Desde hace una semana son de estado público en la web de la Corte Electoral (CE) los estados contables del ejercicio 2025 de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Es la primera vez que se presenta la información financiera de las fuerzas políticas bajo esta modalidad, establecida por la ley de financiamiento de partidos políticos aprobada en 2024. Esa ley amplía las obligaciones antes establecidas para las rendiciones de cuentas anuales de los partidos, además de facultar a la CE a auditar cada documento con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento y establecer, de ser necesario, sanciones.

La normativa, aprobada como símbolo del avance regulatorio en el marco de la lucha contra el lavado de activos, rige también para las declaraciones juradas de las campañas electorales, aunque estos documentos todavía están bajo la evaluación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), que asiste a la CE en la revisión de la documentación. También serán analizadas por la Corte las infracciones de los partidos y los canales de televisión sobre el capítulo de la publicidad electoral, que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ya identificó, pero cuyas eventuales sanciones aún no se han dispuesto (véase «Letra muerta», Brecha, 23-I-26).

El proceso de auditoría del financiamiento permanente de los partidos identificó omisiones por parte de todas las fuerzas políticas y reabrió la discusión sobre eventuales modificaciones a la normativa, en pos de mejorar los procesos y apuntar a una legislación que efectivamente mejore la prevención de prácticas ilícitas en lo que respecta a las finanzas partidarias.

INCUMPLIMIENTOS

En términos generales, los partidos políticos violaron más o menos los mismos artículos de la ley. Uno de ellos fue el 51 –incumplido por todos–, que los obliga a tener un registro contable a través de «libros de contabilidad, y de donaciones y contribuciones autenticados por la Corte Electoral». También se incumplió el requisito que encomienda a los partidos a designar a un «oficial de cumplimiento», encargado de la supervisión y control de los procedimientos internos para prevenir el «lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva». La auditoría constató que este último requisito lo cumplieron solamente el Frente Amplio y Cabildo Abierto. En tanto, Identidad Soberana incumplió un tercer aspecto de la normativa, ya que superó la contribución mensual que pueden hacer al partido las personas afiliadas que ocupan cargos electivos y políticos –de un 15 por ciento de la retribución líquida.

Pero el aspecto más llamativo de los estados contables de los partidos estuvo en el Partido Colorado (PC), que no presentó «los registros contables que resumen los estados financieros del partido», según el TCR, por lo que «no fue posible obtener evidencias de auditoría suficiente». Por tanto, el órgano emitió en su caso un «dictamen de abstención de opinión». En diálogo con Brecha, el presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, dijo que el órgano se comunicó y pidió a los partidos ampliar la información necesaria para completar los procesos de auditoría, pero explicó que, como meros auxiliares de la Corte Electoral para esa tarea, no les corresponde a ellos las consideraciones vinculadas a sanciones ni multas.

Por su parte, el directorio de la Corte aprobó por unanimidad todos los informes de auditoría de los partidos políticos excepto el de los colorados, que no fue votado por el ministro Pablo Klappenbach, quien consideró que la omisión debería haber motivado la discusión de eventuales sanciones a la fuerza política, según explicó en diálogo con el semanario.

Consultado al respecto, el presidente de la CE, Wilfredo Penco, dijo a este semanario que se siguen «estudiando eventuales sanciones» sin perjuicio de la aprobación de las auditorías. Además, indicó que los técnicos del TCR emitieron una serie de recomendaciones a cada partido político para que mejoren sus mecanismos de registro y entrega de información para instancias siguientes. Sin embargo, indicó que no se solicitó al PC que entregue los registros contables no presentados. Brecha se comunicó con el secretario general del PC, el senador Andrés Ojeda, quien indicó que el contador del partido está «trabajando el tema», pero se abstuvo de hacer declaraciones al respecto.

ELEFANTE EN LA HABITACIÓN

En términos generales, los organismos involucrados evaluaron positivamente la aplicación de la nueva normativa de declaraciones de ingresos, aunque reconocieron que la ley «necesita modificaciones». Como ya lo había anunciado en diálogos anteriores con este semanario, Penco reiteró que la idea es que los organismos se reúnan para intercambiar sobre el proceso para eventualmente presentar, en conjunto, propuestas de modificaciones. En ese sentido, un aspecto a revisar es el plazo que tienen los partidos para presentar la documentación solicitada y el que tienen los organismos para su revisión y publicación.

En diálogo con Brecha, el doctor en Ciencias Políticas Rafael Piñeiro, que ha estudiado de cerca el financiamiento político, consideró que de esta primera experiencia de aplicación de la nueva ley debería surgir una reflexión interinstitucional con respecto a cuál es la finalidad de los controles y qué aspectos le interesa monitorear al Estado.

«Primero hay que entender que se audita el financiamiento permanente de los partidos políticos porque la legislación establece un subsidio, con fondos públicos, para quienes tienen representación parlamentaria. Entonces, es relevante para el Estado saber en qué se gastan esos fondos públicos», explicó. En este sentido, consideró que las faltas que los partidos cometieron en esta oportunidad parecen referir más a una cuestión de «formas», pero «no tienen nada que ver con aspectos sustantivos». En ese sentido, se preguntó cuán relevante es que los partidos cuenten con un libro contable, o con un oficial de cumplimiento, y consideró que primero habría que pensar en «cuáles son las prácticas que el Estado quiere estimular, cuáles quiere disuadir y, para esto, qué aspectos le interesa controlar». A su entender, «esta reflexión ha estado completamente ausente en las formas de discusión de estas normativas».

Piñeiro tomó el caso del PC como ejemplo para evaluar la ley vigente. Según explicó, el procedimiento del registro contable es «costoso y requiere de una capacidad burocrática y técnica, que, si no se registró orgánicamente en su momento, luego será más caro aún reconstruir». Entonces, a la hora de declarar, «también hay una valoración de cuán importante es cumplir con esa obligación», por lo que, si es algo que no tiene sanciones, o si las multas son de bajo costo, podría optarse por esa opción. En este caso, se preguntó si no sería pertinente «suspenderle el financiamiento permanente al partido hasta tanto no presente la información solicitada», aunque en términos generales consideró que él preferiría «menos controles de forma, que complican el funcionamiento interno de los partidos políticos, y priorizar asuntos más relevantes».

Si la supervisión de los fondos busca evitar el lavado de activos, no es suficiente con controlar lo que los partidos declaran, analizó, ya que los eventuales «fondos malhabidos» que existan no van a estar declarados como tales en los registros contables presentados. En cambio, mencionó como un control central la revisión de las donaciones que los partidos reciban, cuáles son sus montos, rastrear que los donantes estén debidamente identificados para descartar orígenes ilícitos. Por otra parte, evaluó que es necesario pensar en controles externos que vayan más allá de lo declarado por los partidos: los actos públicos, la propaganda a través de redes sociales o mediante cartelería, o la publicidad electoral. «Si los órganos de supervisión monitorean toda esa actividad, pero en lo declarado esos gastos no figuran, ahí hay una omisión, y hay fondos no declarados», ilustró. «La estrategia de control debería estar concentrada para que no se nos pase el elefante por delante», concluyó.

—Uno de los ejes de tu libro es cómo la Gran Aceleración, que se dispara desde la segunda mitad del siglo XX mediante el uso masivo de combustibles fósiles, llevó al planeta a sus límites finitos y no será posible mantener los mismos niveles de consumo de energía y de recursos naturales.

—Sí, desde mi punto de vista, y el de varios otros académicos de la ecología y la biofísica, alcanzamos un proceso de expansión que está llegando a su límite. Ya existe una incapacidad biofísica de seguir expandiéndose en términos de flujos de energía y materiales. Porque, aparte, por un simple principio termodinámico, toda producción, transformación de energía y materiales produce entropía –energía de bajo valor o materiales de desecho que se exportan al sistema de donde se extraen–. Y ese proceso, que arrancó en nuestra especie en forma profunda y expansiva con la agricultura, se profundizó con la revolución industrial primero y con la Gran Aceleración después. Eso implicó cambios de matrices energéticas, biomasa, tierra, expropiación de luz solar de los cultivos y de la superficie terrestre a través de la domesticación de plantas y animales. Luego vino la extracción de carbón, después el petróleo, que es básicamente una energía solar acumulada por los ecosistemas durante millones de años y que estamos transformando de manera acelerada, a una tasa casi 10 millones de veces más rápida de la que llevó su acumulación. Por lo tanto, esa forma de vida es insostenible por definición y está llegando a su fin, claramente.

—Me resultó muy interesante esa imagen que manejás sobre los humanos como seres carroñeros que devoraron toda esa energía acumulada proveniente de otros seres vivos.

—Nosotros estamos utilizando un legado de luz solar transformada por las plantas, por los ecosistemas antiguos, en energía química, hidrocarburos básicamente. Uno podría hacer la metáfora de la carroña, porque nuestros primeros ancestros en el linaje de los homínidos, en esa interfase de frugívoros y herbívoros a omnívoros y cazadores, tuvieron probablemente una fase de aprovechamiento de los cadáveres de animales antes de especializarse en la caza. Y por eso usé esa metáfora, pero, en el fondo, nuestra civilización, nuestra infraestructura impresionante del siglo XXI, nuestras ciudades, nuestros viajes, nuestra ciencia, nuestro arte están sostenidos por esas otras vidas. El petróleo representa todo el funcionamiento guardado debajo de la corteza terrestre de ecosistemas pasados, a lo largo de millones de años y millones de hectáreas. Por lo tanto, eso en sí mismo representa una singularidad en nuestra historia energética: es algo que nunca más vamos a volver a tener. Entonces, esas esperanzas tecnológicas de energías prometedoras y limpias, que nos van a llevar a un camino de desarrollo sin provocar daño ambiental, están por fuera de la realidad biofísica del planeta.

—Hay un fuerte cuestionamiento en tus ensayos a la centralidad omnipotente que ha tomado la noción de crecimiento económico, al que describís como «un objeto de culto en sí mismo». La economía aparece como un «bucle autorreferencial» que se ha separado de su sustento material.

—Hoy en día estamos atrapados en ese discurso de que sin crecimiento nada es posible. Sin crecimiento no hay libertades, dicen los líderes políticos desde lo que llamamos derecha, y los que llamamos de izquierda dicen que sin crecimiento no es posible combatir la inequidad. Y esa es una falacia, porque ya ha llegado este momento en que el planeta está ecológicamente en ruinas y con un sistema energético que no va a seguir expandiéndose, sino que se va a ir achicando. Por tanto, ese futuro expansivo es un futuro perdido, no existe. Es una ilusión pensar que vamos a seguir creciendo porque nuestros empresarios o políticos van a generar más productividad o más trabajo: no está ocurriendo y no va a ocurrir, porque hay un límite biofísico y energético. Yo a veces le saco un poco el peso a los líderes políticos, porque simplemente son el reflejo del humor y la narrativa dominante en una sociedad. Nos dan una narrativa que nosotros estamos construyendo todos los días, pero que está muerta. Lo que viene es un mundo no de cada vez más, sino de cada vez menos: cada vez menos libertades de consumo, cada vez menos personas, cada vez menos energía, cada vez menos producción y cada vez también menos entropía –porque, al producir menos, también se exporta menos basura al ambiente–. Y ese futuro hay que trabajarlo, porque también va a ser transitorio. Al menos para mí, no existe una sociedad ideal, todo depende del tipo de energía que se tenga, cómo se transforme y hacia dónde se va; de cómo seamos capaces de construir formas civilizadas, equitativas, de habitar ese futuro más austero y con menos capacidad de generar bienes materiales. Es un desafío tremendo que no está arriba de la mesa.

—Hoy se abunda en ese latiguillo del desarrollo sostenible. Parece un anestésico, porque hay actividades absolutamente incompatibles con la vida y la salud de los ecosistemas y, por tanto, con la nuestra.

—Desarrollarse, crecer, expandirse, crear sociedades con más bienes materiales, más estructuradas, con más servicios, con mejor salud, con mejor educación tiene un costo. Esa energía que hay que transformar implica un costo para los ecosistemas, que es de donde extraemos esos materiales y esa energía. Por lo tanto, esas dos palabras son como un oxímoron: no puede haber crecimiento y que sea sostenible. Todo crecimiento, todo desarrollo, per se es insostenible. La pregunta es cómo logramos condiciones dignas de vida en una sociedad con la menor cantidad posible de daño o de exportación de entropía al sistema natural que nos permite seguir viviendo, tener un clima estable, agua, suelos, comida, bienes materiales y habitabilidad.

—Otra cosa que atraviesa tu relato es cómo los extractivismos han afectado las ruralidades, causando también permanentes migraciones internas con manchas urbanas que se expanden.

—Esta tendencia a la urbanización es una tendencia mundial. Ya cerca del 60 por ciento de la población global es urbana, cuando 70 años atrás el porcentaje era la mitad. La única forma de vivir en ciudades es con un flujo de energía que permita subsidiar la producción de alimentos a través de maquinaria y tecnología para que la gente deje de producir alimentos, los consuma y haga otras cosas. Una ciudad es como una especie de pozo energético, un succionador de energía y materiales

—En Uruguay hay estudios que ya muestran esa pérdida de tejidos rurales por efecto de los monocultivos forestales y sojeros. Además, esos modelos intensivos están amenazando el principal ecosistema de nuestra región: el bioma de los pastizales naturales.

—Yo soy de la idea de que en Uruguay la única salida posible para tener una vida digna es a través del pastizal. Y hablo del pastizal del Río de la Plata, un ecosistema madre que tenemos en común con el sur de Brasil y con parte de la mesopotamia y de la pampa húmeda de Argentina. El pastizal es el centro organizador de nuestra convivencia, y cuando digo nuestra involucro a humanos y no humanos en esas reglas de convivencia. Es un ecosistema dominador y clave: sin pastizal no hay habitabilidad posible. Esas casi 1,2 millones de hectáreas forestadas en los últimos 40 años son casi un atentado de lesa humanidad contra el ecosistema más importante del Uruguay. Y toda esta idea del cambio del uso del suelo para una actividad que generaría crecimiento, divisas y trabajo en ningún momento pone en la ecuación cuánto de eso va a ocurrir realmente, cuando tenés una inversión de capitales extranjeros que va a sacar producción y va a dejar la basura en la casa –hablo de entropía, deterioro de los suelos, la pérdida del ecosistema clave, porque, en el fondo, estás matando 1,2 millones de hectáreas de pastizal por plantaciones forestales, y ni que hablar de las diferencias de evapotranspiración y cómo eso repercute en la pérdida de agua potable–. Y, como plantea Daniel Pena en su tesis, también está esa pérdida de estructura de las comunidades rurales que nadie pone en la balanza. Eso se puede replicar a otras actividades, como los monocultivos de soja y otras actividades agrícolas industriales.

—Estuviste también entre los científicos que redactó un documento presentado por colectivos que buscaron frenar la nueva ronda de prospecciones de petróleo y gas en el mar uruguayo. En particular, planteás que hay una falta de timing en Uruguay al incurrir de nuevo en esta práctica.

—Sí, tenemos esa narrativa en Uruguay desde que yo era niño. Se piensa que si encontramos petróleo todo va a ser diferente, y no es así, porque hay un timing termodinámico en el momento en el cual se encuentra petróleo. Hay un tema lógico en la explotación del petróleo: primero se sacan las frutas de las ramas más bajas, los pozos de alto rendimiento. Esto alude a la relación entre los barriles de petróleo que se invierten para la extracción contra los que se obtienen libres para trabajo, para hacer cosas. En 1920 o 1930 en Texas, la relación era de 1 a 100: un petrolero texano invertía un barril y sacaba 100 libres. Eso ha venido declinando, sobre todo después de 1960, hasta llegar a los estándares de hoy, que son de 1 a 13. Las petroleras están trabajando ahí en el margen ya. Pero, además, el mundo en 1960 tenía 3.000 millones de personas y la Gran Aceleración estaba en plena trayectoria expansiva, en personas, bienes, servicios, maquinaria, autos, fabricación de automóviles, aviones, carreteras, edificios, ciudades. Encontrar petróleo ahí era encontrar el tesoro de la familia y eso fue lo que le pasó a Noruega, que aparte lo gestionó de una forma bien diferente a otras sociedades, con una planificación en el largo plazo. Si encontráramos yacimientos serían más difíciles de extraer. Pero, aparte, estaríamos encontrando petróleo en un mundo con más de 8.000 millones de personas, con ese sistema que está desacelerando. Las perspectivas de que eso nos pueda servir para algo son muy menores. Lo encontramos tarde, si lo encontramos, y, lo que es peor, para esa esperanza de encontrarlo se está haciendo una exploración sin tener la más mínima idea, por más que el gobierno diga otra cosa, de los efectos que vamos a provocar en el sistema marino.

—Por otro lado, está el boom de las energías «verdes» y el megaproyecto de hidrógeno en Paysandú.

—Son como manotazos. Es una ilusión pensar que esas formas de energía van a sustituir a los combustibles fósiles y nos van a permitir seguir haciendo las cosas de la misma manera. O pensar que no tienen impacto, porque supuestamente tienen la marca en el orillo de renovables. Hay que distinguir muy bien en lo conceptual: la fuente de energía puede ser renovable –solar, eólica o hidráulica–, pero no necesariamente lo es el sistema de transformación para convertirla en energía útil para actividades humanas. Y no es sostenible por definición, porque implica un uso de materiales, superficie terrestre y energía de otro tipo para construir, instalar y hacer funcionar esos sistemas de transformación de energía. Todos usan superficie –los paneles solares y los parques eólicos– que deja de ser usada para otras cosas y, por lo tanto, usan materiales que tienen que ser después desechados o reciclados. Hay también una producción de esos materiales que per se tampoco es sostenible, porque implica minería y, en la mayoría de esos procesos, el uso de combustibles fósiles para toda esa infraestructura. La fuente de energía puede ser renovable, pero eso no quiere decir que tenga una ecuación útil en términos de lograr captar más energía de la que se invierte, que es el proceso básico para que haya vida. Además, para poder acumular esa energía solar en hidrógeno hay que usar agua y romper moléculas, lo que implica invertir energía para poder transformar ese vector en algo que se pueda usar. Y, hasta ahora, esa inversión, por lo que yo he visto, es mayor a la energía que se obtiene; por lo tanto, es un proceso termodinámico con un saldo negativo.

Pero todo el mundo piensa que podremos hacer lo mismo con esas transformaciones de energía a partir de fuentes renovables, cuando es como pasar de una dieta hiperproteica que te permite ser un atleta de alto rendimiento a una con ayuno intermitente y basada en fibra. Hay cosas que vamos a tener que dejar de hacer sí o sí y eso no está en el discurso de las energías. No aparece cómo vamos a tener que vivir. Probablemente vamos a tener que volver a muchas de esas formas de energía, pero eso implica una transformación en la forma de producir y consumir.

—En tus trabajos subyace siempre la dimensión política y la cuestión de las democracias modernas. Sobre todo, cómo ese abuso de los límites planetarios expulsa comunidades –humanas y no humanas–, con fenómenos migratorios y sociales que tensan los sistemas de representación.

—Sí, trato de enfatizar la relación entre democracia y energía. La forma de sostener un sistema político basado en la equidad de opiniones y en la equidad de distribución de esa energía tiene una relación con lo que llamamos democracias modernas liberales. En el fondo, uno pone representantes para tomar decisiones, pero uno tiene cero forma de tener algún tipo de poder sobre la distribución y las transformaciones de energía. Cero. Entonces, desde mi punto de vista, ahí ya no hay democracia. Hay una especie de juego de roles, pero en las decisiones sobre las cosas importantes –la forma en la cual transformamos y distribuimos energía–, no tenemos ninguna incidencia. Las sociedades realmente equitativas son aquellas en las cuales la población tiene mecanismos para controlar, distribuir y decidir cómo se transforma y se distribuye la energía. El historiador Timothy Mitchell dice que las democracias modernas nacieron con el carbón y murieron con el petróleo, porque el carbón permitía a los trabajadores de las minas, los ferrocarriles y los puertos controlar el flujo de energía que llegaba a los centros de consumo, que básicamente eran las industrias metalúrgicas y textiles del Imperio británico del siglo XIX. La materialidad del carbón necesitaba de mucho trabajo humano y permitió forjar las incipientes democracias liberales del siglo XX. Pero el petróleo destruyó todo eso, porque, por su propia materialidad, es un fluido que sale por presión y no necesita tanta incorporación de personas en el flujo de producción. Esa energía dominante de la Gran Aceleración escapó del control de los trabajadores y las personas.

Es muy importante entender, ante nuevas formas de transformación de energía inevitables –solar, eólica, hidroeléctrica–, que sin control democrático de esos procesos no hay democracias posibles. Sin mecanismos explícitos de control, algunas materialidades son más difíciles de controlar y nos llevan a lo que tenemos hoy: un mundo tremendamente desigual, donde un 0,1 por ciento de la población mundial controla casi el 80 por ciento del flujo de energía.

Rafael Rangel es un cineasta y documentalista independiente mexicano con diez largometrajes en su haber. Entre ellos y como parte de varios documentales dedicados a temas sociales, filmó en 2015 Un día en Ayotzinapa 43, realizado en los primeros meses tras el secuestro y la desaparición de los estudiantes normalistas de Iguala, protagonizado por los compañeros de los desaparecidos y su comunidad de vecinos. En la misma línea de trabajo, Rangel comenzó en 2023 una trilogía dedicada al genocidio en Gaza, en la que los protagonistas son los propios palestinos. La gran Palestina, la segunda entrega, recoge hechos ocurridos en Gaza entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025, con una estructura de siete capítulos.

—¿Cómo surgió la idea de hacer esta trilogía?

—El 7 de octubre, cuando sucedieron también estos atroces hechos en Israel, me llamaron la atención como a cualquier ciudadano que está más o menos informado. Solo que en mi caso esa información me llegaba mayormente desde la perspectiva israelí, que es como nos llegan las noticias por los medios occidentales. Entonces decidí profundizar en el tema y al hacerlo me encontré con autores muy interesantes, que son judíos. Uno de ellos incluso es israelí, Ilan Pappé, catedrático de Historia en Inglaterra, y el otro, también docente, pero en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, es Norman Finkelstein. A través de ellos comencé a profundizar en el tema desde la perspectiva que ahora me doy cuenta es la correcta. Al tomar contacto con toda esta historia comenzó a nacer en mí esta inquietud de hacer algo en lo que yo me dedico, que es el cine. Entonces, busqué el modo de ponerme en contacto directamente con personas en Palestina y a través de Instagram contacté a un fotoperiodista de guerra que trabajaba como corresponsal de una cadena televisiva china en Rafah, Mahmoud Zaqout. Y me mencionó que él no tenía experiencia en cine ni en documental, sino simplemente como reportero, que es un mecanismo de trabajo diferente. Le dije que no se preocupara de ese aspecto, que, si estaba dispuesto, yo me encargaba. Allí comenzamos una comunicación prácticamente unos dos meses después del 7 de octubre y comencé a enviarle información de cómo es hacer un documental. Así se inició el proceso. Luego llegué a la conclusión de que yo tenía que viajar al lugar. Al inicio me lo planteé de un modo ingenuo, creyendo que iba a poder entrar. Así que viajé a Egipto, a El Cairo, y lo intenté. Al menos tres veces intenté entrar a Palestina a través de Rafah. Obviamente, fue algo imposible y por eso me quedé en Egipto.

—¿Por qué fue imposible?

—Porque no lo permite Israel. Israel no permite entrar desde que comenzó el conflicto el 7 de octubre. El Ejército israelí mantiene cerrados todos los accesos a Palestina. Y peor cuando avisas que vas a hacer algún tipo de tarea informativa, y ya no digamos un documental. Los medios tienen prohibida la entrada a Palestina. Ya va camino a cumplir tres años así. Es decir, toda la información que nos llega a Occidente es a través de periodistas palestinos exclusivamente y eso no tiene la difusión que tienen los medios occidentales. Ahí ya vemos la manipulación. Tenemos la perspectiva occidental, la que se difunde en los grandes medios masivos, y difícilmente tenemos la información directa, a excepción obviamente de las redes, que es donde los propios palestinos pueden transmitir casi en tiempo real todas estas atrocidades.

—Tanto en Uruguay como en Argentina tenemos políticos de primer orden que afirman que esta película no debe exhibirse en espacios públicos ni académicos porque fue hecha por Hamás o con la participación de Hamás en la producción.

—Eso es inexacto. Desde el primer documental de la trilogía, que es Gaza, la franja del exterminio, intenté entrar en contacto con Hamás. Mahmoud Zaqout, que es mi persona de confianza en Gaza, me dijo: «No, es imposible, olvídalo. No es factible eso». Y, efectivamente, no lo logré, y Mahmoud Zaqout tampoco. Así que hicimos el primer documental y luego comenzamos a hacer el segundo, que es este, La gran Palestina. Ahí ya ampliamos el círculo de contactos dentro de Palestina. Finalmente, a través de estas nuevas personas fue que entramos en contacto, pero no con la organización Hamás, que eso quede claro. Entramos en contacto con dos combatientes de Hamás, gente que está ahí jugándose la vida frente al quinto ejército más poderoso del planeta. Son esas dos personas de Hamás las que colaboraron con el documental, pero no la organización Hamás. Es claro que hay que abordar el tema desde todas las perspectivas. A mí no me interesa hacer un panfleto a favor o en contra de nada. Como documentalista, tengo que ser muy objetivo con cualquier tema que aborde y esta no fue la excepción. Para tener la perspectiva completa, me pareció y me parece muy importante que haya esta participación. Y me siento muy orgulloso de haber logrado la participación de estos dos luchadores por la libertad de su tierra.

—Estos dos combatientes ¿son parte de un equipo de cuántos colaboradores palestinos que hay en total en esta película?

—Hay mucho material de personas civiles a través del registro de imágenes con sus teléfonos. A todos se les pidió autorización, a ellos o sus familias, pero es una cantidad impresionante de civiles que colaboraron. Los fotógrafos profesionales que participaron son 12 y todos tienen sus créditos al final del documental. Y de ellos, dos son fotógrafos de Hamás. Esa es la participación de estos dos combatientes. Incluso ni siquiera portan armas, son parte de la organización que va registrando lo que sucede a un nivel profesional fotográfico, obviamente desde la perspectiva de Hamás. Para quienquiera que vea el documental completo, son muy evidentes cuáles son las partes que pertenecen a los dos fotógrafos de Hamás, porque a través de ellos es el único modo posible de acceder a esas imágenes. Cualquier persona puede identificarlo claramente, y se refieren más que nada a la entrega de rehenes israelíes.

—Al comienzo te referías a lo sucedido en Israel el 7 de octubre como una atrocidad. ¿Cómo valorás como documentalista incluir en tu trabajo aportes de personas que vienen de la organización implicada en esos hechos?

—Mi centro como persona y como cineasta es el humanismo. No pertenezco a ningún partido político, ni de izquierda ni de derecha ni de centro. Trato de ser lo más veraz posible. Entonces, si Hamás comete un acto violento con víctimas, por supuesto que estoy en contra. Es tan atroz como lo otro. Puedo entender de dónde viene esa violencia, puedo entender que hay un hartazgo, que son casi 80 años de vivir bajo el yugo de Israel y que eso iba a explotar. Pero no lo puedo aceptar. Si yo hiciera un documental de ese hecho atroz, lo abordaría del mismo modo, del lado de las víctimas. Pero, repito, eso ya lo han abordado otros. Y en muchos casos con muchísimo sesgo, incluso a veces con mucha mentira y manipulación. Yo estoy ocupado con el otro lado. Para que cada quien saque su conclusión poniendo todos los hechos en la balanza, no uno solamente, sino todos los hechos. Ha habido muchas personas judías aquí en México que han visto mis películas. Después de ver mi documental, les ha aportado elementos para ver el asunto de forma diferente. Para mí eso es muy importante, que la gente vea el documental y después de verlo que valore su postura, que saque sus conclusiones.

Entre lo grabado por civiles no profesionales hay un video especial. El de un rescatista, que aparece al final del documental. Él se grabó yendo con sus compañeros a un rescate tras recibir un llamado de socorro y allí fueron asesinados. La filmación es en tiempo real, desde su perspectiva. Todo el documental es cien por ciento desde la perspectiva del palestino.

—Ese registro que aparece al final, muy impactante, es el del asesinato de 15 trabajadores humanitarios: ocho miembros de la Media Luna Roja palestina, cinco de la defensa civil y un empleado de la ONU. Esa filmación ha sido tomada por agencias de la ONU y otros cuerpos legales internacionales como prueba de crímenes de guerra cometidos por Israel.

—Exacto. Cuando sucedió esa masacre y los rescatistas desaparecieron, la versión de Israel fue que había atacado personas en esa área porque hacían movimientos sospechosos, no portaban las luces de ambulancia y no se identificaban como rescatistas. Pero luego los rescatistas aparecieron en una fosa común, enterrados junto con las ambulancias, y al recuperar sus cuerpos se encontró
 en el bolsillo de un rescatista de 19 años su teléfono con todo el episodio filmado. Y así fue cómo surgió esta prueba contundente del engaño de parte de Israel. Costó mucho trabajo conseguir el video completo, porque hay muchos fragmentos en internet, pero en el documental está la grabación completa como epílogo, porque es la síntesis de lo que está sufriendo todo palestino, del engaño.

—¿A qué se debe tu decisión de, en estos dos documentales, tener testimonios directos de palestinos, filmaciones realizadas por los propios habitantes de Gaza, pero no tener filmaciones realizadas por Israel, por civiles israelíes o por el Ejército de Israel?

—Es muy sencillo. Toda la versión de Israel, del Ejército de Israel, de las autoridades y los medios de Israel son versiones que corren por todo el mundo en los grandes medios occidentales. En muchos casos, es la única versión que llega a nosotros y difícilmente tenemos la voz palestina. No tenemos, salvando las redes, un acceso de modo profesional a la narrativa del otro lado. Y creo que es necesario conocer también este lado de la historia, el testimonio de la gente de Gaza.

—Tu respuesta me recuerda la frase, muy conocida, del intelectual palestino Edward Said que decía que en Occidente los palestinos tienen que pedir permiso para narrar su propia historia, porque no se los considera narradores legítimos de su propia experiencia.

—Exacto, es así. Yo recomiendo a todos ver el documental completo. Y ahora que mencionas a Said, quiero recordar que en el documental también está la colaboración de un gran poeta palestino, Marwan Makhoul, que colaboró con un poema completo que está allí acompañando el recorrido de los refugiados, más de 300 mil refugiados que estaban del lado de Rafah cuando llegó el supuesto cese el fuego y regresaron, mayormente a pie, a la ciudad de Gaza.

—¿Qué pensás de la reacción que ha despertado la proyección de tu película en el gobierno argentino y entre algunos políticos uruguayos, que la han tratado como propaganda terrorista?

—Pues, es natural. Javier Milei se ha autoproclamado «el presidente más sionista del mundo». Imagina qué puede opinar un personaje como él de un documental como el mío, es natural… Este documental lo que está haciendo es desenmascarar, aclarar, la postura de estos políticos sionistas que apoyan el genocidio. La lucha por la verdad es una lucha que hay que mantener y quienes creemos en ella desde un punto de vista humanista no debemos bajar la guardia, no tenemos que dejar amedrentarnos por estos políticos y mandatarios sionistas. Al contrario, debemos demostrar más determinación en hacer llegar la verdad de los palestinos.

—¿Cómo ha sido la recepción de estos dos documentales sobre Palestina en tu país, México?

—Excelente. Los dos documentales fueron estrenados en el lugar que yo considero más importante para este tipo de cine, que es la Cineteca Nacional. Ahí estuvieron los dos documentales por varias semanas. Todas mis películas, unas nueve o diez, ya han sido estrenadas allí. Estas dos han sido muy bien recibidas y he sido invitado a varios estados y recibido muchas solicitudes de proyección, sobre todo de universidades, el otro lugar natural para este tipo de cine. También de la Universidad Cornell, de Nueva York, y otras universidades estadounidenses. Ahora estamos realizando la tercera parte de la trilogía de Gaza, que esperamos tenerla para finales de año.

para Colacho Esteves,
in memoriam

En un momento en que se están disputando y desarticulando las políticas de memoria sobre la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado en la región y se impulsan acciones para revisar los parámetros de responsabilidad estatal por el uso de violencia, es importante no perder de vista lo que ocurre en el ámbito local. Mirar estos procesos de justicia transicional a escala local en comunidades del interior del país permite reconocer avances en las luchas por verdad, memoria, justicia y reparación, aun cuando hayan pasado 52 años de los hechos vulneratorios de los derechos humanos.

En los últimos años, se avanzó en la organización de grupos locales, la construcción de memoriales y el acceso a la justicia en pequeñas comunidades del interior del país donde la violencia del Estado entre 1968 y 1985 destruyó el tejido social e instaló culturas en las que el miedo, la sospecha y la delación se habían convertido en experiencias cotidianas. La coordinación Interiores en Red ha permitido desde 2017 potenciar sus esfuerzos por conseguir justicia. Los casos relacionados con el centro clandestino de detención Los Vagones en Canelones en 2022, por tortura y privación de libertad contra militantes de la Unión de Juventudes Comunistas en San José en 2023 y por torturas cometidas contra vecinos de San Javier en Río Negro en 2025 dan muestra de los diferentes tiempos de estos procesos a diferentes escalas, pero también de la fuerza de las organizaciones comunitarias. La ola del negacionismo a nivel global y regional no coincide con los avances en la búsqueda de acceso a la justicia a través de juicios orales y públicos en el interior de Uruguay.

El mapa de las luchas populares pasa por Bella Unión hoy al igual que ayer. Hacia fines de los años sesenta la organización de trabajadores cañeros (UTAA) y quienes se sumaron a la lucha revolucionaria fueron reprimidos brutalmente por el gobierno autoritario, sufriendo asesinatos, tortura, prisión, violencia sexual y desaparición. El trabajo de la comunidad organizada y redes de solidaridad permitieron resistir ese embate ayer, y ahora permiten sostener las luchas para lograr trabajo digno, educación, vivienda, salud y terminar con la impunidad.

En 2013, a partir de las leyes de memoria, se conformó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia de Bella Unión para recordar a los desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado oriundos del lugar. Esta organización comunitaria de derechos humanos surgida de manera autoconvocada investigó, recogió testimonios y publicó el libro Aportes a la construcción de la memoria colectiva (2020), que sirvió de insumo para presentar la denuncia penal que derivó en la formalización de dos exjerarcas de las Fuerzas Conjuntas que operaban en el Regimiento de Caballería 10, Abayubá Burlón y Héctor Varela.

Este viernes 7 de agosto, una semana después de la inesperada muerte de Nicolás Colacho Esteves –viejo líder de UTAA y referente del grupo de Verdad y Justicia de Bella Unión que impulsó la denuncia penal de la causa Cuello y otros–, se escucharon los testimonios de cinco víctimas de tortura detenidas en 1972. Ruben Santana, Ricardo Salsamendi y Edgar Itte González se conectaron desde Europa, a donde llegaron como refugiados durante la dictadura. José Ignacio Moreira y Eomar Díaz (Chiquiño) se hicieron presentes en la audiencia del juzgado de Bella Unión.

Los testimoniantes de la audiencia del 7 de agosto relataron que, luego de encapucharlos, los golpearon con los puños y, al llegar a la caballeriza del Cuartel 10.^o de Caballería en Bella Unión, siguieron los golpes, la picana, el caballete, el colgamiento de los pies para el submarino, entre otras modalidades de tortura.¹ Los testimonios dan cuenta del uso de la violencia y la tortura de forma sistemática. El Estado que torturó a miles de detenidos durante esta etapa siniestra de Uruguay es el mismo Estado que aún está en deuda con los miles de afectados por su actuación ilegítima y de terror durante esos años.

En 2014, el entonces relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff, señalaba en el informe sobre su visita a Uruguay que se «hizo uso de la fortaleza de las instituciones para aplicar un terrorismo de Estado que conllevó la persecución de opositores políticos y personas opuestas al régimen, detenciones arbitrarias masivas y el uso sistemático de la tortura (con la mayor población per cápita de detenidos y personas torturadas de las dictaduras del Cono Sur)». ¿Por qué desplegar este nivel de violencia en una pequeña comunidad del norte del país? Como dijo Colacho, recordando a víctimas del terrorismo de Estado en Bella Unión en una exhibición de fotografías de Juan Ángel Urruzola que organizamos en 2024, «todos fueron perseguidos por algo, porque asumieron una idea de lucha y de transformación de la realidad que los llevó a oponerse a las ideas dominantes de Uruguay». Esa violencia del Estado buscó reprimir la organización social y defender intereses económicos, así como generar un grado de terror que atravesó la sociedad toda. Sin embargo, como demuestra este juicio, todavía se mantiene en la comunidad la tradición de organización social y lucha por la defensa de una vida digna.

Colacho Esteves simboliza este legado de luchadores sociales de la zona que creen poder cambiar una realidad injusta. Por eso, quienes se reunieron frente al juzgado para acompañar a los testimoniantes y seguir el juicio en vivo recordaban también a un referente de esta lucha. Al lado de una bandera de UTAA se escuchaba una canción hecha por José Pablo el Cocha Pereira: «Hasta siempre viejo Colacho de la patria y la verdad. Tu legado es coherencia, firme en nuestra Bella Unión» y «tu lucha no muere, sigue en cada cañaveral».

Al igual que Colacho, el grupo por Verdad y Justicia de Bella Unión mantiene la coherencia en sus principios y la defensa de los derechos humanos a través de este juicio que reconoce y visibiliza a las víctimas e historiza las luchas del presente conectándolas con las del pasado. Este trabajo por memoria y justicia transmite a nuevas generaciones no solo testimonios sobre la violencia del Estado, sino también las memorias de proyectos emancipadores del pasado. El avance de la causa de Miguel Ángel Cuello y las más de 60 personas que sufrieron tortura en Bella Unión en 1972, junto con los trabajos de memoria del colectivo, materializan políticas de memoria y mantienen una tradición de organización social en defensa del bien común. Una vez más son los familiares y los colectivos sociales organizados los que demandan del Estado el cumplimiento de sus obligaciones y la garantía de no repetición, manteniendo viva la lucha desde el cañaveral.

(Mariana Achugar y Flor de María Meza. Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República)

1. El juicio fue transmitido en vivo por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) con apoyo de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de Udelar y Crysol. Puede verse en el canal de YouTube de APU. ↩︎

Las organizaciones firmantes deseamos expresar nuestro apoyo a la presentación de la candidatura del señor Luis Ernesto Pedernera Reyna al Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT). En un momento particularmente crítico para el multilateralismo y para la vigencia de los mecanismos internacionales de control independientes, resulta esencial que los Estados promuevan perfiles con reconocida idoneidad técnica, independencia, experiencia directa en la prevención de la tortura y compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos.

Luis Pedernera reúne una amplia experiencia en el monitoreo de lugares de privación de libertad y un profundo conocimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. A su vez, combina experiencia práctica sobre el terreno, independencia de criterio y capacidad de diálogo y cooperación con los Estados, algo indispensable para el mandato preventivo del SPT.

Además, ha desempeñado un papel central en el sistema universal de derechos humanos. Fue presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas –el primer latinoamericano en ocupar esa responsabilidad–, ejerció la presidencia de la Reunión Anual de Presidentes de los Órganos de Tratados de la ONU y contribuyó al fortalecimiento de la coordinación y la integridad del sistema. Su liderazgo y su rol como punto focal para la protección frente a represalias han consolidado un reconocimiento internacional ampliamente compartido por gobiernos, instituciones nacionales, organismos internacionales y sociedad civil.

Su trayectoria de más de tres décadas en el trabajo sobre la justicia penal juvenil, la prevención de la tortura y la protección de las infancias, junto con su experiencia directa en visitas de monitoreo y su capacidad de interlocución con múltiples actores, lo convierten en un perfil excepcionalmente adecuado para integrar el SPT. En un contexto en el que la representación de América Latina y el Caribe corre riesgo de disminuir, la decisión de Uruguay de promover esta candidatura reafirma su compromiso histórico con los derechos humanos y con el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección.

Las organizaciones firmantes saludamos, por tanto, la presentación de esta candidatura y consideramos fundamental que Uruguay impulse perfiles independientes, técnicamente sólidos y comprometidos con la prevención de la tortura en todas sus formas, en especial en relación con niños, niñas y adolescentes privados de libertad.

ANONG, Asociación de Mujeres Uruguayas con Discapacidad (AMUD), Asociación Social y Cultural Ver del Alma, Centro Francisco Pérez, CIPPUS, Cotidiano Mujer, Crysol, Dianova, El Abrojo, El Paso, Federación de Organizaciones de la Discapacidad, Fundación Mario Benedetti, Hermandad Pro Derechos, Ipru, Jacarandá-Cultura de la Memoria, Luna Nueva, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad, Redes Amigos de la Tierra, Serpaj

El Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico) de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República invitó a la exhibición del ensayo-documental La gran Palestina, del director mexicano Rafael Rangel, para el día 12 de agosto en el aula magna de dicha casa de estudios.

Como es de público conocimiento, el día anterior el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani cuestionó en redes dicha exhibición y dijo que convocaría al decano de la FIC a la Comisión de Educación de Diputados para dar explicaciones por «hechos de carácter antisemita», aduciendo que se trata de «una película de propaganda del grupo terrorista Hamás». El hecho despertó inmediatamente todo tipo de reacciones y declaraciones, y el Ceico canceló la exhibición al día siguiente.

Como BDS-Espacios Libres de Apartheid Uruguay sostenemos la pertinencia de acceder a materiales como La gran Palestina, una magnífica película coral que nos permite ver a través de los ojos de las personas que quedaron atrapadas en Gaza entre el 19 de enero y el 23 de marzo de 2025, período durante el cual existió un cese al fuego con intercambio de rehenes.

Como señalaron algunas de las personas que acudieron a la FIC al no haber sido advertidas de la cancelación, se trata de «ver, justamente, lo que no se muestra en ningún lado»; «películas de este estilo no hay en casi ningún streaming hoy en día. La otra campana la tenemos muy clara: queremos ver la propia de los mismos palestinos»; «realmente hay una visión dominante que se niega a aceptar lo que está ocurriendo en Palestina, el genocidio que está ocurriendo, la falta de cumplimiento del alto al fuego, la matanza permanente, que no empezó el 7 de octubre del 23. Hay que conocer desde 1948 cuál ha sido la historia».

Invitamos al diputado Schipani y a todos quienes estén interesados a ver la película para poder intercambiar al respecto con propiedad, tal como corresponde en una sociedad que respeta la libertad de expresión.

Montevideo, 13 de agosto de 2026

—¿Por qué creés que las ocupaciones del 96 son «una historia poco recordada»?

—Digo que la movilización de 1996 es poco recordada porque siento que no hay bibliografía que hable del tema. Si no vas a las ediciones de Brecha o de La República de la época, no ves mucha cobertura desde el lado de los estudiantes. Está el libro de Raúl [Zibechi], La revuelta juvenil de los 90, y otro de [François] Graña, pero no mucho más. Tampoco registros, porque no había redes, era todo analógico. En internet encontré la desocupación de la IEC [Instituto de Enseñanza de la Construcción] y más nada… Eso me hizo preguntarme y preguntarles a mis compañeros y compañeras: «¿Por qué no hablamos de esto?», «¿por qué no se habla de las ocupaciones del 96?», «¿hay intención política en no hablar del movimiento?».

Muchos de mis compañeros dicen que las pocas fotos que conocen son del álbum que tengo, por eso también quiero contar esto: para dejar una huella en internet, para que mañana, si buscás sobre la ocupación del 96, puedas acceder a esos materiales que yo hace cinco años vengo recolectando, y que hace muchos más vengo guardando. Fue un movimiento estudiantil grande, posdictadura. Estuvimos durante un mes ocupando 35 centros educativos. No es changa.

—¿Ese álbum de fotos fue el disparador del trabajo?

—Es un álbum de fotos de la ocupación del Liceo 15 de Montevideo en el 96, donde estudié. Estaba mudándome de un apartamento a otro en la pandemia y lo encontré, sin recordar que lo tenía. Fue viajar en el tiempo. Me dije: «¿Por qué tengo esto acá? ¿Quién me lo dio?», y recordé que mi madre me lo había dado 20 años antes, cuando ella trabajaba en el liceo. Lo encontraron porque iba a haber una reforma edilicia. El álbum resistió dos mudanzas a dos países diferentes: primero a Estados Unidos y después a Argentina. Yo me decía: «¿Qué valor tiene? ¿Por qué guardo esto y no otras cosas que no traje de Uruguay?». Ahí empecé a buscar a la gente que aparece en el álbum, y buscándola dije: «Che, esta historia hay que contarla». A mí me cambió la vida participar de las ocupaciones del 96, es algo que conozco desde muy adentro.

—Se suele recordar al IAVA, el Dámaso, el Zorrilla, el Bauzá o el Liceo 10 a la cabeza de las ocupaciones de 1996, pero el pódcast transcurre en el Liceo 15…

—Siempre tuve claro que mi objetivo de estudio no podía ser las ocupaciones en general porque no iba a poder llegar a eso, mucho menos a la distancia, viviendo en Argentina. También pensaba: «¿Qué tiene el 15 que no tenga el IAVA o que no tenga el Bauzá?». Entonces encontré un hecho: el 15 fue el único liceo de todas las ocupaciones del 96 que tuvo un atentado; nos rompieron los vidrios, vandalizaron toda la fachada. Además, está ubicado en pleno Carrasco, frente a lo que era la casa de Pablo Goncálvez. Nadie esperaba que nosotros ocupáramos, éramos los nenes raros, nos trataban como los chetos de las ocupaciones, cuando muchos de nuestros compañeros, por ejemplo, vivían en la Cruz de Carrasco. Así que dije: «Hay una historia distinta para contar acá, algo que puede sumar valor».

—¿Cómo fue dar con tus compañeros de aquel momento?

—Muy movilizante. Mi única preocupación genuina es no romantizar el movimiento, porque lo que te acordás también sufre cambios en función de la memoria… Y lo mismo pasa con los compañeros. En general uno recuerda las cosas buenas, y hasta lo ve con cierto romanticismo a la distancia, y yo me fui de Uruguay con 30 años. En el proceso de producción, la mayoría de los testimonios son de excompañeros del liceo, que en muchos casos no veía hace 20 o 25 años. Tuve que reencontrarme con mi historia y mi pasado, y fue algo muy desafiante. Hay 15 testimonios de 15 compañeros a los que encontré, pero estoy esperando que se publique el pódcast para hablar con los que no.

—¿Cuál era la lucha de la generación del 96 y cómo maduró entre sus protagonistas?

—La reforma [de Germán] Rama fue inconsulta. Se dio a conocer a través del presupuesto [para el período 1995-1999] y recién analizándolo se entendía de qué iba la cosa. Hoy como docente, a 30 años de ese movimiento, leo las declaraciones de [Carmen] Tornaría [exconsejera del Codicen] y el diagnóstico que hacían las autoridades, y en algunas cosas lo comparto; precisábamos la universalización de la educación, la formación y perfeccionamiento docente, actualizar programas. Pero el presupuesto que daban era insuficiente y la reforma no solucionó los problemas.Quizás éramos un poco ingenuos en querer ser consultados para algo que hoy capaz tampoco tendría lugar, pero la verdad es que desconocieron a las asambleas técnico-docentes y las soluciones que se planteaban, lejos de formar, precarizaban más.

No es casualidad que mucha gente que atravesó esa situación ahora se dedique a las ciencias sociales, al periodismo o la docencia. Una de las hipótesis del pódcast es que muchos de los que participaron en el 96 son los cuadros políticos de la izquierda actual y del Frente [Amplio]. Ese es un dato que siento que habla bien de nuestro sistema democrático; los gurises que empezaron sus armas militantes en el 96, con 16, 17 años, hoy son las personas que están en cargos políticos. Después podemos discutir si te coopta el partido o la agrupación adecuada, si tus ideales traicionan o no a ese movimiento que fuiste hace 30 años. Pero es otra discusión.

—¿Pintó ocupación es solo para la generación que ocupó en 1996 o también se dirige a las actuales?

—Una de mis preguntas era: «Las ocupaciones de 2023 [durante la transformación educativa del gobierno de la Coalición], cuando empecé a grabar, ¿eran consecuencia de la reforma [de Rama]? ¿O se estaba peleando algo que teníamos en el 96 y que decíamos que si lo cambiaban lo íbamos a perder?». Descubrí que sí y que no. Líber Arce murió manifestándose por el boleto estudiantil. Nosotros en el 96 teníamos eso garantizado, peleamos por otras cosas. Esas otras cosas quizás hoy las tienen garantizadas, y se pelean por otras que tal vez igual nosotros pusimos en conversación. Por ejemplo, el feminismo: hubo antecedentes, un primer taller sobre aborto en nuestra generación. Nosotros no hablábamos de participación o de cuota femenina, pero había horizontalidad, se empezaban a gestar otros vínculos y formas de organizarse.

Que ahora los estudiantes reivindiquen la salud sexual, la diversidad, la salud mental, me parece que habla de tener otras cosas resueltas que se evidenciaron en la acumulación de estos procesos. No digo que sea lineal; no hablábamos de salud mental en la ocupación ni de feminismo, pero hay algo en la acumulación de la lucha que, cuando un derecho está mínimamente cubierto, podés cuestionar otras cosas. Me parece que ahí hay un vínculo de la acumulación de las generaciones, de las discusiones a nivel generacional que yo celebro.

Uno de los motivos para hacer este pódcast fue y es transmitir a las nuevas generaciones que la salida es colectiva y, en estas sociedades tan dormidas, me parece que es importante despertar esa chispita. Estoy convencida de que soy docente por la experiencia de las ocupaciones y por eso también creo que es importante contar: para contagiar a otros.

En junio pasado el Comité Central del Partido Comunista de Cuba aprobó un paquete de profundas transformaciones en el modelo económico que se da en el contexto de la mayor agresividad estadounidense contra la isla, agresividad que se ha ido convirtiendo en una suerte de estado de sitio. La nueva reforma económica alcanza fibras sensibles de la estructura productiva y de propiedad del país, como la ampliación de la iniciativa privada a casi todos los ámbitos de la economía, la flexibilización del régimen de propiedad de la tierra o la desregulación del mercado inmobiliario. Esto ha provocado alarma y discusión hacia lo interno por las implicaciones que puede tener para un horizonte de justicia social. A su vez, fuera de Cuba, tanto en medios amigos como en la prensa corporativa, una misma pregunta –aunque con intenciones diversas– ha sido titular: ¿Cuba abandona el socialismo?

Si bien desde que comenzaron las primeras reformas promercado en Cuba, allá por 1994, este tipo de cuestionamiento se ha repetido, lo cierto es que no existe una única respuesta que cierre de una vez el cuestionamiento o que lo esclarezca. Cómo se leen las transformaciones que desde los años noventa el proyecto cubano ha tenido que hacerle, para sobrevivir y vivir, al modelo que heredó de Europa del Este depende mucho de las tradiciones, referentes, intenciones y hasta afectos de cada cual.

UN CUCO PERMANENTE

Para los enemigos de la revolución cubana, la idea del fin del socialismo se repite con sorna una y otra vez. Incluso la convicción de que nunca hubo, o hace mucho tiempo que no hay, socialismo. Sin embargo, no cejan un momento en emplear a Cuba en su propaganda como el cuco comunista que debe asustar a los niños. En cuanto a una zona de la izquierda, el socialismo está muy lleno de estructuras imaginarias, que no por imaginarias dejan de ser lo bastante rígidas. A veces sorprende lo seguros que están algunos sobre cómo es y cómo no es en absoluto algo que prácticamente no ha existido. El discurso oficial del Partido Comunista de Cuba, por su parte, es que esta reforma no implica renuncia a la idea del socialismo y que se inspira en experiencias como las de China y Vietnam. Ya sabemos que también hay todo un debate en torno al carácter socialista de China y Vietnam, preñado de varias de las contaminaciones argumentativas que hemos mencionado para este momento de Cuba.

En cualquier caso, creo que para leer las transformaciones en Cuba de una manera lo más acertada posible hay que ubicar las razones contextuales, y también sus razones históricas. El modelo económico cubano que lleva varias décadas intentando ser reformado está inspirado en la planificación centralizada burocrática de la Unión Soviética. Mientras Cuba estuvo insertada en un mercado internacional estructurado en torno a esa lógica económica, garantizó crecimiento y bienestar a la sociedad. Luego del colapso de los socialismos de Estado del este europeo, Cuba se encontró sola frente a un mercado capitalista mundial en el que no estaba plenamente insertada y con un modelo económico cuyas deficiencias inherentes lastraban seriamente esa inserción.

El propio Fidel Castro decía a la altura de 2010 y en vísperas del inicio de la primera gran reforma, la llamada Actualización, que el modelo cubano no nos servía ni a nosotros.¹ Ya en 1994, había dado los primeros pasos con medidas como la apertura a la inversión extranjera, el otorgamiento de las primeras licencias para pequeños negocios privados y la apuesta por el turismo. Es precisamente en ese contexto que se fortalece el bloqueo con la ley Helms-Burton, en un intento de impedir que, si Cuba abría su economía al mundo, otros países se le adelantaran a Estados Unidos. La ley Helms-Burton le da carácter extraterritorial al bloqueo al estilo del perro del hortelano: Estados Unidos no invertiría en Cuba, pero tampoco permitiría que otros lo hicieran libremente.

Cuando se miran tanto las medidas de 1994 como la reforma de 2011 y la actual, se percibe una intención que permanece: buscar la inserción de Cuba en el mercado global en aras de (re)capitalizar la economía nacional. Es un diagnóstico consensuado que, en las condiciones de la isla, no serán posibles ni el crecimiento ni el desarrollo sin inversión extranjera. Las distintas políticas de agresividad estadounidense desde los noventa hasta hoy, especialmente las del binomio Donald Trump-Marco Rubio, sabotean esa posibilidad, lo cual, a su vez, estrecha el margen de maniobra y las capacidades de negociación del Estado cubano respecto a los inversores extranjeros. El momento actual es especialmente crítico en ese aspecto y ello explica la radicalidad de las medidas propuestas, orientadas a llamar a cualquiera (cubano o extranjero, residente en Cuba o no) a ingresar capital a la destruida y asediada economía del país.

Es difícil pensar en las reglas de construcción del socialismo cuando la discusión es si se vive o no se vive. Si Cuba colapsa definitivamente y es reconquistada por Estados Unidos y la mafia de Miami, cualquier posibilidad histórica de emancipación será clausurada por un largo tiempo. El destino del socialismo no está garantizado, como es obvio, pero su margen de probabilidad permanece mientras Cuba sea una nación realmente soberana que pueda decidir en cada momento hacia dónde ir. Si este gobierno será capaz de comandar las fuerzas del mercado que está desatando en la dirección de una sociedad más justa no es, independientemente de sus declaraciones, una respuesta que pueda tenerse ya, pero sí es una posibilidad. Donde esa posibilidad no existe es en la derrota. El socialismo cubano no puede sobrevivir a Cuba: necesita, primero, que Cuba viva.

El tiempo dirá si las concesiones que la revolución cubana se ve obligada a hacer en medio de la guerra y en un mundo anémico de revoluciones liquidaron al socialismo o no. Sin embargo, me permito señalar que, todavía hoy, en pleno 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a la reforma con más medidas coercitivas y ha publicado un informe en el que califica a Cuba como «capital del comunismo en el siglo XXI» [véase «La violencia macartista de Marco Rubio», Brecha, 24-VII-26]. No soslayemos esto, pues, como diría el Che Guevara, en estas cosas el imperialismo tiene mejor intuición que nosotros.

1. Mauricio Vicent, «Fidel Castro: “El modelo cubano ya no nos funciona ni a nosotros”», El País de Madrid, 9-IX-10. ↩︎

Un comunicado de prensa del Comando Sur de Estados Unidos anunció el 4 de agosto la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM, según su denominación en inglés). Con ello asegura «comprometerse con un enfoque multinacional e integral de gobierno para la defensa de la patria [estadounidense], el fortalecimiento de las asociaciones regionales y la promoción de un hemisferio occidental seguro, estable y próspero» (la traducción es del autor).

Aunque la noticia pasó prácticamente desapercibida para la prensa uruguaya, la importancia de la novedad es innegable: Washington organiza a las fuerzas militares de la región para defender sus intereses. Conviene tomar nota no solo de lo que el Comando Sur informa, sino también de lo que evita especificar.

Para ello, es imprescindible tomar en cuenta el contexto en el que aparece el anuncio. Veamos. En noviembre de 2025, el presidente Donald Trump lanza su Estrategia de Seguridad Nacional. La Estrategia Antiterrorista fue publicada en mayo de 2026 por la Casa Blanca. En julio pasado tuvo lugar la «cumbre antiterrorista» convocada por el secretario de Estado Marco Rubio. La ofensiva política de Trump tiene el objetivo de desmontar los restos del estado de bienestar y sus expresiones ideológicas, junto con el andamiaje legal del sistema internacional pos Guerra Fría. En América Latina, busca terminar con los tímidos avances conquistados por la denominada marea rosa posterior al fracaso del Consenso de Washington.

Así, resulta muy relevante que, por primera vez en la historia, Estados Unidos construye una fuerza militar operativa que organiza a las fuerzas armadas de 19 países (Colombia adhirió ayer jueves) bajo su comando. Esto no puede minimizarse. Ya no es un tratado, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o la Alianza Atlántica (OTAN). Estamos frente a la concreción del viejo sueño de la fuerza militar panamericana en acción.

En efecto, el comunicado de prensa asegura que la mencionada Fuerza de Tarea militar fue activada por una directiva del jefe del Comando Sur, general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan, que señala que tiene un «objetivo específico» al que, sin embargo, define con generalidades sugestivamente imprecisas: «sincronizar las operaciones militares de Estados Unidos para enfrentar amenazas, fortalecer la seguridad regional y responder rápidamente a las crisis en el hemisferio occidental».

Además, el comunicado informa que el nuevo dispositivo está comandado por el mayor general del Cuerpo de Marines, Kevin Jarrard, quien encabezó el apoyo militar a la operación desplegada por el Departamento de Estado en Venezuela luego de los terremotos del 24 de junio pasado.

La nueva Fuerza de Tareas proporciona comando y control unificado tanto a nivel táctico como operacional, integrando las capacidades militares de los ahora 19 países del denominado Escudo de las Américas o Coalición Anti-cárteles de las Américas (Americas Counter-Cartel Coalition). De esta forma, sin nombrarlos, el Comando Sur se refiere a los 18 gobiernos latinoamericanos afines a las políticas del presidente Trump que participaron de la cumbre convocada en Doral, en el estado de Florida, el 7 de marzo pasado, a los que se sumó Colombia a partir de la asunción, el viernes pasado, de su nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.

El Comando Sur afirma que el nuevo dispositivo militar regional, bajo mando estadounidense, incrementará la efectividad operacional contra «las amenazas que afectan la seguridad regional e impactan en Estados Unidos y sus países asociados» y fortalecerá la capacidad del Comando Sur para «responder rápidamente a contingencias y crisis humanitarias en la región». Además, asegura que existen «actores malignos» que «amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos,
además de desestabilizar la región y explotar poblaciones vulnerables».

Por otra parte, el jefe del Comando Sur establece que el «JTF-WHEM fortalece nuestro trabajo conjunto con aliados y socios confiables, sincroniza capacidades militares y aplica presión sostenida contra las redes que afectan nuestra seguridad colectiva». El general Donovan concluyó que «mancomunadamente incrementamos la seguridad en la región y protegemos nuestra patria».

Así, «en tanto cuartel general del Comando Sur para las operaciones en toda la región, el ITF-WHEM incluye tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, planificación operacional y coordinación multinacional con el objetivo de incrementar la presión sobre las organizaciones maléficas que operan a lo largo del hemisferio».

El anuncio del Comando Sur ocurre apenas 15 días después de la tan sonada reunión de representantes de 66 gobiernos de tres continentes, convocada por Rubio, el 16 de julio en Washington. Allí hizo una arenga contra el supuesto auge del «terrorismo de izquierda», de «grupos políticos seculares violentos cuya ideología es antiamericana, radicalmente protransgénero y anarquista», tal como los define la Estrategia Antiterrorista publicada en mayo de 2026 por la Casa Blanca. En dicho cónclave también se publicitó la apertura de una convocatoria a grupos europeos afines al movimiento
MAGA (Make America Great Again), a los que se ofrecen subvenciones de hasta 3 millones de dólares para financiar actividades que promuevan los «vínculos civilizatorios» entre Estados Unidos y Europa.

En América Latina, estas subvenciones se otorgan directamente a gobiernos pro-Trump, como ocurrió en el caso de la Argentina de Javier Milei o más recientemente con Colombia, a cuyo flamante presidente ofreció un paquete de 1.000 millones de dólares. Un verdadero Plan Colombia II dirigido a «fortalecer las fuerzas de seguridad de Colombia en nuestra lucha conjunta contra las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones delictivas transnacionales», lo que incluye tecnología, optimización del gasto en defensa, interoperabilidad y «la realización de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses». Aunque en este caso la aprobación de la subvención debe pasar por el Congreso, la tragedia del reciente terremoto, además de dar lugar a una ayuda suplementaria de 15,5 millones de dólares, favorecerá su rápida tramitación.

Para decodificar las misiones que cumplirá la flamante Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Sur, también conviene repasar la presentación del general Donovan, el 17 de marzo pasado, ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados del Congreso estadounidense. Ello permite comprender con mayor claridad cuáles son las misiones de este nuevo engendro que, en realidad, no es más que la concreción del viejo sueño panamericano de una fuerza militar regional combinada bajo comando del Pentágono.

Nuevamente Washington ha definido que el enemigo en nuestra región es interno. Por tanto, esta fuerza militar que, según afirma el comunicado de prensa del Comando Sur, ya está operativa, tendrá en su mira a las «13 organizaciones terroristas extranjeras que desarrollan campañas de terror, violencia y corrupción» en América Latina. El general Donovan se refiere a esa tarea como «nuestra área de responsabilidad». Además, está al servicio de los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump para esta región, cuyo fin es que los recursos naturales y enclaves estratégicos latinoamericanos sean puestos a disposición y control de Estados Unidos.

Las fuerzas armadas de 19 países de la región, cuyos fines primigenios deberían ser la defensa de la soberanía, servirán para que Estados Unidos establezca su dominio imperial en nuestros territorios. El secuestro del presidente de Venezuela, en enero de 2026, y la instalación allí de un gobierno de fachada al servicio de Washington son una buena muestra de los planes de la Casa Blanca para América Latina.