En nuestra última edición informamos que el subsecretario de Ambiente, Oscar Caputi, fue apoderado del argentino Eduardo Costantini, inversor del barrio privado que se pretende construir en los bañados de Carrasco.

La penetración en roles clave del Estado de empresarios y desarrolladores inmobiliarios, de creciente relevancia en términos patrimoniales en Uruguay, es un tema al que Brecha viene prestando especial atención. 

En nuestra portada web pueden encontrar una compilación de investigaciones periodísticas que abordan el fenómeno. La serie se abre con nuestra publicación del pasado viernes –ahora de lectura abierta– y se completa con «Cosecha canaria» –sobre desarrolladores que ocupan cargos públicos, fueron beneficiados durante las gestiones de Yamandú Orsi en la Intendencia de Canelones y financiaron sus campañas electorales– y “El descarte” –investigación que probó que los bañados de Carrasco habían sido excluidos, sin argumento, de la lista de humedales protegidos a estudio, hecho que se revirtió gracias a esa publicación–.

---

En el norte hace rato que es noticia: se viene El Niño con todo y hay que estar preparados. El fenómeno climático ya tuvo un adelanto en agosto, mes en el que se registró un pico de 2.233 personas desplazadas por las crecidas en todo el país. En el caso del departamento de Artigas, el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) estima que, para fines de setiembre, los evacuados podrían ser entre 10 y 12 mil personas.

Ante semejante panorama, la intendencia artiguense tuvo el tino de activar el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed), organismo local encargado de prepararse para cuando caiga el temporal. Todo parecía marchar acorde al interés público, hasta que apareció en la foto el hombre elegido para encabezar la tarea.

La cara conocida es el exintendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, que tuvo que renunciar al cargo en 2024 luego de haber sido condenado a 14 meses de prisión por el delito de omisión, en el marco del tristemente célebre escándalo de las horas extras. Ahora, su correligionario y sucesor en la intendencia, Emiliano Soravilla, acaba de nombrarlo como coordinador del Cecoed, cargo de confianza que marca su regreso a la función pública tras la condena. Y, por qué no, su ventana de retorno al ruedo electoral.

El nombramiento es legal, pero su legitimidad hace agua. Caram no fue a la cárcel porque cumplió su condena con dos horas semanales de trabajo comunitario durante cuatro meses, por acogerse a un acuerdo abreviado que no estableció una inhabilitación específica para ejercer cargos públicos. A pesar de declararse culpable ante la Justicia, ante los medios dice ser inocente y no tener «nada que ver» con el esquema de corrupción que involucró el cobro irregular de una cantidad de horas extras humanamente imposible de trabajar –más de 100 por mes, en algunos casos– por parte de funcionarios de su gobierno.

Los cuestionamientos éticos no se hicieron esperar desde filas del Frente Amplio, pero también desde otros partidos de la oposición a escala local. De hecho, uno de los críticos más acérrimos de Caram y de su sector político Artigas Adelante –la lista 2525 del Partido Nacional (PN)– es el edil colorado Daniel Argañaraz, quien en 2024 denunció a más de 40 funcionarios de la comuna, acción que contribuyó a llevar el caso a nivel nacional.

«Había gente que, mientras estaba de vacaciones, cobraba horas extras. Hay gente que se llevó dinero para su casa sin haberlo trabajado y gente que miró para el costado mientras ocurría ese robo. Ahora, estas personas que han tenido problemas con la Justicia están asumiendo cargos. El mensaje que estamos dando en Artigas es que hay que ser delincuente para estar en la función pública», dijo Argañaraz en conversación con Brecha.

Los comentarios del edil colorado no son solo rosca política, sino que apuntan objetivamente a la falta de avances en la mencionada causa penal. Más allá de la condena de Caram y de su sobrina, la exdiputada y actual secretaria general de la Intendencia de Artigas, Valentina dos Santos (que también optó por el juicio abreviado para declararse culpable por usurpación de funciones), existe un proceso en curso que involucra a unas 60 personas del que poco se sabe. Según Argañaraz, el Tribunal de Cuentas determinó que se desarrollaran investigaciones administrativas a decenas de funcionarios de la administración Caram, que la intendencia dice ya haber concluido, pero que aún no han pasado a la Justicia.

«He hecho pedido de informes y no me los dan. Hablé con la fiscal y no hay información. En el caso de los principales involucrados en el cobro irregular de horas extras, Rodolfo Caram [primo de Pablo] y su pareja, la Justicia determinó que debían pagarle al Estado unos 47 mil dólares. Hasta ahora no han pagado y no van a pagar», agrega el edil.

Cabe recordar que el caso horas extras cobró notoriedad en plena campaña electoral de 2024, cuando fue igual de notoria la rapidez con la que se saldaron las condenas de Caram y Dos Santos antes de los comicios. En el marco del escándalo, los condenados renunciaron al PN, lo que no impidió que Soravilla –delfín político del exintendente– se alzara con la victoria a nivel departamental. Y, luego de la victoria, comenzaron los retornos: tras la asunción del intendente electo de Artigas en 2025, se concretó la vuelta de Dos Santos a filas del nacionalismo, partido que tuvo la compasión de volver a admitirla, a pocos a meses de su renuncia. Ahora, tío y sobrina vuelven a encontrarse oficialmente en la cúpula del poder local.

«Toda persona procesada tiene derecho a reincorporarse a la sociedad. Es un cargo de confianza y es una decisión del intendente. Yo no lo haría: si fuera intendente, buscaría una persona idónea para el cargo», opinó, a su vez, el edil por Cabildo Abierto Roberto Rodríguez Sant’Anna en diálogo con el semanario.

HAY RIESGOS Y RIESGOS

Si bien el intendente Soravilla puede optar por hacer uso del cargo de confianza, el perfil de los coordinadores del Cecoed suele ser más técnico. Para ocupar ese lugar, corren con ventaja –por ejemplo– policías o militares, pertenecientes a instituciones más habituadas a lidiar con emergencias. Tal es el caso del anterior coordinador del organismo en Artigas, el exjefe de Policía y comisario general retirado Adolfo Cuello.

Si en un rapto de buena fe probamos darle la derecha a Soravilla, hay argumentos para sostener que Caram es idóneo en gestión de riesgos: fue dos veces intendente y tiene amplia llegada en el interior del departamento, donde su fuerza política se hizo fuerte para cosechar el 52,5 por ciento de los votos en la elección nacional, a pesar de las condenas judiciales. Que te atiendan el teléfono en momentos de necesidad tiene su valor.

La entrada en funciones del exintendente en su nuevo cargo ya parece haber provocado un efecto inmediato. Por ley, además de personal de la intendencia, el ámbito del Cecoed debe estar integrado de manera interinstitucional, por entidades relevantes como la Policía, el Ejército, el Cuerpo de Bomberos y los ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social (Mides) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), entre otros. En el caso de Artigas, hacía unos dos años que el organismo no extendía invitación a funcionarios que no fueran municipales. Pero este martes 1 de setiembre a las diez de la mañana estaban todos.

«En el marco de un pronóstico de El Niño que ocasiona lluvias por encima de lo normal y riesgo de inundaciones, el Cecoed convocó a las distintas instituciones para armar un plan de mitigación. Se empezó a relevar capacidad de recursos humanos y de locomoción, así como prever la cantidad de gente desplazada por las crecidas del río Cuareim en Artigas y el río Uruguay en Bella Unión. Por eso estamos trabajando en coordinación con Salto Grande», comentó a Brecha Pablo Montero, integrante de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP en Artigas y participante de la reunión.

El director de la oficina departamental del Mides, Carlos Fagúndez, también estuvo presente: «Fue una reunión productiva y hubo bastante representación de instituciones, lo cual es positivo para pensar las acciones en común. El primer gran objetivo es definir con anticipación dónde recibir los más de 10 mil evacuados que se está estimando que habrá en menos de tres semanas», dijo.

Entre la costumbre y la resignación, la presencia de Caram como nuevo coordinador no parece provocar demasiadas convulsiones a nivel local. Incluso recuerda que la notoriedad nacional del caso de corrupción que lo involucró produjo más ruido mediático en la capital –en un contexto de campaña electoral– que lo que realmente impactó en la propia sociedad artiguense.

«Es un tema delicado. No es ajeno a nadie, ni en la ciudad ni en el resto del departamento, que ha habido cuestionamientos públicos a su designación. Pero nosotros estamos para cumplir nuestra función desde el Mides, exigirle al Cecoed si es necesario y trabajar en conjunto, como corresponde», consideró Fagúndez.

A DISCRECIÓN

Más allá de la idoneidad de Caram, otro tanto tiene que ver con los recursos que maneja el Cecoed. El organismo no tiene un presupuesto propio, solo entra en acción para gestionar situaciones excepcionales de emergencia y tiene potestades de acceder a recursos del Ejecutivo nacional, como es el caso del propio Sinae –que depende de la Presidencia– y de los ministerios antes mencionados.

En un contexto de emergencia, las asistencias a la población se activan según las llamadas incidencias. Por ejemplo, en el ámbito agropecuario, ante un evento climático que supera un determinado umbral de daño, entra en escena un comité (integrado por el MGAP, el Instituto Uruguayo de Meteorología y otros institutos del sector) que decide declarar la emergencia y se activa el Fondo Agropecuario, que se destina para asistir directamente a los damnificados.

Sin embargo, dependiendo del caso y de la institución involucrada, los fondos para paliar una emergencia pueden ser transferidos directamente a las intendencias (como los recursos que el Sinae destinará para prevenir los efectos de El Niño), que los gestionan a través del Cecoed como brazo operativo. Como indica la tradición política del interior del país, las intendencias suelen actuar con discrecionalidad a la hora de manejar fondos provenientes del gobierno nacional y los mecanismos de contralor resultan insuficientes para garantizar a la población el correcto uso de los dineros públicos.

«No tenemos ningún control», agrega el edil Argañaraz. Y lo preocupante son los antecedentes inmediatos. La condena de Dos Santos fue precisamente por usurpación de funciones, debido al libre uso que hacía de la estructura ejecutiva en Artigas cuando desempeñaba funciones como diputada nacional. Un ejemplo es el programa de incentivo a emprendedores locales Vale Emprender, impulsado por Dos Santos con su nombre de campaña (Vale) en calidad de legisladora, pero involucrando recursos del Mides y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, episodio que dio lugar a una investigación administrativa y que aún no ha sido aclarado.

Otro caso que involucra recursos públicos fue el subsidio al que se acogió Caram luego de la condena penal que lo llevó a renunciar a su cargo de intendente. Tras una reñida votación, el Tribunal de Cuentas determinó que le correspondía percibir 85 por ciento de su sueldo, unos 330 mil pesos, de conformidad con el subsidio para exjerarcas previsto por la ley 15.900.

Si bien asegura que prefiere ser «neutral» y no hacer política según críticas, el cabildante Sant’Anna no se abstiene en este punto. «No estoy de acuerdo y me indigna. Una vez que dejó el cargo, debe volver a ser como cualquier otro trabajador. Incluso es cuestionable que Caram haya mantenido un campo del Instituto Nacional de Colonización mientras ejercía como intendente», comenta. De hecho, el pasado mayo, el directorio del instituto decidió rescindir el contrato de Caram por 707 hectáreas de campo, según un informe de su división jurídica que apunta incompatibilidades con los «requisitos éticos» del organismo para el usufructo de tierras públicas.

Si bien Caram está en funciones desde fines de agosto, aún no hay resolución oficial de su designación como coordinador del Cecoed, cargo en el que Cuello aún figura como titular. Según la escala vigente de sueldos de la intendencia de Artigas, el cargo de confianza que le han encomendado tiene una remuneración cercana a los 190 mil pesos por mes.

La detención de un grupo de militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) en Argentina, en 1977, no pasó desapercibida en Uruguay. El Batallón de Infantería 7 de Salto recibió, casi en tiempo real, informes sobre lo que sucedía al otro lado del río Uruguay, en el Regimiento de Caballería de Tiradores Blindados 6 de Concordia (Entre Ríos). El trasvase de información –que incluía una copia de interrogatorios y una lista del material incautado
en allanamientos– suponía una parte de la estrecha vinculación entre ambas unidades militares, al influjo del Plan Cóndor (véase «Otro zarpazo del Cóndor», Brecha, 8-IV-22).

Días atrás, la jueza Analía Graciela Ramponi (subrogante del Juzgado Federal número 1 de Concepción del Uruguay) dispuso el procesamiento de los militares argentinos Juan Alemán, Jorge Enrique Echeverría, Miguel Ángel Galeano y Horacio Alberto Goris por detención ilegal y torturas de ese grupo de uruguayos militantes del PCR. La sentencia –a la que accedió Brecha– revela detalles precisos de la coordinación entre los servicios represivos de ambos países, así como el interés de los militares uruguayos en reforzar la persecución de la estructura del PCR en Argentina.

«De la prueba testimonial reunida surge […] que las víctimas fueron detenidas ilegalmente por fuerzas policiales y armadas argentinas, sometidas a interrogatorios bajo tormentos y abuso sexual, trasladadas a lugares clandestinos de detención, donde actuaron de manera coordinada agentes de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay, en el marco de operativos dirigidos a la persecución de personas vinculadas a organizaciones políticas, particularmente al PCR, prácticas que resultan compatibles con los mecanismos represivos transnacionales implementados en el contexto del Plan Cóndor», sostiene el fallo.

La causa comenzó tras una denuncia presentada en 2021 en Argentina –a través de un correo electrónico– por María Julia Suárez Méndez, víctima del operativo represivo. La denuncia indicaba que ella, su hermano Jesús Silverio Suárez Méndez, Eduardo Robatto y Luis Urrutia fueron detenidos el 3 de julio de 1977 en Concordia, trasladados a la Jefatura de Policía de esa ciudad y más tarde a diversos centros clandestinos de detención, donde fueron interrogados y torturados. María Julia, quien no formaba parte de la organización, fue abusada sexualmente, una práctica habitual de tortura contra las mujeres en los centros de detención de las dictaduras argentina y uruguaya.

La causa fue anexada al expediente por la desaparición de Jorge Emilio Papetti, un joven argentino estudiante de ciencias naturales, que realizaba el servicio militar obligatorio en el Ejército. Papetti desapareció el día 16 de marzo de 1977 en el Regimiento de Caballería 6 de Concordia; fue detenido mientras realizaba la guardia y torturado. En un intento de ocultar el crimen, el Ejército le informó a la familia que el joven se había fugado. La causa Papetti arrojó elementos claves para desentrañar la detención de los militantes del PCR.

En este marco, los testimonios recabados durante la indagatoria penal, liderada por la fiscal Josefina Minatta, revelaron que militares uruguayos –entre ellos, dos oficiales del S-2 (inteligencia)– viajaron hasta Concordia para participar del interrogatorio de los uruguayos detenidos, algunos de los cuales fueron, más tarde, trasladados en forma clandestina hacia Uruguay. Uno de esos militares no pudo ser extraditado ni declarar en la causa tras ser considerado como incapaz por la Justicia uruguaya.

DETENCIÓN ILEGAL

Ciudadanos uruguayos trabajaban como quincheros en Concordia y tuvieron diferencias con un cliente; este denunció la situación a la Policía, quien llegó al lugar y procedió a la detención de los trabajadores, entre ellos, Jesús Silverio Suárez Méndez. Eso ocurrió el 3 de julio de 1977. Un pedido de información librado por la jefatura determinó que este hombre estaba requerido por las autoridades uruguayas por integrar el comité central del PCR, una organización de tendencia maoísta ilegalizada en noviembre de 1973.

La identificación de Suárez Méndez alteró el eje del procedimiento. El trato hacia los uruguayos cambió drásticamente. En las horas posteriores fue detenida Brenda Levitz, cuñada de Jesús Silverio, junto con su hijo de 3 años y otros allegados al grupo, con o sin militancia política; el esposo de Levitz y hermano de Jesús Silverio, Luis Suárez Méndez, fue detenido en Uruguay junto con un ciudadano argentino y trasladado a Concordia. De la jefatura pasaron al regimiento, donde fueron torturados física y psicológicamente. Los apremios físicos consistían en golpes, plantones, submarino seco.

En la tardecita o noche «empezaron a aparecer» los militares uruguayos, reconstruye el fallo. La delegación oriental fue encabezada por el mayor Waldemar Tarigo, hoy fallecido, y el capitán Ramón Prudencio Barboza, quien oficiaba como S-2 en el Batallón de Infantería 7 de Salto. Los otros militares uruguayos que cruzaron el río no pudieron ser identificados; todos eran del batallón de Salto, presumiblemente, subalternos.

Los interrogatorios comenzaron a centrarse en el PCR y la estructura del grupo en Argentina. Según Urrutia, le pidieron nombres y le mostraron fotos. Directamente, le preguntaron por el abogado Héctor Giordano Cortazzo, referente del PCR, entonces exiliado en Argentina y luego desaparecido. Querían saber dónde vivía, cómo ubicarlo. Urrutia dijo que en ese momento él no sabía quién era Giordano; lo había conocido unos días antes en Buenos Aires.

Jesús Suárez Méndez, en tanto, aseguró que el objetivo de los interrogatorios era obtener información sobre el paradero de otros integrantes del PCR, que intentaron sacarle información sobre el apodo de una persona, que también le preguntaron por Giordano. En su declaración, aseguró que fue interrogado por dos personas: un argentino, que quería saber «dónde estaba la plata»; la otra persona, que pidió quedarse a solas con él, le dijo que era un coronel uruguayo y que si colaboraba le podía salvar la vida, porque «acá en Argentina los hacen boleta, esto es una guerra sucia». Pidió tiempo para pensar, pero esa noche logró fugarse, aunque a las horas volvió a ser detenido.

El viaje de oficiales S-2 no fue casualidad. En junio de 1977, el SID (Servicio de Información de Defensa) había puesto el foco en el PCR, tras la detención de un militante que intentó ingresar a Uruguay con documentación falsa. La presencia de Suárez Méndez en Concordia fue un llamador para avanzar en la persecución de los integrantes de la organización en ambas márgenes del Río de la Plata.

En efecto, en agosto fue detenido Daniel Pedro Alfaro Vázquez en Buenos Aires; en diciembre de 1977, también en Argentina, fueron secuestrados Carlos Cabezudo y Juvelino Carneiro da Fontoura; en enero de 1978, en Montevideo, Ricardo Blanco Valiente, y en junio de 1978, en Argentina, secuestraron a Giordano. Los cinco fueron desaparecidos. Los restos de Blanco fueron hallados en 2012 en el Batallón de Infantería 14; el cuerpo de Giordano apareció sin vida en agosto de 1978 en la vía pública, fue enterrado como NN e identificado en 2022 mediante chequeo de huellas dactiloscópicas. Sus restos no fueron hallados.

TRASLADOS CLANDESTINOS

La causa dejó al descubierto, además, el traslado clandestino de detenidos políticos de Argentina a Uruguay. Los testimonios de las víctimas revelan detalles de estos operativos. Tras pasar por varios centros de detención, parte del grupo fue alojado en la Unidad Penal 3. Desde allí, Robatto y Urrutia fueron trasladados a Uruguay. Fueron sacados del penal en un auto Ford Falcon hasta una ruta, donde los esperaba una camioneta del Ejército uruguayo, que se había adentrado en territorio argentino con personal uniformado. La camioneta atravesó el puente de Salto Grande, con destino al batallón en Salto.

Allí fueron sometidos a plantones y volvieron a ser interrogados sobre el PCR. Les preguntaban sobre definiciones políticas de la organización, pero no por nombres. Robatto y Urrutia, finalmente, fueron sometidos a la justicia militar y terminaron en el Penal de Libertad. Robatto fue condenado a cuatro años y medio de penitenciaría; Urrutia, a cinco. Los expedientes uruguayos indican que fueron detenidos en el puerto de Salto; la documentación de la Policía de Entre Ríos desecha esa versión: los dos figuran como detenidos en Concordia en julio de 1977. Asimismo, documentos elaborados por el batallón de Salto –incluidos en el Archivo Berrutti– refieren al interrogatorio de Urrutia en Argentina y a la detención de Jesús Suárez Méndez.

Otros integrantes del grupo, en tanto, también fueron trasladados a Uruguay. María Julia, Levitz y su esposo, Luis Suárez Méndez, y el hijo de ambos fueron enviados por vía fluvial. Según Levitz, los metieron en una camioneta negra, los llevaron a un lugar donde salían lanchas, los subieron a una («como bolsas de basura») y cruzaron el río; fueron liberados el 20 de julio de 1977. Ninguno de ellos fue sometido a la justicia militar.

Distinto fue el destino de Jesús Suárez Méndez. Relató que en Concordia logró fugarse de un centro clandestino –una casa cerca del río Uruguay–, intentó cruzar el río, pero no lo hizo porque temió ahogarse, fue recapturado horas después y alojado en el penal. A diferencia del resto, fue llevado a Buenos Aires. Lo trasladaron en un coche hasta una pista de aviación, lo encapucharon y lo dejaron esposado unos cinco días en una habitación. Luego lo subieron a un avión y lo llevaron al aeropuerto de Don Torcuato; terminó alojado en una especie de salón comunitario, frente a un cuartel, de donde también logró fugarse. Caminó toda la noche.

Según su relato, su esposa, Faustina Sierra, que no fue detenida, se exilió en Noruega; él se fue a Brasil. Allí obtuvo una identidad falsa, gracias a la cual se radicó en La Paloma (Rocha) hasta que pudo recuperar su identidad con el advenimiento de la democracia. Durante los años de dictadura, Jesús Suárez Méndez integró la lista de uruguayos presuntamente detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Su nombre también figuraba en la lista de detenidos desaparecidos de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos de Paraná, junto con Robatto y su hermano Luis.

El traslado ilegal de los militantes del PCR quedó registrado en los tribunales uruguayos, ya que Robatto y Jesús Suárez Méndez declararon como testigos en la causa que culminó con la condena del exdictador Gregorio Goyo Álvarez y el marino Juan Carlos Larcebeau.

LA PISTA URUGUAYA

La investigación de Concordia apuntó a la responsabilidad de militares uruguayos en el secuestro y la tortura de los militantes del PCR. En esa línea, la fiscal Minatta solicitó la declaración por exhorto y posterior extradición del coronel (r) Barboza, sindicado como partícipe de los interrogatorios en Argentina. Sin embargo, ninguna de estas opciones pudo concretarse. La situación quedó asentada en la sentencia argentina.

El fallo indica que Barboza fue citado a prestar declaración indagatoria en la modalidad de videoconferencia el 18 de agosto de 2022, pero que no compareció, tras presentar un certificado médico, «por encontrarse internado en el sanatorio Salto cursando una depresión». La fiscal pidió a las autoridades uruguayas que evalúen si el militar estaba en condiciones de prestar declaración indagatoria. La respuesta fue negativa, ya que Barboza fue declarado judicialmente como «incapaz» por el Juzgado Letrado de Séptimo Turno de Salto. Basada en esa sentencia, la Justicia uruguaya también rechazó su extradición, «por lo que a la fecha no ha podido ser indagado», dice la sentencia argentina.

Barboza no es un desconocido de la Justicia uruguaya. Su nombre fue mencionado en la denuncia penal presentada por una decena de militantes y exmilitantes del Partido Comunista de Uruguay por la violación de derechos humanos en el batallón salteño. En esa causa, la Justicia condenó al médico militar Ricardo Revetria como coautor de los delitos de abuso de autoridad, lesiones graves, privación de la libertad y tortura. Una treintena de personas declararon haber sido víctimas de tortura en esa unidad militar: golpizas, plantones, caballete, submarino, picana eléctrica y colgamientos. Barboza fue indagado en esa causa, pero los recursos presentados por la defensa y su situación sanitaria impidieron avanzar en su imputación.

La publicación de «Sigue girando» (Brecha, 28-VIII-26) provocó una serie de efectos, entre ellos el pedido de remoción del subsecretario del Ministerio de Ambiente (MA), Oscar Caputi, por parte de más de 100 organizaciones ambientales de todo el país. El gobierno debió dar explicaciones sobre el vínculo privado que unió al viceministro con Eduardo Costantini, el desarrollador de un posible proyecto de urbanización en las cercanías de los bañados de Carrasco. Una relación contractual de Caputi que también incluyó a otros integrantes de la familia Costantini entre 2012 y 2023, a través de la consultora Enviro. La información publicada por Brecha, antes desconocida por la ciudadanía, arrojó más luz sobre quienes están a cargo de las políticas ambientales del país. Eso es muy bueno, pero las reacciones oficiales de respaldo merecen algunas puntualizaciones:

1. El MA respondió a lo publicado con el envío a algunos medios de una resolución fechada el 31 de julio de 2025, en la que se acepta una excusación de Caputi (elevada por él en una nota del 11 de julio) para intervenir en «toda cuestión administrativa» referida a dos de las empresas para las que trabajó: Pifemil SA (razón social de Enviro Consultores) y Ontemar SA. Habría sido interesante que esa declaración de incompatibilidad se hubiera hecho pública desde el vamos, como ocurre en los países que procuran avanzar en la transparencia del Estado. Sin la publicación periodística, no se hubiera conocido esa nota ni sus alcances parciales.

2. La excusación fue delimitada por el interesado, quien identificó dos razones sociales, pero se desconoce si Caputi aclaró en el MA su vínculo con Costantini, sobre todo desde octubre de 2025, cuando se presentó el proyecto para los bañados de Carrasco en la Intendencia de Montevideo. El conflicto de interés, en un sistema político que quiera avanzar en estos asuntos en serio, tiene que ser descrito con detalle. Si el ciudadano no sabe qué es Enviro ni conoce sus clientes finales –punto fundamental–, la declaración de incompatibilidad no solo es reservada, sino también opaca.

3. La resolución, ahora sí difundida, permitió conocer otro trabajo de Caputi no declarado en sus currículums públicos: un vínculo con Ontemar SA, una de las accionistas de la terminal multipropósito de la zona franca de Nueva Palmira junto con UPM. El documento no da precisiones sobre la fecha de ese vínculo. Sí figura en el currículum oficial del ingeniero agrónomo una actuación vinculada a Stora Enso, que no queda claro si fue hecha en el ámbito público o privado.

4. Caputi redactó la carta de incompatibilidad ciertamente al otro día de su asunción, pero luego de un comunicado que hizo la Red Unión de la Costa, el 18 de junio de 2025. Ese colectivo alertó a la ciudadanía sobre proyectos en trámite de autorización ambiental asesorados por la consultora en la que trabajaba Caputi e instó a no designarlo por conflicto de interés. Si la excusación está «desde el día uno», al decir del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, es producto de la denuncia de la sociedad civil. Si no fue así y los gobernantes firman este tipo de cartas de incompatibilidad con frecuencia, sería muy útil para la sociedad saberlo. Como ocurre en otros países, debería estar disponible en un registro público, en tiempo y forma.

5. La excusación formal no evitó que el subsecretario se pronunciara en TV Ciudad (17-VIII-26) sobre el proyecto de urbanización próximo a los bañados de Carrasco, que, es cierto, no ingresó aún al MA. Pero vaya si es de interés público conocer la mirada de los responsables de ese ministerio sobre los bienes comunes naturales, y ni que hablar a partir de los vínculos revelados. La opinión de Caputi cobra otro valor al considerar el tipo de proyectos de los que fue consultor: barrios privados en la faja costera de Uruguay, un ecosistema amenazado precisamente por la presión de las urbanizaciones y el tan invocado cambio climático.

6. Para el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y para el propio Caputi, ese pronunciamiento receptivo con el proyecto de Costantini fue un «error». Pero, más allá de las formalidades, la gran pregunta que circula en buena parte de la sociedad es por qué se designa en el MA a alguien con su perfil. Y ahí la dimensión es política. La cuestión no es que haya trabajado en el ámbito privado, sino al servicio de qué intereses y de qué tipo de proyectos. No se trata solo de «experticia»: se trata de formación, independencia y visión política sobre los asuntos ambientales.

El 28 de agosto, en la XV Asamblea Nacional de Derechos Humanos, numerosas organizaciones sociales rechazaron, entre otras cosas, la decisión de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de crear un grupo de trabajo sobre antisemitismo, y las expresiones de Marcos Israel (miembro de su Consejo Directivo) que pretenden identificar las críticas a Israel con el antisemitismo. Denunciaron que esas expresiones violan la ley 18.446, que creó la INDDHH y que prohíbe a los miembros de su Consejo Directivo expresarse públicamente y a título personal sobre temas de incumbencia de la institución, sin expresa autorización del consejo que integran.

Marcos Israel respondió: «No es la primera vez que tenemos la vergüenza de que en el ámbito de la INDDHH se apele a un tema de racismo que reiteradamente se ha traído en otras ocasiones, que es el antisionismo. Hay que decirlo claro, el sionismo no es otra cosa que el derecho del pueblo judío, que es el pueblo originario de ese lugar, a tener autodeterminación. De 200 países que existen en el mundo, el antisionismo singulariza al pueblo judío como aquel que no tiene derecho a su espacio. Es una vergüenza para el Uruguay que exista un movimiento antisionista en este país. Pero esta reiteración lo que nos trae es que estamos ante una militancia que está, un día sí y otro también, pendiente de este tema y empujando este tema. Entonces, ¿es solamente un tema de racismo? ¿Es solamente un tema de antisemitismo? Hay algo más, y se lo quiero explicar a la gente que ha venido por una agenda local. Porque esto está fuera de la agenda local. Se trata de un conflicto internacional que acá está fuera de la competencia. Sin embargo, los que han venido aquí a construir ciudadanía tratando los temas locales, que es lo que nos importa, es bueno que sepan qué hay detrás de esta movida. ¿Por qué esta agitación del antisemitismo? ¿Para qué? Para contextualizar la información que les voy a dar, les voy a mencionar a una cientista social y política, filósofa, muy importante del siglo XX en el tema del totalitarismo. Me refiero a Hannah Arendt. Arendt decía que el antisemitismo no fue inventado por el totalitarismo, ya estaba allí. Fue usado por los totalitarismos para sus fines. Quiero que sepan que un profesor de la universidad, el profesor Randall, en un acto en un aula de una de las facultades de la Udelar [Universidad de la República], en el cual estaba rodeado de banderas palestinas, y lo tengo grabado, dijo: “El genocidio es un regalo” –que es inventado, no hay ningún organismo internacional que haya dicho que hay genocidio, no lo hay–, dijo: “El genocidio es un regalo para despertar la conciencia revolucionaria dormida”. ¿Así que esta es la razón para inventar un genocidio? ¿Los nostálgicos de los sesenta, de las revoluciones de los sesenta, quieren otra oportunidad? ¿Están usando el antisemitismo como palanca para otra vez traer vientos de totalitarismo? Tienen que saberlo, porque esto es lo que está pasando».

Transcribo sus palabras, a partir de una grabación que circula en redes, porque expresa de manera condensada un pensamiento que comparte con otros y que vale la pena responder.

1. Marcos Israel empieza identificando antisionismo con racismo. Coincido con el manifiesto leído en sala por las organizaciones sociales: el antisemitismo (o judeofobia) «es el prejuicio y el odio hacia las personas judías en tanto tales, que históricamente ha generado persecución, represión y un atroz genocidio. Mientras que el sionismo es una ideología nacionalista que llevó a la creación de Israel como un Estado etnorreligioso (Israel se autodefine como “Estado Judío”) exclusivo y excluyente en Palestina, y que continúa impulsando su expansión en la actualidad». Millones de judíos no somos sionistas y muchos somos antisionistas. Ello no nos hace antisemitas. Confundir ambos conceptos y concluir que ser antisionista equivale a ser racista es una vieja práctica propagandística sin sustento. Es inconcebible que un miembro del directorio de la INDDHH no sepa diferenciar entre ambos conceptos, o que sea partícipe consciente de una práctica de censura que identifica la crítica a una ideología o a las políticas de un Estado con un acto de racismo.

2. Para resumir el sentido del sionismo, Marcos Israel señala que el pueblo judío es el pueblo originario de esa zona y, por tanto, tiene derecho a ocuparla. Cabe preguntarse si los que vivían allí antes o al mismo tiempo que los judíos no son originarios. ¿Cuál es la lógica torcida que hace que cientos de judíos uruguayos, cuyos antepasados –por numerosas generaciones– nunca vivieron en la zona del actual Estado de Israel, tengan más derechos que aquellos que viven en esas tierras hace diez o veinte generaciones?

Como ideología nacionalista, el sionismo busca la autodeterminación de un pueblo, pero lo hace a costa de la vida, la autodeterminación y la libertad de otros pueblos. Marcos Israel cita a Arendt de manera canallesca. Ella efectivamente señaló que el antisemitismo fue utilizado por el totalitarismo, pero sobre el sionismo fue muy crítica. En su obra «Sionismo reconsiderado» de 1945, escribió: «Este nacionalismo no es más que la asunción acrítica de la versión alemana del nacionalismo». Cuando Menachem Begin, en 1948, Arendt, Albert Einstein y otros intelectuales judíos enviaron una carta al New York Times. En ella decían que el partido liderado por Begin tenía «el sello inconfundible de un partido fascista para el que el terrorismo (contra judíos, árabes y británicos por igual) y la tergiversación son medios, y un “Estado líder” es el objetivo», y terminaban diciendo: «Los abajo firmantes recurrimos a este medio […] para instar a todos los interesados a que no apoyen esta última manifestación de fascismo». Años después, Begin fundó el Likud (que gobierna hoy) y fue primer ministro de Israel entre 1977 y 1983. Según la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés) que Marcos Israel promueve, Arendt, Einstein y sus compañeros serían acusados hoy de antisemitismo por sus opiniones.

3. Marcos Israel considera que la solidaridad con el pueblo palestino no es una agenda local. Por suerte, durante la dictadura uruguaya y durante el holocausto nazi miles de personas en el mundo pensaron distinto que él y se movilizaron en favor de los perseguidos de entonces.

4. También dice que el genocidio es un invento, y aduce que ningún organismo internacional lo ha confirmado. Lo han confirmado la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, Incluida Jerusalén Oriental e Israel de la ONU, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, Amnistía Internacional, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, B’Tselem, entre otras. La lista es muy larga. Cuando los nazis acababan con la vida de millones de personas judías, ¿había que esperar a que alguna organización oficial calificara ese horror como genocidio para denunciarlo? Reto a Marcos Israel a que mire el filme La gran Palestina, que mire a los ojos a los niños muriendo de hambre por decisión expresa del régimen israelí y luego afirme que es un invento.

5. Me acusa de haber dicho que «el genocidio es un regalo para despertar la conciencia revolucionaria dormida». Pido que muestre la grabación que dice tener. No recuerdo haber dicho tal cosa. Cuesta imaginar que alguien considere un «regalo» el asesinato de más de 20 mil niños; la destrucción sistemática de hospitales, escuelas, viviendas, plantas de agua; el asesinato sistemático de periodistas y personal de salud; el hambre como arma contra más de 2 millones de personas. Es de eso de lo que estamos hablando.

Lo que sí dije, en varios lugares, es que este genocidio se ha convertido en un enorme acto de educación política para la generación actual, que está llegando al activismo de la mano de este drama. Dije, y reitero, que eso da esperanza. Porque, a pesar de la tecnología de la muerte, en la que son expertos Israel y Estados Unidos, el futuro todavía depende de nosotros, de ser consecuentemente humanos.

6. Marcos Israel culmina con un argumento delirante: los militantes de la causa palestina habríamos inventado la acusación de genocidio como palanca para promover la revolución. La realidad es que el genocidio está a la vista, y millones de personas en el mundo lo condenan. Aquellos que hoy lo niegan tendrán dificultades para explicarles a sus hijos y nietos de qué lado de la historia estuvieron mientras el horror se perpetraba.

Los que en los sesenta fueron presos, exiliados, asesinados o desaparecidos no estaban buscando el totalitarismo. Luchaban por hacer realidad la aspiración de libertad, igualdad y fraternidad por la que tantas generaciones han luchado desde la revolución francesa. No lo hemos logrado aún. Habrá que seguir luchando por ello, por el futuro de todos y todas.

Entre los revolucionarios de los sesenta estaban Angela Davis, Leonard Peltier y Malcolm X, que buscaban algo tan elemental como la igualdad entre los seres humanos, sin distinción de color. Es por lo que luchamos hoy: que se considere que un ser humano árabe palestino vale tanto como uno judío israelí, ni más ni menos. Si molesta al señor Marcos Israel que millones de jóvenes luchen por eso, cabe preguntarse si merece ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH.

—Asiete años del comienzo del primer gobierno de Bukele, ¿cuál es la situación hoy?

—Él ya controla todo el Estado. En El Salvador no hay más contrapesos. Y esto no es un decir, no es una creencia. Bukele impuso a su fiscal general ilegalmente, impuso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, modificó todo el sistema electoral, ha hecho varias modificaciones que, básicamente, lo que hacen es que para un partido de la oposición –que son minúsculos ya– sea mucho más difícil conseguir meter un diputado, por ejemplo, o un alcalde. Bukele ya reformó la Constitución, ya reformó la forma en la que se reforma la Constitución. La carta magna ya no es más una Constitución, sino un libro de los deseos de Nayib Bukele. Ya hay más de 53 periodistas en el exilio, según la Asociación de Periodistas de El Salvador. Hay decenas de presos políticos y, según el grupo de expertos de Naciones Unidas,¹ hay, a estas alturas, indicios fuertes que permiten concluir que en las cárceles del régimen y en el régimen mismo se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y, finalmente, 2 de cada 100 salvadoreños están en las cárceles; todos ellos en juicios secretos, cuyos expedientes son secretos y sus procesos son secretos. Hay juicios masivos de hasta 900 personas en una sola sala, personas que no se conocen entre sí. Dicho esto, Bukele sigue sosteniendo
una enorme popularidad, sigue siendo alguien que en las encuestas sale igual de querido que de temido. En la encuesta que hizo la universidad jesuita [Universidad Centroamericana José Simeón Cañas], Bukele y su régimen tuvieron arriba del 80 por ciento de popularidad. Pero cuando a la gente le preguntó si pensaban que podían sufrir alguna represión si hablaban mal del gobierno, cerca del 63 por ciento dijo que sí. Eso es amor con miedo. En términos de independencia electoral, El Salvador ya está en todos los índices electorales de América abajo solo de dos países: de Venezuela y de Nicaragua. En Nicaragua ya decretaron que ni siquiera hay elecciones; con eso podés imaginarte el barómetro.

—Cada vez son más los políticos de la región que elogian la política de seguridad salvadoreña. Algunos hablan de importar el modelo a sus países; otros se limitan a hablar bien de algunas aristas de la política. ¿Pensás que es posible importar una parte del modelo Bukele sin todo lo que trae aparejado?

—Bukele logró en El Salvador exterminar a las pandillas. Eso es un hecho. En El Salvador no hay más pandillas como las conocíamos. Bukele, con su régimen de excepción, las desarticuló. La pregunta es: ¿a qué costo? El modelo Bukele fue pesca con dinamita. El régimen de excepción es eso. Claro que vas a pescar algunos peces de los que querías, y vas a matar a un montón de la fauna marina. Bukele lo que hizo fue desatar los poderes del Estado represivo para que capturen a quien fuera. Encarcelaron a 97 mil personas en menos de un año. En las cárceles se permite la tortura, se amplió el proceso hasta siete años para que pases preso sin tener una condena, se sustituyó a todos los jueces. Es decir, en cualquier sistema que conservara contrapesos y el debido proceso, el 50 por ciento de la gente capturada en el régimen estaría libre, con lo cual no sería elmodelo Bukele: sería un modelo eficiente de persecución del crimen. En 2024, cuando Bukele asumió su segunda presidencia inconstitucional, violó cuatro artículos de la Constitución que no podían ser más claros, donde se afirmaba que alguien no podía estar más de cinco años en el poder, ni un día más. ¿Por qué a [Daniel] Noboa, que dice haber importado a Ecuador el método Bukele, no le sirvió, no le funcionó? Yo te respondo por qué: porque el método Bukele no es un arquetipo de ideas. Primero empezó con un pacto con las pandillas –aunque fuera secreto y está comprobado hasta por las autoridades estadounidenses que sancionaron a dos funcionarios– y luego terminó con un régimen de excepción. Bukele, más que ideas, tiene ocurrencias. La única regla del modelo Bukele es: todo el poder a un hombre. A Noboa no le funcionó porque él no tiene todo el poder.

—Concretamente, ¿cómo es el patrullaje territorial de las fuerzas de seguridad hoy en El Salvador?

—El Salvador es desde hace años un Estado policial. Hace un par de años redujo en 130 millones el presupuesto de educación y salud para otorgárselo al Ejército. Una de las primeras cosas que hizo fue ganarse a los militares, tenerlos de su lado, y también controla el comité de ascensos [encargado de decidir sobre las promociones militares]. Es decir, Bukele decide quién se convierte de almirante en contralmirante, quién pasa de coronel a general, etcétera. Bukele controla todo. Las calles están llenas de militares, de policías; un Estado donde el Ejército ya cumple una función de seguridad ciudadana.

—¿El Ejército tenía tareas de seguridad en gobiernos anteriores?

—Había lo que llamaba patrullas conjuntas: tenía que ir un policía y podían ir dos militares, sobre todo en el año 2015. Con Bukele ya el Ejército está plenamente integrado, o sea, tenés al ministro de la Defensa [Nacional], que es un militar, un contralmirante, con un fusil patrullando las calles y siendo filmado por dron. Ahora, El Salvador es, sobre todo, un Estado policial porque la policía puede llevarte porque sí. Cuando empezó el régimen, como eran conscientes de las tropelías que iban a cometer, lo primero que impusieron fue lo que en El Salvador se llama reserva total, una orden judicial de que no se puede revelar ningún caso de arresto, ningún fragmento de lo que se está juzgando, de las pruebas, en ningún momento. Eso, quien lo revele puede incurrir en un delito. A nosotros [El Faro] no nos importan las reglas del régimen. Entonces, obtuvimos 690 expedientes. En muchos de esos expedientes solo decía: «Mostró nerviosismo». Eso es todo lo que decía. Había otros en los que solo venía el número de documento único de identidad. Es decir, no habían hecho el esfuerzo esos policías y soldados ni siquiera de escribir un reporte de una línea diciendo por qué carajo habían agarrado a esa gente. Eso es un Estado policial, es un Estado donde la Policía, el Ejército, los cuerpos de seguridad tienen muchas más herramientas para capturarte que vos para defenderte.

—En tu libro más reciente marcás dos discursos: el del 4 de febrero y el del 1 de junio de 2024, cuando Bukele asumió su segundo mandato. ¿Por qué te parece importante destacarlos?

—Yo creo que en algún momento me puse demasiado concesivo con Bukele. Creo que Bukele ya había acumulado todo el poder en mayo de 2021, cuando ilegalmente destituyó al fiscal que lo estaba investigando. Todos esos fiscales están ahora en el exilio, los que investigaron la corrupción y los pactos de Bukele con las pandillas. Yo creo que, ahí, cuando controlás todo el poder, sos un dictador. Yo marco esos dos momentos porque esperé hasta los últimos momentos, cuando se eliminara cualquier formalismo administrativo de la democracia republicana. Cuando Bukele compite en las elecciones de 2024, él ya viola la Constitución, cuatro artículos. Si ni la Constitución está por encima de vos, ya no hay nada.

—¿La primera muestra del perfil autoritario de Bukele no fue la pantomima de toma de la Asamblea General en febrero de 2020? Fue antes de tener el control parlamentario en 2021 y de saltarse la Constitución para ser reelecto.

—La Asamblea seguía oponiéndose a él. Todavía había una Corte Suprema de Justicia, que en 2020, por ejemplo, decretó que muchas de sus decisiones en la pandemia eran inconstitucionales. Todavía había unos frágiles contrapesos, pero había. Había muchas alcaldías en poder de otros partidos. Creo que la de la toma de la Asamblea, cuando la usurpa con militares y con gente que lo filmaba desde todos los ángulos, y con drones, es la imagen más sincrética de Bukele. Eso es Bukele: mucha publicidad, Dios, militares y esa entelequia a la que él llama el pueblo. Ahí estaban todos los elementos con los que Bukele ha construido su poder.

—En el libro relatás también cómo la toma de la Asamblea Legislativa terminó siendo impulsada por memes…

—Nosotros publicamos esa historia, la investigamos durante más de un mes en El Faro y la documentamos. Él toma la Asamblea Legislativa para escapar de una narrativa en redes sociales que no le convenía. Yo creo que tiene una gran habilidad como publicista. Logra que la gente vea hacia donde él quiere que vea. Te pongo un ejemplo: el Cecot [Centro de Confinamiento del Terrorismo]. En El Salvador hay 22 cárceles; ¿por qué el mundo solo quiere ver una? Porque es la que Bukele les enseña. Bukele quiere que el mundo la vea y el mundo la ve, y llegan de Estados Unidos youtubers y periodistas que creen que tienen una exclusiva. Cada vez que entran les dan un safari humano sin hacer una pregunta y les sacan a pandilleros a dar entrevistas con el torturador a la par. Y los periodistas creen que están haciendo una entrevista interesante.

—¿Y qué pasa con las otras 21 cárceles de El Salvador?

—Al menos en 14 de ellas donde hay presos del régimen el hacinamiento es total. La organización Socorro Jurídico Humanitario ya documentó 537 cadáveres que han salido de ahí desde 2022. Muchos de ellos –como nosotros en El Faro hemos documentado– han salido con señales de tortura. El último que documentamos era el de un muchacho que no tenía ningún antecedente penitenciario, que tenía antecedentes judiciales de haber sido víctima de las pandillas y que sale con un agujero en el pecho que le atraviesa todo el cuerpo. Todas las autopsias firmadas por los forenses del régimen dicen lo mismo: murió por edema pulmonar, que es como decir que te moriste porque dejaste de vivir. Porque el edema pulmonar es el producto de algo, de una golpiza, por ejemplo, que te inundó de sangre los pulmones.

—Hay quien dice que no existe el modelo Bukele, sino el llamado producto Bukele. ¿Cómo lo ves?

—En esencia, lo que tiene es un proyecto autoritario y va a hacer lo que sea para lograrlo. Si es necesario, va a vestirse de rojo y va a decir que el Che Guevara era lo mejor que existía, y que Nicaragua era el modelo que teníamos que seguir en Centroamérica; luego va a decir que es mejor [Donald] Trump y el Heritage Foundation y el movimiento MAGA [Make America Great Again]. Bukele va a hacer lo que tenga que hacer para lograr cumplir la única característica de su proyecto político: conservar el poder absoluto. Entonces, claro, eso te lleva a ser un producto muy alterable y un producto con muchos rasgos vacíos.

—Hablando de lo que vende, te llevo más atrás, a su primera campaña. ¿Qué características del descontento y la impotencia del electorado y de la población salvadoreña creés que logró canalizar Bukele para ser electo presidente? ¿Qué sucedía con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN] y Arena, partidos tradicionales de El Salvador, cuando Bukele ganó su primer mandato? ¿Cómo era el sistema político salvadoreño?

—Yo creo que había señales de que Bukele se venía. Lo que pasa es que la población salvadoreña, con toda razón, estaba tan harta de los partidos de la posguerra… Se robaron todo lo que pudieron, nos convirtieron en el país más homicida del mundo varios años seguidos. Nos dejaron, en un momento, en 2015 con una tasa de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso es como que asesinen a uno de cada 970 habitantes. Era una barbaridad. Fueron corruptos; los últimos cuatro presidentes estaban acusados de corrupción. Es decir, la gente estaba harta, los detestábamos profundamente, electoralmente ya nadie los quería, nadie los quiere. El FMLN ahora, que fue un partido que gobernó durante diez años el país antes de Bukele, no tiene ni un diputado. Y su mayor cargo es una concejal de la alcaldía capitalina, que es un cargo con cero trascendencia. Se ganaron lo que tienen porque fueron ineptos y corruptos. Ahora, Bukele, con todo ese poder, pudo haber ocupado su popularidad para otra cosa. Bukele la ocupó para decirle a la gente algo: «Te quité el problema de las pandillas y a cambio solo te lo pido todo». Todo el poder, no quejarte, que me dejes encerrar a quien quiera, que me dejes quitarles derechos civiles y otorgarles prerrogativas a los militares y a los soldados, y mantener ese régimen de excepción hasta cuando me dé la gana.

Esto lo tienen que saber los uruguayos: si usted quiere eso que llaman el modelo Bukele, si usted quiere la forma de Bukele, usted tiene que aceptar que el día que se lleven a su hijo, que es inocente, usted no se va a quejar. No tiene derecho a meter un habeas corpus, porque la Corte Suprema de Justicia no lo va a resolver porque está a favor de Bukele. No tiene derecho a exigir para su hijo que no lo juzguen con otros 900 criminales. No tiene derecho a que el Estado le ofrezca una defensa efectiva. La gente en Uruguay –eso, obvio– anhela una mejor vida, tiene derecho a anhelarla, y cree –yo creo que la gran mayoría con profunda ignorancia– que ese anhelo se lo puede suplir alguien como Bukele.

1. Se refiere al Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador. ↩︎

Presidente constitucional entre 2019 y 2024, e inconstitucional desde entonces, Nayib Bukele es, desde hace algunos años, uno de los mandatarios más populares de la región y del mundo.

En las elecciones de febrero de 2024, de las que participó gracias a una cuestionada interpretación de la Constitución –que prohíbe expresamente la reelección– y luego de haber desmantelado el Poder Judicial para incluir magistrados afines, obtuvo más del 84 por ciento de los votos.

A junio de 2026, casi el 88 por ciento de los salvadoreños considera bueno o muy bueno el desempeño de Bukele, que ya va por su séptimo año de gobierno, y todo indica que será el vencedor en las elecciones nacionales de febrero de 2027 y seguirá siendo la cabeza de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de El Salvador por lo menos hasta 2033.

No es novedad que su popularidad está cimentada en el innegable logro de haber reducido a niveles nórdicos las tasas de homicidios de un país que, hace tan solo una década, era considerado el más peligroso del hemisferio occidental.

Desde que Bukele asumió su primer mandato presidencial, El Salvador pasó de 36 homicidios cada 100 mil habitantes a 1,3 cada 100 mil habitantes en 2025, según datos de la organización estadounidense Insight Crime, especializada en el análisis del crimen organizado en América Latina.

Son cifras con las que sueñan los dirigentes políticos y gobernantes de una región que observa cómo el crimen organizado se hace cada vez más fuerte, tanto en términos de capacidad de fuego y de expansión, y de dominio de zonas enteras de algunos países, como en dejar en evidencia que, salvo muy contadas excepciones, los Estados no están logrando garantizar a sus ciudadanos seguridad y protección.

A nadie parece importarle las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) –la hoy famosa megacárcel que alberga a decenas de miles de presos–, ni los más de 500 muertos registrados en esa y en otras prisiones del país, ni la persecución a medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Tampoco que Bukele mantenga vigente el régimen de excepción que aprobó, por 30 días, hace cuatro años y medio.

Así lo define un informe de Amnistía Internacional publicado en julio de este año: «El régimen de excepción ha evolucionado hacia un modelo de seguridad pública que ha normalizado la suspensión de garantías constitucionales y la adopción de medidas incompatibles con estándares internacionales de derechos humanos, creando condiciones para la comisión de graves violaciones de derechos humanos y posiblemente crímenes del derecho internacional a gran escala».

Según la organización, más de 90 mil personas fueron detenidas en El Salvador entre marzo de 2022 y diciembre de 2025 en el marco del régimen de excepción. «Uno de los rasgos más visibles de esta política ha sido el encarcelamiento masivo de la población. A finales de 2024, aproximadamente el 1,8 por ciento de la población salvadoreña se encontraba privada de libertad. Entre los hombres, la proporción ascendía a cerca del 3,3 por ciento, lo que equivale a tres de cada 100 hombres en prisión. Con una tasa aproximada de 1.659 personas encarceladas por cada 100 mil habitantes, El Salvador registra actualmente la tasa de encarcelamiento más alta del mundo», consigna el reporte.

Pero la población quiere seguridad, a cualquier precio. Y los gobernantes están dispuestos a todo para brindarla.

MODELO BUKELE

Hay dos momentos clave en esta historia. El primero ocurrió en marzo de 2022, cuando después de un sangriento fin de semana, en el que las pandillas asesinaron al menos a 87 personas, la Asamblea Legislativa –donde Bukele tenía mayoría absoluta– decretó el ya mencionado régimen de excepción.

Se rompía entonces el pacto que el líder salvadoreño tenía con las pandillas desde al menos 2015, cuando se desempeñaba como alcalde de la capital y acordó con estas reducir los niveles de violencia; un pacto que ha sido documentado por medios locales perseguidos y con sus periodistas en el exilio, como El Faro, y que motivó sanciones de Estados Unidos a funcionarios de su gobierno.

De inmediato, miles de personas, en su mayoría jóvenes pobres, presuntamente vinculados a las pandillas, comenzaron a ser detenidas sin pruebas y encarceladas sin ser sometidas a un juicio que pudiera considerarse mínimamente justo.

El segundo momento clave ocurrió a principios de 2023, cuando el mandatario, todavía gobernando constitucionalmente, inauguró el Cecot.

Construida en una zona rural y con capacidad para 40 mil presos, con fuertes medidas de seguridad, un régimen de 23 horas y media de encierro y la prohibición absoluta de visitas y comunicación con el exterior, la megacárcel se convirtió en la insignia de la gestión.

Filmadas con pulso cinematográfico, las imágenes del traslado de miles de pandilleros esposados, rapados, repletos de tatuajes los torsos descubiertos, escoltados por militares armados a guerra, dieron la vuelta al mundo.

Para entonces, ya había en El Salvador unos 60 mil presos y los asesinatos habían caído casi un 57 por ciento respecto al año anterior. La tasa de homicidios estaba en 7,8 cada 100 mil habitantes; la de Uruguay, ese año, fue de 11,2 cada 100 mil habitantes.

El mandatario parecía haber encontrado la solución al endémico problema de seguridad que afectaba entonces y continúa afectando a la región, y de inmediato comenzaron las peregrinaciones de líderes de la derecha latinoamericana a El Salvador, para conocer de primera mano lo que para entonces ya todos denominaban el modelo Bukele.

CHILE: SIN UN PLAN CLARO

El actual presidente chileno, José Antonio Kast, viajó a El Salvador en 2024 para interiorizarse en las políticas de seguridad de Bukele y analizar su posible incorporación al que sería su programa de gobierno.

Al año siguiente, y ya en el marco de una campaña electoral dominada por la discusión sobre la seguridad pública, el aumento de los homicidios y la presencia en el país de facciones del Tren de Aragua, el candidato ultraderechista afirmaba: «Necesitamos más Bukele y menos Boric. En Chile necesitamos un gobierno que deje de defender a los delincuentes y empiece a proteger a los ciudadanos. Necesitamos más cárceles, grandes, aisladas y controladas, sin ningún tipo de beneficios para los criminales».

En enero de este año, ya como presidente electo, Kast volvió a El Salvador, donde fue recibido por Bukele, a quien pudo elogiar por su «éxito» en el combate al crimen organizado.

Chile continúa siendo uno de los países más seguros del continente, pero en los últimos años la percepción de inseguridad entre la población se ha ubicado en los niveles más altos de su historia.

Kast, en el gobierno desde marzo, ha vuelto a apelar al modelo Bukele, pero esta vez en la práctica, con la operación Cancerbero, por la cual unos 1.500 presos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados al centro penitenciario La Laguna, de máxima seguridad –aunque con un régimen menos duro que el del Cecot salvadoreño–, en un operativo transmitido en vivo por el gobierno y con obvias y deliberadas reminiscencias al ejecutado por el presidente de El Salvador.

El mandatario de ultraderecha, el primero desde la vuelta de la democracia en 1990 en defender abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet y quien a seis meses de llegar a la Moneda no logra levantar cabeza en las encuestas, apostó a mediados de agosto por la alternativa, tan bukeliana, del régimen de excepción. Kast presentó un proyecto de ley para crear un régimen de excepción de seguridad pública por un plazo de ocho meses sin autorización del Congreso –que sí estaría facultado a rechazar una prórroga después de ese plazo–, en el que se suspenden o se restringen las libertades individuales y el derecho de reunión, entre otros, y habilita la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

La iniciativa, que está siendo debatida en el Senado, ha sido cuestionada tanto por el oficialismo como por la oposición, pero es defendida a rajatabla por el mandatario.

Aunque abierto a que se discuta entre los legisladores, Kast zanjó que «el régimen de excepción no es renunciable» y recordó que Chile tiene vigente, desde mayo de 2022, una medida similar en la llamada macrozona sur.

Pero el espectáculo y las derivas autoritarias no siempre alcanzan para satisfacer a la población.

Una encuesta publicada el pasado 30 de agosto por la consultora Criteria muestra que el 42 por ciento de los entrevistados considera que, en términos de seguridad, el gobierno «no tiene un plan claro y está improvisando», y el 30 por ciento cree que «tiene algunas ideas, pero no un plan claro». Solo una de cada cinco personas considera que Kast «tiene un plan claro» para resolver el problema de la inseguridad.

Sobre la propuesta del régimen de excepción, el 49 por ciento se manifestó en desacuerdo o muy en desacuerdo, y el 40 por ciento, de acuerdo o muy de acuerdo. Kast, en tanto, tiene una aprobación del 33 por ciento y una desaprobación del 55 por ciento.

¿El presidente mejor valorado por los chilenos? Nayib Bukele, por supuesto, con el 61 por ciento de los encuestados afirmando que quisieran mucho o bastante un presidente como él.

ECUADOR. EL FRACASO DEL MODELO

También el presidente de Ecuador, el derechista Daniel Noboa, ha elogiado la política de seguridad de su par salvadoreño y ha puesto en práctica alguna de sus medidas.

En enero de 2024, poco después de asumir la presidencia, el mandatario decretó el conflicto armado interno por primera vez en la historia del país luego de una serie de motines coordinados en varias cárceles, la explosión de algunos coches bomba y el asalto de un grupo armado a un canal de televisión mientras se transmitía un programa en directo.

Noboa militarizó el país, otorgó protección legal a las fuerzas de seguridad que participaran en operativos y declaró como «terroristas» a varios grupos del crimen organizado. El mandatario quiso extender la medida, pero chocó contra un fallo de la Corte Constitucional, que no hizo lugar a sus argumentos.

Las imágenes de los traslados difundidas por el gobierno podrían haber sido tomadas en El Salvador: presos esposados de pies y manos, sentados uno pegado al otro, rapados, custodiados por militares fuertemente armados.

A fines de 2025, año que cerró con 9.216 homicidios, la cifra más alta en la historia del país, el gobierno ecuatoriano inauguró la cárcel El Encuentro, inspirada en el Cecot, con capacidad para unos 800 reclusos y medidas como la prohibición de recibir visitas de familiares e incluso de abogados, también tomadas de El Salvador.

Ecuador atraviesa una grave crisis de seguridad, que se disparó en muy pocos años, al pasar de tener en 2021 una tasa de 5,8 homicidios cada 100 mil habitantes –una de las más bajas de la región– a los 50,9 cada 100 mil del año pasado, un incremento del 31 por ciento respecto a 2024 y una prueba del fracaso de las medidas de seguridad de Noboa.

Las dificultades de exportar modelos de seguridad de países con realidades distintas han quedado más que patentes en el caso de Ecuador. El fenómeno de las pandillas poco tiene que ver con el crimen organizado transnacional que afecta al país sudamericano, donde están involucrados disidencias de las guerrillas colombianas, carteles mexicanos y mafias europeas, además de los grupos locales que se han creado alrededor del negocio del acopio y tránsito de, principalmente, cocaína.

Estas mismas características son las que han permitido a Bukele bajar radicalmente la cifra de homicidios, mientras que Ecuador, aplicando recetas similares, sufre unos niveles de violencia impensados hace tan solo un lustro.

EN EXPANSIÓN

El modelo Bukele se ha expandido por toda la región y ya resulta casi un cliché por parte de candidatos y gobernantes hacer mención a sus políticas como parte de las soluciones para los problemas de seguridad. En paralelo, se omiten las denuncias de violaciones a los derechos humanos o el hecho de que hace varios años gobierna bajo un régimen de excepción, controla la Asamblea Nacional y el Poder Judicial, y que modificó arbitrariamente la Constitución para poder aspirar nuevamente a la reelección.

El nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, la actual senadora y exministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich,¹ y la expresidenta de Honduras Xiomara Castro –quien durante su mandato aplicó estados parciales de excepción, movilizó militares y suspendió garantías constitucionales– han elogiado sus políticas. Este domingo, el candidato presidencial de la ultraderecha brasileña, Flávio Bolsonaro, se reunió con el ministro de seguridad del gobierno salvadoreño, Gustavo Villatoro, y declaró que considera «inspirador» al modelo centroamericano. La lista es todavía más larga e incluye también a Uruguay (véase en esta edición «La bukelización»).

Si la izquierda no ha logrado o no ha sido exitosa al aplicar medidas de seguridad alternativas a la mano dura y ha visto cómo la derecha y la ultraderecha se han apoderado del relato sobre qué se debe hacer para combatir el crimen y el narcotráfico, esta misma derecha parece estar empezando a tomar conciencia de que solamente con visitar El Salvador y tomarse una foto en el Cecot no alcanza. Que el modelo Bukele está atado a demasiadas particularidades locales como para garantizar su funcionamiento en otros países.

1. Su sucesora, Alejandra Monteoliva, dijo recientemente en una charla que el modelo Bukele «no es aplicable» a la Argentina. «Son realidades muy distintas […], no se puede extrapolar», agregó. ↩︎

De Brasil a Islandia, pasando por Estados Unidos, Venezuela y Perú: de un nuevo escándalo que amenaza con incidir en las elecciones brasileñas de octubre al escandaloso acuerdo petrolero entre Caracas y Washington. El primer mes de Keiko Fujimori en Perú y el triunfo del No a la Unión Europea en Islandia completan la entrega.

No se salva nadie

Mientras la campaña para las elecciones del 4 de octubre iba tomando temperatura con las presentaciones de los candidatos presidenciales en el Jornal nacional de la TV Globo, el de mayor audiencia del país, nuevos elementos publicados sobre el escándalo de los fraudes en el Banco Master, dirigido por el arrestado banquero Daniel Vorcaro (véase «Flávio Bolsonaro en caída libre», Brecha, 5-VI-26), se robaron la escena esta semana provocando un sismo en Brasilia y colocando al país en una crisis institucional gravísima. Si hasta el momento este esquema de fraudes multimillonarios había revelado una extensa red de tráfico de influencias que incluía a políticos de un lado y otro del espectro político, a empresarios, a abogados y al propio Banco Central, ahora alcanzó a las más altas esferas del sistema judicial: el Supremo Tribunal Federal (STF).

Todo surge a partir de un informe solicitado por el ministro del STF André Mendonça –relator de las investigaciones del caso Master– a la Policía Federal, que analizó mensajes obtenidos del celular de Vorcaro que dan cuenta de una comunicación frecuente y relación próxima del banquero con el más mediático y controvertido ministro del Supremo, Alexandre de Moraes. El martes 1, Mendonça filtró ese informe, dejando al descubierto la guerra que enfrenta él mismo, designado por el entonces presidente Jair Bolsonaro en 2021, con De Moraes, enemigo declarado del bolsonarismo. De Moraes ha conducido las investigaciones contra el expresidente por su intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 y fue también clave en el enfrentamiento entre Lula y el magnate estadounidense Elon Musk cuando el presidente brasileño quiso regular la red social X y bloqueó temporalmente sus cuentas. Fue De Moraes quien ordenó ese bloqueo.

Los documentos recuperados ahora por la Policía Federal muestran intercambios en los que De Moraes habría transmitido a Vorcaro información relacionada con posibles procesos que podrían afectarlo. Una de las revelaciones más escandalosas es una conversación en la que el banquero le pregunta al magistrado si debería salir del país, días antes de ser detenido por primera vez, el 17 de noviembre de 2025. En otro intercambio sospechoso, Vorcaro escribe: «Sabés que tengo una gratitud enorme contigo de por vida. Toda mi familia, los empleados, socios y amigos que dependen de nosotros tienen una deuda contigo y con tu familia. Muchísimas gracias por todo». Además, el informe revela que De Moraes habría revisado y editado un contrato de 131 millones de reales (unos 25,5 millones de dólares), firmado entre el estudio de abogados de su esposa y Vorcaro.

Las sospechas salpican al propio Mendonça. El periodista Paulo Motoryn, en su newsletter Noites húngaras, reveló que el magistrado se reunió en privado con Vorcaro en marzo de 2025. Mendonça confirmó que recibió al banquero, aunque dijo que se limitó a escucharlo. Los mismos documentos también mencionan al procurador general de la república, Paulo Gonet, cuyo nombre aparece en conversaciones de terceros vinculados al banquero y que esta semana actuó para anular las pruebas que incriminan a De Moraes. Edson Fachin, presidente del STF, tiene en sus manos la decisión de llevar el debate sobre el escándalo al pleno del tribunal.

Este caso vuelve a desnudar las dinámicas del poder en Brasil y a cuestionar la fortaleza de las instituciones frente a la corrupción y a los intereses de grandes capitales, a pocos días de una elección presidencial crucial.

Marcelo Aguilar | desde San Pablo

Los simuladores

Keiko Fujimori, la hija mayor del dictador Alberto Fujimori, llegó el mes pasado al gobierno de Perú luego de 15 años intentándolo. Aseguraba que su equipo estaba listo para «poner orden» como su padre en los años noventa. Y, como otros dirigentes de derecha y extrema derecha del continente, ha afirmado que su modelo para poner fin a la «crisis de criminalidad» es el del salvadoreño Nayib Bukele (véase en esta edición la sección Acento).

Perú sufre desde 2024 un incremento de la violencia del crimen organizado por grupos dedicados a la extorsión, la minería y la tala ilegales, y el narco. Leyes aprobadas por el Congreso que el mismo fujimorismo domina desde 2022 han facilitado y blanqueado la acción de esas organizaciones criminales. Lo más notorio en el primer mes de Fujimori en el Ejecutivo ha sido una simulación de «mano dura» que encubre complicidad.

Los casos más graves ocurrieron el fin de semana último. Entre domingo y lunes, Jenns Lara, un empresario de minería ilegal, fue secuestrado en la ciudad de Trujillo. Sus cuatro guardaespaldas resultaron asesinados durante la operación. Poco después, el empresario fue liberado gracias a gestiones de su padre, pero la Policía se atribuyó el «rescate» y recibió un tuit de felicitación de la presidenta. El sábado, había habido otro homicidio, el de la dirigente de ollas populares Betsy Mallma.

Miles de peruanos vieron el domingo en las redes un video de una cámara de seguridad que registró a los participantes en la operación contra Lara. Se los vio cuando, disfrazados de policías, disparaban con silenciador a los acompañantes de Lara y luego se llevaban al empresario en una camioneta. Eran altos, de complexión atlética, ágiles y manejaban armas largas con destreza. En cambio, los muchachos presentados a la prensa como responsables del crimen eran bajitos y desgarbados. Uno de ellos probó que estaba en su casa a la hora del cuádruple homicidio. «La Policía no ayudó en absolutamente nada», comentó Eleuterio Lara, padre de Jens, incómodo con la versión oficial. Al medio El Foco le informó que su hijo no reconocía a los detenidos como quienes lo tuvieron cautivo.

El viernes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, había enviado al Congreso un pedido de delegación de facultades legislativas en seguridad, empleo, sistema financiero, regulación ambiental, entre otros. Tras los asesinatos del sábado y domingo, pidió acelerar el trámite. El pedido contiene retrocesos en derechos laborales para jóvenes, autoriza la usura en el sistema bancario y, sobre todo, pretende denominar terrorismo a las acciones del crimen organizado, con el objeto de que el Ejército salga a las calles a actuar junto con la Policía.

En los primeros 30 días de presidencia fujimorista, hubo nada menos que 166 homicidios, sin contar los del 30 de agosto en Trujillo. El magistrado Richard Concepción, suspendido por seis meses por el régimen fujimorista, ha tomado cientos de decisiones en casos de crimen organizado desde la década pasada. Brecha le consultó acerca de las maniobras del gobierno para mostrar eficacia frente a los graves crímenes del domingo. «Está clarísimo que hay improvisación», contestó lapidario.

El primer mes de gestión de Fujimori está también marcado por la revelación de reuniones clandestinas entre la presidenta y Damián Valenzuela, un asesor y empresario argentino con sentencias por estafas millonarias en Estados Unidos y Argentina, y procesos por el mismo delito en Uruguay, donde una de sus empresas operó hasta 2024. Valenzuela ha querellado por difamación al director y a un reportero del semanario Hildebrandt en sus trece y exige una reparación por daño moral de 2 millones de dólares: arguye que las resoluciones civiles por estafa no ameritan que lo denominen estafador, como lo hizo esa publicación, y que las obligaciones civiles con personas a las que embaucó en un sistema de inversiones piramidales no son un delito penal. Por otro lado, medios peruanos han reportado vínculos entre Fujimori y Fernando Cerimedo, el operador digital argentino de extrema derecha detenido en Bolivia (véase «Esa trama», Brecha, 28-VIII-26). El diario La República informó que Cerimedo estuvo en Perú el día de la toma de mando de Fujimori y el digital La Encerrona halló que compró un dominio en internet usado por operadores fujimoristas para un conteo paralelo de votos que alimentara la idea de un fraude si ganaba el adversario.

Jacqueline Fowks | desde Lima

Esto no es una entrega

Cuando en mayo pasado el periodista argentino Marco Teruggi volvió a Venezuela, donde había vivido largo tiempo, una de las cosas que le dijeron sus interlocutores caribeños fue: «Este es el momento más difícil de la revolución». Se lo habían dicho también en 2013, cuando acababa de instalarse en Caracas, pero entonces recién había muerto Hugo Chávez y lo que estaba en juego, para el gobierno y sus partidarios, era cómo continuar «la revolución» sin «el comandante». Ahora, escribe Teruggi en un artículo que publicó en la revista Crisis («Goodbye Venezuela», 30-V-26), es la propia «revolución» la que parece haber llegado a su fin, y «de la manera menos pensada». «¿Hay una tortuosa persistencia más allá de los gestos evidentes de sumisión al imperio? ¿O la continuidad es un acto de subordinación sin decoro?», se preguntaba el periodista tres meses atrás. Cuando lo hacía, todavía los «gestos de sumisión» hacia Estados Unidos del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez –desde la intervención armada del 3 de enero pasado y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores– no habían llegado al grado al que llegaron esta misma semana.

El lunes pasado, Donald Trump anunció desde Washington un «acuerdo» firmado con Caracas para explotar más de la quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela. «Nunca en la historia se vio algo así», se jactó el presidente estadounidense. «Lo hicimos sin costo alguno para nuestros contribuyentes» y en condiciones tales que «la seguridad nacional de Estados Unidos se verá garantizada por mucho tiempo», con la posibilidad de utilizar los depósitos de crudo entregados «con fines sensibles diversos, incluso militares», subrayó. Horas después, tras agradecer a Trump y al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por sus «esfuerzos» para llegar al acuerdo, la presidenta interina de Venezuela afirmó que su país seguirá teniendo un uso «soberano» de sus reservas petroleras y que no se trata, ni ahí, de una entrega.

Según la versión estadounidense, Venezuela concedió por un siglo (Rodríguez dice que por 25 años) 17 campos petroleros con reservas por unos 65.000 millones de barriles a la empresa venezolana North American Blue Energy Partners (Nabep). El pacto dispone que Nabep debe ceder el 35 por ciento de su capital al Estado estadounidense, en concreto al Pentágono, el rebautizado por Trump como Departamento de Guerra. A su vez, la cancillería estadounidense, el Departamento de Estado, podrá adquirir sin competencia el 20 por ciento de todos los pozos explotados hoy y en el futuro por Nabep a precio de costo. Y tendrá prioridad para hacerse de los restantes. «Todo esto proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia», incluso militares, señaló el comunicado estadounidense tras la operación. Otras perlas: la mayoría de los miembros del consejo de administración de la petrolera deberá ser de nacionalidad estadounidense, y Washington se reserva el derecho de veto para la designación de cualquiera de ellos. Serán tribunales estadounidenses los que entenderán en cualquier litigio entre las partes, y la empresa contará con «auditores, abogados y consejeros de prestigio estadounidenses». A cambio, Venezuela se asegura que durante los primeros 25 años del acuerdo recibirá de Nabep «alrededor de 200.000 millones de dólares» (Rodríguez afirma que serán 209.000 millones) por concepto de impuestos a las empresas y regalías. De haber sido explotados esos pozos por la estatal Petróleos de Venezuela SA, las ganancias hubieran sido enormemente mayores, señalaron los opositores al pacto, pero el gobierno de Rodríguez sostiene que la compañía está quebrada y no tiene dinero para operar.

Al considerar los fundamentos del acuerdo, la Casa Blanca sostuvo que, hasta ahora, «agentes extranjeros malignos saquearon los recursos de Venezuela en beneficio de adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China». Y agrega: «El presidente Trump ha restablecido la doctrina Monroe para purgar la influencia extranjera maligna de nuestro patio trasero y garantizar que la dominación de Estados Unidos en nuestro hemisferio nunca vuelva a ponerse en duda».

Pablo Pozzolo

La isla díscola

Los islandeses son muy pocos (apenas el 10 por ciento de la población uruguaya), pero son cosa seria. Cuando la crisis financiera de 2008 liquidó sus sobreendeudadísimos bancos, en vez de rescatarlos con dinero público, como hizo el resto de los países afectados, el gobierno de la época los dejó caer. El país se recuperó relativamente rápido de la recesión que siguió y hoy es una de las economías más prósperas de Europa. Y maneja sus propios recursos, por fuera de la Unión Europea (UE) y su moneda común, el euro. Bruselas se desespera desde hace años por integrar a Islandia, y las autoridades regionales pensaban que el referéndum del domingo pasado para reanudar las negociaciones de adhesión sería pan comido y el Sí se impondría fácil. Los sondeos así lo vaticinaban. Ganó el No por más de cinco puntos de diferencia (52,8 a 47, 2 por ciento) y la participación (del 82,5 por ciento) fue la más alta desde las cruciales elecciones parlamentarias que siguieron a la crisis financiera de 2008. En las zonas pesqueras (esa riqueza representa el 40 por ciento de los ingresos totales de la isla), el No arrasó. Las negociaciones para que Islandia se incorporara a la UE, iniciadas en 2010, se frenaron en 2013 precisamente por el tema pesquero. Dadi Már Kristófersson, el muy liberal ministro de Economía del actual gobierno de «unión nacional» encabezado por la socialdemócrata Kristrún Frostadóttir, había afirmado que la industria pesquera nacional no saldría perdidosa en caso de ingresar el país a la UE. Kristófersson fue uno de los principales defensores del referéndum. Una mayoría de islandeses no le creyó.

P. P.

La cumbre que la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) realizó en estos días en Bishkek, capital de Kirguistán, tiene una significación que trasciende la conmemoración de sus 25 años.

La OCS constituye uno de los primeros escenarios en los que China comenzó a ensayar una diplomacia multilateral más ambiciosa, pasando progresivamente de ser objeto de las reglas del sistema internacional a participar activamente en su configuración.

El recorrido resulta revelador. En 1996, China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán constituyeron el Grupo de Shanghái, inicialmente concebido para resolver problemas fronterizos y establecer medidas de confianza militar. En 2001, con la incorporación de Uzbekistán, adquirió una nueva dimensión y se transformó formalmente en la OCS. Para China significaba institucionalizar una relación con su entorno continental inmediato y, al mismo tiempo, comenzar a construir un espacio multilateral en el que pudiera ejercer influencia sin reproducir necesariamente los modelos institucionales occidentales.

La OCS nació alrededor de una preocupación esencialmente securitaria. Las fronteras, la estabilidad de Asia Central y la lucha contra lo que la organización denominó las tres fuerzas –terrorismo, separatismo y extremismo– constituían el núcleo de su primera agenda. Pero fue ampliándose progresivamente. En 2017 ingresaron India y Pakistán; en 2023 lo hizo Irán, y en 2024, Bielorrusia. El resultado es una organización extraordinariamente heterogénea, que reúne hoy a diez Estados y que se extiende desde las fronteras orientales de China hasta Europa oriental, pasando por Asia Central, Rusia, el subcontinente indio y Oriente Medio, sumando 15 socios de diálogo, entre ellos Turquía, Arabia Saudita y Qatar. También tiene dos países observadores: Afganistán y Mongolia.

La ampliación modificó necesariamente la naturaleza de la organización. Ya no podía ser concebida simplemente como un mecanismo de seguridad centroasiático. Tampoco podía convertirse fácilmente en una alianza política convencional, pues sus miembros mantienen sistemas políticos diferentes, intereses nacionales frecuentemente divergentes y, en algunos casos, relaciones bilaterales particularmente complejas.

India y Pakistán constituyen el ejemplo más evidente. Pero no es el único. China y Rusia son socios estratégicos, aunque no tengan siempre idénticas prioridades; India mantiene una relación estratégica con Rusia y simultáneamente compite con China; Irán tiene sus propios intereses regionales, y los países centroasiáticos buscan preservar un margen de autonomía entre las grandes potencias.

La supervivencia de la OCS durante un cuarto de siglo, por tanto, ofrece una primera enseñanza sustancial: su cohesión no procede de la homogeneidad, sino de la capacidad para administrar la heterogeneidad.

En ese proceso, el entendimiento entre China y Rusia ha sido fundamental. No porque la OCS sea simplemente una organización dirigida conjuntamente, sino porque ambos países han encontrado en ella un espacio útil para coordinar intereses y preservar un marco de cooperación en Eurasia.

Desde la perspectiva china, Rusia aporta una dimensión estratégica y geopolítica indispensable. Para Moscú, la organización permite mantener una presencia institucionalizada en un espacio que considera fundamental y evitar que la creciente influencia económica china en Asia Central se traduzca automáticamente en una pérdida de protagonismo ruso.

El resultado es una suerte de equilibrio. China dispone de una extraordinaria capacidad económica y comercial; Rusia conserva un peso militar, energético y estratégico considerable. Los países centroasiáticos, por su parte, encuentran en la OCS un espacio en el que pueden relacionarse simultáneamente con ambas potencias.

DE LA SEGURIDAD AL DESARROLLO

Pero quizá la transformación más importante de la OCS se encuentre en la evolución de su propia concepción de la seguridad. La creación de nuevos centros especializados de seguridad pretende convertir los consensos políticos en mecanismos de cooperación más concretos. Pero la seguridad ha dejado de ser concebida exclusivamente en términos militares o policiales. De hecho, la OCS ha incorporado progresivamente el comercio, las infraestructuras, la energía, la conectividad, la educación, la innovación tecnológica y la economía digital. En 2026 China destaca la puesta en marcha de siete plataformas de cooperación dedicadas a industria verde, economía digital, innovación científica y tecnológica, energía, educación superior, formación profesional e inteligencia artificial, con más de 160 proyectos. La lógica que sugiere es que la estabilidad no se obtiene únicamente protegiendo las fronteras; también creando condiciones para el desarrollo. La Iniciativa de la Franja y la Ruta ha contribuido a reforzar esta dimensión. La progresiva armonización entre las estrategias nacionales de desarrollo y los proyectos de conectividad euroasiática han convertido a la OCS en un espacio donde geopolítica y economía aparecen cada vez más entrelazadas.

LA HETEROGENEIDAD COMO MODELO

La OCS es quizá el ejemplo más acabado de cómo China ha aprendido a construir instituciones internacionales sin exigir homogeneidad política entre sus participantes. Aquí reside probablemente una de las aportaciones más interesantes de la experiencia de la OCS a la reflexión sobre las organizaciones internacionales. Es un modelo distinto al de muchas organizaciones surgidas en el espacio euroatlántico, donde la convergencia normativa y la proximidad de los sistemas políticos constituyen con frecuencia condiciones importantes para una integración más profunda. La OCS opera de otra manera. No pretende eliminar las diferencias. Trata de construir mecanismos de cooperación sobre ellas.

Veinticinco años después, la OCS puede ser interpretada así como uno de los laboratorios de la nueva multipolaridad. No es una alianza militar al estilo de la OTAN. Tampoco es una organización de integración comparable a la Unión Europea. Y sería simplificador considerarla únicamente un instrumento antioccidental.

Su ampliación ha reforzado, además, su dimensión de plataforma del llamado Sur global. El formato OCS Plus ha permitido ampliar el diálogo más allá de los miembros formales y conectar la organización con un círculo mucho más amplio de países y organizaciones internacionales.

En este sentido adquiere especial relevancia la propuesta de Xi Jinping de la Iniciativa para la Gobernanza Global, presentada en la reunión OCS Plus de Tianjin, en 2025. La propuesta plantea una gobernanza internacional más representativa, participativa y equitativa, y pretende insertar la experiencia de cooperación de la OCS en una discusión mucho más amplia sobre la arquitectura internacional. No es casual que el canciller chino, Wang Yi, haya planteado que la OCS contribuya a convertirse en una suerte de «zona experimental» para la gobernanza global.

LOS RETOS

La celebración del aniversario no debería ocultar, sin embargo, los problemas que enfrenta la organización.

El primero es precisamente su extraordinaria diversidad. Cuantos más miembros incorpora, más difícil resulta alcanzar consensos sustantivos.

El segundo es la relación entre China y Rusia. La cooperación sino-rusa constituye uno de los pilares de la OCS, pero la organización deberá evitar convertirse en una simple extensión de sus respectivas estrategias nacionales.

El tercero es India. La presencia simultánea de China, India y Rusia otorga a la OCS una extraordinaria relevancia, pero también introduce una complejidad geopolítica considerable. La capacidad de mantener la organización operativa pese a las rivalidades entre sus grandes miembros será una de sus principales pruebas.

El cuarto reto es convertir la cooperación económica en resultados efectivos. La conectividad, los pagos, las aduanas, la energía, las cadenas de suministro y la cooperación tecnológica ofrecen enormes posibilidades, pero también generan intereses contrapuestos.

Y existe finalmente un quinto desafío: evitar que la organización quede reducida a una plataforma declarativa. La proliferación de mecanismos y centros especializados deberá traducirse en capacidades institucionales reales.

(Xulio Ríos.. Fundador del Observatorio de Política China. Brecha reproduce fragmentos de esta columna publicada en el blog del autor. El título y el colgado son de Brecha.)

Los opinólogos de los medios han escrito un artículo tras otro intentando desesperadamente entender por qué los candidatos progresistas, pese a haber gastado mucho menos recursos que sus opositores, siguen derrotando a los demócratas del establishment en elecciones primarias de todo el país. Bueno, la respuesta no es complicada. Ya sea que hablen de un sistema corrupto de financiamiento de campañas, de una desigualdad de ingresos y riqueza sin precedente, de un sistema de atención a la salud inservible y exageradamente costoso, de las enormes amenazas que representa la inteligencia artificial o de la política exterior inmoral y destructiva, los progresistas abordan los verdaderos problemas que enfrentan las familias trabajadoras. Y están aportando soluciones reales. Los demócratas del establishment no lo hacen.

Una encuesta tras otra muestra lo mismo. El pueblo estadounidense sabe que el actual sistema económico está amañado. Los muy ricos se enriquecen más, mientras las familias trabajadoras tienen que luchar. Hoy, mientras el 60 por ciento de los estadounidenses vive al día, la clase multimillonaria jamás había tenido tanta abundancia. Tenemos más desigualdad de ingreso y riqueza que en cualquier otro momento de la historia del país. El 1 por ciento más rico posee más bienes que el 93 por ciento más pobre, y un hombre, Elon Musk, tiene más riqueza que el 50 por ciento de los hogares de menor ingreso del país.

De modo nada sorprendente, las familias trabajadoras están hartas de las políticas del statu quo y de las mismas viejas políticas del establishment, que les han fallado durante décadas. Quieren cambio, un cambio real, y están apoyando a los candidatos progresistas que luchan por ese cambio.

En el país más rico en la historia del mundo, los estadounidenses no quieren tener que batallar cada día nada más para pagar las cuentas. Las personas de la clase trabajadora no quieren morir años antes de lo que deberían a causa de enfermedades causadas por el estrés interminable que experimentan solo para sobrevivir. Y, al igual que las generaciones pasadas, no quieren que sus hijos tengan un menor nivel de vida que ellos.

Los políticos y los medios del establishment han descrito la agenda con la que los candidatos progresistas están ganando como «radical», «de extrema izquierda», «extremista» o, en palabras de Donald Trump, «comunista». Todo eso son tonterías. Un tema importante tras otro, la agenda progresista refleja con exactitud lo que una mayoría del pueblo estadounidense necesita y desea.

Permítanme aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes algunas de las principales propuestas que la mayoría de los progresistas apoyan. Y díganme qué tan «extremas» les parecen.

REFORMA AL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS

Los progresistas creen que nuestro actual sistema de financiamiento de campañas está corrompido y socava la democracia. Es absurdo que un solo hombre, Musk, pueda gastar 290 millones de dólares para ayudar a elegir como presidente a Trump y que multimillonarios de los dos partidos puedan destinar cantidades ilimitadas de dinero a campañas por medio de los comités políticos conocidos como Super Pacs.

Nosotros creemos que debemos prohibir los Super Pacs y avanzar hacia el financiamiento público de las elecciones. Creemos que la democracia significa un voto por persona, no que los multimillonarios compren elecciones.

ATENCIÓN A LA SALUD

Los progresistas creen que el actual sistema de atención a la salud está destrozado, es inservible y exageradamente costoso. Creemos que es inmoral, e irresponsable desde el punto de vista fiscal, que tengamos que gastar el doble per cápita en este renglón que las personas de otros países grandes, en tanto 85 millones de estadunidenses no cuentan con seguro médico suficiente.

Al mismo tiempo, pagamos, con mucho, los precios más altos del mundo por medicamentos de patente. Los progresistas creen que la atención a la salud es un derecho humano y que debemos hacer lo mismo que todas las demás grandes naciones: garantizar la atención a la salud para todas las personas. Estamos de acuerdo con el 64 por ciento de estadunidenses que quieren un sistema de atención médica para todos.

PROTEGER AL TRABAJADOR

Los progresistas creen que todos los estadounidenses tienen derecho a un nivel de vida decente. Consideramos escandaloso que, en 2026, millones de trabajadores sigan percibiendo salarios de hambre y que el salario mínimo federal se mantenga en el deplorable monto de 7,25 dólares por hora. Creemos que el salario mínimo debe ser elevado por lo menos a 20 dólares la hora para poder subsistir.

También creemos que los patrones ya no deben poder negar mediante argucias legales el derecho constitucional de los trabajadores a afiliarse a un sindicato. Los progresistas apoyan la adopción de una propuesta de ley para proteger el derecho a sindicalizarse, que permitirá a los trabajadores afiliarse a sindicatos y negociar contratos que les proporcionen mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales.

GRAVAR A LOS RICOS

Los progresistas creen que, en una época de desigualdad sin precedentes de ingreso y riqueza, los más ricos del país deben comenzar a pagar una proporción justa en impuestos. En un tiempo en el que tenemos la tasa más alta de pobreza infantil entre los países más grandes y una tercera parte de nuestros adultos mayores padece estrechez económica, es absurdo que los multimillonarios tengan una tasa impositiva efectiva más baja que los choferes de autobuses o las enfermeras.

Las personas más ricas del país y las empresas de altas ganancias deben empezar a pagar lo justo en impuestos, de modo que podamos financiar de manera adecuada la atención a las necesidades de las familias trabajadoras, los niños y las personas de la tercera edad.

REGLAMENTAR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los progresistas creen que la intelig|encia artificial (IA) y la robótica, desarrolladas e impulsadas por las personas más ricas de la Tierra, son las tecnologías más transformadoras de la historia e impactarán en cada hombre, mujer y niño.

En una era en la que la IA amenaza con desplazar a millones de trabajadores, despojarnos de nuestra privacidad, socavar nuestra democracia y tener un impacto negativo en la salud mental de nuestros hijos, creemos que el gobierno debe tener un papel decisivo en asegurar que estas tecnologías revolucionarias se usen para beneficiar a todos los estadunidenses, no solo para enriquecer aún más a los oligarcas de la alta tecnología.

CAMBIO CLIMÁTICO

Los progresistas creen que la afirmación de Trump de que el cambio climático es un «engaño» no solo denota extraordinaria ignorancia, sino que es un verdadero peligro para el planeta. Los 11 años pasados han sido los más calurosos de la historia, y los tres últimos, los peores.

El año pasado, Estados Unidos y países de todo el mundo han tenido importantes olas de calor, inundaciones repentinas, aumento de sequías y terribles incendios forestales, y los científicos advierten que lo peor está por venir.

Los progresistas creen que debemos frenar por la fuerza la codicia de la industria de los combustibles fósiles. La verdad es que podemos crear millones de empleos sindicalizados bien pagados si alejamos nuestros sistemas de energía de los combustibles fósiles y los acercamos a la eficiencia y sustentabilidad energéticas. Por el bien de nuestros hijos, de las generaciones futuras y de la habitabilidad del planeta, eso es lo que debemos hacer.

POLÍTICA EXTERIOR

Los progresistas creen que necesitamos una reforma fundamental de las políticas exterior y militar. La guerra de Vietnam se basó en una mentira. La guerra en Irak se basó en una mentira. La actual guerra en Irán se basó en una mentira. No necesitamos gastar 1,5 billones de dólares al año en guerras interminables y en sostener dictaduras por todo el mundo. Desde luego, no tenemos que invertir decenas de miles de millones en sostener al gobierno extremista de Benjamin Netanyahu en Israel, que ha asesinado a 73 mil palestinos y lesionado a otros 170 mil, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y ancianos.

Pese a lo que los medios quieren que la gente crea, los progresistas están ganando en todo el país por una sencilla razón: las ideas que postulan son extremadamente populares. Es hora de que el establishment deje de decir a los estadounidenses qué deben creer y comiencen a escuchar lo que en verdad desean.

(Tomado de La Jornada de México, por convenio.)

Cuando el 9 de noviembre de 1953 el escritor galés Dylan Thomas murió en Nueva York a los 39 años de una aparente neumonía y luego de la ingesta de 18 whiskies, tal como sostiene la leyenda, dejó tras de sí una obra intensa y ecléctica, un corpus integrado por poesía, relatos cortos y guiones de radioteatro y de cine, además del registro sonoro de muchos (y multitudinarios) recitales poéticos que lo habían convertido en una auténtica celebridad mediática, con lo que iluminó ese culto en vida que fue coronado por una muerte temprana. Espigar de entre toda su obra una breve antología no se presenta como una tarea sencilla, aunque, justo es decirlo, lo mismo aplica para cualquier autor: el resultado de la selección evidencia siempre lo que quedó afuera, las decisiones del antologista parecen requerir una justificación y un pero o varios acechan a la vuelta de todo índice. Lo mejor es dejar de lado tales circunstancias al momento de abordar estos Cuentos y poemas selectos de Dylan Thomas, seleccionados, prologados y traducidos por el ensayista y traductor argentino Pablo Gianera, quien ha vertido a nuestro idioma obras de autores tan diversos como Hugo von Hofmannsthal, Novalis, Jack Kerouac y John Banville.

Ocho poemas (que se presentan de forma bilingüe) y siete cuentos conforman esta selección que, ordenada de forma cronológica, se abre con el breve relato «Brember», aparecido en 1931 en las páginas del Swansea Grammar School Magazine, cuando el autor tenía 17 años, para cerrarse con la magistral pieza «Navidad de un chico en Gales», ese cuento que condensa en diez páginas todo el encanto de la infancia, en el que aparece «la nieve interminable manchada de humo» y donde «el viento en los árboles hacía un ruido como de hombres viejos, repugnantes, y tal vez palmípedos que bufaban en cavernas».

En cuanto a los poemas seleccionados, Gianera parece haber ido a lo seguro e incluyó en su corte algunas de las piezas más conocidas del autor, tales como «Fern Hill», «And Death Shall Have No Dominion» y «O Make Me A Mask». Entre los cuentos, además del rescate del temprano relato «Brember» (un prodigio de condensación descriptiva), se destacan «El árbol», «La vieja Garbo» y en especial «Los duraznos», el texto más extenso del volumen, originalmente publicado en Life and Letters Today, en 1938. Quiero detenerme en este cuento para subrayar algo que Gianera destaca en la breve introducción del libro, cuando apunta que los relatos y los poemas de Dylan Thomas procedían del mismo lugar, y ese lugar no era lo vivido. En una poesía y una cuentística tan autobiográfica y autorreferencial como la de Dylan Thomas cuesta, en principio, comprender lo anterior, pero es el propio autor el que lo decodificó cuando para una encuesta publicada por la revista Sur en1951, bajo el título «Manifiesto poético», expresó: «Quise escribir poesía porque me había enamorado de las palabras. Los primeros poemas que conocí fueron canciones infantiles, y antes de poder leerlas, me había enamorado de sus palabras, solo de sus palabras. Lo que las palabras representaban, significaban o querían decir tenía una importancia muy secundaria; lo que importaba era su sonido […]. Y todavía estoy a merced de las palabras, aunque creo que ahora puedo influir levemente en ellas, y hasta he aprendido a dominarlas de vez en cuando, lo que parece gustarles». El cuento «Los duraznos», ubicado en el centro mismo del libro que acá se comenta, grafica de forma cabal lo anterior.

La aparición de estos Cuentos y poemas selectos forma parte de un revival editorial de Dylan Thomas, propiciado por el hecho de que su obra entró al dominio público el 1 de enero de 2024. Sin ir más lejos, el año pasado la editorial argentina El Cuenco de Plata publicó su Poesía completa 1934-1952, con prólogo, traducción y notas de Patricia Ogan Rivadavia y Esteban Moore. Varias décadas después de muerto, el inquieto galés sigue en procura de dominar las palabras.