—¿Por qué es relevante pensar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva geográfica, política, geopolítica y socialmente situada, cuando se supone que son asuntos más bien universales?

—Esta es una discusión que en nuestro continente se remonta, por lo menos, a los años sesenta. En ese momento la ciencia y la tecnología todavía estaban dominadas por un modelo positivista, o neopositivista, que empezaba a resquebrajarse. En 1962 aparece La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, y luego otras miradas que van a ir cuestionando ese modelo. Y ya en los años sesenta y setenta se empezó a ver que la perspectiva que tenemos de la problemática incide en el modo en que esa problemática se configura. Esta reflexión atravesaba distintos ámbitos del saber –teoría de la dependencia, pedagogía del oprimido, filosofía de la liberación, teología de la liberación– y entonces ubicarse desde América Latina, desde la periferia, desde los países en proceso de liberación era crucial, indicaba que nuestra comprensión del mundo debía siempre estar orientada a la transformación. Hoy es casi de Perogrullo: la ciencia y la tecnología no son neutrales. Esta idea se ha actualizado en torno a los algoritmos y las plataformas; es cada vez más evidente que detrás del diseño tecnológico hay valores, relaciones de poder. La situacionalidad da una orientación determinada al pensamiento latinoamericano de ciencia y tecnología, que siempre tendió a pensar soluciones a los problemas, a producir herramientas políticas, de gestión. Nuestro pensamiento siempre ha sido un pensamiento que estuvo fuertemente orientado a la transformación, a la praxis.

—Ese movimiento fue a la vez heterogéneo e integrado –había ideas y núcleos diferentes en distintos lugares–, pero también había elementos comunes, intereses compartidos.

—Por supuesto, hay idiosincrasias nacionales que uno puede identificar en los pensadores, pero creo que el rasgo paradigmático de la época o característico fue su regionalización: era realmente latinoamericano. Recordemos que era una época de exilios, de redes internacionales vinculadas también a los partidos de izquierda o a corrientes intelectuales, de pensamiento crítico. Había una dinámica de latinoamericanismo en el pensamiento. Tenía un vínculo muy fuerte sur-sur con India, Corea, Egipto, Senegal y también con Europa, e impactó con potencia a través del Grupo de los 77 en la conferencia de Viena del año 1979 sobre la transferencia tecnológica.

Al mismo tiempo, uno podría decir que hay idiosincrasias por región. Es decir, una serie de problemáticas que se dan en contexto latinoamericano, pero asumen un perfil propio. Estoy pensando que, en el caso argentino –vinculado a un proceso de industrialización relativamente avanzado para el contexto regional–, tenés un variopinto arco de autores. Desde Oscar Varsavsky, que tiene una posición muy crítica, en diálogo con el marxismo, hasta autores provenientes de corrientes más reformistas, como Jorge Sábato, y miradas más desarrollistas; y en el medio, peronistas, como Rolando García o Amílcar Herrera. Pero todos tienen una preocupación por la soberanía y la autonomía tecnológica, no como aislamiento, sino como forma de disputar quién decide el destino tecnológico de un país. Entre estos autores, al principio hubo una discusión acerca de la inserción del sistema científico latinoamericano en un esquema mundial, casi como un subsistema dependiente –diagnósticos que se conservan casi en su totalidad–, que luego evoluciona hacia una reflexión sobre el papel de la tecnología.

Sábato es muy claro: entiende que en la dimensión tecnológica es en la que, en definitiva, se consolida la dependencia. Dice que hay cosas que hay que comprar, otras que copiar y otras que desarrollar. Es pragmático en la resolución, pero siempre con un horizonte de proyecto nacional enmarcado en una idea de país, de sociedad, de autonomía tecnológica como medio necesario para que no sean las corporaciones ni los agentes globales los que determinen tus posibilidades de desarrollo.

Ahí hay un concepto importante: autonomía científica y tecnológica como opuesta a la dependencia. Ellos se preguntan: ¿Cómo rompemos la dependencia? Tenemos que tener capacidad de decisión. Si no la tenemos, alguien está decidiendo por nosotros, en función de sus propios intereses.

—Esta discusión podría trasladarse al presente.

—Exacto. Pensemos en el capitalismo de plataformas. Somos absolutamente dependientes de las plataformas que consumimos. Nuestra población está inmersa: proveemos datos, consumimos contenidos. Entonces, ¿cómo peleamos contra ese monstruo? Avanzando en soberanía de decisión. Y con base en esa soberanía de decisión, habrá distintos caminos. Necesitás tener soberanía popular y política, pero hay que entender también que hoy la soberanía política requiere de una soberanía tecnológica.

Creo que la agenda de este movimiento está más vigente que nunca. Si recorrés una universidad latinoamericana, vas a ver una matriz cientificista dominante, que adopta los temas de la agenda internacional y se acopla a una producción científica guiada por las grandes revistas de su campo, que no se pregunta por la vinculación entre lo que hace y su entorno social. Y eso está en Ciencia, política y cientificismo, de Varsavsky, del año 1969.

Conceptos como los de política implícita y explícita, de Amílcar Herrera, refieren a cambios que a veces se producen en lo explícito –en este caso, de las misiones, de las instituciones, de los discursos–, pero que no se trasladan a las prácticas. Por ejemplo, en los gobiernos populares de inicio del siglo XXI había una intención de reorientar la ciencia, pero en los hechos encontrás este mismo desacople que Herrera identificó hace 50 años.

Ni hablar del triángulo de Sábato y [el politólogo Natalio] Botana, una propuesta de interacción sinérgica entre el Estado, las instituciones y la producción para lograr que el conocimiento local tenga un uso local. Esto mantiene una vigencia total.

—Y la alternativa que proponían no era replegarse en lo local y dejar lo universal a los países del centro: daban respuestas al universalismo del centro con un particularismo universal, podríamos decir.

—Es que el de ellos, el del centro, también es un particularismo universal. Este punto es muy importante. Cuando hago formación con movimientos sociales o sindicatos siempre digo que no se queden discutiendo la agenda de la pobreza, que discutan también la agenda de la riqueza, que no discutan las migajas, sino la torta. Aquellos pensadores no se quedaron discutiendo las migas: entraron a discutir el pastel. Y a veces asumimos nuestra condición dependiente de manera pasiva y somos, en todo caso, aplicadores de teorías del norte, sucursaleros –como dice Enrique Dussel– tratando de hacer la adaptación local o buscando la anomalía local que no se adapta a la teoría universal. Abandonamos la discusión universal.

—Más recientemente, cuando se intentó fortalecer los sistemas científicos, hubo una profesionalización que en verdad potenció la ciencia y la tecnología locales, pero en muchos aspectos implicó adoptar mecanismos de valoración y legitimación creados desde el norte.

—Comparto totalmente. En Argentina tuvimos una inyección de recursos en contextos de vacas gordas y matriz distributiva orientada al desarrollo, con un Estado presente. Se destinaron recursos importantes a la universidad, a la ciencia y a la tecnología, pero no fuimos capaces de esa discusión epistemológica. El horizonte de autonomía tecnológica no era compartido como en los años setenta. Vos tenés que cambiar una lógica. Esa inyección de recursos debió haber sido en absoluto subordinada al cambio de una lógica. Eso no ocurrió. Y de repente la evaluación por papers y la idea de hacer la carrera por prestigio acentuó ese dualismo estructural de una universidad que empezó a engordar, a crecer, a tener recursos, mientras un sector de la sociedad lo vio de afuera y fue distanciado. A la vez, no se tuvo la capacidad de dar respuesta a una serie de nudos que la sociedad percibió como problemáticos. Hay un déficit de ambas partes: del propio sistema, en no dar respuesta e integrarse mucho más profundamente a la sociedad, y también de la sociedad, que se ha despolitizado. Hoy la destrucción del sistema científico tecnológico no es una preocupación central de la sociedad. El hecho es que hace 50 años que todas las teorías económicas ven que el factor científico-tecnológico es la variable clave en la geopolítica y economía. Entonces, que un país destruya sus capacidades científico-tecnológicas es una condena al suicidio colectivo.

—En la actualidad, los sistemas científico-tecnológicos son globales. ¿Cómo se puede reivindicar la soberanía, lo nacional, lo regional en esta clave de particularismo universal en un contexto en el que las fronteras a veces parecen reliquias de otra época?

—La internacionalización de la ciencia es una realidad desde siempre; nunca conoció fronteras, no es un fenómeno contemporáneo. Pero hoy adquiere otra dimensión por las tecnologías digitales. Creo que es un dato de la realidad contra el cual no se puede ir, no tiene sentido. Porque expresa lo mejor de la humanidad: la posibilidad de colaboración entre distintas sociedades, distintas culturas, detrás de metas de conocimiento. Perder ese vínculo es también una firma de suicidio, es básicamente condenarte al oscurantismo.

Ahora, la internacionalización de la ciencia y la tecnología no es incompatible con procesos de identificación de prioridades nacionales. Incluso Estados Unidos, que es el corazón del sistema científico mundial, tiene absolutamente claras sus prioridades nacionales. Y no es un fenómeno del trumpismo, esto ya venía de antes. Recuerdo un discurso de [Barack] Obama en el que presentaba una agenda nanobiocognitiva para preservar la supremacía sobre China.

China planifica cada cinco años, incluso en metas más largas en temas específicos: a 10, 15, 20 o 30 años. Y ese camino no implica aislarse del estado del arte de esos temas en el mundo; todo lo contrario: mandan gente a formarse en distintos lugares para que vuelvan a China y fortalezcan la línea que ellos identificaron prioritaria en función de la etapa de desarrollo en la que están. Porque China hoy se propone competir en inteligencia artificial, en robótica, en transición energética, en los temas de frontera mundial. Hace 20 años no lo hacía, porque la etapa de su desarrollo era otra.

Ese es el camino: ¿Cuáles son los desafíos de conocimiento, la frontera interna del conocimiento?

—¿Y qué implicancias tiene eso para el desarrollo?

—Tanto que les gusta a los liberales hablar de déficit y superávit: América Latina tiene el 8 por ciento de la población mundial, pero el 3 por ciento de la producción científica. Producimos menos de la mitad de lo que deberíamos producir según nuestra población. Y, si sacáramos a Brasil del cálculo, estamos en la lona total, porque Brasil está en otra liga.

¿Y cuánto es el aporte latinoame-ricano a la producción tecnológica global? Es 0,1 por ciento. ¿Qué significa? Que si vos tenés un aporte medido en cantidad de patentes globales –que no es el mejor indicador, pero es del que disponemos–, quiere decir que el 99,9 por ciento lo estás importando. Es decir, prácticamente la totalidad de la tecnología que estamos utilizando es importada. Argentina es un exportador muy fuerte de soja, creo que Uruguay también. La tonelada de soja vale hoy 500 dólares, para decir un número redondo. ¿Cuánto vale este teléfono que tengo en la mano? Más o menos 500 dólares. ¿Cuánto pesa? 200 gramos. Es como decía el estructuralismo latinoamericano: deterioro de los términos del intercambio. ¿Cuánta soja tiene que vender Uruguay para poder ingresar los teléfonos que no produce porque no tiene la tecnología para hacerlo? Esto te lleva a una reprimarización. Te obliga a expandir la frontera agrícola, a sobreexplotar la tierra para poder sostener un nivel de vida según bienes de consumo que vos no tenés la capacidad de producir. La dependencia tecnológica es el corazón de la dependencia. Tenés que obtener dólares como sea para poder sostener este nivel.

—¿Y esto cómo se logra?

—De la noche a la mañana no va a ser. Pero Corea del Sur en los setenta tenía menos desarrollo que Argentina, y hoy nos supera ampliamente. Los países escandinavos tuvieron políticas nacionales que orientaban los sistemas científico-tecnológicos. Es que hablamos y pareciera que estamos todos de acuerdo. Pero después, en los hechos, no se modifican las prácticas. Es una discusión que tiene 50 años y es muy poco lo que hemos avanzado. Este es un tema de urgencia. Si no, nuestros pueblos no tienen futuro. ¿Hasta dónde podés sostener un esquema en el que tu exportación es básicamente de bienes primarios sin valor agregado? Y el valor agregado es, en esencia, ciencia y tecnología. Esa soja que vos exportás en bruto es procesada en China y obtienen 20 subproductos, y la semilla es tecnología alemana o estadounidense. Los sindicatos, los movimientos sociales, los universitarios, todos demandamos una parte mayor de la torta, lo cual es lógico, genuino y válido. Pero, si esa demanda no está acompañada de un cambio estructural en lo productivo, es una demanda insostenible en el tiempo. En contexto de vacas gordas, podés distribuir, pero ¿qué pasa cuando vienen las vacas flacas? Y son variables que no manejamos porque son internacionales, dependemos de una guerra o de la bolsa de Chicago. El que tiene autonomía tecnológica, agregación local de valor, estrategias de desarrollo claras, tiene mayor resiliencia a esas vulnerabilidades externas.

—También está el problema de la escala.

—La única posibilidad de que América Latina avance en la economía de plataformas, por ejemplo, es uniéndose, empezar a tener centros de datos soberanos de América Latina, pero no por país, porque no tenemos la capacidad financiera ni técnica para sostener centros de datos soberanos para los datos de nuestras poblaciones a la escala que se necesita para competir con los de datos de Google o Amazon. Podríamos pensar en el Mercosur, que es una estructura muy consolidada. ¿Por qué no podemos pensar en un centro de datos latinoamericano, en un país como Uruguay, que es superestable? Entonces, podrías disponer de la información pública y estratégica, con la escala necesaria. Por la escala, la integración regional y la unidad latinoamericana en estos temas son cruciales.

A fines de abril de 2026, Il Fatto Quotidiano publicó una investigación que cuestionaba el indulto otorgado por el presidente italiano Sergio Mattarella a Nicole Minetti, esposa del empresario Giuseppe Cipriani. El caso se conectaba con Uruguay al denunciar presuntas irregularidades en el proceso de adopción de un niño de Maldonado por parte de la pareja. La situación de salud del niño había sido presentada por Minetti como uno de los principales argumentos humanitarios para solicitar el indulto (véase «Otra vez las fallas», Brecha, 8-V-26).

Minetti fue condenada a dos años y diez meses de prisión en Italia por inducción a la prostitución en el denominado caso Rubygate. Un antecedente que el reportaje retomaba al denunciar que en la chacra Gin Tonic, que la mujer tiene junto con Cipriani en La Barra, Maldonado, se hacían fiestas en las que habría consumo de drogas, con la participación de mujeres llegadas del extranjero y la asistencia de clientes vip.

Además, el reportaje señalaba que tanto el niño adoptado como otros menores de edad a cargo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) visitaban la chacra. También incorporaba otros hechos, entre ellos, la desaparición de su madre biológica y la muerte de la abogada que había ejercido la defensa pública del niño, ocurrida en circunstancias que hasta hoy se siguen investigando como posible homicidio. A raíz de esta investigación, Cipriani denunció al medio italiano ante la Justicia en Nueva York.

Al mismo tiempo, las denuncias de Il Fatto Quotidiano abrieron vías de investigación tanto en Italia como en Uruguay. En Italia, el Ministerio de Justicia solicitó a la Fiscalía de Milán que revisara los hechos denunciados, lo que derivó en la intervención de Interpol. Mientras tanto en Uruguay, el INAU abrió una investigación, que continúa hasta hoy, sobre el proceso de adopción y las visitas a la chacra.

LA VÍA ITALIANA

Un mes después de conocerse el reportaje, el 3 de junio de 2026, la Fiscalía de Milán emitió un comunicado en el que señaló que, de acuerdo con las averiguaciones hechas, no encontró elementos que contradijeran las pruebas reunidas hasta ese momento para otorgar el indulto. También indicó que el Procuratore della Repubblica –así menciona a la autoridad uruguaya contactada– informó que no se detectaron irregularidades en el procedimiento de adopción. Brecha se comunicó con el INAU para confirmar si esa información había sido proporcionada por la investigación del organismo, pero no obtuvo respuesta.

La Fiscalía de Milán sostiene, además, que quedaron desacreditadas las versiones sobre supuestas fiestas con drogas y sexo en las que Minetti habría participado. Según la autoridad italiana, los Carabinieri –la Policía de ese país– recogieron numerosos testimonios de personas que tenían conocimiento de los hechos, aunque el comunicado no explica si eran personas de Uruguay o de Italia. El escrito también descarta la existencia de indicios de delito relacionados con la muerte de la abogada que representaba al niño, y menciona que la profesional había dado su conformidad al proceso de adopción.

LA VÍA URUGUAYA

Por el lado uruguayo, Brecha consultó al INAU sobre la investigación administrativa que abrió en mayo sobre el proceso de adopción y las visitas a la chacra Gin Tonic de niños y niñas institucionalizados. Pasados cuatro meses, el organismo informó que la abogada a cargo del caso solicitó una prórroga para continuar con el análisis de los expedientes. En su momento, el vicepresidente del INAU reconoció al diario El País (11-V-26) que había «elementos que daban cuenta de una situación extraña».

Uno de los elementos centrales a investigar es por qué, si Minetti contaba con antecedentes judiciales al momento de iniciar el trámite de adopción, pudo completar el proceso, cuando la normativa impide adoptar a las personas que tengan antecedentes. Más aun teniendo en cuenta que se trata de una condena por un delito sexual.

En el proceso de adopción también había sido valorada una familia de Pan de Azúcar que había compartido tiempo con el niño en su casa. Otro elemento a determinar es cuál fue el criterio utilizado para optar por el matrimonio italiano y no por el uruguayo. Fuentes consultadas por este semanario señalaron que, incluso para los trabajadores del centro donde se encontraba el niño, un Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, esa decisión resultó extraña.

Por último, la investigación del INAU también deberá aclarar qué permisos y valoraciones institucionales se tuvieron en cuenta para autorizar las visitas de niños y niñas bajo el sistema de protección del organismo a la chacra Gin Tonic. En el reportaje de Il Fatto Quotidiano (27-IV-26) se señala que la pareja italiana había construido una estrecha relación con el organismo público: «dona dinero y bienes, y los fines de semana abre la chacra a los niños».

Desde hace meses, el Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU e INISA viene denunciando en Maldonado una situación de crisis, marcada por prácticas de negligencia institucional, principalmente en los servicios de 24 horas. «Se ordenan lineamientos que no son los institucionales ni se encuentran en ningún protocolo», «no se respetan las intervenciones técnicas, ejerciendo presión para modificarlas», señala un comunicado del gremio, fechado en noviembre de 2025.

UN NÚMERO MÁS

Mientras tanto, nadie parece estar buscando a la madre del niño adoptado. María de los Ángeles Colinet, de 29 años, está desaparecida desde febrero de este año. Colinet vivía en situación de calle y tenía un consumo problemático de drogas.

En el pedido de indulto de Minetti se señalaba que el niño había sido abandonado al nacer y que no mantenía vínculos con su familia de origen. Sin embargo, su separación de la madre y posterior incorporación al sistema de protección del INAU se produjo luego de que profesionales de la salud alertaran a la Justicia sobre la situación de consumo de la mujer.

La desaparición de Colinet no ha sido relacionada por el Ministerio del Interior (MI) con el proceso de adopción de Minetti y Cipriani. Su nombre, en cambio, es uno más en la lista de mujeres desaparecidas que el Estado acumula en su plataforma de personas ausentes.

María Zino, integrante del colectivo ¿Dónde Están Nuestras Gurisas?, dijo a Brecha que estas situaciones son más frecuentes cuando se trata de mujeres con consumo problemático y provenientes de contextos de pobreza. «En vez de entenderlo como una circunstancia que las coloca en una situación mucho más vulnerable, se las responsabiliza.»

El colectivo lleva casi diez años acompañando a familiares de mujeres desaparecidas. Según Zino, durante este tiempo han visto cómo, en estos casos, el MI desestima las denuncias o directamente «no las registra». «Parece que hubiera víctimas de primera y de segunda», concluye la integrante del colectivo.

La familia monoparental, la madre con un vestido ondeado, la casita dibujada con palos en el fondo, el niño aferrado a la mano maternal. Un hombre con un casco azul y un arma a un costado, lejos y separado por una línea que simboliza un océano de distancia. Detalles más, detalles menos, esa escena han dibujado muchos niños hijos de soldados de misiones de paz de la ONU en investigaciones dedicadas a estudiar el fenómeno. Uruguay, que desde hace décadas nutre las misiones con personal militar, tiene un papel protagónico en esas investigaciones.

«Mi padre abandonó a mi madre cuando estaba embarazada, y mi madre me dio a luz cuando él ya se había ido. Ahora no hablo con él. Me duele ver pasar a los agentes de la Monusco [Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (RDC)], porque los demás niños tienen a sus padres, pero yo no tengo al mío. La gente me llama “hija de zorra”. Cuando lo hacen me siento dolida y shockeada. Siento que pertenezco a este lugar, pero la gente habla mucho. Dicen que me perseguirán porque soy una extranjera. Me gustaría decirle [a mi padre] que piense en mí dondequiera que esté. Necesita saber que me abandonó en la República Democrática del Congo. Estoy sufriendo. Él debería saber que no tengo familia. Si mi madre muere, ¿quién me criará?» El testimonio es de Mado, una niña de entre 10 y 15 años, e integra la publicación «Nacidos entre la guerra y la paz: situando a los hijos de soldados de misiones de paz en una investigación sobre niños nacidos de la guerra», de 2022.¹ El padre de Mado (nombre ficticio) fue un militar uruguayo que sirvió en las misiones de paz en el Congo y se fue antes de que ella naciera.

Es uno en más de un centenar de casos recabados por las autoras de la investigación. O uno entre las seis denuncias –solo una comprobada– que contabiliza a nivel oficial el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). O uno entre las 11 denuncias recibidas por la ONU sobre paternidades de uruguayos en la Monusco. O es, quizás, uno de los casos nunca denunciados, como el de Luna Echegoyen.

LUNA

«Metí la pata, esta vez en grande», dijo el entonces teniente coronel José María Echegoyen a su hermana Lourdes, por teléfono. Ella recuerda nítidamente ese momento, le cuenta a Brecha. Al escucharlo, respiró profundo, se acomodó el yeso que tenía en ese momento y preguntó por qué. «En la misión en la que estoy me hicieron test de ADN, tengo una hija acá», respondió el militar.

Luna, su hija, había nacido en Uganda en 2012. Uganda tiene 765 quilómetros de frontera con el Congo. Desde 2010 cuenta con una sede de la ONU, el Centro de Servicios Regional de Entebbe, que brinda servicios logísticos y administrativos a 16 misiones en el continente africano, según su sitio web. En el aeropuerto de Entebbe suelen aterrizar los contingentes militares uruguayos que se dirigen a la misión en el Congo. En la misma ciudad situada sobre el lago Victoria toman cursos y capacitaciones que pueden llegar a durar al menos una semana, de acuerdo a las publicaciones en redes sociales del Ejército uruguayo. La ciudad también está entre las zonas autorizadas para los descansos obligatorios de los soldados, conocidos como rest and recuperation (R&R). Uganda también cuenta con los llamados campos de tránsito para refugiados de zonas de conflicto regionales como la RDC, Ruanda y Sudán del Sur.

«El coronel pudo estar de vacaciones en Uganda, donde mantuvo relaciones con la civil. A pesar de que por el régimen de tolerancia cero esté prohibido tener relaciones con civiles, siempre existe cierta impunidad entre los soldados», valoró el politólogo especializado en temas de defensa Julián González Guyer respecto a la relación de la que nació Luna. Ese régimen de tolerancia cero está en las medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales dictadas por el secretario general de la ONU en 2003. Allí se establece, entre otras normas de conducta, que «las relaciones sexuales entre funcionarios de las Naciones Unidas y los beneficiarios de asistencia, habida cuenta de que se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual, socavan la credibilidad e integridad de la labor de las Naciones Unidas, por lo que están firmemente desaconsejadas». Pero las circunstancias precisas en que tuvo lugar la relación de la que nació Luna, el lugar o la edad de su madre no se conocen. Echegoyen no se las contó a su hermana Lourdes cuando le dio la noticia. Brecha solicitó al MDN mediante un pedido de acceso a la información pública el expediente por el que se tramitó el reconocimiento de la paternidad de la niña. El ministerio entendió que correspondía ampararse en el artículo 9 literal D de la ley de acceso, que permite declarar reservada la información que pueda «poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona». «La información solicitada refiere a cuestiones de índole personal del fallecido y de su fallecida hija», su divulgación «tiene incidencia en la esfera dispositiva de otras personas» y «podría vulnerar el derecho» a su privacidad, resolvió el MDN, en una resolución firmada por la ministra Sandra Lazo.

El semanario también solicitó información sobre las actividades de Echegoyen en la Monusco desde 2012 hasta su retiro. El ministerio también las declaró bajo reserva, refiriéndolas como «datos de carácter personal» del militar. Sin embargo, en resoluciones públicas que se pueden rastrear en la web consta que Echegoyen volvió a la misión en el Congo dos veces luego de haber tenido a Luna: como observador militar entre el 29 de mayo de 2015 y el 30 de junio de 2016, y como oficial de Estado Mayor de la ONU entre el 1 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2020. Ambas resoluciones tienen la firma del expresidente Tabaré Vázquez y del exministro de Defensa Jorge Menéndez. En junio de 2019, el Parlamento votó su venia para que ascendiera a coronel y, el 22 de abril de 2020, el entonces ministro de Defensa Javier García firmó su designación como subjefe del Centro Coordinador de Misiones de Paz del Ejército, a propuesta del Comando General del Ejército. Los jerarcas de turno tenían elementos muy evidentes para saber de su paternidad: Luna había venido a vivir a Uruguay con Echegoyen y su familia en 2015. Sin embargo, en una ampliación de la respuesta al pedido de acceso del semanario, el ministerio comunicó que el caso de Luna «nunca llegó a la órbita del Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz» o Sinomapa, porque para ello debió «existir una denuncia previa de la víctima ante Naciones Unidas, la cual no sucedió».

Un reportaje de este mismo semanario informaba, en 2022, de las paternidades de cascos azules uruguayos en Haití. Allí, distintas fuentes circunscribían estos «errores» principalmente a la tropa, con menor formación (véase «Tolerancias devaluadas», Brecha, 4-II-22). Pero el caso de José Echegoyen es distinto: se trata de un oficial. A diferencia de los arrestos a rigor y las prohibiciones de volver a las misiones aplicados a soldados que tuvieron hijos en la isla caribeña, Echegoyen tuvo en el Ejército una carrera ascendente hasta que en 2022 pasó a retiro.

LUNA EN URUGUAY

El retiro de Echegoyen empeoró el relacionamiento con su hija, que ya no era bueno. Durante un viaje a Salto, el militar intentó ahorcarla. «Ya había intentado matarla con el cinturón del auto, y no sé cómo, pero la niña pudo escapar, pudo salir y pedir ayuda», recordó Lourdes, la tía de Luna, en diálogo con el semanario. La niña pasó transitoriamente por un centro del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en Salto, relató la tía, y luego terminó en el Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar Panambí del INAU, en Maldonado (donde vivía la familia), por las reiteradas situaciones de violencia. Cuando Lourdes se percató de que su sobrina estaba en ese hogar, realizó los trámites correspondientes para acceder a su tenencia. Recuerda que los funcionarios del INAU estuvieron en su casa, conocieron a su esposo y a su hija de 21 años. También recuerda el tiempo que pasó junto con Luna, su canto y su forma de bailar, su alegría y sus ocurrencias. «Ella me decía que iba a hacer dinero con videítos de YouTube, que iba a ir a conocer a su madre biológica y me iba a llevar con ella. Se reía y me decía
que lo iba a hacer, mientras hacía gestos con sus manos.»

Luego Echegoyen y su esposa quisieron recuperar la tenencia de Luna. La Justicia falló a su favor. Pero entre diciembre del 2024 y mayo del 2025 al excoronel se le aplicaron medidas cautelares hacia la niña, que insistía en mantener el vínculo –en grupo y bajo supervisión– con su padre.

De mayo a junio del 2025 se dio una prórroga de estas medidas, para esperar al 24 de agosto el informe de seguimiento que decidiría el resto. Pero todo pasó antes de ese 24; el INAU decidió el 19 de agosto elevar un informe, en el que explicó que se incumplían las medidas cautelares y solicitó una pericia psicológica y psiquiátrica del excoronel.

De acuerdo a la radio Cadena del Mar, de Maldonado, Echegoyen fue a una sede del INAU ese 19 de agosto, donde una funcionaria le explicó la evaluación del instituto. Él se descompuso delante de las puertas del INAU y se dirigió a donde Luna.

Luego, pasó.

Luna vio a su padre en un centro de salud, donde estaba por una consulta de fonoaudiología. Le dijo que, para irse, iba a esperar por su «madre de corazón». Echegoyen salió y volvió a entrar armado. Sonaron los disparos. Luna cayó sin vida en ese mismo momento. Luego él se disparó en la cabeza y murió pocas horas después en el hospital. El pasado miércoles se cumplió un año del filicidio.

1. Kirstin Wagner, Heather Tasker, Luissa Vahedi, Susan A. Bartels y Sabine Lee, «Born between war and peace: Situating peacekeeper-fathered children in research on children born of war», Frontiers in Political Science, 2022. ↩︎

El 11 de agosto, tras el Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, anunció que el gobierno construirá en Canelones un data center dedicado a inteligencia artificial (IA), con una inversión de 70 millones de dólares. La ubicación probable es la intersección de las rutas 5 y 48, cerca de Las Piedras, elegida por su conectividad y su acceso al cable submarino. Las obras comenzarían en el primer trimestre de 2027 y terminarían hacia 2029. Sánchez habló de 250 puestos de trabajo directos y de poner a Antel «al frente del cambio tecnológico con la inteligencia artificial».

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, explica que los 70 millones son solo para el edificio, que la inversión se definió según lo que la empresa puede afrontar hoy y que el equipamiento tecnológico, GPU (unidades de procesamiento de datos) incluidas, será una etapa posterior: una infraestructura de mayor escala requeriría varios cientos de millones que Antel no estaría en condiciones de invertir. Dicho de otro modo, se anunció que se financiará la cáscara del data center. El hardware, que efectivamente hace IA, y el software, que lo pone a funcionar, quedan para después; sin plazo, sin monto y sin proveedores conocidos.

Aun así, lo que está en juego excede el monto de la inversión: el gobierno plantea que una empresa pública ocupe un lugar central en la infraestructura sobre la que se construirá la próxima etapa de la economía digital uruguaya. Puede ser una oportunidad de soberanía o, si no se toman ciertas decisiones, otra forma de dependencia.

¿DE QUIÉN SERÁ LA INTELIGENCIA?

No sabemos nada sobre qué habrá dentro del edificio. Álvarez había explicado tiempo atrás que la nueva infraestructura ampliaría la capacidad existente y daría redundancia geográfica al data center de Pando. Y había señalado, además, una posibilidad significativa: se podría procesar allí información crítica que hoy podría terminar en infraestructuras privadas, incluidas historias clínicas, datos biométricos y, eventualmente, información de seguridad y defensa.

La idea parece evidente, pero entre tener los datos dentro de Uruguay y tener soberanía sobre ellos hay una distancia considerable.

¿Quién fabrica las GPU? ¿Quién controla el software que las hace funcionar? ¿Quién suministra los modelos? ¿Dónde estarán las claves de acceso? ¿Qué ocurre si un proveedor extranjero cambia sus condiciones comerciales, queda sometido a una sanción internacional o decide no vender determinado equipamiento? No tenemos respuesta a ninguna de estas preguntas; parece relevante, entonces, que se hagan ahora. Porque podríamos terminar con un edificio uruguayo lleno de tecnología extranjera, y que las decisiones claves se sigan tomando en California, Shenzhen o Taipéi.

UNA VIEJA HISTORIA LATINOAMERICANA

La historia de América Latina es la historia de la exportación de materias primas e importación de productos industrializados. En los últimos tiempos exportamos datos para importar plataformas. En este sentido, el problema no atañe solo al problema de la privacidad individual relacionado con el celo por los datos, sino también a quién acumula el conocimiento producido en colectivo por una sociedad.

La IA lleva este asunto a otra dimensión: ya no alcanza con tener los datos, hay que tener también capacidad de cómputo para procesarlos, y esa capacidad es extraordinariamente desigual. La economista Cecilia Rikap, que expuso en el evento Antel Summit –celebrado el 12 de agosto en una conferencia titulada «Dependencia digital y soberanía»–, le puso nombre a esa asimetría. Rikap investiga lo que llama monopolios intelectuales: corporaciones que se apropian de conocimiento producido de manera colectiva en universidades e instituciones públicas, lo convierten en activos privados y cobran renta por su uso.

Aplicado a los data centers, describió la investigadora, se trata de un «extractivismo gemelo», pues el despojo de datos y conocimiento se sostiene sobre un extractivismo mayor de recursos naturales. También advirtió sobre lo que llama totalitarismo epistémico: el riesgo de que el tipo de IA disponible y las agendas de investigación terminen definidos a puertas cerradas por un oligopolio en lugar de que se discutan democráticamente. Esa dependencia alcanza incluso a iniciativas regionales que se presentan como autónomas, pero terminan utilizando Amazon Web Services.

Vale registrar dónde Rikap dijo todas estas cosas: en el escenario del Antel Arena, dispuesto por una empresa pública y en una jornada en la que Google y Huawei también tuvieron su espacio.

NO NECESITAMOS OTRO CHATGPT

Uruguay no necesita un modelo que compita con los gigantes estadounidenses o chinos. Existen hoy modelos abiertos de gran porte que pueden descargarse y ejecutarse sobre infraestructura propia: no son los más capaces, pero para una enorme cantidad de tareas alcanzan, y permiten algo que ninguna interfaz comercial ofrece: auditarlos, ajustarlos con datos locales y ponerlos a funcionar sin que cada consulta salga del país.

Un modelo entrenado sobre legislación y jurisprudencia uruguayas; sistemas que trabajen sobre historias clínicas sin datos alojados en el exterior; herramientas adaptadas por la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) a nuestro sistema educativo que permitan a los docentes cortar la dependencia con Google –firmada recientemente por Ceibal y la propia autoridad de la enseñanza–; cómputo asequible para la Universidad de la República. Nada de eso exige inventar un ChatGPT a la uruguaya. Exige sí decidir qué modelos necesitamos, dónde ejecutarlos y qué datos estamos dispuestos a entregar a terceros.

Tendremos, claro, que usar tecnología extranjera: no fabricamos GPU ni controlamos la cadena de semiconductores. Para ello tenemos que ver a la soberanía tecnológica no como autarquía, sino como capacidad de negociación; y esa capacidad crece si se ejerce de a varios, empezando por los espacios regionales.

La pregunta para cuando Antel anuncie sus proveedores no será si son estadounidenses, chinos o europeos, sino cuánto poder conservará Uruguay frente a ellos. Una cosa es que Antel construya el data center
para vender capacidad de procesamiento y otra que funcione como capa nacional de cómputo, disponible para universidades, investigadores, organismos públicos y empresas pequeñas que hoy no pueden pagarla (algo que una empresa privada extranjera no tiene ningún incentivo para desarrollar).

Álvarez habla de modalidades híbridas: usar modelos extranjeros, pero ejecutarlos sobre infraestructura de Antel. Es decir, el modelo y las GPU pueden ser extranjeros, pero los datos y la inferencia –las consultas a la IA– quedarían bajo infraestructura uruguaya. Esto es un camino a medias: no es una apuesta por soberanía absoluta, pero tampoco es entrega de datos junto con la capacidad de procesarlos.

LA NUBE TIENE OTROS COSTOS

La IA consume recursos físicos, y bastantes. La Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo eléctrico de los data centers pasará de unos 415 teravatios por hora en 2024 a unos 945 en 2030. Rikap lo dimensionó de otro modo: los centros de datos privados ya consumen más electricidad que un país como Francia.

Uruguay tiene una ventaja, y es su matriz eléctrica con participación excepcionalmente alta de energías renovables, pero el problema no se resuelve ahí. Un data center demanda carga plana, las 24 horas de los 365 días, incluidas las noches sin viento y los años secos. Eso no se satisface con excedentes eólicos, sino con potencia firme, que es justamente la parte cara y más sucia del sistema. La pregunta para UTE no es si hay energía, sino qué respaldo hay que construir y quién lo paga.

Con el agua la escala engaña: un data center puede ser una fracción insignificante del consumo mundial y un problema serio para un territorio concreto. Uruguay ya dio esa discusión, y también fue en Canelones: la propuesta original del data center de Google contemplaba refrigerar los procesadores con agua de OSE. El sociólogo Daniel Pena, investigador de la Universidad de la República, tuvo que litigar para que el Ministerio de Ambiente (MA) entregara la cifra: hasta 7,6 millones de litros diarios, el consumo de unas 55 mil personas. Google cambió el sistema a refrigeración por aire, lo que resolvió una parte del problema y desplazó la otra hacia el consumo eléctrico. Y este campo no está habitado solo por servidores.

Recientemente, cuatro familias que viven en predios linderos al proyecto de Google recurrieron ante el MA para cuestionar la autorización ambiental de 2024. El estudio de impacto las identificó como receptores sensibles (y a una de ellas como «el vecino más vulnerable») frente al impacto acústico, aunque –según el recurso– no fueron individualizadas ni consultadas durante su elaboración. Recién en julio de 2026, con la obra casi terminada, accedieron al expediente por un pedido de acceso a la información pública. Denuncian iluminación industrial nocturna, ruidos antes inexistentes y pruebas de generadores, con viviendas a menos de 100 metros de muros, equipos y chimeneas. No corresponde aquí determinar si esas denuncias deben prosperar, lo que importa es que una infraestructura digital transforma el territorio que la recibe y que quienes viven ahí no deberían enterarse cuando la obra ya está levantada.

¿QUÉ QUEDA DESPUÉS
DE LOS 70 MILLONES?

Los 250 puestos de trabajo merecen una precisión que nadie dio: no sabemos cuántos corresponden a la obra y cuántos a la operación. Un data center es intensivo en capital y poco intensivo en trabajo una vez construido. En el caso de Google, la obra empleó unas 800 personas en el pico, mientras que la fase operativa insumió entre 200 y 250. Si los 250 de Antel son de construcción, el argumento del empleo dura tres años.

Otra vez Rikap fue directa a este respecto, y vale tomarla en serio aun cuando el proyecto sea público: calificó de «fantasiosa» la promesa de que la llegada de infraestructura genere crecimiento automático o empleo masivo y remarcó que dejan una huella ecológica considerable sin tributar de manera sustancial ni dinamizar las economías locales, porque la mayor parte del capital se va al exterior en la compra de semiconductores.

Es que el retorno depende por completo de qué se construya encima. Si la infraestructura permite crear empresas, formar especialistas, sostener investigación y vender cómputo a la región, los 70 millones pueden multiplicarse. Si termina alojando servidores de compañías extranjeras que usan electricidad y conectividad uruguayas para clientes de otros países, habremos levantado una magnífica máquina uruguaya que no será nuestra. Desde el punto de vista de mercado, no hay nada ilegítimo en este segundo escenario, pero es otro proyecto, y convendría decirlo antes y no sobre hechos consumados.

Y esa es la discusión que deberíamos dar ahora: no si Uruguay tendrá inteligencia artificial, sino quién tendrá la inteligencia artificial de Uruguay.

Todas las personas trabajamos. Y, aunque muchas veces no lo pensamos, la forma en que lo hacemos influye profundamente en nuestra salud.

El trabajo puede proporcionarnos ingresos, identidad, vínculos sociales y oportunidades de desarrollo. Pero también puede exponernos a lesiones, enfermedades e incluso la muerte. Desde hace décadas se considera el trabajo como uno de los principales determinantes sociales de la salud; las condiciones laborales ayudan a explicar por qué algunas personas enferman, se lesionan o viven menos que otras.

En este sentido, los accidentes laborales no son hechos aislados o inevitables. Cada lesión ocurrida durante el trabajo refleja las condiciones en las que este se ejerce, la forma en la que se organiza la producción y, en definitiva, la importancia que una sociedad le asigna a la prevención.

Tomando como base el informe Tendencias en la incidencia de accidentes laborales en Uruguay y cambios en la composición sectorial del empleo (2014-2025), presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 13 de julio, comparto aquí un breve análisis al respecto. El estudio estima la incidencia de los accidentes laborales por cada 100 mil cotizantes durante ese período, a partir de datos provenientes del Banco de Previsión Social (BPS) y del Banco de Seguros del Estado.

UNA EVOLUCIÓN CON DOS TENDENCIAS OPUESTAS

En 2014, la incidencia de accidentes laborales en Uruguay fue de 3.500 por cada 100 mil personas cotizantes al BPS. Cinco años después, en 2019, había descendido a 2.706 por cada 100 mil. Esto representa una reducción acumulada del 23 por ciento en el período y equivale a una disminución promedio del 5,2 por ciento anual.

Este descenso coincidió con un período de importantes transformaciones en el campo de la seguridad y salud en el trabajo (SST) en nuestro país, durante el cual se fortaleció el marco regulatorio a través de la implementación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (decreto 127/014 y accesorios), la actualización de las normas que establecen las condiciones de SST en la industria de la construcción (decreto 125/014) y se consolidó un nuevo escenario a través de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial (ley 19.196). Al mismo tiempo, se produjeron cambios en la formación de quienes trabajan en prevención de riesgos laborales, que elevaron el nivel académico (el cual no solo se orientó a la intervención, sino también a la producción de conocimiento sobre las condiciones laborales en los propios lugares de trabajo).

No podemos afirmar que estas medidas hayan sido la causa directa del descenso. Sin embargo, la coincidencia temporal es evidente: la reducción de la incidencia de los accidentes laborales ocurrió en un período en el que la prevención de riesgos comenzó a ocupar un lugar de mayor relevancia en las políticas públicas y en los lugares de trabajo.

LA PANDEMIA Y DESPUÉS

En 2020, la pandemia de covid-19 modificó la forma en que trabajábamos. Algunas actividades se redujeron, otras transformaron su modo de organización y millones de personas se incorporaron al trabajo remoto.

Por lo tanto, la reducción observada en la incidencia de los accidentes laborales durante 2020 no puede interpretarse de la misma manera que los cambios ocurridos antes o después, ya que respondió a un contexto excepcional.

Entre 2021 y 2024, en tanto –luego de la crisis–, la incidencia de los accidentes laborales se incrementó sostenidamente. En 2021, fue de 2.538 por cada 100 mil cotizantes, mientras que en 2024 alcanzó los 3.003. Esto representa un aumento acumulado del 18 por ciento en el período y un incremento anual promedio del 5,8.

El dato es significativo: al finalizar 2024, la incidencia de los accidentes laborales fue casi 10 por ciento superior a la registrada en 2019, por lo que el aumento observado desde 2021 revirtió parcialmente aquel descenso alcanzado durante los años previos a la pandemia.

A primera vista, podría parecer que estamos cada vez peor luego de la crisis –la incidencia de los accidentes laborales aumentó todos los años entre 2021 y 2024–, pero los datos de 2025 introducen un matiz importante: ese año el patrón de incremento sostenido dejó de reproducirse.

Si la tendencia iniciada en 2021 se hubiera mantenido, la incidencia esperada para 2025 debía alcanzar los 3.194 accidentes por cada 100 mil cotizantes. Sin embargo, el valor registrado fue de 3.006, aproximadamente un 6 por ciento menor que el proyectado.

¿CÓMO SE EXPLICA?

Una posible explicación para el aumento en la incidencia de los accidentes laborales entre 2021 y 2024 podría estar asociada a un eventual cambio en la composición sectorial del empleo luego de la pandemia: que una mayor proporción de personas hubiese pasado a trabajar en actividades más riesgosas, por ejemplo. Sin embargo, los datos muestran otra cosa.

Entre 2021 y 2024, la redistribución relativa de los trabajadores entre los distintos sectores de actividad fue de apenas el 2,9 por ciento. Dicho de otra manera: de cada 100, menos de tres cambiaron de sector de actividad durante el período. Entre 2024 y 2025 ese valor fue incluso menor (menos de uno de cada 100).

El análisis sugiere que quizás las causas deberían buscarse dentro de los propios sectores; cambios en la organización del trabajo, intensidad de la producción, estrategias y políticas de prevención y fiscalización tal vez podrían explicar la evolución observada.

Hay que considerar que la evidencia internacional ha descrito un comportamiento procíclico de los accidentes laborales: tienden a disminuir durante períodos de crisis económica y a aumentar en las fases de recuperación. La forma en que ese comportamiento se manifiesta aporta información sobre la fortaleza de los sistemas nacionales de prevención de riesgos. En España, por ejemplo, un equipo de investigación observó que la reducción de los accidentes laborales durante la crisis económica de 2008 fue seguida de un aumento durante la recuperación posterior. Según los investigadores, ello reflejó una recuperación económica que no estuvo acompañada por un fortalecimiento equivalente de las condiciones de seguridad y salud laborales. Es decir, parte del crecimiento económico se produjo a costa de un elevado nivel de accidentes, lo cual expuso las debilidades del sistema preventivo español. ¿Habrá pasado algo parecido en Uruguay?

En nuestro país los primeros años de la recuperación económica coincidieron con un aumento sostenido de la incidencia de los accidentes laborales. En 2025, sin embargo, la economía continuó expandiéndose sin que ese incremento volviera a repetirse, en un comportamiento compatible con la evidencia internacional.

Más que el crecimiento económico en sí mismo, lo que parece influir es la forma en cómo se organiza la recuperación. Es que, luego de una crisis, las empresas pretenden retomar su producción, procurando muchas veces mantener (o incluso reducir) sus costos. Para que el crecimiento sea factible en esas condiciones, es probable que se sustente en cambios en la organización del trabajo que subordinan las condiciones laborales a las exigencias de la recuperación económica. Incluso, una menor capacidad de fiscalización o un debilitamiento de la prevención podrían contribuir a este escenario.

Tampoco podemos afirmar que esto haya sido exactamente lo que ocurrió en Uruguay, pero a partir de este estudio podemos formular una serie de preguntas que hasta ahora permanecían invisibles. Si el aumento en la incidencia de los accidentes laborales entre 2021 y 2024 no parece explicarse porque las personas comenzaron a trabajar en sectores más peligrosos, entonces: ¿aumentó la intensidad del trabajo durante los primeros años pospandemia? ¿Se redujeron las inversiones destinadas a la prevención de riesgos laborales? ¿La fiscalización perdió capacidad de intervención? ¿Se incorporó personal bajo modalidades de contrataciones precarias? ¿Hubo un deterioro de las condiciones laborales en algunos sectores?

Hoy no contamos con información suficiente para responder estas preguntas mediante un análisis estadístico, pero todas ellas surgen de manera natural a partir del análisis crítico de los resultados que sí tenemos disponibles.

¿QUÉ PASÓ EN 2025?

La experiencia uruguaya deja, además, otra interrogante. Si durante los primeros años de recuperación económica la incidencia de los accidentes laborales aumentó al mismo tiempo que crecía la economía, ¿qué cambió en 2025 para que la economía continuara expandiéndose sin que aumenten los accidentes? ¿Mejoraron las estrategias de prevención dentro de las empresas? ¿Se intensificaron las acciones de fiscalización? ¿Se recuperaron capacidades institucionales de prevención y control? ¿La prevención de riesgos laborales volvió a ocupar un lugar de relevancia dentro de las políticas públicas y de la gestión de los lugares de trabajo?

Encontrar respuestas a estas preguntas probablemente sea mucho más importante que discutir la variación decimal del número de accidentes en un determinado año. Porque comprender cómo una sociedad logra expandir su economía sin que ese crecimiento implique un mayor riesgo para quienes la sostienen debería ser el principal objetivo de cualquier sociedad que se precie de tal.

(Mathías Cosentino. Licenciado en Biología Humana, ingeniero tecnológico prevencionista y asesor de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.)

1. El pasado 26 de junio, cuatro días antes de la presentación al Parlamento de la rendición de cuentas 2025 y en la penúltima jornada hábil previa, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), el de Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional del Cooperativismo citaron a las cuatro federaciones de cooperativas de vivienda¹ para informarles que en el proyecto de ley de rendición figuraba un artículo que establece la exoneración del IVA a los materiales de construcción que utilizan en sus obras dichas cooperativas.

El anuncio, escueto pero contundente, fue emitido y recibido con general beneplácito: era la respuesta, como reconocieron las autoridades, a una reivindicación de muchos años del movimiento cooperativo de vivienda, que veía incrementados sus costos de producción en el orden de un 15-20 por ciento por aplicación de un gravamen injusto e injustificado en una política social que luego subsidia las cuotas a pagar a quienes no puedan hacerlo por la insuficiencia de sus ingresos. En los hechos, eso significaba que el MVOT le devolvía al MEF, por impuestos, parte de los recursos que este le vierte por mandato presupuestal, lo que le impide hacer más y llegar a más gente. El Estado pegándose un tiro en el pie.

2. El anuncio de la exoneración no se acompañó en esa instancia, sin embargo, por el texto del artículo correspondiente. Y cuando este se conoció, comenzaron las dudas. En efecto, el proyecto establecía: «[Se otorgará,] a las cooperativas de vivienda, un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a los costos directos de construcción que integran las obras del proyecto cooperativo. Solo se admitirá la devolución del impuesto incluido en aquellos bienes o servicios incorporados directamente a la obra civil. El Poder Ejecutivo establecerá las condiciones que deberán cumplir los proyectos y las cooperativas de vivienda, a los efectos de poder acceder al crédito a que refiere el inciso anterior. Asimismo, podrá fijar límites por proyecto cooperativo para acceder al beneficio».

Casi cada una de estas frases encierra una duda: ¿cuándo se otorgaría ese crédito: en el transcurso de la obra o al finalizar esta? ¿En qué consistiría ese crédito? Se manejó que podría ser un certificado de la Dirección General Impositiva (DGI) endosable para el pago de IVA a proveedores o de otras contribuciones, como los aportes al Banco de Previsión Social, pero también que podría descontarse del préstamo otorgado y así reducir la cuota a pagar para devolverlo. ¿La exoneración alcanzaría al IVA que grava el asesoramiento técnico? En el parlamento, el subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, dijo que no, porque esa no era una reivindicación de los cooperativistas, pero la ley general de cooperativas establece que se trata de un servicio, por lo que estaría incluido. Por otra parte, solo se exoneraría lo que se incorpora directamente a la obra civil. Pero ¿qué es la obra civil? ¿Las viviendas, la infraestructura, todo o parte del proyecto cooperativo? ¿Cuáles serían las condiciones que el Ejecutivo establecería para los proyectos y qué límites podrían fijarse, si es que deben fijarse límites?

3. Todas estas preguntas son importantes, pero hay una que es decisiva: ¿de dónde saldrían los fondos para efectivizar ese crédito, si en realidad es un reintegro y no una exoneración, si las cooperativas deberían pagarlo (¿y con qué?) y luego se les devolvería? Y eso dependería de cómo se haga el reintegro: si es un certificado de la DGI, saldría de donde entró y sería una renuncia fiscal, pero, si se deduce de la deuda a pagar, no saldría de ningún lado: simplemente las cooperativas devolverían menos al Fondo Nacional de Vivienda, que será el renunciante y pagará los costos de la medida.

En la fundamentación del articulado de la rendición se establece como resultado positivo esperado de la exoneración que «los costos de construcción de las cooperativas serían menores». «Ello disminuiría el valor de tasación de los inmuebles, reduciendo también el gasto que el Ministerio de Vivienda realiza cada vez que otorga un préstamo para la construcción de una cooperativa de vivienda» (y, con el mismo dinero, podría otorgar más préstamos). Teniendo en cuenta la importancia de la inversión en cooperativas en los planes de vivienda, este efecto no sería menor y contribuiría a satisfacer otra demanda y otro compromiso del gobierno: aumentar la inversión pública en vivienda para duplicarla al final del período. Pero esto solo pasaría si efectivamente hay exoneración, y no si solo hay una disminución de la cantidad a devolver. Por el contrario, esto último agravaría el problema, porque, al ser genérico, se estaría dando un subsidio de capital a quienes lo necesitan y también a quienes no lo necesitan.

Una ley no debe contener nada más que aquello que es imprescindible para que quede del todo clara cuál es la voluntad del legislador. Todo lo que exceda de eso es materia de la reglamentación de la ley, o, decididamente, sobra. Pero, del mismo modo, una ley no puede dejar dudas acerca de cómo se aplica, porque, si hay dudas, queda un ancho campo para que la reglamentación –o la misma aplicación– apunte en otra dirección no deseada. La redacción del artículo que llegó a Diputados no cumple con este principio, por lo cual era imprescindible perfeccionarla, lo que no sucedió en la Comisión de Presupuestos de Diputados. La discusión y aprobación se dará en el plenario, ya cerrada esta edición de Brecha, y hay mociones para modificar el texto, pero a esta altura no parece que por allí esté la solución, porque no aclaran suficientemente cómo se procederá, que es lo que se necesita.

4. Pero, además, lo que dispone el proyecto de rendición de cuentas no solo tiene una redacción confusa, sino que es muy parcial. En efecto, no se trata de la exoneración del IVA, sino de la exoneración de IVA. Y la ele que está en una expresión y no en la otra es la que hace la diferencia entre lo total y lo parcial, y entre cumplir con lo comprometido y dar solo un primer paso.

Porque las Bases Programáticas 2025-2030 del Frente Amplio, su compromiso con la ciudadanía, no solo establecen la exoneración del IVA para las cooperativas, sino que especificaba que «se tenderá a eliminar las cargas impositivas a la inversión en los programas de vivienda social con financiamiento público» (pág. 49). Y eso incluye a las cooperativas, pero también, y quizá hasta con más razón, a programas para los grupos más vulnerables, como las relocalizaciones, la regularización de asentamientos y la mitigación de la precariedad. E incluye el IVA que se paga al adquirir materiales de construcción, pero también al contratar servicios, adquirir o arrendar equipos o pagar suministros básicos. Y entonces sí, la reducción de costos de los programas del MVOT sería sustantiva y se estaría más cerca de dar un nuevo impulso al compromiso de duplicar el presupuesto de vivienda. Y de poder llegar a la construcción de 18 mil viviendas nuevas y a la concreción de las más de 50 mil otras soluciones habitacionales a las que el gobierno se comprometió en el Plan Quinquenal de Vivienda.

5. El MEF se esforzó en sus comparecencias en Diputados en probar que la renuncia fiscal por la medida que está teniendo ahora media sanción en esa cámara era suficientemente reducida para no alterar los equilibrios fiscales. Tocaría ahora al Senado devolverla a Diputados con los ajustes necesarios para que sea lo suficientemente amplia para cumplir con claridad los compromisos asumidos y tener el verdadero impacto que se necesita.

1. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (usuarios); la Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo; la Federación de Cooperativas de Viviendas de Propietarios (propietarios), y la Federación del Programa de Vivienda Sindical (cooperativas sindicales). ↩︎

La estrategia iraní ya no es esperar los golpes ni las idas y vueltas de Washington, sino actuar por cuenta propia y prepararse para una guerra larga. No hace falta creerle a Teherán para llegar a esa conclusión. Alcanza con leer lo que la propia prensa estadounidense viene publicando sobre su gobierno en las últimas dos semanas.

El estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que las fuerzas estadounidenses se retiren por completo de la zona del golfo Pérsico. El vocero de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, lo repitió hace pocos días: «Corresponde a la parte estadounidense detenerse y reparar sus acciones ilegales y destructivas». Recordemos que este conflicto comenzó a mediados de 2025 con un ataque estadounidense-israelí que el presidente de Estados Unidos Donald Trump llamó guerra de los Doce Días, y fue retomado en febrero en un nuevo ataque de la potencia norteamericana, que tuvo como resultado el martirio del líder supremo Alí Jameneí. Esa segunda escalada atrajo a Pakistán como mediador del primer memorando de entendimiento en un escenario de exigencias maximalistas de Irán y concesiones estadounidenses.

El control de Ormuz es la carta fuerte de Irán: los peajes y el manejo del flujo energético y derivados que transitan por el estrecho de aguas territoriales que comparte con Omán pusieron en jaque la economía mundial y le permitirán financiar el esfuerzo bélico.¹ Además, muestra el punto de sutura entre los intereses del gobierno de Estados Unidos en frenar las consecuencias del conflicto, previo a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, con los del gobierno de Israel, que necesita que el conflicto se mantenga activo antes de sus propias elecciones.

Irán fijó, en un escenario de máximas en el cual está cómodamente posicionado, seis demandas para sentarse a la mesa de negociación que pueden ser leídas como la capitulación de Trump: el cese total de las amenazas y ofensas a los valores iraníes; el fin de las agresiones en Líbano, Palestina, Yemen e Irak; una retirada militar completa de Estados Unidos del golfo Pérsico y sus bases navales y aéreas; una reparación de daños por 300.000 millones de dólares por el conflicto; el levantamiento de las sanciones económicas unilaterales, y la liberación incondicional de los activos iraníes bloqueados.

GUERRA DE MERCADOS

La república islámica aprendió a jugar el juego de quienes habitan la Casa Blanca y sus asociados. Por ejemplo, ataca buques cisterna minutos antes de la apertura de mercados para mover el precio del petróleo y los bonos, juego al que hasta ahora solo jugaba Trump con sus vaivenes en prensa y en Truth Social, su red social de preferencia, ganando dinero con la especulación financiera de la guerra. Según reveló Fortune a partir de su propia declaración jurada ante la Oficina de Ética Gubernamental, Trump le sacó provecho personal comprando sistemáticamente acciones de petroleras y empresas de defensa mientras él insistía en público con que la guerra terminaría pronto. Esta es una presión calculada sobre Trump, que teme un desplome económico de cara a unas elecciones en las que los republicanos arriesgan perder la mayoría que tienen en ambas cámaras. Un dato interesante es que el 22 de julio la Cámara de Representantes aprobó una resolución bajo la War Powers Act para forzar a Trump a abandonar la guerra con Irán, con un resultado de 214 a 208 gracias a que cuatro republicanos votaron junto con los demócratas. Ese mismo día, el Senado la bloqueó por apenas dos votos, 49 a 47. Un Congreso todavía de mayoría oficialista está, en consecuencia, a tan solo dos votos de prohibirle la guerra a su propio presidente, en medio de un conflicto que la Casa Blanca sigue presentando puertas afuera como controlado y necesario.

SIN MUNICIONES

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales calculó que hacia fines de julio Estados Unidos ya había consumido entre dos tercios y tres cuartas partes de su stock de interceptores Patriot (pasó de unos 2.200 antes de la guerra a menos de 830) y una proporción similar de su inventario de THAAD, el sistema de defensa antimisiles de mayor altitud. Ambos estaban destinados en primera instancia a Europa para proveer a Ucrania y en segunda instancia al domo de hierro israelí y las bases militares estadounidenses en Oriente Medio. Consultado por el Wall Street Journal, Trump intentó desmentir esos datos, pero la evidencia que citan sus propios funcionarios va en sentido contrario: a fines de julio, el mismo diario y el New York Times coincidieron en que Trump había decidido postergar una nueva ofensiva de gran escala contra Irán, en medio del cese al fuego, precisamente por la escasez de misiles de defensa aérea.

No es un dato menor que las principales bases de Baréin y Kuwait hayan sido prácticamente desalojadas. Es la principal potencia militar del planeta reconociendo a regañadientes, a través de sus propios medios de referencia, que no tiene el colchón logístico para sostener una guerra total sin arriesgar sus capacidades en otros frentes (empezando por Taiwán, que ya monitorea el desgaste con atención, según reportó Asia Times, y siguiendo por Ucrania, según expresó su presidente Volodímir Zelenski al intentar vincular la guerra de Irán con la de Ucrania).

Trump busca una salida, pero Irán no le regala ninguna victoria fácil, por mínima que sea. Todo apunta a que, por ahora, elige dejar correr la presión económica antes que una nueva escalada militar, una señal de que el margen de maniobra es más estrecho de lo que Washington admite en público. La decisión de fondo sigue siendo la misma: una concesión humillante o una escalada de consecuencias impredecibles. Algunos analistas señalan que existe una tercera vía: Trump podría negociar con Omán una porción de los ingresos que reciba por la tarifa que cobre junto con Irán, lo que podría darle una especie de excusa propagandística a su favor.

GRIETA EN LA INTELIGENCIA

Otro episodio bien reciente, revelado por The Washington Post, es lo sucedido en la cumbre de la OTAN en Ankara. Trump fue retirado en secreto del avión presidencial y trasladado en un carro de catering hasta una aeronave militar alternativa por una alerta sobre un supuesto plan iraní para derribar el Air Force One, el avión presidencial estadounidense. El dato que aportó el Post fue que este reporte de inteligencia lo había transmitido Israel a la CIA y, aunque los analistas de esa agencia de inteligencia la evaluaron como de baja confiabilidad, decidieron comunicarla a la administración, que por prevención decidió tomar medidas. De todas maneras, el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió viajar en el Air Force One. La propia prensa estadounidense está documentando fisuras entre lo que Israel empuja como una amenaza y lo que la inteligencia de Estados Unidos efectivamente valida. Es la misma lógica que atraviesa toda la guerra: decisiones que se toman más por la presión del socio regional que por evidencia propia.

LA ALIANZA DE LA MECA

El viernes 7, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, por el que un ataque contra uno será visto como una afrenta contra los tres. Es la primera vez que una potencia nuclear, Pakistán, se compromete formalmente con el segundo ejército de la OTAN, Turquía, y con el peso financiero saudita. Circuló la idea de que este acuerdo extiende el paraguas nuclear pakistaní a Arabia Saudita y Turquía. El texto establece la misma fórmula de defensa colectiva que el artículo 5 de la OTAN, que tampoco obliga a una respuesta automática ni nombra un adversario, es decir, cada firmante decide qué acción tomar. Esa ambigüedad, deliberada, habilita la lectura de que se extiende de hecho un paraguas nuclear informal a Arabia Saudita y Turquía. El canciller turco, Hakan Fidan, lo desmintió, pero no desestimó el mecanismo. Lo que no admite matices es la lectura de que la región ya no confía en el paraguas de seguridad estadounidense. Autoridades de Israel han declarado su preocupación al respecto, las iraníes han saludado la iniciativa. El ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, calificó la alianza de La Meca como «muy peligrosa y muy preocupante», y advirtió que empuja a Israel a profundizar alianzas alternativas con Grecia, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, India y Somalilandia.

1. N. de E.: El fin de semana pasado Donald Trump, con su habitual matonismo ya poco creíble, dijo que «Estados Unidos declarará próximamente a Ormuz como su propiedad». ↩︎

Alberto Wolf lleva más de 40 años escribiendo canciones, un repertorio singularísimo donde lo colosal cabe sin esfuerzo en lo doméstico, y lo doméstico se va engrosando hasta conseguir la estatura del mito. Y este nuevo disco no rompe esa regla. Abre con una frase de resignación de vocación casi cósmica –«hace miles y millones de años que el mundo es lo que es, se mueve y pasa y por lo general está todo okey»– y termina despidiendo a un pescador que Wolf conoció en la arena de El Polonio. En el medio, un pacto con el diablo o un buque ballenero hundido frente a la rambla Sur.

La poesía de Wolf nunca necesitó ampararse en la metáfora esquiva y más bien prefiere ir a la caza de lo concreto –el nombre propio o la anécdota sencilla–, aquello que ya viene con carga metafórica dentro. En «Un asunto», por ejemplo, tema en el que viene escondido el título del álbum (y que nace a partir de una joda que le hizo a su hijo, cuando amenazó con anotarlo en una iglesia pentecostal), Wolf recibe un llamado y, al atender, al otro lado alguien dice: «Tenemos un plan perfecto para ti». El diablo comparece sin la tensión trágica del cruce de caminos de un Robert Johnson y se acomoda sobre un rasgueo de guitarras que coquetea con el funk y bajo el swing característico del género, es decir, filoso pero con un groove latente. Son acordes que se van abriendo, relajados, acompañados por unos coros que por momentos suenan casi espectrales y recuerdan un poco a las arquitecturas sonoras que arma Warren Ellis para Nick Cave en las versiones en vivo de «The Ship Song».

«El bien no significa mucho si no existe el mal», suelta en ese mismo track, dejando picando una idea que reaparece en distintas capas a lo largo de su repertorio. Pasa también en «Pepper», la canción dedicada al saxofonista homónimo, y en donde entona: «Morir, nadie sabe nada, nada de morir; nacer, nadie sabe nada, nada de nacer».

La curiosidad por las vidas ajenas convive con otra búsqueda, esta más literaria: durante una charla reciente en el programa Galgomundo, Wolf habló de su fascinación por Yukio Mishima y de cómo en el autor japonés encontró una manera de describir los objetos que no había conocido antes. Y algo de ello se deja ver en este trabajo, en la precisión casi quirúrgica para armar las escenas y en el gusto por arrimar la cámara bien cerca de las cosas en lugar de opinar sobre ellas.

La excepción a esa costumbre aparece en la sexta canción, «En el fondo forestal del día», que toma prestada la letra entera de un poema publicado en los años cuarenta por el venezolano Vicente Gerbasi. Es la primera vez que Wolf le pone música a un texto ajeno en el historial de Los Druidas, y la elección tiene todo el sentido del mundo: Gerbasi escribía sobre arañas que tejen estrellas en la penumbra o sobre el olor sideral de la flor del café. Es decir, comparten una parecida vocación por el detalle y lo mínimo estallando en forma de imagen.

El primer adelanto del álbum, «Calpean Star», da buena cuenta de cómo respira el resto del material: una canción que nació –según contó en entrevista con La Diaria– de la forma más casual posible, con el algoritmo de Spotify tirándole «The Wreck of the Edmund Fitzgerald» –aquella balada de Gordon Lightfoot sobre un carguero hundido en el lago Superior– mientras Wolf limpiaba la casa un mediodía. Se puso a pensar entonces en los barcos naufragados en nuestras costas y en cómo le volvió al cuerpo ese día el recuerdo de una tarde –andaba por sus 15 años–, cuando salió a pescar en chalana y merodeó los fierros viejos del Calpean Star, que por aquel tiempo todavía asomaban en el agua de la rambla Sur. La canción va narrando la explosión que sacó de la cama a los vecinos de la Ciudad Vieja, el incendio en las calderas, las semanas en que la playa Ramírez quedó tapada de carne podrida de ballena. Más allá de la estampa trágica, Wolf actúa como un archivista sentimental de la ciudad, uno que rescata la memoria marítima y obrera de la Montevideo de los sesenta, caso de la de aquel buque frigorífico que terminó siendo parte de la mitología popular de la rambla.

BUEN VIAJE, CAPITÁN

Ese universo de la pesca, del mar, de su calma y su hostilidad regresa sobre el final con «Buen viaje, capitán», un tema dedicado a Óscar, el pescador del Polonio ya referido. Uno que a su vez trabajaba en la parada de los jeeps en la entrada al balneario y al que Mandrake escuchó siempre con mucha atención: entre charla y charla, el hombre le fue enseñando los secretos del oficio. Tiempo después, el músico se enteró por el informativo que la embarcación de Óscar se había perdido en el mar, y la noticia lo conmovió al punto que tuvo que dejar de hacer sus cosas para sentarse a escribir este adiós.

Walter Nego Haedo aparece como el primer invitado formal en la discografía de la banda y aporta sus congas en cinco temas («Un asunto», «Viejos», «Pepper», «La puerta cancel» y «Buen viaje, capitán»). Haedo es un percusionista curtido en las Llamadas del carnaval –a quien Eduardo Mateo descubrió en su momento–, por lo que la genealogía musical se acomoda sola y perfecta, ya que Mandrake considera a Mateo como el más grande de todos los tiempos. Así, Mateo apadrinó en su momento a Haedo y ahora Haedo se sienta a tocar con Mandrake.

Su golpe se siente claro en «La puerta cancel», un tema que arranca despojado, la guitarra siendo golpeada mientras las cuerdas se mantienen muteadas, y una percusión juguetona que acompaña muy bien a una letra que habla de curiosear sin permiso una casa ajena. Los instrumentos se van sumando para abrazar imágenes cada vez más minuciosas, esas rejas de hierro con guardas caladas que todavía resisten en los zaguanes viejos de la ciudad.

El álbum se registró tocando en vivo en el estudio Mastodonte, entre febrero y marzo de este año, dejando para después las voces y algún ajuste de teclados y slide en el estudio El Templo, bajo la producción artística de Ignacio Echeverría, bajista del grupo. Grabar en vivo es lo que Mandrake prefiere ahora. La grabación pista por pista –es decir, primero la batería, luego el bajo, y así– con que grabó con Los Terapeutas ya no le convence: entiende que de esa forma se pierde el alma, ese pathos que al grabar en vivo pisa con pulso firme.

A diez años de los primeros ensayos de Los Druidas, la formación que completan Federico Anastasiadis en batería e Ignacio Iturria en guitarra, mantiene una vitalidad envidiable. Alberto Wolf sigue estando dispuesto a pactar con lo bueno y lo malo de todas las cosas, solo que ahora lo hace frente a testigos, caso de ese barco hundido que custodia la escena desde el fondo del río.

El legendario cuarteto que fundaron en 1978 junto con Charly García y Oscar Moro estuvo activo apenas cuatro años, hasta que en 1982 Aznar decidió dejar el proyecto para estudiar en Estados Unidos e incorporarse al Pat Metheny Group. A pesar de encontrarse en el apogeo de su éxito, los músicos se negaron a buscar un reemplazo por considerar que la identidad del grupo dependía de sus miembros originales. En su lugar, decidieron grabar el álbum de despedida en vivo No llores por mí, Argentina, que se sumó a sus cuatro trabajos de estudio: Serú Girán (1978), La grasa de las capitales (1979), Bicicleta (1980) y Peperina (1981).

El show de Lebón y Aznar, respaldados por una banda de excelentes músicos jóvenes, a los que puntualmente se suma Juanito Moro, hijo del fallecido baterista, comienza con la proyección de un paisaje de playa, evocando los orígenes en Búzios, donde se inició la historia del grupo que pasó de ser rechazado por la crítica y el público a llevar el apodo de los beatles argentinos.

Esa playa con una ola rompiendo también me recuerda a la canción que dice: «Mientras miro las nuevas olas/ yo ya soy parte del mar». En aquella imagen, el mar era lo que integraba al artista al flujo de la historia, a la vez que daba cuenta de las modas pasajeras. Es posible que la letra sea de las más proféticas de Charly García, porque en estos 50 años parece que aquella dinámica marítima se agotó y una última gran ola devolvió a los que ya eran parte del mar. Todas las bandas de décadas pasadas, aquellas que nunca soñamos ver en vivo, fueron arribando con diversos grados de deterioro, muchas con bajas en sus filas, a la interminable playa del presente. Una vez allí, nuestros ídolos se incorporaron, se sacudieron un poco la arena, se acomodaron el pelo que les quedaba y, como entrañables zombis, caminaron a tientas, olfateando el aire hasta encontrar un escenario donde cumplir nuestro deseo y emocionarnos de nuevo con las canciones que formaron parte de nuestras vidas.

Hasta hace unos años, la única condición para el revival era que la estrella presentara signos vitales (como ocurrió con un muy disminuido Chuck Berry en el Teatro de Verano, en 2013), pero ya no es estrictamente necesario. Soda Stereo volvió con el holograma de Gustavo Cerati y, ya rizando el rizo y con su show ABBA Voyage, ABBA demostró que ni siquiera se requiere estar muerto para hacer trabajar a los sustitutos tecnológicos.¿Cómo ocurrió esto? Hubo otro deseo que también se nos cumplió: el acceso ilimitado y gratuito a toda la música. El modelo sustentado en la venta de discos pasó al de plataformas, y el producto escaso, con valor de mercado, es la performance en vivo. La música grabada dejó de pagar las cuentas.

Unos días atrás, me encontré con una entrevista a Riki Musso, en la que le preguntaban si volvería el Cuarteto de Nos con la formación original y su respuesta fue: «¿Para qué? ¿Para cantar las mismas canciones? Es como ir a ver a Palito Ortega. ¿Por qué no escuchan la música que hago ahora?». Lo que pasa es que no queremos música nueva, Riki. Y menos grabada, no hay tiempo para escuchar un disco. Queremos al cuarteto de nuestros 18 años, volver a ese lugar feliz, y por esa experiencia estamos dispuestos a pagar un montón de plata. Y ya que lo nombrás, también queremos a Palito Ortega. Y mejor aún, a todo el Club del Clan, que viene al caso, porque, justamente, la canción de Serú seguía diciendo: «¿Te acuerdas del Club del Clan/ y la sonrisa de Jolly Land?».

Medio siglo después, viene Palito Ortega y llena un teatro, tal vez con parte del mismo público que luego irá a ver a Serú Girán (y también al Cuarteto original, si fueras un poco más razonable, Riki).

En X hay una cuenta llamada África de Toto en Aspen. En la descripción aclara que se trata de un bot que avisa cada vez que suena el clásico tema de 1982 en esa FM de Buenos Aires. Un par de veces por día, publica mensajes como los siguientes: «1 de la trasnoche, 58 minutos, suena África de Toto. Estás en Aspen 102.3», «Sábado gris. La angustia existencial es eso que sentís entre el momento en que termina África de Toto en Aspen y el instante en que vuelve a sonar. 24 horas y sumando».

Que no suene «África» en Aspen durante 24 horas es una anomalía. Y, bajo esa misma lógica, sería extraño que una banda como Serú Girán desapareciera definitivamente. Durante décadas, la disolución de una banda significaba que la historia seguía. El grupo quedaba atrás, convertido en una memoria, una discografía. Ya era parte del mar, como decía la canción. La lógica contemporánea parece ser: si algo fue importante, tiene que volver a como dé lugar. No se me escapa el hecho de que, a partir de 1960 y en el espacio de cuatro décadas, el rock y el pop alcanzaron un volumen tal que no se hace fácil salir de su campo gravitacional. Muchos cambios sociales, culturales y tecnológicos coincidieron en un período relativamente breve, pero el impulso que provocaron parece agotado. Seguimos entonces orbitando las mismas estrellas, o el espacio que dejaron al apagarse.

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Dicho todo esto, creo que Serú Girán es la banda más interesante e innovadora que dio el rock argentino. Su vuelta, aún parcial, resulta en un show muy digno y emotivo. Debería, pues, alegrarme, pero tengo la sensación incómoda de que regresa algo por lo que ya hice un duelo, como si me encontrara con un familiar fallecido mucho tiempo atrás.

La canción de la que hablábamos al principio sigue diciendo: «Qué bueno estar en la playa cuando se han ido/ los que tapan toda la arena con celofán./ Recordar las estrellas que hemos perdido/ y pensar a suerte y verdad nuestro porvenir».

Recordar las estrellas que hemos perdido. ¿Se puede recordar sin primero aceptar la pérdida? Me pregunto si, en esta urgencia contemporánea por revivirlo todo, habremos abolido el derecho al duelo.

¿Cuántos futuros hemos dejado de imaginar, cuántas músicas nunca llegaremos a escuchar, por empeñarnos en obligar a los que ya eran parte del mar a caminar otra vez entre nosotros, convirtiendo el presente en un parque temático de nuestra juventud?

«Yo mismo intenté que eso ocurriera», respondió el diputado Gerardo Sotelo cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con que se hubiera suspendido la exhibición de La gran Palestina en la Universidad de la República (Udelar). Sotelo admitió a Leo Sarro que no había visto la película y argumentó que su difusión violaba alguna ley que no supo citar. El diputado Felipe Schipani mintió en sus redes al decir que las autoridades universitarias fueron las que impidieron su proyección y al adjudicarse el mérito. La B’nai B’rith pidió a la Udelar una investigación interna y manifestó que «ningún marco de autonomía académica ampara la apología del terrorismo». Los senadores Sebastián da Silva y Graciela Bianchi aplaudieron «lo logrado».

En 1968, el gobierno de Jorge Pacheco prohibió la exhibición en Uruguay de La batalla de Argel. Tras tres semanas de éxito de taquilla, fue proyectada en privado para un grupo de jefes policiales que, luego de ver la cinta, decidieron que «incitaba al desorden». Aquello provocó protestas generalizadas y hasta El País denunció «la censura ideológica». Además de una obra maestra del cine, La batalla de Argel es un documento fundamental sobre la descolonización y la contrainsurgencia. En ella se muestran varios actos de ataques letales a civiles por el Frente Nacional de Liberación argelino, no sin cierto tono heroico y celebratorio, cuando la herida todavía estaba muy fresca.

La gran Palestina no tiene ese tono. Su director y su productor no integran Hamás. Su distribución no está a cargo de Hamás. Pero tampoco hay en ella una glorificación de Hamás o un enaltecimiento de sus acciones del 7 de octubre, como se puede comprobar al ver la película. Nada de esto importó a nuestros legisladores, porque, a diferencia de los policías de Pacheco, ellos ni siquiera vieron lo que exigieron censurar. El País felicitó, el viernes pasado, a los censores por impedir «una promoción explícita del accionar terrorista».

No hace falta mirar un documental para proteger su exhibición entre adultos en la universidad. Pero clamar por su censura, y celebrarla como un triunfo, cuando ni siquiera se conoce su contenido, es toda una declaración de principios. Esta columna no busca explicar a nuestros legisladores cómo funcionan la libertad de pensamiento y de expresión. Lo saben bien, o al menos eso nos quieren hacer creer cuando nos hablan de Irán, Cuba y Venezuela.

La aparición de uniformados de Hamás en un afiche ofende la sensibilidad de algunos uruguayos. ¿A cuántos ofenden las acrobacias retóricas que hacen en nuestros medios los voceros israelíes para justificar el asesinato de niños y el bombardeo de hospitales? Debemos discrepar con el furor woke de Schipani, Sotelo y Da Silva y con la sensibilidad de cristal de Bianchi. La ofensa no parece un criterio democrático sano para censurar una película.

Hamás no está en ninguna lista de organizaciones terroristas reconocida por Uruguay. Pero si la película tuvo aportes de sus combatientes –aunque sean los de dos fotógrafos, en un equipo de producción de decenas de civiles, durante solo algunos minutos de metraje–, ¿no será precisamente eso digno de interés? Dada nuestra dieta mediática casi cotidiana de entrevistas a Roni Kaplan y comunicados de la embajada de Israel y la B’nai B’rith, acceder a un material que tenga aportes de «la otra campana» es valioso de por sí. ¿Acaso no cuenta con la «colaboración» de Israel la mayor parte de lo informado en Uruguay sobre Oriente Medio, fruto muchas veces de viajes organizados por la parte interesada?

Los legisladores que dicen haber logrado la censura «fueron avisados de esto a través de un mensaje de la embajada de Israel, agradeciendo por haberse manifestado en contra», informa El País. Vienen de haber participado de recientes tours de propaganda y reuniones en Israel, pagos por esa embajada. El diario que celebra la censura es dirigido por el ganador más reciente del premio a la militancia que dan la Organización Sionista del Uruguay y la alcaldía de la ciudad ocupada de Jerusalén.

Me permito una hipótesis. No son los crímenes de Hamás lo que asusta a los censores. Lo que tocó una fibra hipersensible fue que esta película se anuncia como un documental en el que los propios palestinos registran el genocidio del que son víctimas. No sería la primera vez. La senadora Bianchi acusó a Brecha de «estar defendiendo al terrorismo, como siempre», cuando entrevistamos al civil palestino Ayman Abusharekh y contamos que Israel le mató 33 familiares, incluidas mujeres y niños.

El lobby que operó en la censura de esta película no puede tolerar la voz palestina, la voz que le recuerda los crímenes del sionismo. Si no es esta la causa, ¿a qué se debe la elección de tantos medios uruguayos de dar voz solo a israelíes, civiles y militares, pero nunca entrevistar a un civil palestino, mucho menos a un militar? ¿Por qué las únicas historias de vida que merecen tiempo al aire son las de víctimas israelíes, pero nunca palestinas?

El lobby no son «los judíos». Nuestra comunidad judía tiene una hermosa diversidad de convicciones. En ella están Judíos y Judías Uruguayas contra el Genocidio en Palestina y una infinidad de otros judíos uruguayos que no se sienten representados por las posiciones del lobby. Este es un grupo pequeño de personas de variada ascendencia y religión, como nos demuestran dirigentes políticos y mediáticos de muy cristiana estirpe, todos esforzados militantes. Es la red de vínculos que esta minoría teje entre sí y con las embajadas de Israel y Estados Unidos la que ha mantenido un monopolio del discurso local sobre Oriente Medio. Allí, Israel viene de matar a 250 periodistas en Gaza y a 15 en Líbano. En Uruguay, su influencia adopta formas de censura y de persecución laboral cada vez menos sutiles.

Los comunicadores deberíamos señalar estas presiones indebidas a nuestra labor y a la autonomía universitaria, su incidencia política, su desprecio por la libertad de expresión. Evitar nombrar el genocidio, evitar nombrar al lobby, cuando su existencia es obvia para todos, es dañino para la comunidad judía y para la democracia. Callar su existencia y sus métodos solo alimentará las teorías conspirativas sobre su alcance y confirmará la versión de que el lobby «controla a los medios y a los políticos».

Cuando todo termine, «cuando no entrañe riesgo alguno, cuando podamos llamar a las cosas por su nombre, cuando sea demasiado tarde para exigir responsabilidades», como recuerda nuestro colega Omar el Akkad, todo el mundo habrá querido estar siempre en contra de la masacre de 20 mil niños, del apartheid, de la estúpida e interesada complicidad. Cuando todo termine, la cobardía y el silencio no habrán valido nada.