoritariamente sin auxilio de fondos institucionales públicos, contribuyó desde ese momento a la visibilización de la represión política silenciada también durante la transición democrática posfranquista. El arqueólogo forense madrileño Carlos Marín, que ha participado de diversas excavaciones relativas a la guerra de España, destaca precisamente el rol nodal de la arqueología en el proceso de reparación de las víctimas en relación con los crímenes cometidos por el régimen dictatorial.

El momento emblemático de esa exhumación inició una «explosión de la memoria» en torno a la guerra, impulsada por reclamos de reparación y justicia de carácter familiar y local. El proceso potenció la agencia de las víctimas del franquismo, que por casi 40 años habían experimentado únicamente rechazo e invisibilización por parte del Estado español. La eclosión de estas memorias antifranquistas encendió desde trincheras opuestas relatos de divulgación histórica cuyo discurso retornaba sobre la tradicional argumentación de la seudohistoriografía del régimen acerca de la responsabilidad de la movilización social en el inicio del conflicto.

La militancia de las organizaciones de derechos humanos fue clave para la definición de un esquema legislativo de reparaciones concretado inicialmente en la ley 52/2007, de Memoria Histórica, durante el primer mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aun cuando la financiación de los trabajos de exhumación resultó más que escasa, sobre todo durante las presidencias del conservador Mariano Rajoy (2011-2018). La ley 20/2022, de Memoria Democrática, sustituyó la precedente y, aunque contempló a víctimas antes no visibilizadas –como los descendientes del exilio republicano–, fue considerada insuficiente por el conjunto de las organizaciones sociales que reúnen a familiares de víctimas del franquismo y por diversos sectores de la izquierda política. Ello en la medida en que la nueva legislación convive con la Ley de Amnistía de 1977, una de las piezas fundamentales de la arquitectura transicional española, aún vigente y que obstaculiza el juzgamiento –en oposición a los cánones del derecho internacional– de las atrocidades perpetradas por la dictadura.

Transcurridos más de 50 años desde la muerte de Franco, los efectos de la guerra civil y de la dictadura, así como los intentos de «pacificación» transicionales sustentados en la ausencia de justicia, han perpetuado la división de la memoria social en un presente en el que relatos enfrentados disputan por los sentidos del pasado. Mientras, restan aún sin exhumar desde hace casi un siglo 2.300 fosas comunes.

La guerra civil, denominada guerra de España por sus contemporáneos así como por buena parte de la historiografía mundial –en virtud de la relevancia internacional del conflicto–, constituye, como puede observarse, un tema que divide profundamente a la sociedad. Y esa presencia del pasado en el presente comprende también las geografías donde –en gran medida por efecto del activismo del exilio republicano, como sucedió en Uruguay– la circulación de personas, ideas y materialidades antifascistas tuvo una intensidad particular.

NUEVOS ENFOQUES Y LECTURAS

A diez años del centenario del inicio del conflicto, la historiografía de la guerra de España revisita temáticas nunca agotadas y propone nuevos enfoques. Uno de los cambios más novedosos es la consolidación de abordajes transnacionales y comparados, de los cuales una muestra reciente es la obra colectiva publicada este año por los historiadores Javier Rodrigo, Miguel Alonso y David Alegre, La guerra civil española. Una historia global. El libro teje conexiones entre escalas locales, nacionales y mundiales para analizar el conflicto en el marco de la historia europea de entreguerras, definida por la lucha entre fascismo y antifascismo. Asimismo, existe una amplia producción sobre los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, donde destaca el trabajo de Javier Tébar, Gutmaro Gómez, José Babiano y Antonio Míguez, Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de los derechos humanos. Esta producción es parte del desarrollo, desde hace varias décadas, de la historiografía española sobre la guerra civil, así como de la nueva escritura en torno al exilio, especialmente en perspectiva de género a través de, por ejemplo, las investigaciones de Bárbara Ortuño y Mónica Moreno Seco. La masiva producción ibérica sobre la guerra compone, junto con la clásica historiografía de origen anglosajón –algunos de cuyos exponentes más notorios se nuclean en el equipo del británico Paul Preston–, un imponente corpus historiográfico.

Mientras que varias décadas atrás la guerra de España ocupaba un lugar primordial en las labores de investigación de historiadores e historiadoras en Uruguay, hoy ya no son tantos quienes abordan estas temáticas, seguramente porque el eco social de lo que la historiadora Milita Alfaro advierte como uno de los procesos internacionales de mayor repercusión en el escenario político-cultural en el siglo XX se desvanece paulatinamente con la desaparición de las generaciones protagonistas. Sin embargo, el antifascismo español, especialmente a partir de la impronta del exilio republicano, generó una marca muy fuerte en el pensamiento político y la cultura uruguayos, que se extendió en modo amplio y determinante hasta entrados los sesenta.

Estas reflexiones están en el origen del coloquio «A 90 años de la guerra de España. Exilios, memorias, historiografías y legados culturales», realizado el 20 y 21 de julio en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad de la República, organizado por la Unidad Curricular Historia Contemporánea del Departamento de Historia Mundial del Instituto de Historia. El evento académico nucleó investigadores/as de diversas partes de mundo (Argentina, Brasil, Italia, España, México, Uruguay) y contó con el apoyo de la Fundación Vivian Trías, el Centro Cultural Dante Alighieri y el Centro Cultural Federico García Lorca. El coloquio reunió paneles, conferencias y presentaciones con el propósito de analizar temas como los exilios políticos (con amplia participación de integrantes del Grupo de Exilios Políticos Contemporáneos, así como de docentes del Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios), las representaciones artísticas vinculadas al conflicto, las repercusiones en la política, la sociedad y la diplomacia uruguayas, y diferentes memorias de la guerra. En este sentido, contribuyó a reactivar el interés por el estudio de la guerra de España, proponiendo el diálogo entre diversas posturas historiográficas y generando nuevas preguntas que continúan siendo relevantes para el tiempo presente.

(Marina Cardozo.  Docente e investigadora del Departamento de Historia Mundial, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República)